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Modo: Corpus Pro

DECOMISO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 305 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. NO CONSTITUYE UNA CONFISCACIÓN PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 592/2024. · Registro digital (IUS): 33507
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.607.

AMPARO EN REVISIÓN 592/2024. 5 DE MARZO DE 2025. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.

ÍNDICE TEMÁTICO

Mediante solicitud presentada el doce de octubre de dos mil diecisiete, **********. solicitó ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una una concesión para uso social comunitario, en la localidad de San Felipe, Guanajuato. Dicha concesión se otorgó el veinte de febrero de dos mil diecinueve, por un periodo de quince años, con posibilidad de prórroga.

Sin embargo, antes de la obtención de la concesión, la asociación inició a operar. Esto, cuando menos a partir del doce de junio de dos mil dieciocho, fecha en que la Unidad Municipal de Protección Civil de San Felipe, Guanajuato, solicitó a la radiodifusora colaborar en la difusión del plan de contingencias por lluvias.

El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el IFT realizó una visita de inspección y verificación en el inmueble de la quejosa; y, constató que estaba prestando el servicio público de radiodifusión, a través de la frecuencia 98.5 MHz. Se le requirió el título de concesión e indicó que se encontraba en trámite.

Se inició procedimiento administrativo sancionatorio, el cual se resolvió el dieciséis de enero de dos mil veinte, con la imposición de un crédito fiscal por concepto de multa, equivalente a mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el dos mil dieciocho, que ascendió a la cantidad de **********. Dicha multa se fundamentó en los artículos 298, inciso e), fracción I, en relación con el 299, fracción IV y 301 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De igual forma, en términos del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se hizo la declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la nación.

La radiodifusora promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó la resolución sancionatoria emitida por el IFT, alegando que el retraso en la resolución de su solicitud violaba su derecho a la confianza legítima; además de que la emisión de señales fue a solicitud de la autoridad local por una emergencia. De igual forma, cuestionó la constitucionalidad del artículo 298, incisos d) y e) de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión cuestionando que prevé una sanción desproporcionada, dada la naturaleza de la quejosa como medio de comunicación comunitario, sin ingresos o fines de lucro. También se cuestionó el artículo 305 del mismo ordenamiento, al considerar que dispone una confiscación indebida de instrumentos de trabajo que son inembargables.

La jueza de Distrito concedió el amparo por temas de legalidad, considerando que los equipos sólo operaron por un caso fortuito; y, que el IFT resolvió fuera del plazo legal. En el fallo, se dio prioridad a los argumentos de legalidad; que se estimó, generarían mayor beneficio que el planteamiento de constitucionalidad; el cual, dado el sentido del fallo, no fue analizado.

El IFT interpuso recurso de revisión, argumentando que la sanción se impuso no por la emergencia, sino por la transmisión de música y menciones comerciales sin concesión.

El Tribunal Colegiado que conoció del recurso de revisión, estimó fundados los agravios del Instituto recurrente. Ello, al considerar que: (1) La autoridad responsable no sancionó a la quejosa por difundir un programa de contingencias, sino por reproducir música del género regional mexicano, así como la mención comercial del "**********", sin contar con un título de concesión para ello; y, (2) No se transgredió el derecho de confianza legítima de la quejosa, porque el uso del espectro radioeléctrico no es un derecho surgido por el solo hecho de existir una solicitud de concesión ante el IFT o por el transcurso del plazo previsto en la ley para su resolución, sino que ello, en todo caso, constituye una mera expectativa de derecho que se concreta hasta que se cumplan los requisitos para su otorgamiento.

En consecuencia, dicho órgano colegiado señaló que lo procedente era analizar los conceptos de violación pendientes de examen. Luego, dado que, en dicha instancia, subsistía la cuestión de constitucionalidad respecto del artículo 298, incisos d) y e) de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, correspondía remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de marzo de dos mil veinticinco emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 592/2024, promovido en contra de la sentencia dictada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en tota la República, en el juicio de amparo indirecto **********.

I. ANTECEDENTES

1. 1.1. Solicitud de concesión. El doce de octubre de dos mil diecisiete, **********, formuló ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, solicitud de concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso social comunitario.

2. 1.2. Solicitud de colaboración de protección civil. Mediante escrito de doce de junio de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de San Felipe, Guanajuato, solicitó a la quejosa su colaboración para difundir el plan de contingencias por temporada de lluvias mediante radiocomunicación.

3. 1.3. Visita de inspección y verificación. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Verificación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, realizó visita de inspección y verificación cuyo contenido se encuentra en el acta de verificación ordinaria **********; la cual, fue atendida por **********, quien se encontraba en el interior del inmueble y actuó en representación de la quejosa ante dicha diligencia.

