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COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LOS ACTOS EMITIDOS POR EL EXTINTO ORGANISMO MENCIONADO, CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2013, EN ATENCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA PUEDEN IMPUGNARSE, POR EL GOBERNADO, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA O EN AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. · Registro digital (IUS): 25683
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-06-19
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESI
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, Pág. 1116.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 25 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JEAN CLAUDE TRON PETIT, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. DISIDENTES: ARTURO ITURBE RIVAS Y F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO. PONENTE: JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ. SECRETARIO: CARLOS LUIS GUILLÉN NÚÑEZ.

México, Distrito Federal; acuerdo del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, correspondiente a la sesión de veinticinco de mayo de dos mil quince.

VISTOS;

Y;

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante oficio presentado el veintiuno de marzo de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno y el director general de Supervisión, ambos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante IFT), por conducto del director general de Defensa Jurídica del instituto mencionado, denunciaron la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver los recursos de revisión RA. 2/2014 y RA. 4/2014, de su índice, y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver el recurso de revisión RA. 10/2013, de su índice.

La denuncia se sustenta en lo siguiente:

"... el tema central de la contradicción de tesis versa sobre si resulta aplicable la restricción de impugnación (únicamente impugnación a través del juicio de amparo indirecto) respecto de los actos o resoluciones emitidos con anterioridad a la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo trámite no sea continuado por dicho instituto sino por el órgano desconcentrado Comisión Federal de Telecomunicaciones y este último sea el que emita la resolución correspondiente, o bien, si en este supuesto deben agotarse los medios ordinarios de defensa, como sería el recurso administrativo de revisión o el juicio de nulidad.

"Al respecto de lo anterior, el sentido de los criterios adoptados por los órganos jurisdiccionales colegiados fue el siguiente:

"1. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, al resolver los amparos en revisión RA. 2/2014 y RA. 4/2014, sostuvo:

"• Que en términos del artículo 28, fracción VII, de la Constitución, así como el párrafo segundo del artículo séptimo transitorio del decreto de reformas a la Constitución publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, los efectos de la referida reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, no pueden concretarse si la resolución reclamada deriva de un procedimiento iniciado con anterioridad a la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo trámite no se continúe ante este órgano y no fue emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por ello, en este caso no es procedente el juicio de amparo indirecto y deben agotarse los medios ordinarios de defensa a efecto de cumplir con el principio de definitividad del medio extraordinario de defensa referido. Ello porque:

"• En la reforma constitucional de referencia, el Constituyente fue determinante en establecer que la procedencia del juicio de amparo indirecto se constriñe a actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, incluyendo las resoluciones dictadas en procedimientos iniciados con anterioridad a su integración, siempre que sean estos órganos los que los emitan y no aquellos previos a su creación (Cofeco y Cofetel).

"2. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, al resolver el amparo en revisión RA. 10/2013, sostuvo que:

"• De la interpretación del artículo 28, décimo noveno párrafo, fracción VII, de la Constitución, y artículo séptimo transitorio del decreto de reformas constitucionales de fecha 11 de junio de 2013, se desprende la improcedencia del medio ordinario de defensa en contra de las resoluciones que dicte la autoridad en materia de telecomunicaciones, una vez que éste haya entrado en vigor con independencia del organismo que lo haya emitido, esto es, el organismo desconcentrado Comisión Federal de Telecomunicaciones o, en su caso, el órgano constitucional autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ello porque:

"• Uno de los ejes rectores de la reforma constitucional fue erradicar los medios de defensa ordinarios en la materia de telecomunicaciones, que puede considerarse como un complemento de otro eje rector de la reforma aludida, consistente en la creación del organismo constitucional autónomo en materia de telecomunicaciones.

"• El hecho de que en la transición se dispuso que la Comisión Federal de Telecomunicaciones continuaría funcionando de conformidad con el marco legal vigente a la entrada en vigor del decreto de reformas, debe entenderse en relación con el ejercicio de las facultades de dicha autoridad, tales como, dictar las resoluciones correspondientes a los procedimientos administrativos de su competencia, lo cual no implica, en forma alguna, que las resoluciones dictadas por tal autoridad puedan ser impugnadas a través de medios ordinarios de defensa, porque tal interpretación se opone a uno de los objetivos fundamentales de la reforma constitucional.

"• El texto del párrafo tercero del propio artículo séptimo transitorio indica que los juicios y recursos en trámite (a la entrada en vigor del decreto) continuarían hasta su conclusión de conformidad con la legislación vigente; esto es, la regla de transición sólo reconoce la posibilidad de resolución de medios de defensa ordinarios, exclusivamente en los casos en que hayan estado en trámite al doce de junio de dos mil trece."

SEGUNDO.-Mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó admitir a trámite la denuncia de contradicción de tesis, que se registró con el número 95/2014; solicitó a los tribunales contendientes copias certificadas de las ejecutorias de sus respectivos índices y que informaran si los criterios contenidos en ellas se encontraban vigentes o, en defecto, la causa para tenerlos por superados o abandonados; asimismo, ordenó la radicación del asunto en la Segunda Sala del Máximo Tribunal.

