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TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. A LAS MULTAS IMPUESTAS CON BASE EN LA LEY FEDERAL RELATIVA NO LES RESULTA APLICABLE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 298, INCISO B), FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, RESPETA EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD, AL ESTABLECER LA REFERENCIA A LAS NORMAS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE SANCIONARSE. TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 298, INCISO B), FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 298, INCISO B), FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1121/2016. · Registro digital (IUS): 27513
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-12-08
Promovente: TELEVISIÓN AZTECA, S.A. DE C.V.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Pág. 489.

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. A LAS MULTAS IMPUESTAS CON BASE EN LA LEY FEDERAL RELATIVA NO LES RESULTA APLICABLE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 298, INCISO B), FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, RESPETA EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD, AL ESTABLECER LA REFERENCIA A LAS NORMAS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE SANCIONARSE.

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 298, INCISO B), FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AMPARO EN REVISIÓN 1121/2016. TELEVISIÓN AZTECA, S.A. DE C.V. 25 DE OCTUBRE DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I.; VOTÓ EN CONTRA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES Y EN CONTRA DE LOS EFECTOS PROPUESTOS MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

III. Competencia

18. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 83 de la Ley de Amparo vigente; 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puntos segundo y tercero, en relación con el diverso cuarto, fracción I, inciso b), del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en materia administrativa, especialidad de esta Sala.

IV. Oportunidad

19. No es necesario analizar la oportunidad de la interposición del recurso de revisión principal ni adhesivo, en virtud de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, ya estudió dicho aspecto, como se advierte en el apartado de presupuestos procesales del amparo en revisión 113/2016, del índice del citado Tribunal Colegiado.(14)

V. Legitimación

20. De igual manera, el Tribunal Colegiado ya determinó que tanto el recurso de revisión principal como el adhesivo se hicieron valer por parte legítima; lo anterior conforme a lo dispuesto en el considerando segundo de su ejecutoria.(15)

VI. Procedencia

21. El recurso de revisión es procedente, en virtud de que fue interpuesto en contra de la resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en materia administrativa, especialidad de esta Sala, y en el que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 298, inciso B), fracción IV, y 299, ambos de la Ley de Telecomunicaciones.

VII. Estudio

22. A continuación, se analizan agravios vertidos por la parte recurrente, relativos a los temas de constitucionalidad propuestos en el juicio de amparo, de conformidad con lo siguiente:

A. Tipicidad

23. Sentado lo anterior, esta Segunda Sala procede al estudio de los planteamientos de constitucionalidad propuestos por la parte quejosa, de los cuales, por cuestión metodológica, se analizará en forma preferente el tercero de los agravios sintetizados oportunamente, pues tal planteamiento está encaminado a demostrar la ilegalidad de lo resuelto en la sentencia recurrida respecto de la constitucionalidad del artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, planteamiento que de resultar fundado produciría un mayor beneficio para la quejosa, al demostrarse que la conducta reprochada a la ahora recurrente no está prevista en la normatividad.(16)

24. El agravio en estudio es infundado porque, como se concluyó en la sentencia recurrida, el artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se complementa con lo previsto en ese mismo ordenamiento y las demás disposiciones de la materia, a efecto de integrar el tipo; por ende, ese precepto no viola los principios de legalidad, seguridad jurídica, taxatividad o tipicidad.

25. Como preámbulo, debe indicarse que de los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva el principio de tipicidad o taxatividad, conforme con el cual, la conducta o infracción debe estar prevista en una ley en sentido formal y material, lo que exige el establecimiento claro y preciso de los elementos necesarios para que el gobernado esté en posibilidad de conocer en forma cierta sobre la conducta que puede generar una sanción.

