LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ELLA EL TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS QUE SE LE ATRIBUYERON Y ELLO NO ES MATERIA DE LA REVISIÓN PRINCIPAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 176/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIA: ALBA SILVIA PÉREZ BRIBIESCA.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS;
y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, ante el otrora Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, hoy Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, una persona moral por conducto de su apoderado legal, con el carácter de parte quejosa y recurrente en el amparo en revisión 155/2023, del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Quinto, Décimo, Decimoctavo y Vigésimo Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión R.A. 170/2023, R.A. 53/2022, R.A. 554/2022, y R.A. 155/2023, respectivamente.
2. SEGUNDO. Radicación y sentencia, dictamen y desglose. Por acuerdo de veintidós de septiembre de dos veintitrés la presidencia del extinto Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, la admitió a trámite y registró el expediente con el número 248/2023; posteriormente, mediante el Acuerdo General 38/2023, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, cambió la denominación, competencia e integración de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México; por lo que a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, se identificó a este como Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México; seguido el procedimiento por todas sus etapas, se resolvió en sesión de tres de mayo de dos mil veinticuatro.
3. TERCERO. Dictamen y desglose. Mediante escrito presentado el once de junio de dos mil veinticuatro, el Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, formuló dictamen sobre posible desglose de un nuevo tema de contradicción, derivado de la ejecutorias emitidas por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 554/2022 y el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 68/2023.
4. Por auto de esa misma data, se ordenó proceder al desglose solicitado y a la apertura de una nueva contradicción de criterios, para tal efecto se remitieron a la oficialía de partes de este Pleno Regional, copia del proveído de referencia, del dictamen y denuncia, para que se ingresara con el número de contradicción que correspondiera.
5. CUARTO. Radicación y solicitud de informes. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil veinticuatro, la presidencia del este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la admitió a trámite y registró el expediente con el número 176/2024, en el que se fijó como tema a dilucidar, determinar si el Tesorero de la Ciudad de México, cuenta con la legitimación para interponer revisión adhesiva, cuando el sobreseimiento por inexistencia de los actos que le fueron atribuidos no es materia de la revisión principal, y el tribunal colegiado decreta su firmeza.
6. Se solicitó a los órganos colegiados referidos, para que informaran si los criterios sustentados en esos asuntos se encontraban vigentes o en caso de que se hubieran tenido por superados o abandonados, señalaran las razones que sustenten las consideraciones respectivas, remitiendo la versión digitalizadas de las ejecutorias en las que se sustente el nuevo criterio; que sus posturas fueron superadas o abandonadas; así como para que autorizaran la vinculación de los expedientes respectivos.
7. Asimismo, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara sobre la existencia de diversa contradicción de criterios radicada en ese alto Tribunal, sobre el tema materia de este asunto; de igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto al magistrado Alejandro Villagómez Gordillo para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
8. QUINTO. Informes. Los magistrados presidentes de los tribunales colegiados de circuito contendientes rindieron los informes solicitados, los que se tuvieron por recibidos mediante proveídos de diecinueve de junio y veintiocho de junio de dos mil veinticuatro.
9. Cabe destacar, que mediante oficio 9674/2024, el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informó que el criterio sostenido en la resolución emitida en el amparo en revisión RA 68/2023, ya no estaba vigente, en virtud de que en sesión de cuatro de abril de dos mil veinticuatro al dictar sentencia en el diverso recurso de revisión RA 565/2023, aprobó modificar los efectos del amparo, remitiendo al efecto copia de dicha sentencia.
10. Posteriormente, el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, informó que el criterio sostenido en el amparo en revisión 554/2022, fue modificado al emitir sentencia en el diverso recurso de revisión 180/2024, en sesión de diecinueve de junio del año en cita, adjuntando a dicho proveído la ejecutoria de mérito.
11. De igual forma, por acuerdo de tres de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.
12. SEXTO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles(1) de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°,(2) es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre de esa misma anualidad, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
13. SÉPTIMO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento del oficio SEADS/3327/2024 mediante el cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión de once de septiembre de dos mil veinticuatro el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas en la plaza que ocupaba su homólogo Alejandro Villagómez Gordillo, con efectos a partir del treinta de septiembre del año en cita, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Adriana Leticia Campuzano Gallegos así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
14. Returno. En el proveído de veintiuno de noviembre referido con antelación, se turnó el presente asunto al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución.