4. En el acta respectiva de dicha visita, se constató que se utilizó la frecuencia ********** para prestar el servicio de radiodifusión sonora; realizaron una grabación de la emisión y la anexaron al acta como anexo 7. Luego, requirieron el título de concesión correspondiente, a lo que el representante de la quejosa manifestó que se encontraba en trámite, ya que la solicitud no había sido resuelta en año y medio.

5. Por lo anterior, los visitadores solicitaron a quien atendió la visita que apagara los equipos; y, previa nueva verificación, hicieron constar que la frecuencia ********** se encontraba despejada. Los verificadores aseguraron los equipos encontrados en el inmueble en donde se practicó la visita, así como los demás bienes destinados a la operación de la estación; y, nombraron como interventor especial (depositario) a **********. Luego, la autoridad concedió el plazo de diez días a ********** para que realizara manifestaciones respecto a la visita de inspección referida.

6. 1.4. Escrito de manifestaciones. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil dieciocho, Francisco Javier Mendoza Contreras realizó las manifestaciones correspondientes, en las que señaló que se pronunciaba en calidad de secretario de **********.

7. Indicó que utilizaron la frecuencia señalada anteriormente por circunstancias de fuerza mayor, a causa de la solicitud de apoyo del Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, para difundir el plan de contingencia relativo a los fenómenos meteorológicos que afectaron la entidad, ya que el Municipio de San Felipe no cuenta con alguna radiodifusora que sirva de apoyo para el caso de desastres naturales, por lo que su propósito era alertar a la población.

8. 1.5. Propuesta de inicio de procedimiento. Por oficio ********** de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Verificación envió propuesta a la Dirección General de Sanciones, ambas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para iniciar el procedimiento administrativo de imposición de sanción y la declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la nación, en contra de la quejosa, en relación con la visita de inspección y verificación referida anteriormente.

9. 1.6. Inicio de procedimiento y etapa probatoria. Mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho, se inició el procedimiento **********; y, se concedió el plazo de quince días a ********** y a la quejosa para que realizaran manifestaciones y aportaran pruebas.

10. 1.7. Actividad procesal de la interesada en el procedimiento administrativo sancionador. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito presentado por **********, en el cual solicitó prórroga para realizar manifestaciones. Así, se le otorgó un plazo de ocho días adicionales; asimismo, se acordó la preclusión del término de **********, asociación civil, para realizar manifestaciones y aportar pruebas.

11. Mediante escritos presentados el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, ********** y **********, en representación de **********, asociación civil, solicitaron que se tuvieran como manifestaciones las realizadas en el escrito presentado el ocho de agosto de dos mil dieciocho; luego, por auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, se tuvieron por hechas las manifestaciones de **********; y, respecto al escrito de **********, se determinó que se estuviera a lo acordado el seis de febrero de dos mil diecinueve.

12. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se regularizó el procedimiento y se previno a **********, asociación civil, para que acreditara la personalidad jurídica de **********, para actuar en su nombre. Dicho requerimiento no fue desahogado; por lo que, mediante auto de uno de octubre siguiente, se acordó no proveer de conformidad el escrito de **********.

13. Finalmente, se concedió el término de diez días para formular alegatos.

14. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil diecinueve, ********** formuló alegatos, en los que manifestó que el veinte de febrero de dos mil deicinueve, se otorgó el título de concesión única para el uso social comunitaria.

15. Asimismo, reiteró que actuaba en representación de **********.

16. Lo anterior, con las facultades otorgadas mediante el instrumento notarial **********, de **********, emitido por el Notario Público número dos, Mario Zavala Pérez, en San Felipe, Guanajuato. Posteriormente, a través de proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se acordó que los alegatos señalados anteriormente resultaban extemporáneos y se precluyó el término para que **********, los formulara.

17. 1.8. Otorgamiento de concesión. El veinte de febrero de dos mil diecinueve se otorgó a la quejosa el título de concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social comunitario y el título de concesión única para uso social comunitario.

18. 1.9. Resolución sancionadora reclamada. El dieciséis de enero de dos mil veinte, se emitió la resolución correspondiente en la que se determinó un crédito fiscal por concepto de multa a la quejosa por prestar servicios de telecomunicaciones en su modalidad de radiocomunicación privada sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente; además, se declaró la pérdida en beneficio de la Nación de los equipos empleados para la prestación del servicio.