26. Así se desprende de la jurisprudencia siguiente:

"NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA.-Si bien es cierto que al realizar el análisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuda a la interpretación conforme, e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad, también lo es que el empleo de dichas prácticas interpretativas es inadmisible en materia penal, en atención a las particularidades del principio de legalidad en esta rama jurídica, como son: a) Reserva de ley, por virtud del cual los delitos sólo pueden establecerse en una ley formal y material; b) La prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia, leyes que crean delitos o aumenten penas); y, c) El principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de tipos penales ambiguos. Además, la determinación que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposición de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aquél está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso."(17)

27. En cuanto a la tipicidad o taxatividad de la conducta, cabe agregar que, en sesión celebrada el veinticinco de mayo de dos mil seis, al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2006, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en torno a ese principio, sobre el cual, se determinó lo siguiente:

• La pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanción penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. En uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena. Que esta pena la imponga en un caso el tribunal y en otro la autoridad administrativa, constituye una diferencia jurídico-material entre los dos tipos de normas penales; no obstante, la elección entre pena y sanción administrativa, no es completamente disponible para el legislador en tanto que es susceptible de ser controlable a través de un juicio de proporcionalidad y razonabilidad, en sede constitucional.

• El principio de tipicidad se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Dicho en otras palabras, el principio de tipicidad se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso, la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones.

• La descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma.

• Para garantizar debidamente la seguridad jurídica de los ciudadanos, no bastaría con una tipificación confusa o indeterminada que condujere a los gobernados a tener que realizar labores de interpretación, para las que no todos están preparados, y de esa manera tratar de conocer lo que les está permitido y lo que les está vedado hacer; por ello, es esencial, a toda formulación típica que sea lo suficientemente clara y precisa como para permitirles programar su comportamiento sin temor a verse sorprendidos por sanciones que en modo alguno pudieron prever. En este aspecto, lo que está proscrito es que la norma penal induzca a errores o los favorezca con motivo de su deficiente formulación.

•El principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal, que si cierta disposición administrativa establece una multa por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía, ni por mayoría de razón.

• Para dar continuidad a esta necesidad de certeza de la ley y seguridad jurídica, el Juez, en cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, no tiene más que asegurarse de conocer el alcance y significado de la norma al realizar el proceso mental de adecuación típica y de la correlación entre sus elementos, sin que, como se ha reiterado, se rebase la interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal, para superar las deficiencias de la norma.

• Dada la convergencia de los principios de tipicidad y exacta aplicación de la ley en el diverso principio de legalidad, se infiere que el segundo de los mencionados no se circunscribe únicamente a los actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos; esto es, la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del gobernado; por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• El principio de tipicidad significa fundamentalmente que los caracteres esenciales de la conducta y la forma, contenido y alcance de la infracción estén consignados de manera expresa en la ley, de tal manera que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio de legalidad reconocido por el artículo 14 de la Ley Fundamental, conforme al cual, ningún órgano del Estado puede realizar actos que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición de sanciones, por imprevisibilidad de la infracción que no tenga un claro apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrita en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificársele.

28. Las anteriores consideraciones dieron como resultado las jurisprudencias P./J. 100/2006 y P./J. 99/2006, que llevan por rubro, respectivamente: "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS."(18) y "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO."(19)

29. Es importante destacar que en ese precedente se refirió que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado o ius puniendi, entendido como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos y, conforme a ello y de un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados, cuestión en la que va inmerso el interés colectivo.

30. En este orden, por sanción administrativa debe entenderse un castigo infligido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta tachada como ilícita por la ley. Este castigo puede consistir en la privación de un bien, de un derecho, la imposición de una obligación de pago de una multa, arresto, etcétera.

31. La sanción administrativa cumple -en la ley y en la práctica- distintos objetivos, ya sean preventivos o represivos, correctivos, disciplinarios o de castigo.

32. Así, el valor superior perseguido mediante el principio de tipicidad, es la configuración de uno de los valores superiores del orden jurídico, que previene la realización de actos autoritarios e ilegales por parte de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento del orden jurídico.

33. Respecto de la forma de aplicar el principio de tipicidad dentro del procedimiento administrativo sancionador, es importante destacar que en la invocada jurisprudencia P./J. 99/2006, se indicó que "... dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el derecho público estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal."