15. OCTAVO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 44, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(3)
16. NOVENO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/271/2025 mediante el cual el Secretario Técnico, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de veintidós enero de dos mil veinticinco el Pleno de dicho Consejo comisionó temporalmente a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata en la plaza que ocupaba su homóloga Adriana Leticia Campuzano Gallegos, con efectos a partir del uno de febrero del año en curso, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Guillermina Coutiño Mata así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
17. DÉCIMO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de doce de mayo de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/1576/2025 mediante el cual el Secretario Técnico encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción informó que en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado José Patricio González Loyola Pérez en la plaza que ocupaba su homóloga Silvia Cerón Fernández, con efectos a partir del tres de mayo de esta anualidad, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y José Patricio González Loyola Pérez, así como por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.
18. DÉCIMO PRIMERO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/2192/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción informó que en sesión de once de junio dos mil veinticinco el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Ernesto Martínez Andreu en la plaza que ocupaba su homólogo José Patricio González Loyola Pérez, con efectos a partir del dieciséis de junio del año en curso, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y Ernesto Martínez Andreu, así como por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.
19. DÉCIMO SEGUNDO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio DGCSV/No. 007/2025 publicado por el Órgano de Adscripción Judicial, denominado “Adscripción de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como demás movimientos que se indican para la integración de los órganos jurisdiccionales federales”, del que se advierte que fueron designadas para integrar este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, las Magistradas Mónica Saloma Palacios, Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza, con efectos a partir del quince de septiembre de esta anualidad.
20. Returno. En dicho proveído se returnó el presente asunto a la magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la formulación del proyecto de resolución; y al encontrarse debidamente integrado el asunto, se confirmó dicho turno.
21. DÉCIMO TERCERO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
CONSIDERANDO:
22. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(6) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(7) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(8) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
23. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados especializados en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.
24. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por una persona moral por conducto de su apoderado legal, con el carácter de parte quejosa y recurrente en el amparo en revisión 155/2023, del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(9)
25. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
A. Ejecutoria del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 554/2022.
26. Juicio de amparo indirecto. Por escrito depositado el cuatro de julio de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra el Congreso, Jefa de Gobierno y Tesorero dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, todos de la Ciudad de México, de quienes reclamó:
“LEYES O ACTOS RECLAMADOS
I. Del Congreso de la Ciudad de México se reclama en este juicio de garantías la discusión, aprobación y expedición del decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha treinta de diciembre de dos mi veintiuno, denominado ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México’, y en específico, la tarifa establecida en el artículo 113, así como los artículos 112 a 125, 196, fracción I, inciso a) y el artículo 275 bis, todos del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en el año dos mil veintidós, en donde se establece el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y la cuota o derecho correspondiente a la inscripción que practica el Registro Público de la Propiedad y Comercio.
II. De la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se reclama en este juicio de amparo la expedición del decreto y preceptos señalados en la fracción I de este capítulo de leyes o actos reclamados.
III. Del C. Tesorero dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México se reclama en este juicio de amparo.
i. La recepción del pago de fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós realizado por el quejoso al titular de la notaría número uno del Distrito Notarial de Guerrero, el licenciado **********, en cantidad de $**********, por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles previsto en los artículos 112 a 125 y 275 bis, todos del Código Fiscal de la Ciudad de México, respecto de la finca urbana **********, con número de cuenta predial **********, contribución que se deriva de la adquisición contenida en la escritura número seis mil trescientos sesenta y ocho de fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós pasada ante la fe del mencionado notario.
ii. La recepción del pago de fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós realizado por el quejoso al titular de la notaría número uno del Distrito Notarial de Guerrero, el licenciado **********, en cantidad de $**********, por concepto de la cuota o derecho correspondiente a la inscripción que practica el Registro Público de la Propiedad y Comercio, previsto en el artículo 196, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Ciudad de México, respecto de la finca urbana **********, con número de cuenta predial **********, contribución que se deriva de la adquisición contenida en la escritura número seis mil trescientos sesenta y ocho de fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós pasada ante la fe del mencionado notario.
iii. Todos aquellos actos tendentes a la aplicación del decreto y preceptos señalados en la fracción I de este capítulo de leyes o actos reclamados.”