19. 1.10. Juicio de amparo indirecto (**********). Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de la especialidad, **********, por conducto de su representante legal, **********,(1) solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes:

Ver actos

20. En su demanda, la quejosa señaló como preceptos vulnerados los artículos 1°,4°, párrafo quinto, 6°, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27 párrafo sexto y 28, párrafo décimo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 21, 22, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 5° del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales. Asimismo, hizo valer, en esencia, los siguientes argumentos:

Ver argumentos

21. 1.11. Registro de la demanda y formulación de prevenciones. De la demanda correspondió conocer, por razón de turno, a la Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien la registró con el expediente **********.

22. Mediante auto de catorce de febrero de dos mil veinte, se previno a la quejosa para que exhibiera el documento en que acreditara su representación, realizara aclaraciones respecto a las autoridades y actos reclamados, señalara si deseaba solicitar la suspensión de los actos reclamados y exhibiera copias de traslado de su escrito aclaratorio.

23. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinte, la quejosa desahogó parcialmente los requerimientos efectuados, por lo que a través de acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se previno de nueva cuenta a la promovente para que realizara aclaraciones respecto a las autoridades responsables y actos reclamados.

24. En auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se tuvo por desahogado parcialmente el requerimiento anterior, por lo que se requirió nuevamente a la quejosa para que realizara aclaraciones respecto a los actos atribuidos al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

25. 1.12. Nueva fijación de los actos reclamados. Finalmente, por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento correspondiente, por lo que se fijaron como actos reclamados los siguientes:

Ver fijación de actos

26. En dicha actuación, desestimó como actos reclamados los oficios [1] ********** de dos de noviembre de dos mil veinte y [2] ********** de uno de diciembre de dos mil veinte; toda vez que constituyen actuaciones intraprocesales respecto de las cuales no es procedente el juicio de amparo.(2)

27. 1.13. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, el nueve de agosto de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo en esta subespecialidad celebró audiencia constitucional.

28. 1.14. Remisión del asunto. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento del Acuerdo General 15/2021, el referido juzgado ordenó remitir el expediente al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana a fin de dictar sentencia. El catorce del mismo mes y año, dicho juzgado tuvo por recibido el expediente y lo radicó con el número **********; y, en virtud de que contaba con audiencia celebrada, se turnó para elaboración de sentencia.

29. 1.15. Sentencia de amparo. El nueve de marzo de dos mil veintitrés se dictó sentencia, en la cual, por un lado, sobreseyó el juicio de amparo respecto del acto reclamado al Jefe de la Oficina del Servicio de Administración Tributaria y el Subadministrador de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "2"; y, por otro, concedió el amparo a la quejosa.

30. Lo anterior, a partir, esencialmente, de las siguientes consideraciones:

Ver consideraciones

31. 1.16. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, en el cual argumentó:

Ver agravios

32. 1.17. Admisión y trámite del recurso de revisión. El medio de impugnación se turnó al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, el cual formó el toca **********. Por auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, se admitió el recurso.

33. 1.18. Determinación del Tribunal Colegiado de Circuito. El trece de junio de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó resolución en la que determinó; por un lado, modificar la sentencia recurrida; y, por otro, remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que su pronunciamiento respecto del problema de constitucionalidad que subsiste respecto de las normas reclamadas.

34. Lo anterior, en esencia, a partir de las siguientes consideraciones:

Ver cuadro

35. 1.19. Admisión y trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de presidencia de doce de julio de dos mil veinticuatro, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión; lo admitió a trámite, registró el asunto con el número 592/2024; turnó el expediente para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; y, ordenó enviar los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito a fin de que dictara el acuerdo de radicación respectivo.

36. 1.20. Acuerdo de avocamiento. El dos de septiembre de dos mil veinticuatro, la Presidencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

37. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(4) 86 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como el punto Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal. Lo anterior, por tratarse de un asunto interpuesto en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto; en el que se reclamó la inconstitucionalidad de disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto de las cuales no existe jurisprudencia de este Alto Tribunal, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

38. Es innecesario realizar el cómputo relativo a la oportunidad de la presentación del recurso; así como verificar la legitimación de los recurrentes, en virtud de que el Tribunal Colegiado ya se pronunció al respecto y determinó que se interpuso de manera oportuna y por parte legitimada.(5)

IV. PROCEDENCIA

39. De un análisis de los autos, se advierte que las causales de improcedencia del juicio de amparo han sido debidamente estudiadas por los órganos de amparo que precedieron en el estudio del asunto, sin que quede pendiente el estudio de alguna, como se advierte de las siguientes tablas analíticas:

Ver tablas analíticas

40. Asimismo, esta Primera Sala no advierte, de oficio, alguna otra causal de improcedencia pendiente de análisis.

41. Por otro lado, el recurso de revisión es procedente, toda vez que se trata de un medio de impugnación interpuesto en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, pronunciada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional, en el que subsiste un problema de constitucionalidad respecto de normas generales de carácter federal.