34. Cabe señalar que, si bien las sanciones administrativas se rigen por el principio de exacta aplicación de la ley, el cual constituye un derecho fundamental para todo gobernado en los juicios del orden criminal, tal principio alcanza a las sanciones administrativas, en cuanto a que no se podrá aplicar a los gobernados una sanción de esa naturaleza que previamente no esté prevista en la ley relativa y, por ende, la garantía de exacta aplicación de la ley debe considerarse no sólo al analizar la legalidad de una resolución administrativa que afecte la esfera jurídica del particular, sino también al resolver sobre la constitucionalidad de la mencionada ley reglamentaria.

35. Sin embargo, si bien al procedimiento administrativo sancionador le son aplicables los principios que el derecho penal ha desarrollado en tanto en ambos se trata de una manifestación de la potestad sancionadora del Estado, también es cierto que esa aplicación no resulta irrestricta, pues para ello es menester que los citados principios sean útiles y pertinentes para la imposición de sanciones administrativas en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, es decir, la traslación de los principios penales a los ilícitos administrativos no puede operar en idénticos términos o con iguales alcances.

36. Las anteriores consideraciones son acordes con lo que sostuvo el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, al fallar la contradicción de tesis 200/2013,(20) en sesión de veintiocho de enero de dos mil catorce, en la que se señaló que si bien los principios penales, como lo sería en este caso el de tipicidad, aplican al procedimiento administrativo sancionador, esta aplicación debe realizarse bajo la óptica de cada caso en concreto.

37. Sentado lo anterior, es conveniente citar el contenido del artículo cuya inconstitucionalidad se analiza, el cual dispone:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el instituto de conformidad con lo siguiente:

"A) ...

"B) Con multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado por:

"I. ...

"IV. Otras violaciones a esta ley, a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el instituto; así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo. ..."

38. Del precepto transcrito se obtiene que el incumplimiento de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sus reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, la normativa emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de las concesiones y autorizaciones cuando no tengan una sanción específica, se sanciona con una multa de entre el 1% y el 3% de los ingresos del concesionario.

39. Lo expresado nos conduce a que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión existen dos tipos de conductas sancionables, un primer grupo de conductas perfectamente identificadas por el legislador y con sanciones específicas; y un segundo grupo de infracciones no identificadas en forma pormenorizada pero igualmente sancionables con multa, la cual oscila entre los porcentajes precisados.

40. En efecto, en el primer grupo, el legislador se dio a la tarea de identificar ciertas conductas específicas, las cuales destacó y detalló en forma relevante, conforme con lo siguiente:

Ver conductas específicas

41. En cambio, cualquier otra conducta diferente de las expresamente precisadas en el punto que antecede y que implique el incumplimiento de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sus reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, la normativa emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de las concesiones y autorizaciones, se sanciona con una multa de entre el 1% y el 3% de los ingresos del concesionario o autorizado.

42. Al respecto, en la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de fecha dos de diciembre de dos mil ocho, se expresó en cuanto al tema de las infracciones y sanciones, lo siguiente:

"Por lo que respecta al apartado de infracciones y sanciones establecido en el título XIII debe quedar claro que se incorpora con claridad la verificación y el procedimiento para imponer sanción de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que su intencionalidad versa sobre las repercusiones que tendrá la infracción de esta ley, de tal suerte que el daño que se causa por la infracción o ilícito administrativo, a la administración, a la colectividad, a los individuos o al interés general tutelados por la ley, tiene como consecuencia jurídica el castigo consistente en la sanción administrativa.

"Tratándose de las telecomunicaciones, las normas sancionatorias son de dos tipos, preventivas y correctivas, que buscan inhibir la conducta indebida o castigar al operario que no cumpla o atente contra las disposiciones establecidas en la ley."

43. Por su parte, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, de cuatro de julio de dos mil catorce, se expresó:

"La iniciativa propone un esquema de sanciones basados en porcentajes de ingresos de los infractores, homologándolo al esquema de sanciones establecido en la Ley Federal de Competencia Económica. El esquema de salarios mínimos sólo aplicará en el caso que no se cuente con la información de los ingresos del infractor.

