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DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN LVI, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y 42, FRACCIÓN VIII, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 490/2024. · Registro digital (IUS): 33133
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-04-11
Promovente: AGROINDUSTRIAS QUESADA, S. DE R.L. DE C.V.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Abril de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.513.

AMPARO EN REVISIÓN 490/2024. AGROINDUSTRIAS QUESADA, S. DE R.L. DE C.V. 8 DE ENERO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ANDRÉS GONZÁLEZ WATTY.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día ocho de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente

SENTENCIA

1. Mediante la que se resuelve el amparo en revisión 490/2024, interpuesto por la parte quejosa Agroindustrias Quesada, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, así como las autoridades responsables el Pleno y el Director General de Supervisión de la Unidad de Cumplimiento, ambos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, contra la sentencia dictada el 3 de junio de 2022 por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en el juicio de amparo indirecto 479/2019.

2. El problema jurídico para resolver por esta Segunda Sala consiste en determinar si los artículos 15, fracción LVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 42, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones,(1) son violatorios del principio de reserva de ley consagrado en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque la legislación que dota de competencia para imponer contribuciones a los gobernados, debe ser legislada por el Congreso de la Unión y no así, por un órgano administrativo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

I. ANTECEDENTES

3. En fechas veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y seis, diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro y veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, se otorgaron a la quejosa permisos expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para instalar y operar una red para el servicio radiotelefónico privado VHF–UHF número 876, VHF–UHF número 1233 y VHF–UHF número 729.

4. El tres de junio de dos mil diecinueve, por oficios IFT/225/UC/DG-SUV/02105/2019, IFT/225/UC/DG-SUV/02107/2019 y IFT/225/UC/DG-SUV/02108/2019, el Director General de Supervisión de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones requirió a la quejosa el comprobante de pago de derechos por el uso de las tres frecuencias del espectro radioeléctrico para instalar y operar una red para el servicio radiotelefónico privado por el periodo comprendido del dos mil quince al dos mil diecinueve. El veintiuno del mismo mes y año, el servicio postal mexicano entregó esos oficios.

5. El ocho de agosto de dos mil diecinueve, por oficios IFT/225/UC/DG-SUV/03072/2019, IFT/225/UC/DG-SUV/03077/2019, FT/225/UC/DG-SUV/03073/2019, el Director General de Supervisión en comento, determinó adeudos por la omisión en el pago de derechos por el uso de tres frecuencias del espectro radioeléctrico. El once de septiembre siguiente, la Administración Desconcentrada de Recaudación de Aguascalientes "1 del Servicio de Administración Tributaria, notificó esos oficios.

6. Juicio de amparo. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, Agroindustrias Quesada, S. de R.L. de C.V. por conducto de su apoderado José Antonio Espinosa Alfaro, promovió amparo contra las autoridades y actos siguientes:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

a) El Director General de Supervisión de la Unidad de Cumplimiento de la Dirección General de Supervisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

IV. ACTO RECLAMADO.

a) De la autoridad señalada como responsable se reclaman la resolución determinante del crédito fiscal por concepto de Derechos por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico relativo al permiso expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para instalar y operar una red para el servicio radiotelefónico privado VHF-UHF, número 876 de fecha 24 de julio de 1986, por los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

b) De la autoridad señalada como responsable se reclama la resolución determinante del crédito fiscal por concepto de Derechos por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico relativos al permiso expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para instalar y operar una red para el servicio de radiotelefónico privado VHF-UHF, número 1233 de fecha 19 de septiembre de 1994, por los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

c) De la autoridad señalada como responsable se reclama la resolución determinante del crédito fiscal por concepto de Derechos por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico relativos al permiso expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para instalar y operar una red para el servicio de radiotelefónico privado VHF-UHF, número 729 de fecha 24 de abril de 1995, por los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

7. La quejosa estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, el que, mediante proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, la registró con el número de expediente 479/2019 y, previno al promovente para que, entre otras cuestiones, precisara si era su intención reclamar la inconstitucionalidad del artículo 15, fracción LVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 42 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

8. Previo desahogo del requerimiento, el siete de noviembre de dos mil diecinueve, desechó la demanda en relación con los actos consistentes en el refrendo, publicación y expedición del artículo 15, fracción LVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, atribuidos al Secretario de Gobernación, al Director del Diario Oficial de la Federación y al Presidente de la República, por no haberlos combatido por vicios propios.