V. PRECISIÓN DE LA LITIS

42. El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en decidir, en su caso, a la luz de los conceptos de violación planteados en la demanda, los planteamientos que se formulan con respecto a la inconstitucionalidad de los siguientes preceptos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: Ver preceptos

43. No pasa inadvertido que el Tribunal Colegiado del conocimiento, en los resolutivos de su fallo, únicamente reservó competencia a este Alto Tribunal para conocer sobre la constitucionalidad del artículo 298, incisos d) y e) de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

Ver resolutivo

44. Sin embargo, en el cuerpo de dicho fallo [foja 83], se infiere que la remisión del asunto se consideró para ambos preceptos legales:

Ver foja 83

45. Luego, sea que se trate de una incongruencia susceptible de ser subsanada por esta Primera Sala; o, de la consideración de que ante la existencia de jurisprudencia sobre el citado artículo 305, no se estimó indispensable reservar conocimiento a este Alto Tribunal; se considera que en aras de la impartición de una justicia completa y pronta sobre dichas temáticas; y, de, verificar que la jurisprudencia resuelve efectivamente aplicable al problema planteado; esta Primera Sala se avocará al conocimiento de ambos preceptos.

VI. ESTUDIO DE FONDO

46. Acorde a lo precisado en el considerando anterior, se procede al análisis de los planteamientos formulados con respecto a cada norma general impugnada:

Ver norma general impugnada

47. De inicio, resulta pertinente señalar que, en el presente caso, opera el principio de estricto derecho dada su naturaleza administrativa, sin que se advierta motivo legal para suplir la deficiencia de la queja en favor de la parte quejosa. Esto es así, ya que no se configura ninguno de los supuestos previstos para activar dicha institución jurídica en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo.

48. En esta consideración, no pasa desapercibido que quien solicitó la protección de la justicia federal; lo fue una asociación civil que se aduce no tiene fines de lucro; y, que, eventualmente, logró una concesión para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para uso social comunitario; sin embargo, dicha condición no es suficiente por si sola para activar suplencia alguna, máxime que la litis no está relacionada con la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios pertenecientes a núcleos de población ejidal o comunal.

49. Por consiguiente, el estudio correspondiente se realizará atendiendo de manera estricta a los argumentos vertidos por la quejosa en sus conceptos de violación.

50. Ahora bien, en lo esencial, la quejosa refiere que es inconstitucional lo dispuesto en los incisos d) y e) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para lo cual, se argumenta que:

• La radiodifusora en cuestión es un medio de comunicación comunitario; que, no genera ingresos por ser una asociación civil sin fines de lucro, lo que hace que la sanción impuesta sea desproporcionada.

51. Lo expuesto, resulta INOPERANTE, en atención a diversos motivos:

A.- PRIMER MOTIVO DE INOPERENCIA

52. La quejosa parte de una premisa equivocada, en tanto que la multa que le fue impuesta no tuvo origen en la aplicación de las normas generales que cuestiona, sino en el diverso artículo 299,(6) fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; precepto que no fue impugnado; y, que, de hecho, ni siquiera fue citado en la demanda de garantías o en los escritos que sirvieron para atender los requerimientos que inicialmente fueron formulados a manera de prevención.

53. En efecto, de una lectura de la resolución emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se advierte que dicha autoridad estimó que la infracción en la cual incurrió la solicitante de amparo, prevista en los artículos 66(7) y 75(8) de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, resultaba, en principio, sancionable en términos de lo previsto en el artículo 298, inciso E), fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.(9)

54. No obstante, en atención a que no fue posible determinar cuáles fueron los ingresos acumulables de la quejosa,(10) a efecto de cuantificar el monto de la multa correspondiente, fue necesario acudir a lo establecido en el citado artículo 299, párrafo tercero, fracción IV de la Ley en cita, que dispone lo siguiente:

Ver artículo 299

55. Luego, si bien el numeral 299, fracción IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hace referencia al artículo 298, incisos D) y E); y, presenta cierta conexión con esas hipótesis normativas, es verdad que el primer precepto aludido contiene una hipótesis normativa que funciona de manera autónoma.

56. Lo anterior, al menos en lo que se refiere a la multa que debe imponerse en aquellos casos de aquellos infractores que, por cualquier causa, "no declaren o no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta o que habiéndoseles solicitado no hubieren proporcionado la información fiscal a que se refiere el propio artículo 298".