"Se clasifican las conductas infractoras en cinco rubros, las cuales van desde las leves a las graves, estableciendo correlativamente las sanciones que van de las más bajas a las más altas. En un apartado diferente, se clasifican las conductas que ameritan la revocación de la concesión, ya sea de manera inmediata o cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario por lo menos en dos ocasiones por cualquiera de las causas previstas en dicho apartado.

"Para la graduación del monto de la sanción, propone que se atienda a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y, en su caso, a la reincidencia, en cuyo caso se podrá duplicar.

"...

"El artículo 28 constitucional prevé que la ley se establezca un esquema efectivo de sanciones.

"Para cumplir dicho mandato constitucional, el presente proyecto de decreto propone un esquema de sanciones basados en porcentajes de ingresos de los infractores, a fin de homologarlo con el esquema de sanciones establecido en la Ley Federal de Competencia Económica, aunado a que con el esquema basado en salarios mínimos se corría el riesgo que al momento de imponer la sanción, ésta podría ser de tal magnitud que se excedería incluso, los ingresos del infractor.

"Los porcentajes de ingresos permiten imponer sanciones de manera equitativa, ya que la sanción que se llegue a imponer, incluso la máxima, será proporcional a los ingresos del infractor, lo que evita que llegue a ser ruinosa, tal como lo prohíbe el artículo 22 constitucional.

"Las sanciones por porcentajes de ingresos evitan la posibilidad de excesos en el cálculo del monto de la sanción y al mismo tiempo cumplen su función de ser ejemplares, a fin de inhibir la comisión de nuevas infracciones.

"Para establecer sanciones por porcentajes, se debe contar con la información de los ingresos del infractor, por ello se prevé la facultad del instituto de requerir al infractor tal información con apercibimiento que de no proporcionarlo, se optará por un esquema de salarios mínimos, el cual se diseñó en función de ingresos.

"Además, en el presente proyecto de decreto establece que las conductas infractoras se clasifican en cinco rubros, las cuales van desde las leves a las graves, estableciendo correlativamente las sanciones que van de las más bajas a las más altas.

"...

"Con respecto a los porcentajes de sanción, estas comisiones dictaminadoras establecieron un sistema gradual, catalogando aquellas conductas que se consideraron menos graves con sanciones muy leves y así sucesivamente hasta las conductas infractoras que se consideraron muy graves que incluso podrían ameritar la revocación de la concesión.

"Es importante señalar que sobre este aspecto el secretariado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos respecto del régimen de sanciones opinó de la siguiente forma:

"‘El secretariado de la OCDE celebra que el régimen de sanciones contemple penalidades ajustadas a los ingresos del operador. Sin embargo, las penalidades máximas son relativamente bajas (5% de los ingresos anuales para las empresas de telecomunicaciones, según se estipula en el artículo 296 E, y 2.5% para las de radiodifusión, de acuerdo con el artículo 306 C). Recomendamos aumentar las multas a 10% o 15% y que sean armonizadas para las empresas tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, en concordancia con el espíritu «convergente» de la ley.’

"Si bien la recomendación de la OCDE es la imposición de sanciones elevadas, estas comisiones dictaminadoras, bajo un criterio que atiende a la necesidad de dar instrumentos al órgano regulador para hacer cumplir sus determinaciones y regular adecuadamente a los regulados, pero también, considerando que las multas no deben ser de tal magnitud que su imposición impacte en la economía de los infractores: optaron por un sistema intermedio entre los montos propuestos en la iniciativa del Ejecutivo Federal y los montos recomendados por la OCDE, plasmándolos de un mínimo a un máximo, considerándolos suficientes para ser efectivos, correspondiendo a la autoridad su graduación atendiendo a las circunstancias del caso.