9. No obstante, admitió a trámite la demanda respecto de los actos y autoridades siguientes:

"a) De las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, la discusión, aprobación y expedición del artículo 15, fracción LVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

b) Del Presidente de la República, la promulgación y orden de publicación del artículo 15, fracción LVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

c) Del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones la expedición del artículo 42 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

d) Del Director General de Supervisión de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, las resoluciones contenidas en los oficios IFT/225/UC/DG-SUV/03072/2019, FT/225/UC/DG-SUV/03073/2019 y IFT/225/UC/DG-SUV/03077/2019, por las que se impuso a la quejosa tres créditos fiscales, por concepto de omisión de pago de derechos por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

10. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia constitucional. En dicha actuación, el juez de amparo consideró fundado el concepto de violación expuesto por la quejosa que sostenía que la notificación de los oficios de requerimiento de pago, efectuados por el servicio postal mexicano, resultaban ilegales, pues no se cumplió el procedimiento previsto en los artículos 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, lo cual viola la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional.

11. Por lo tanto, en sentencia autorizada el tres de junio de dos mil veintidós, la a quo resolvió lo siguiente:

"ÚNICO. La Justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a la quejosa, en contra de los actos y las autoridades responsables precisadas en el apartado 2.4 del considerando segundo, por la violación procesal analizada en el considerando sexto, y para los efectos expuestos en el considerando séptimo, todos de este fallo.

12. Recursos de revisión. Inconformes con dicho fallo, tanto la parte quejosa, Agroindustrias Quesada, S. de R.L. de C.V., así como las autoridades responsables, el Pleno y el Director General de Supervisión de la Unidad de Cumplimiento, ambos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, interpusieron recursos de revisión de los cuales, por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, el cual por acuerdo del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, los admitió con el número R.A. 470/2022.

13. La parte quejosa expuso cuatro agravios en su escrito de revisión. En el primero se duele de que la sentencia recurrida inobservó el principio de mayor beneficio, pues si bien el juez resolvió decretar ilegal el requerimiento que dio inicio al procedimiento de determinación de crédito fiscal, no analizó los demás conceptos de violación, que de resultar fundados atraerían un mayor beneficio en la concesión del amparo, lo cual resulta violatorio de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia contemplados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con el artículo 74 de la Ley de Amparo.

14. A través del segundo agravio, la quejosa combate la sentencia emitida por el Juez de Distrito, porque es violatoria de los derechos de seguridad jurídica, debido proceso legal y congruencia de la sentencia, al señalar como efecto y observarle a la autoridad responsable que, de ser procedente continúe con el procedimiento decretado ilegal en el juicio de amparo, lo cual es contrario a los artículos 74, 77 y 78 último párrafo de la Ley de Amparo.

15. En el tercer y cuarto agravios, expuso que la sentencia recurrida viola el principio de non bis in idem, en relación con el artículo 77 de la Ley de Amparo, al decretar ilegal el acto que dio origen al procedimiento y por tanto la determinación del crédito fiscal, pero dejando abierta la posibilidad de reponer el procedimiento, por lo que se estaría juzgando dos veces por los mismos hechos. Finalmente, expone que la sentencia resulta inconstitucional por violar el principio de congruencia, ya que alega que la a quo desatendió las pretensiones del quejoso.

16. Por otro lado, la autoridad responsable recurrente manifestó en sus agravios, en síntesis, que el Juez de Distrito realizó un examen defectuoso del acto reclamado, apartándose de los principios de fundamentación y motivación, en relación con la notificación de los oficios, concluyendo erróneamente que el crédito fiscal es fruto de actos viciados.

17. Posteriormente, en sesión celebrada el 16 de mayo de 2024, el referido Tribunal Colegiado consideró que le asistía la razón a la parte quejosa recurrente, ya que le causó perjuicio que el Juez de Distrito hubiera analizado la violación procesal relativa a la notificación de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales, de forma previa a abordar el tema de inconstitucionalidad de la norma reclamada, bajo el argumento de que ello le producía mayor beneficio.

