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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE RECLAMA EL ACUERDO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) QUE NO ADMITE LA PRUEBA PERICIAL EN UN PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 262/2023. · Registro digital (IUS): 32923
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-01-03
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.65.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 262/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE JULIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIOS: ALEJANDRO LUCERO DE LA ROSA Y ALBA SILVIA PÉREZ BRIBIESCA.

Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el cuatro de julio de dos mil veinticuatro, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veintitrés en el otrora Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, hoy Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la misma ciudad, el apoderado legal de una persona moral denunció la posible contradicción entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Primer y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 297/2023 y 287/2023, de sus respectivos índices, a efecto de determinar si debe desecharse la demanda de amparo indirecto en contra del acuerdo que no admite la prueba pericial en un procedimiento de solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario.

2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de diez de octubre de dos mil veintitrés, se radicó el expediente, el cual se registró como contradicción de criterios 262/2023; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

3. Por otra parte, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: “DETERMINAR SI DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DEL ACUERDO QUE NO ADMITE LA PRUEBA PERICIAL EN UN PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO”.

4. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto al magistrado Gaspar Paulín Carmona para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

5. TERCERO. Informe. La magistrada presidenta del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito rindió el informe solicitado en el sentido de que el criterio materia de la contradicción se encontraba vigente, informe que se tuvo por recibido mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.

6. Cabe destacar que no obstante que el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, no rindió el informe requerido respecto del recurso de queja 287/2023, de la consulta realizada por este Pleno Regional, al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que el recurso de referencia fue vinculado al expediente electrónico de la presente contradicción de criterios, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2º, de manera que se entiende vigente el criterio sostenido en dicho fallo, al no existir evidencia en autos de que se haya abandonado.

7. De igual forma, por acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.

8. CUARTO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Gaspar Paulín Carmona, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 44, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(1)

9. QUINTO. Cambio de denominación e integración de este Pleno Regional. Posteriormente, el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio”; por lo que, conforme a su artículo 1º, a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, cambió de denominación para convertirse en Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la misma ciudad, integrado por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el magistrado Alejandro Villagómez Gordillo.

10. Returno. Como consecuencia de los cambios en la denominación, competencia e integración de este Pleno Regional, por acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, se returnó el presente asunto al magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la formulación del proyecto de resolución; y, al encontrarse debidamente integrado el asunto, en el mismo auto se confirmó dicho turno.

11. SEXTO. Amicus curiae. En el presente asunto se recibió promoción a través de la figura del amicus curiae, a la cual se dará respuesta en términos de las consideraciones que habrán de regir en el presente fallo.

C O N S I D E R A N D O:

12. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) así como lo establecido en los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(5) 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.

13. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados especializados en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.

14. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el representante de la persona moral quejosa y recurrente, en los recursos de queja que resolvieron los tribunales colegiados contendientes, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(7)

15. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

16. Se precisa que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige el dictado de las resoluciones que se emiten al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; esto es, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni se estima necesario para la resolución del caso, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que se resuelve.

17. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.(8)

A. Ejecutoria del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 297/2023.

18. Juicio de amparo indirecto. Una persona moral promovió juicio de amparo indirecto contra el Coordinador Departamental de Inspección y Vigilancia de la Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de quien reclamó un oficio por el que desechó la prueba pericial en mecánica, ofrecida como parte demandada en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, por el supuesto uso no autorizado de una marca tridimensional.

19. Conoció de la demanda el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, la registró bajo el número 1126/2023 y la desechó por notoriamente improcedente, al considerar que el oficio reclamado no constituye un acto de imposible reparación que hiciera procedente el juicio de amparo, de manera que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, incisos a) y b), aplicados a contrario sensu, de la Ley de Amparo.

20. Interposición del recurso de queja. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de queja, del cual conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya presidenta por auto de once de julio de dos mil veintitrés lo admitió a trámite y lo registró con el número de expediente 297/2023. Posteriormente en sesión ordinaria de veintiocho de agosto de esta anualidad, los magistrados integrantes de ese órgano jurisdiccional declararon fundado el medio de defensa, con base en las siguientes consideraciones:

21. En principio, el Tribunal Colegiado destacó que la litis a dilucidar consistía en determinar si la causa de improcedencia por la que se desechó la demanda de amparo era notoria y manifiesta, al estimar el juez de distrito que el acto reclamado no resultaba ser de imposible reparación, al no afectar con su emisión derechos sustantivos sino procesales.

22. Como punto de partida del análisis realizado y marco de estudio, refirió al tópico relativo a la facultad del juez de distrito para desechar la demanda de amparo de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, citando al efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo.

23. Señaló que sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por “manifiesto” debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por “indudable”, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

24. En ese sentido, explicó que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente probado, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan; que en todo caso, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

25. Que para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, pues solo así puede considerarse probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya han sido manifestados claramente por el promovente o en virtud que estén acreditados con elementos de juicio indubitables; de manera que los informes justificados que en su caso rindieran las autoridades responsables, o los alegatos y las pruebas que las partes hicieran valer en el procedimiento, no resultarían necesarios para configurar dicha improcedencia, ni para desvirtuar su contenido; por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se privaría al promovente de su derecho a instar el juicio constitucional contra un acto que estima lesivo de sus derechos fundamentales; por lo que en tal caso, debe admitirse la demanda de amparo a fin de estudiar la cuestión planteada.