"Sobre este tema, se realizó una revisión amplia de la iniciativa del Ejecutivo Federal. Por principio, las modificaciones incluidas en el presente dictamen revisan diversos supuestos de sanción que propiciaban inseguridad jurídica, ya fuera porque estaban redactados en forma incompleta o equívoca, bien porque podían poner en duda el ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión y al derecho a la información, o bien porque era necesario reubicar algunos supuestos a fin de reagruparlos en otros incisos y así dar mayor proporcionalidad a las multas que lleguen a imponerse.

"Correlativamente, se han revisado integralmente los montos de las sanciones, en el sentido de incrementar en todos los casos los porcentajes punibles respecto de los ingresos de las personas que incumplan la legislación aplicable, lo que inhibirá con mayor fuerza cualquier conducta presuntamente infractora por parte de los particulares.

"Como se mencionó, una de las preocupaciones más importantes de estas comisiones en materia de sanciones es que las mismas no sean un instrumento represivo o inhibitorio contrario al derecho humano a la libertad de expresión consagrado en nuestra Constitución y que incluso fue objeto de reforzamiento en la reforma en materia de telecomunicaciones del 2013, así como evitar que, por medios indirectos o a través de interpretaciones subjetivas de buena o mala fe por parte de la autoridad, se vulnere, limite o restrinja este derecho humano esencial, que además ha sido determinante en la evolución política y democrática del país ..."

44. Finalmente, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, de ocho de julio de dos mil catorce, se manifestó:

"De acuerdo con el mandato constitucional, la ley deberá contemplar un sistema efectivo de sanciones, para ello, estas comisiones dictaminadoras consideraron adoptar primordialmente un sistema de sanciones basado en porcentajes de ingresos, como ha sido apuntado.

"En la minuta se reconoce que existen conductas que deben ser sancionadas de manera diferenciada a fin de que la sanción logre su efectividad, es decir, ser ejemplar y al mismo tiempo disuadir al infractor, por ello, se establecieron para algunos casos sanciones basadas en salarios mínimos y para otros sanciones con base en los ingresos que se obtuvieron adicionalmente, por causa de la comisión de la infracción e incluso, en algunos casos se prevé la posibilidad del apercibimiento.

"Con respecto a los porcentajes de sanción, en la iniciativa se establece un sistema gradual, catalogando aquellas conductas que se consideraron menos graves con sanciones muy leves y así sucesivamente hasta las conductas infractoras que se consideraron muy graves que incluso podrían ameritar la revocación de la concesión."

45. Del proceso legislativo descrito puede afirmarse que el sistema de infracciones administrativas establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se construyó sobre la base de la gravedad de las infracciones, para lo cual, el legislador estableció sanciones menos gravosas para las conductas que estimó de menor trascendencia, y mayores sanciones para las infracciones más graves. Dentro de este sistema -como se ha indicado-, el legislador identificó claramente algunas conductas; sin embargo, hubo algunas que no describió en forma expresa, sino sólo hizo una remisión genérica a "... otras violaciones a esta ley, a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el instituto; así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo ..." [artículo 298, inciso B), fracción IV]

46. Esta disposición contiene una cláusula abierta mediante la cual es posible definir una conducta sancionada con base en lo previsto en la propia ley, o bien, en alguna otra norma, es decir, se trata de una de remisión que debe ser completada con alguna otra disposición jurídica, lo cual corre a cargo de la autoridad legalmente competente, quien deberá emitir el acto concreto en forma escrita, fundada y motivada, lo cual implica hacer una debida correlación entre las normas para completar la conducta o tipo, así como a los aspectos fácticos de cada caso, pero siempre atendiendo a lo previsto en la ley por cuanto hace a la integración de la infracción a sancionar.

47. Esto es, la porción normativa que se examina establece como supuesto de infracción una conducta que requiere de un complemento previsto en el propio ordenamiento y en sus disposiciones reglamentarias; así, para quedar plenamente integrada necesita ser complementada con otro precepto para poder integrar la conducta infractora normativamente prevista y que será sancionada con multa prevista en el inciso B), fracción IV, del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; ello, pues el supuesto de hecho sancionado no aparece descrito en su totalidad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27513-b7bd607c/telecomunicaciones-y-radiodifusion-a-las-multas-impuestas-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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