18. En el caso, lo jurídicamente correcto era seguir la regla que rige el estudio del amparo contra leyes con motivo de un acto de aplicación, esto es, analizar en primer término la constitucionalidad del precepto legal reclamado, a la luz del concepto de violación correspondiente, y en caso de que no prospere esa impugnación, proceder al estudio de los vicios atribuidos a dicho acto.

19. Es así, porque el amparo concedido dejó libertad de jurisdicción a la responsable para que, de estimarlo procedente, continuara el procedimiento administrativo de origen a partir del momento en que quedó insubsistente y, en su oportunidad –de ser el caso–, resolviera lo que estimara pertinente con libertad de configuración.

20. En tales consideraciones, el Tribunal Colegiado, determinó que el agravio del quejoso recurrente era fundado al no haber seguido el juez de amparo el orden de análisis indicado. Además, resolvió que lo conducente era remitir los autos de la presente revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al subsistir el problema de constitucionalidad planteado.

21. En consecuencia, el Tribunal determinó lo siguiente:

"PRIMERO. En la materia de la competencia delegada a este Tribunal Colegiado, no se sobresee en el juicio de amparo.

SEGUNDO. Se reserva jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer del problema de inconstitucionalidad de leyes planteado por la quejosa que aún subsiste.

TERCERO. Remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

22. Entre las consideraciones que sustentan los puntos resolutivos del Tribunal Colegiado destacan:

Por tanto, como no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia y subsiste en el medio de defensa el problema de constitucionalidad planteado por la quejosa en contra de los artículos 15, fracción LVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 42, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el recurso de revisión –interpuesto por la quejosa– debe remitirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su conocimiento, en lo que es materia de su competencia, respecto a los aludidos preceptos legales de los que se controvierte su constitucionalidad.

La anterior conclusión obedece a que se trata de una ley federal, respecto de la cual no existen precedentes obligatorios ni jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de los artículos 222, 223, 225 y 226, fracciones I y Il, de la Ley de Amparo; por tanto, se produce la incompetencia legal de este órgano colegiado para examinarlos en última instancia.

Cabe mencionar que, conforme la esfera de competencia que establecen los Puntos Segundo, fracción III, inciso A), Tercero, Quinto, fracción I, incisos A), B), C), y D), y Décimo del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés (modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas, a los plenos regionales y a los tribunales colegiados de circuito, en términos del cual se delegaron facultades a los tribunales colegiados para que conocieran asuntos de constitucionalidad de leyes; este tribunal se encuentra impedido para resolver sobre la regularidad constitucional de las normas impugnadas, porque el tema del asunto no está comprendido en las hipótesis que dicho acuerdo prevé en el punto Quinto, fracción I, incisos B), C) y D), según se expone a continuación:

a) No existe causa de improcedencia pendiente de analizar y/o que este tribunal deba analizar de oficio.

b) Los preceptos legales reclamados en concreto derivan de una ley federal.

c) No existen sobre el tema debatido, precedentes obligatorios ni jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que ejerce su competencia en la jurisdicción de este tribunal.

d) Tampoco existe jurisprudencia de observancia obligatoria sobre lo controvertido, aún pendiente de publicación.

Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 83 de la Ley de amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto Segundo, fracción III, inciso a), del Acuerdo 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés (modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas, a los plenos regionales y a los tribunales colegiados de circuito, procede remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales procedentes.

Finalmente, a juicio de este Tribunal Colegiado, no es posible ocuparse en este momento del recurso interpuesto por las autoridades responsables, ya que en éste se vierten argumentos tendentes a desvirtuar la concesión del amparo por cuestiones de legalidad, aspectos que serán materia de análisis una vez que se resuelva por la Superioridad lo relativo a la constitucionalidad de la ley reclamada.

Por ende, lo conducente es remitir los autos al Máximo Tribunal a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

23. La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió los recursos de revisión bajo el número de expediente 490/2024 en acuerdo de 13 de junio de 2024, y lo turnó para su estudio al Ministro Javier Laynez Potisek.

II. COMPETENCIA

24. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo;(3) 21, fracción III,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto, en el que subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos 15, fracción LVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 42, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

25. Esta Segunda Sala estima innecesario analizar lo relacionado con la oportunidad y la legitimación, porque el Tribunal Colegiado ya se ocupó de ello.