26. Señaló que si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, estas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea manifiesta y notoria; caso contrario, esto es, de surgir alguna duda sobre la procedencia o no del juicio, lo pertinente es admitir la demanda, para brindar al promovente la oportunidad de desestimar las causas de improcedencia relativas; y sólo en el caso que no lo hiciere, entonces podrá decretarse el sobreseimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

27. En ese tenor, el referido órgano colegiado consideró que en el caso particular, la causa de improcedencia invocada por el juzgador de primer grado, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a) y b) —aplicados a contrario sensu—, ambos de la Ley de Amparo, en contra del oficio reclamado, emitido en el expediente administrativo de declaración administrativa de infracción, a través del cual se desechó la prueba pericial en materia mecánica ofrecida por la peticionaria del amparo como parte demandada en aquella instancia, no resultaba ser notoria ni manifiesta, en virtud de que el auto a través del cual se provee sobre la demanda constitucional, no es el momento procesal oportuno para realizar un análisis exhaustivo en el que se determine si el acto reclamado afecta la esfera jurídica de la parte quejosa.

28. Ello, señaló el tribunal colegiado, porque las causas de improcedencia no pueden inferirse a través de presunciones —como consideró que sucedió en el caso particular— pues la circunstancia de que el acto reclamado se haya emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, implica que la decisión sobre si este afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, o bien, es de imposible reparación, es una cuestión susceptible de demostrarse durante el juicio constitucional, en el cual existe la posibilidad de aportar elementos de convicción aptos y suficientes que acrediten, en su caso, la posible afectación a la esfera jurídica de la solicitante del amparo.

29. Así el órgano colegiado estableció que para corroborar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro de un juicio, la persona juzgadora debe discernir a lo largo del juicio si efectivamente el acto afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales constitucionales y convencionales; ejercicio que deberá realizar una vez debidamente integrada la litis, esto es, al ser rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, las pruebas aportadas y los alegatos, que en su caso habrán de rendirse.

30. Por tanto, consideró que no existía un motivo de improcedencia absolutamente claro y sin lugar a dudas, así como suficiente para desechar de plano la demanda de amparo, por no actualizarse los supuestos exigidos por el artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que los motivos aducidos por el Juez del conocimiento no se actualizan, al no estar acreditado de manera fehaciente en ese momento procesal que el acto reclamado afecte materialmente derechos sustantivos de imposible reparación, sino que ello es motivo de prueba durante la tramitación del juicio de amparo, pues de no ser así, se dejaría a la parte quejosa en completo estado de indefensión, al no darle la oportunidad de allegar los elementos de convicción que justifiquen el ejercicio de su acción.

31. Además consideró que la determinación en torno a si el acto reclamado es o no de imposible reparación, es una cuestión que se debía valorar al dictar sentencia, por lo cual ese tema en todo caso correspondía al fondo del asunto.

32. De esa manera, el tribunal colegiado calificó los agravios propuestos por la parte quejosa como fundados y, en consecuencia, determinó que el hecho de que el oficio reclamado emitido en el expediente administrativo de infracción, a través del cual se desechó la prueba pericial ofrecida por la peticionaria del amparo, no fuera considerado como un acto de imposible reparación por no afectar derechos sustantivos de la quejosa, y por ende, que se haya determinado el desechamiento de la demanda de amparo, traía como consecuencia declarar ilegal el auto recurrido, y por ende, la determinación de que la decisión del juez de distrito fue desacertada.

33. El Tribunal Colegiado señaló que, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, en todo momento deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se traducen en mecanismos de índole jurídico que garantizan una adecuada defensa, como son: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y 4) que se emita una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 34. Razón por la cual consideró que si resulta oportuno ofrecer cualquier tipo de prueba dentro del procedimiento de declaración administrativa de infracción, en términos del artículo 333 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; de manera que si a juicio de la quejosa la prueba pericial en materia mecánica que aportó dentro del procedimiento administrativo resultó idónea y pertinente para acreditar los extremos de su acción, ello hacía patente que su desechamiento podía impactar en su esfera jurídica, situación que habría de determinarse al momento de dictarse sentencia.

35. En consecuencia, el Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso de queja y ordenó al juez del conocimiento que, en caso de no advertir una diversa causa de improcedencia a la que estimó actualizada, admitiera a trámite la demanda de amparo.

B. Ejecutoria del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 287/2023.

36. Juicio de amparo indirecto. La misma persona moral quejosa que promovió el juicio de amparo indirecto 1126/2023,(9) presentó demanda de amparo indirecto contra el Coordinador Departamental de Inspección y Vigilancia de la Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de quien reclamó el oficio por el que desechó la prueba pericial ofrecida en un diverso procedimiento administrativo de infracción en el que figuraba como parte demandada.