57. En ese contexto, la norma general que fue aplicada para la cuantificación de la multa y que debió ser controvertida por la quejosa, lo era la contenida en el artículo 299, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; no el artículo 298 y sus incisos D) y E); o cuando menos, no sólo éstos.

58. Lo anterior, máxime que el inciso D) ni siquiera era relevante al caso; y, que, el inciso E), fracción I, si bien describe la conducta reprochable y una sanción para ello cuando sí es posible determinar los ingresos del infractor, en realidad, para fines de la cuantificación de la sanción en caso contrario, esto es, cuando esos ingresos no puedan determinarse, exige necesariamente la aplicación del artículo 299, fracción IV, no controvertido. En ese contexto, la inoperancia anunciada, deriva de que no fue impugnada la norma general que realmente generó perjuicio a la parte quejosa.

B.- SEGUNDO MOTIVO DE INOPERENCIA

59. Adicionalmente a la argumentación contenida en el análisis previo, es preciso señalar que los conceptos de violación que plantea la quejosa resultarían de cualquier forma inoperantes, en tanto que la inconstitucionalidad planteada, se hace depender de la situación particular de la propia quejosa frente a la norma; y no de vicios propios de la hipótesis jurídica:

"K) Derivado de la multa que se pretende imponer y de conformidad con lo establecido en el artículo 298 incisos d) y e) se manifiesta que mediante este medio de defensa constitucional, resulta a todas luces inconstitucional dicho precepto, pues en la naturaleza de mi representada como medio de comunicación comunitario, y al no contar con ingresos por ser una asociación civil sin fines de lucro tal y como se establece en la concesión otorgada por el propio Instituto, resulta desproporcionada la medida que solicitan simplemente en contra de mi representada, por lo anterior, solicito ante este H. Juzgado someta a un estudio de fondo dicho precepto para efecto de dejarlo sin validez en mi causa.

Máxime que del artículo 301 de la Ley Federal de Telecomunicaciones por el que se especifica los elementos para cuantificar la multa, y que las responsables pretenden legalmente hacer valer, se desprenden elementos vacíos que no cuentan con una Ley ni reglamento por el que se determinen las técnicas, métodos y ninguna clase de elemento básico que haga presuponer de manera válida una estimativa individualizada por la que se ejercite la imposición de penas pecuniarias en contra de los gobernados como medida de apremio para hacer valer la ley de referencia; más aún como previamente ha quedado señalado la supuesta responsabilidad de mi representada ha quedado plenamente viciada de origen pues los elementos básicos del elemento administrativo como acreditación de la personalidad, hechos notorios, actos consentidos, se le suma a la responsabilidad administrativa de las autoridades responsables por no haber actuado conforme a su propia ley desde el momento en que mi representada se somete a su potestad mediante la solicitud formal de la expedición de una concesión.

Dicho lo anterior, resulta evidente la razón que asiste a mi representada en su causa de pedir, por lo que de manera respetuosa solicito a este H. Juzgador Federal especializado, tenga a bien otorgar el amparo y protección de la justicia federal a mi representada en los términos que se solicitan."

60. Como se advierte, en realidad, la quejosa impugna las normas generales a que se refiere, no por vicios constitucionales propios de éstas, sino por su situación particular frente a dichas hipótesis jurídicas como una asociación civil que, siendo comunitaria no tiene ingresos ni fines de lucro.

61. Luego, propiamente no desarrolla elementos argumentativos dirigidos a demostrar la violación constitucional que atribuye a las normas generales que intenta combatir.(11)

62. Por otro lado, no pasa desapercibida la cita que se hace al artículo 301(12) de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y que se acompaña de términos que podrían buscar construir una crítica a dicho precepto; no obstante, amén de dicha norma general no fue expresamente señalada como reclamada, aun si existiera causa de pedir en ese sentido, los argumentos son meramente dogmáticos en cuanto a que existen ciertos vacíos en dicha hipótesis jurídica; pero sin describir a detalle cuáles son éstos y porqué, en efecto y en cada caso, presentan alguna problemática, por ejemplo, de seguridad jurídica.

63. Luego, aun si se estimara que existió causa de pedir para también cuestionar la constitucionalidad del referido artículo 301, los argumentos de cualquier forma serían inoperantes por su carácter dogmático.(13)

C.- TERCER MOTIVO DE INOPERENCIA

64. Por último, aun cuando si, en extremo, se aceptara que existió causa de pedir, para cuestionar el sistema normativo derivado del artículo 298, inciso E), fracción I; y el artículo 299, fracción IV, en cuanto a que ahí se establece una sanción des

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33507-96161593/decomiso-previsto-en-el-articulo-305-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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