27. Por razón de turno tocó conocer de la demanda al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien por auto de seis de julio de dos mil veintidós, la registró bajo el número ********** y la admitió; posteriormente, mediante escrito presentado por el quejoso el veintidós de julio siguiente, amplió la demanda contra actos del Tesorero dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de quien reclamó:
“LEYES O ACTOS RECLAMADOS
I. Del C Tesorero dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México se reclama en este juicio de amparo:
i. La recepción del pago de fecha cuatro de julio de dos mil veintidós realizado por el quejoso ante la institución bancaria HSBC, en cantidad de $**********, por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles previsto en los artículos 112 a 125 y 275 bis, todos del Código Fiscal de la Ciudad de México, respecto de la finca urbana **********, con número de cuenta predial **********, contribución que se deriva de la adquisición contenida en la escritura número seis mil trescientos sesenta y ocho de fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós pasada ante la fe del titular de la notaría número uno del Distrito Notarial de Guerrero, el Licenciado **********, pago por el que se emitió el ‘Formato múltiple de pago a la Tesorería’, con línea de captura ********** de fecha cuatro de junio de dos mil veintidós y que contiene sello de la institución bancaria señalada. Cabe aclarar que esta es la cantidad correcta respecto a la que se señaló en el inciso i, fracción III del capítulo de Leyes y Actos reclamados del escrito inicial de demanda, por lo que se solicita a su señoría que tenga a esta cantidad como la cantidad correcta respecto los preceptos reclamados señalados anteriormente en esta fracción.
ii. La recepción del pago de fecha dieciocho de julio de dos mil veintidós realizado por el quejoso ante la institución bancaria HSBC, en cantidad de $**********, por concepto de la cuota o derecho correspondiente a la inscripción que practica el Registro Público de la Propiedad y Comercio, previsto en el artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, respecto de la finca urbana **********, con número de cuenta predial **********, contribución que se deriva de la adquisición contenida en la escritura número seis mil trescientos sesenta y ocho de fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós pasada ante la fe del titular de la notaría número uno del Distrito Notarial de Guerrero, el Licenciado **********, pago por el que se emitió el ‘Formato múltiple de pago a la Tesorería’, con línea de captura ********** de fecha cuatro de junio de dos mil veintidós y que contiene sello de la institución bancaria señalada. Cabe aclarar que esta es la cantidad correcta respecto a la que se señaló en el inciso i, fracción III del capítulo de Leyes y Actos reclamados del escrito inicial de demanda, por lo que se solicita a su señoría que tenga a esta cantidad como la cantidad correcta respecto los preceptos reclamados señalados anteriormente en esta fracción.
iii. Todos aquellos actos tendentes a la aplicación del decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno, denominado ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal dela Ciudad de México’, y en específico, la tarifa establecida en el artículo 113, así como los artículos 112 a 125, 196, fracción I, inciso a) y el artículo 275 bis, todos del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en el año de dos mil veintidós, en donde se establece el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y la cuota o derecho correspondiente a la inscripción que practica el Registro Público de la Propiedad y comercio.”
28. Ampliación que fue admitida por auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós; seguidos los trámites procesales correspondientes, celebró la audiencia constitucional el nueve de septiembre de dos mil veintidós; y por sentencia engrosada el trece del mes y año en cita, determinó por una parte sobreseer en el juicio; por otra negar el amparo; y finalmente conceder el amparo solicitado por el quejoso.
29. Cabe precisar que en dicha sentencia el juez de Distrito se pronunció respecto al acto del Tesorero de la Ciudad de México como sigue:
“TERCERO. No es cierto el acto reclamado del Tesorero del Gobierno de la Ciudad de México, consistente en la aplicación de los artículos 112 a 125, 196, fracción I, inciso a) y 275 bis, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil veintidós, pues así lo expuso al rendir informe justificado, sin que al efecto la parte quejosa desvirtuara tal negativa, en virtud de que no ofreció medio probatorio alguno tendente a demostrar la existencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, habida cuenta que de las actuaciones que obran en el presente expediente no se advierte cuando menos algún medio de convicción que desvirtúe las manifestaciones de la citada autoridad.