TERCERO.-Por oficios números 252/2014(1) y 255/2014(2) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y 483/2014(3) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, presentados el dos de abril de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus respectivos presidentes remitieron las copias certificadas de las ejecutorias de amparo en las que se dictaron los criterios en contienda, e informaron que continúan vigentes.

CUARTO.-En auto de dos de abril de dos mil catorce, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto; y, el día siete de los mismos mes y año, lo turnó a la ponencia del Ministro Sergio Armando Valls Hernández para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

En sesión celebrada el veintiocho de mayo de dos mil catorce, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, y ordenó remitir los autos al Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, para que resolviera lo conducente.

QUINTO.-Por auto de ocho de septiembre de dos mil catorce(4) el presidente del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, registró el expediente con el número CT. 2/2014 de su índice y, al encontrarse en estado de resolución, lo turnó para la elaboración del proyecto correspondiente, al Magistrado Arturo Iturbe Rivas, titular de la ponencia "A" del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

El expediente se incluyó en la convocatoria y lista de asuntos fijada el ocho de octubre de dos mil catorce, para verse en la primera sesión ordinaria, a celebrarse el día veintisiete de los propios mismos mes y año. En dicha sesión se rechazó la propuesta presentada, al no alcanzar la mayoría requerida para su aprobación.

SEXTO.-Mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil catorce, la presidencia de este Pleno ordenó el returno de los autos, para la elaboración del respectivo proyecto de resolución, a la Magistrada Rosa Elena González Tirado, titular de la ponencia "C" del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

SÉPTIMO.-Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil catorce, el presidente de este Pleno de Circuito informó la designación de la Magistrada Rosa Elena González Tirado como consejera del Consejo de la Judicatura Federal, y que mediante oficio SEPLEP./ADS./012/7446/2014, el secretario ejecutivo del Pleno y de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal comunicó la comisión temporal del Magistrado José Patricio González-Loyola Pérez en sustitución de la primera, quien fungiría como ponente en la presente contradicción de tesis.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones tiene competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto décimo tercero del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los numerales 6, 17, fracción III y 18 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, modificado mediante el diverso Acuerdo General 20/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de agosto de dos mil catorce; así como en términos de la resolución emitida el veintiocho de mayo de dos mil catorce, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente relativo a la contradicción de tesis 95/2014 de su índice; en virtud de que se trata de una contradicción de criterios relacionada con temas de competencia económica, radiodifusión y/o telecomunicaciones, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.-Las autoridades denunciantes de la contradicción de tesis tienen legitimación al efecto, según se demuestra a continuación:

1. El Pleno del IFT, que compareció por conducto del director general de Defensa Jurídica del instituto aludido,(5) cuenta con legitimación para denunciar la contradicción de tesis en términos de lo previsto en el numeral 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, con motivo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Federal, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, sustituyó a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (en adelante Cofetel) en su calidad de parte (autoridad responsable) en dos de los asuntos que dieron lugar a las ejecutorias de las que emanan los criterios contendientes, a saber:

a) El recurso de revisión RA. 2/2014 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones (derivado del juicio de amparo 8/2013 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones); y,

b) El recurso de revisión RA. 10/2013 del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, derivado del juicio de amparo 11/2013 del índice del Juzgado de Distrito mencionado.

2. El director general de Supervisión del IFT, compareció por conducto del director general de Defensa Jurídica del indicado instituto,(6) quien cuenta con legitimación para denunciar la contradicción de tesis conforme al artículo 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, porque, con motivo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Federal, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, sustituyó a su similar de la extinta Cofetel en su calidad de parte (autoridad responsable) en uno de los asuntos que dieron lugar a las ejecutorias de las que emanan los criterios contendientes, consistente en el recurso de revisión RA. 4/2014 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones (derivado del juicio de amparo 9/2013 y su acumulado del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones).

El artículo 28, inciso B), fracción II, del Estatuto Orgánico del IFT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil trece -vigente en la fecha de la denuncia de la contradicción-, a la letra dispone lo siguiente:

"Artículo 28. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos tendrá adscritas a su cargo la Dirección General de Consulta Jurídica y la Dirección General de Defensa Jurídica.

"...

"B) Corresponde a la Dirección General de Defensa Jurídica las siguientes atribuciones:

"...

"II. Actuar en los juicios de amparo en que el instituto sea parte, cuando versen sobre asuntos de la competencia del Pleno, presidente, unidades, coordinaciones generales y direcciones generales del propio instituto, con las facultades de delegados en las audiencias, y proponer la designación de abogados y dirigirlos en su actuación en los juicios respectivos; intervenir en los juicios de amparo cuando el instituto tenga el carácter de tercero perjudicado; tramitar los recursos de revisión, reclamación y queja a que se refiere la legislación de amparo y, en general, llevar a cabo la sustanciación de toda clase de juicios y recursos ante el Poder Judicial de la Federación."

TERCERO.-Como cuestión previa se procede a determinar si se cumplen o no los requisitos para considerar existente la contradicción de tesis.

Al respecto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(7)

De acuerdo con el criterio invocado, para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los órganos contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por aquéllos en un tema similar sea discordante esencialmente.