IV. ESTUDIO DE FONDO

26. Fijación de la litis. Como se desprende de la síntesis de los agravios de la quejosa y el sentido de la sentencia del Tribunal Colegiado del conocimiento, la materia de la revisión de esta Segunda Sala se limita a estudiar la constitucionalidad del artículo 15, fracción LVI de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) y del artículo 42, fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

27. Estos artículos no fueron analizados por el Juez de Distrito, por considerar que su estudio no conllevaría un beneficio adicional a la quejosa. Sin embargo, la misma quejosa argumentó en su escrito de agravios que el estudio de la constitucionalidad de los artículos antes citados sí podría conllevarle un mayor beneficio. En este sentido, el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó fundado el agravio de la quejosa y reservó jurisdicción a esta Suprema Corte para su estudio.

28. En su demanda, la quejosa plantea que los artículos 15, fracción LVI de la LFTyR y 42, fracción VIII del Estatuto Orgánico del IFT son inconstitucionales al violar el principio de reserva de Ley al no ser el Congreso de la Unión el que imponga las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Argumenta la quejosa que solo el Congreso federal está autorizado para legislar los montos de las contraprestaciones por el uso del espectro radioeléctrico. En cambio, el artículo 15, fracción LVI de la LFTyR delega en el IFT la facultad para determinar respecto de los derechos por el uso del mismo espectro. Con base en esta facultad, el IFT promulgó su Estatuto Orgánico, cuyo artículo 42, fracción VIII establece la facultad para la Dirección General de Supervisión, adscrita a la Unidad de Cumplimiento del propio organismo, para determinar los adeudos derivados de las contraprestaciones, aprovechamientos y derechos asociados a las concesiones de espectro radioeléctrico. 29. Para pronta referencia, se reproduce el texto de los artículos impugnados.

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:

[...]

LVI. Aprobar y expedir las disposiciones administrativas de carácter general necesarias para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto;

[...]

Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Artículo 42. La Dirección General de Supervisión es la encargada de supervisar que los concesionarios, autorizados y demás sujetos regulados cumplan con las obligaciones y condiciones establecidas en la Ley de Telecomunicaciones, en los títulos de concesión, autorizaciones y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a excepción de aquellas derivadas de la regulación asimétrica impuestas a los agentes económicos preponderantes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de aquellos declarados con poder sustancial. Corresponde a esta Dirección General el ejercicio de las siguientes atribuciones:

[...]

VIII. Determinar los adeudos derivados de las contraprestaciones, aprovechamientos y derechos asociados a las concesiones del espectro radioeléctrico y recursos orbitales, así como permisos y autorizaciones de radiocomunicación privada y radiodifusión de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables y remitirlos al Servicio de Administración Tributaria para su cobro, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan;

30. Estudio. La pregunta que debe esta Segunda Sala responder es si cae dentro de las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones determinar los adeudos o créditos fiscales derivados de las contraprestaciones, aprovechamientos y derechos asociados a las concesiones del espectro radioeléctrico. O si dicha atribución es exclusiva del Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción XXIX de la Constitución Federal.(5)

31. A raíz de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al Instituto se le confirió la facultad sobre el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Para tal efecto, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico.(6)

32. A la luz del texto constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, en la controversia constitucional 117/2014(7) que las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones son diversas y, en tal sentido, pueden tener la forma de atribuciones ejecutivas, cuasi legislativas y cuasi judiciales, de acuerdo con el mandato conferido al Instituto por la Constitución y las leyes. En este sentido, el Instituto tiene un ámbito de poder propio que puede utilizar en plenitud para realizar sus objetivos institucionales:

"Pues bien, con base en lo expuesto, este Tribunal Pleno concluye que el IFT es un órgano constitucional autónomo, por estar previsto en la Constitución con un cúmulo propio de competencias y, por tanto, gozar de paridad con los otros órganos previstos en el texto constitucional.

"Una de las implicaciones lógica (sic) de ello es que el IFT, al contar con competencias propias, puede oponerlas a los tres Poderes de la Unión, en los que se divide el poder público, según el artículo 49 de la Constitución Federal, en un ámbito material delimitado constitucionalmente definido: "el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. En otras palabras, independientemente de lo que hagan los otros poderes, el IFT tiene un ámbito de poder propio, que puede utilizar al máximo de su capacidad para realizar sus fines institucionales. Ello es consecuencia de ser titular de facultades constitucionales propias.