37. Conoció de la demanda el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien por auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés la registró bajo el número 979/2023 y la desechó por notoriamente improcedente, al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo (interpretados a contrario sensu), al considerar que lo reclamado era un acto intraprocesal y no definitivo, que no es de imposible reparación.

38. Interposición del recurso de queja. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de queja, del cual conoció el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por auto de presidencia de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite y ordenó su registro con el número de expediente Q.A. 287/2023.

39. En sesión de diez de agosto de dos mil veintitrés, dicho órgano colegiado declaró procedente pero infundado el medio de impugnación, bajo las consideraciones siguientes:

40. En principio, el Tribunal Colegiado destacó que, de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y respecto de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

41. Señaló que para calificar los actos reclamados como de imposible reparación, es necesario que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan el ejercicio actual de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.

42. Que conforme con lo resuelto en la contradicción de tesis 377/2013, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: “PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)”; para que se considere que un acto intraprocesal viola derechos sustantivos es necesario que se acredite lo siguiente:

43. 1) Que las consecuencias que produzca sean de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho; y

44. 2) Que la afectación recaiga sobre bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.

45. El órgano colegiado señaló que si bien la contradicción de tesis P./J. 37/2014 antes citada, interpretó los alcances del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo (actos en juicio de imposible reparación) y no los del diverso 107 fracción III, inciso b), de dicha legislación, aplicado en el auto recurrido —actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que son de imposible reparación—, las consideraciones que dieron origen a ese criterio obligatorio resultaban válidas, porque ambas disposiciones contienen la misma condición para calificar como de ejecución irreparable los actos intraprocesales que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte.

46. Que la calidad de derechos sustantivos es una noción que se aparta de los adjetivos o procesales, ya que mientras los primeros gozan de una percepción objetiva que se relaciona con la vida, ciertas libertades, el patrimonio o el disfrute de algún beneficio personal previsto en la Constitución, tratados internacionales o legislación secundaria; los segundos son las reglas instrumentales a que se someten las diversas etapas del procedimiento que tienden a poner el asunto en estado de resolución, cuya transgresión es reparable de llegar a repercutir en el sentido del fallo y afectar las defensas del gobernado, en una vía jurisdiccional.

47. El tribunal contendiente señaló que, en el caso particular, el acto reclamado consistía en la no admisión de la prueba pericial ofrecida dentro del procedimiento de solicitud de declaración administrativa de nulidad —en vía de reconvención— en contra de una marca tridimensional, con la que pretendía acreditar que la marca cuya nulidad demandó no es distintiva, al poseer características funcionales; que por tanto, dicho acto sólo afectaba derechos adjetivos o procesales que provienen exclusivamente de las reglas instrumentales a que se somete tal procedimiento.

48. El órgano colegiado consideró que, contrariamente a lo afirmado por la inconforme, el rechazo de la prueba no afectaba irremediablemente su derecho de defensa en la medida en que no le impedía continuar participando en el procedimiento administrativo, el cual seguiría su curso y en caso de que la resolución principal con que culmine le fuera desfavorable, podría interponer en su contra los medios ordinarios o extraordinarios de defensa que resultaran procedentes, donde podría hacer valer la existencia de las violaciones procesales que considere actualizadas.

49. Asimismo, el tribunal colegiado consideró desacertado asumir que el derecho de defensa constituya un derecho sustantivo, en tanto que no constituye un bien jurídico considerado en sí mismo, sino la garantía otorgada por la norma fundamental para hacerlo efectivo contra la emisión de la resolución administrativa definitiva que en su momento sea dictada y le afecte.

50. Consideró que los perjuicios alegados por la parte quejosa, como la indebida aplicación de los artículos relativos al ofrecimiento y admisión de pruebas, la indebida fundamentación y motivación, así como las violaciones al procedimiento correspondientes, podrían hacerse valer a través del medio de defensa que en derecho corresponda una vez emitida la resolución definitiva en el procedimiento administrativo, pues al constituir ésta su última etapa, ese sería el momento en el cual podría plantear todas las violaciones en que a su consideración, incurrió la autoridad en el dictado de la resolución, así como la legalidad de todos y cada uno de los actos emitidos durante las diversas etapas que integran el procedimiento, incluido el oficio reclamado, que se desechó su prueba pericial.

51. El tribunal colegiado estimó que en el caso concreto sí era manifiesta e indudable la causa de improcedencia, sin que su conclusión implicara violación alguna al derecho de acceso a la justicia, porque la determinación relacionada con la procedencia del juicio de amparo es un requisito procesal de estudio preferente, oficioso y de orden público; circunstancias que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció para enfatizar que el hecho de que en el ordenamiento jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye en sí mismo, una violación de acceso a la justicia, para lo cual citó como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala del alto tribunal, de rubro: “DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32923-809d32ae/improcedencia-del-amparo-indirecto-se-actualiza-una-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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