Tal regla no es absoluta, pues cabe la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, sin ser rigorista, válidamente se declare la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.

Con el objeto de determinar si en el presente asunto existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que habrá de prevalecer como jurisprudencia, es necesario referir los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a las ejecutorias en probable conflicto e identificar las consideraciones formuladas por los Tribunales Colegiados de Circuito discrepantes.

I. Decisiones del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

A. Al resolver el veintisiete de febrero de dos mil catorce, el recurso de revisión RA. 2/2014, tomó en cuenta lo siguiente:

• En primera instancia, la litis constitucional tuvo por objeto el estudio de la resolución identificada con el número de oficio CFT/D01/STP/4379/2013, de tres de julio de dos mil trece, emitida por el Pleno de la -otrora- Cofetel en su V sesión extraordinaria.

• En el fallo recurrido, la Jueza de Distrito desestimó la causal de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables, bajo el argumento toral de que aun cuando la resolución reclamada no había sido emitida por el IFT, únicamente podía ser impugnada mediante el juicio de amparo.

• Inconformes con esa determinación, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión.

El Tribunal Colegiado especializado en comento revocó el fallo recurrido y sobreseyó en el juicio por considerar que se surtió una causal de improcedencia, lo que se corrobora de la transcripción siguiente:

"QUINTO.-...

"Los argumentos resumidos resultan fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa y sobreseer en el juicio de amparo; por lo siguiente:

"Previamente, es preciso destacar que el once de junio de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, que de acuerdo con su artículo transitorio primero, el invocado decreto de reformas inició su vigencia el doce de junio de dos mil trece y con él se crearon la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, fijándose a cargo de este último -entre otros aspectos- la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.

"La forma y plazos para integración de esos nuevos órganos se establecieron justo en el transitorio sexto del decreto mencionado; y, en congruencia con ello, su diverso transitorio séptimo determinó: (se transcribe).

"El precepto transcrito dispuso que, en tanto se integraban los órganos creados (Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de Telecomunicaciones), continuaría en sus funciones, conforme al marco jurídico vigente a la entrada en vigor del propio decreto de reformas, la Comisión Federal de Competencia, al igual que la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

"En el segundo y tercer párrafos del mismo transitorio séptimo se estableció lo siguiente:

"• Que ‘los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos órganos en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en estos procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el presente decreto mediante juicio de amparo indirecto.’

"• Y que ‘asimismo, los juicios y recursos en trámite, continuarán hasta su conclusión conforme a la legislación vigente a la entrada en vigor del presente decreto.’

"En esos términos, el sentido literal de los párrafos segundo y tercero del transitorio séptimo del decreto de reformas a la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, revela que, por cuanto a los juicios y recursos en trámite, el Constituyente Permanente no estableció el juicio de amparo indirecto como vía de impugnación, sino que fijó la regla general de que los mismos continuarían hasta su conclusión conforme a la legislación vigente a la entrada en vigor del propio decreto; en cambio, como regla particular dispuso que los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, debían continuar su trámite ante estos órganos en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio y, que las resoluciones que recayeran en tales procedimientos, sólo podrían ser impugnadas en términos de lo dispuesto por ese mismo decreto, mediante juicio de amparo indirecto.

"De ello se sigue que en la vía de amparo indirecto, salvo que se actualice algún supuesto de excepción, no serán impugnables las resoluciones de los juicios y recursos a que se contrae el párrafo tercero del transitorio de mérito, esto es, los que se encontraban en trámite a la entrada en vigor del mencionado decreto de reformas; sino exclusivamente las que de manera expresa se indican en el diverso párrafo segundo del mismo transitorio, o sea, las resoluciones que recaigan en los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que continuaron su trámite ante estos órganos en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio.

"Por otro lado, los artículos 107, fracción IV, constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: (se transcriben).

"De los preceptos legales transcritos se establece la obligación consistente en que, previamente a la promoción del juicio de amparo, el particular debe agotar el recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto de autoridad dirigido al particular, siempre que conforme a las leyes que rigen ese acto se suspendan sus efectos mediante la interposición del medio de impugnación que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos o mayor tiempo que los que la propia Ley de Amparo exige para conceder la suspensión.

"Asimismo, se establece que no existirá obligación de agotar el medio de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia o en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado.

"El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal.

"Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo.

"Los artículos 2, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 23, fracción III, punto 1), inciso c), del reglamento interior del referido tribunal, que, en la parte que interesa, establecen lo siguiente: (se transcriben).

"De los preceptos legales transcritos se desprende que la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, se encuentra facultada para conocer de los procedimientos en los que los órganos reguladores de la actividad del Estado, entre los que se encuentra la Comisión Federal de Telecomunicaciones (órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al momento de emitir la resolución reclamada), impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

"Por su parte, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del diez de marzo de dos mil diez, prevé la suspensión en el juicio contencioso administrativo, respecto del cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2013, ha sostenido que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"‘PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.’ (se trans

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25683-12dc9ce6/comision-federal-de-telecomunicaciones-los-actos-emitidos-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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