"Como se puede derivar del listado de facultades previstas constitucionalmente, el IFT no tiene asignada una función jurídica preponderante, sino que conjunta las tres clásicas: la de producción de normas generales, la de aplicación y la de adjudicación.

"Ello, pues expresamente se establece en la norma constitucional que "tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6º y 7º de esta Constitución.(8)

33. El mismo artículo 28 constitucional establece que el IFT tiene la atribución de fijar el monto de las contraprestaciones para el otorgamiento de las concesiones, previa opinión no vinculante de la autoridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.(9) Sin embargo, en términos del artículo 73, fracción XXIX de la propia Constitución federal,(10) los derechos por el uso y aprovechamiento de las concesiones del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales los establece el Congreso de la Unión en la Ley Federal de Derechos. Se reproducen los artículos 239 y 240 de este último ordenamiento.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

ARTICULO 239.- Las personas físicas y las morales que usen o aprovechen el espacio aéreo y, en general, cualquier medio de propagación de las ondas electromagnéticas en materia de telecomunicaciones, están obligadas a pagar el derecho por el uso del espectro radioeléctrico, conforme a las disposiciones aplicables.

Este derecho se pagará anualmente dentro de los meses de enero a marzo del año de que se trate.

En el caso de autorizaciones para uso temporal de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico a que se refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el pago de los derechos deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes al otorgamiento de la autorización correspondiente.

No pagarán el derecho que se establece en este Capítulo las empresas de radio y televisión que estén obligadas a retener el impuesto por servicios expresamente declarados de interés público por Ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación.

Aquellos concesionarios o permisionarios u otros usuarios de servicios de telecomunicaciones, que hayan contratado la operación de frecuencias o bandas de frecuencias con concesionarios que hayan obtenido frecuencias o bandas de frecuencias mediante licitación pública y que estén autorizados para la prestación del servicio de provisión de capacidad para el establecimiento de enlaces microondas de punto a punto, punto a multipunto o para la prestación del servicio de acceso inalámbrico, fijo o móvil, así como para la prestación del servicio de televisión o radio restringido u otros servicios, estarán exentos del pago de la cuota de derechos correspondiente a las frecuencias contratadas.

Las instituciones de asistencia médica o de beneficencia o de prevención y atención de accidentes y desastres no contribuyentes del impuesto sobre la renta y las personas usuarias de las frecuencias que se autoricen durante las visitas al país de jefes de estado y misiones diplomáticas extranjeras, cuyas autorizaciones sean gestionadas por conducto de las embajadas en el país o por la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre que acrediten dichas circunstancias, estarán exentas del pago del derecho por el uso del espectro radioeléctrico previsto en este capítulo. Asimismo, quedan exentas del pago de derechos previsto en este capítulo, las concesiones de uso público otorgadas a las Entidades Federativas y Municipios, dedicadas a actividades de prevención y atención de accidentes, desastres, seguridad pública, seguridad nacional, salud, seguridad social, protección del ambiente y educación.

Los concesionarios de espectro radioeléctrico para servicios de telecomunicaciones para uso social indígena que no tengan relación ni vínculos de tipo comercial, organizativo, económico o jurídico con concesionarios del espectro radioeléctrico para uso comercial que generen influencia directa o indirecta en la administración u operación de la concesión, estarán exentos del pago de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico previstos en el presente Capítulo.

Para efectos de acceder al beneficio previsto en el párrafo anterior, los titulares de las concesiones, durante el ejercicio fiscal anterior al que corresponda el pago, no deberán incurrir en la causal de revocación establecida en la fracción XIV del artículo 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de lo contrario se deberá cubrir el monto del derecho correspondiente. Para el caso de nuevos concesionarios del espectro radioeléctrico para servicios de telecomunicaciones para uso social indígena, no será aplicable el requisito previsto en el presente párrafo durante el primer ejercicio fiscal de vigencia de la concesión correspondiente.

Los Poderes de la Unión, las entidades paraestatales federales y los organismos constitucionalmente autónomos estarán sujetos a los derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico establecidos en este Capítulo, independientemente de la concesión, permiso o asignación que les otorguen para su uso, goce, aprovechamiento o explotación.

Lo dispuesto en este Capítulo, será aplicable para cualquier concesión, perm

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33133-efd524f6/derechos-por-el-uso-y-aprovechamiento-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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