Al respecto, es importante destacar que como acto de aplicación de una ley se entiende no sólo el que proviene de una autoridad, sino también aquél que realiza un particular cuando actúa por mandato expreso de la ley, considerándose por tanto, como auxiliar en la administración pública. En tal virtud el impuesto sobre adquisición de inmuebles a que hace referencia, es una contribución que se rige por el principio de autoliquidación, es decir, deriva de la actitud del particular frente al mandato legal, por lo que no es imputable a la autoridad.
Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia número 153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367, del Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
“AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.” 1
Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados a las autoridades mencionadas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, por cuanto hace a las autoridades citadas, de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo.
30. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con esa determinación el quejoso y la Jefa de gobierno de la Ciudad de México interpusieron recursos de revisión, los cuales por turno correspondió conocer al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; por auto de presidencia de dos de diciembre de dos mil veintidós lo registró como amparo en revisión 554/2022 y lo admitió; por diverso proveído de catorce de diciembre siguiente, admitió a trámite la revisión adhesiva interpuesta por la Jefa de Gobierno y Tesorero, ambos de la Ciudad de México.
31. Posteriormente, en sesión de ocho de junio de dos mil veintitrés, el pleno de dicho órgano jurisdiccional resolvió por una parte, desechar por improcedente el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Tesorero de la Ciudad de México; por otra, en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida; por otro lado, conceder el amparo solicitado por el quejoso; y finalmente, declarar sin materia la revisión adhesiva interpuesta por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
32. El Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito respecto de la legitimación estimó:
32.1 • TERCERO. Legitimación y personería. El análisis de la legitimación de los impugnantes es un presupuesto procesal indispensable para instar el medio de defensa; por ende, ese aspecto debe analizarse aún de oficio.
32.2 • Sirve de respaldo a lo anterior, la tesis aislada P. LIV/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, página 20, que establece:
“REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.” (La transcribe).
32.3 • Estos presupuestos se revisarán por separado de cada recurrente.
I Quejoso.
32.4 • El Quejoso está legitimado para interponer el recurso de revisión, por ser quien promovió el juicio de amparo, cuya sentencia sobreseyó el juicio en relación con algunos de los artículos reclamados y autoridades responsables, negó el amparo en relación con el artículo 275 bis del Código Fiscal de la Ciudad de México y concedió la protección de la Justicia Federal en contra de los artículos 113 y 196, fracción I, inciso a), del citado Código, lo cual le causa agravio al no acoger en su totalidad la pretensión ejercida, circunstancia que lo legitima para hacer valer el medio impugnativo.
32.5 • Asimismo, **********, quien suscribe el recurso de revisión, se encuentra facultado para tal efecto, toda vez que en los autos del juicio de origen; se le reconoció la calidad de autorizado en términos amplios del QUEJOSO, carácter con el cual puede interponer a nombre de éste los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo.
II. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
32.6 • Por otra parte, en relación con el recurso principal y adhesivo hecho valer por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se hace constar que provienen por parte legítima, toda vez que es autoridad responsable en el juicio de amparo, a quien, por un lado, le perjudica la concesión del amparo en contra de los artículos 113 y 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México; por ende, pueden combatir la ejecutoria.
32.7 • Además, dicha Jefa de Gobierno está legitimada para interponer el recurso adhesivo, puesto que es la autoridad responsable en el juicio de amparo de origen y pretende mejorar la negativa del amparo en relación con los artículos reclamados del Código Fiscal de la Ciudad de México, con lo cual quiere la subsistencia de la negativa del amparo en el juicio respecto de los actos de ella reclamados, pues esa determinación le favorece.
32.8 • A su vez, la Subdirectora de Juicios de Amparo de Ingresos Locales, en suplencia por ausencia de la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, puede representar a la Jefa de Gobierno y al Tesorero, ambos de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en los artículos 7, fracción II, inciso C), numeral 2, 19, fracción V y 94, fracción V, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México (los transcribe al calce).
III. T
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33890-0912f5d4/legitimacion-para-interponer-revision-adhesiva-en-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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