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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LA CARGA INICIAL DE APORTAR INDICIOS DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA DE LOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 11 DEL APARTADO IV DE LA TARIFA ANEXA AL DECRETO No. LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., POR EL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SE SATISFACE, POR EXCEPCIÓN, CUANDO LA PERSONA QUEJOSA APORTA ARGUMENTACIÓN ROBUSTA QUE SE APOYE EN ELEMENTOS NORMATIVOS O EN INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEN CUENTA DEL COSTO DEL SERVICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 92/2023. · Registro digital (IUS): 31920
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-11-17
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo III, Pág.3353.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 92/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 31 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados del Décimo Séptimo Circuito, pertenecientes a la Región Centro-Norte y con jurisdicción en la materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por la persona titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 549/2021 en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al fallar el amparo en revisión 616/2021 en sesión de veintiuno de abril de dos mil veintidós.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 549/2021 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al fallar el amparo en revisión 616/2021.

7. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito analizó, en una parte de su ejecutoria, un asunto con las siguientes características:

Ver características

8. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito analizó, en una parte de la ejecutoria, un asunto con las siguientes características:

Ver parte de la ejecutoria

9. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:

Ver cuadro

10. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales analizaron, a partir de una exposición argumentativa, sobre si la parte quejosa satisfizo la carga de demostrar la violación al principio de proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal por parte del numeral 11, apartado IV, de la tarifa anexa al Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno y respecto a la aplicabilidad de una tesis de jurisprudencia sobre el tema.

11. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierten dos puntos de toque entre los criterios de los tribunales contendientes: uno, porque analizaron la procedencia de la suplencia de la queja en materia tributaria a fin de determinar si la normativa impugnada respeta el principio de proporcionalidad, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal y otro, relativo a la forma de satisfacer la carga de la prueba cuando se reclaman derechos por servicios y se aduce violación al aludido principio constitucional.

12. Sin embargo, entre ellos existen sendos diferendos pues sobre el primer aspecto, uno de los tribunales no advirtió materia para suplir la deficiencia de la queja en términos del numeral 79 de la Ley de Amparo; mientras que el otro estimó que sí se actualizaba esa figura jurídica de conformidad con la fracción I del citado numeral, al considerar la existencia de jurisprudencia temática sobre el punto analizado, de conformidad con las tesis de jurisprudencia P./J. 104/2007 y P./J. 3/98.

13. Respecto del segundo punto de toque, uno, determinó que se requería que la parte quejosa, además del texto de la ley, ofreciera pruebas para demostrar la desproporcionalidad del tributo, mientras que el otro, estimó que el señalamiento de la persona quejosa y los argumentos sobre el texto de la ley bastaban para cumplir con su carga probatoria.

14. No se inadvierte que el primero de los tribunales mencionados no realizó un pronunciamiento expreso sobre que era insuficiente la argumentación respecto al texto de la ley, pero se entiende implícito este criterio en tanto estimó que a la persona quejosa correspondía ofrecer pruebas idóneas para acreditar ese extremo; en ese sentido, al exigir esa actividad probatoria, implícitamente estimó que la demostración de su inconstitucionalidad no podía alcanzarse con el estudio del texto normativo y de su propia jurisprudencia sobre un decreto de un ejercicio fiscal anterior como se propuso en la demanda.

15. Estas razones permiten tener por satisfecho el presente requisito de existencia de la contradicción de criterios, conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 93/2006(5) del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no solo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."

16. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertidos los puntos de conflicto entre los criterios contendientes, caben las preguntas siguientes: ¿Existe jurisprudencia temática aplicable que permita a la persona juzgadora declarar, en suplencia de la queja en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, la inconstitucionalidad del Decreto No. LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio dos mil veintiuno y su tarifa anexa en su apartado IV, numeral 11 que establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado –inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos–, por violación al principio constitucional de proporcionalidad tributaria? y ¿para satisfacer la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de dicho decreto, en el supuesto mencionado, es necesario el ofrecimiento de pruebas sobre el costo del servicio o basta la argumentación a partir de los elementos que derivan del texto legal?

17. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 549/2021 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al fallar el amparo en revisión 616/2021.

18. Por otra parte, no pasa inadvertido el señalamiento contenido en el escrito presentado con la calidad de amicus curiae, en el sentido de que no existe la contradicción de criterios denunciada en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito no realizó un estudio para determinar la inconstitucionalidad del decreto reclamado; sin embargo, como se anticipó, el criterio de dicho tribunal se entiende implícito en tanto estimó que la demostración de inconstitucionalidad de la normativa referida, no podía alcanzarse con el estudio del texto normativo y de su propia jurisprudencia sobre un decreto de un ejercicio fiscal anterior como se propuso en la demanda.

V. Amicus curiae

19. En el oficio recibido de manera física en este Pleno Regional el seis de julio de dos mil veintitrés, acordado en esa fecha se expresaron, esencialmente, las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa:

"Se considera que en el presente asunto no existe la contradicción de criterios denunciada.

"Lo anterior, en virtud de que el tema del caso en concreto es determinar si el contribuyente tiene la carga de demostrar la desproporcionalidad de las contribuciones –derechos–, sin que al respecto pueda suplirse la queja deficiente, o bien, puede quedar relevado de cumplir con tal obligación procesal, y debe suplirse la queja deficiente, cuando se ha decretado la inconstitucionalidad de la norma en diversos expedientes del conocimiento del órgano jurisdiccional y existen indicios derivados de la propia ley que denotan una transgresión al principio de proporcionalidad, esto es, previo a determinar la procedencia de la suplencia de la queja debe:

"1. Haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma en diversos expedientes del conocimiento del órgano jurisdiccional: circunstancia que en el caso no se actualiza, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito –amparo en revisión 549/2021– no ha realizado un estudio previo de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de 2021, lo que se advierte sí ha acontecido en el caso del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito –amparo en revisión 616/2021–, esto es, uno ya se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la norma y en el otro no;

"2. Existir indicios derivados de la propia ley que denoten una transgresión al principio de proporcionalidad: Una vez que se haya decretado la inconstitucionalidad de la norma en diversos expedientes de conocimiento del órgano jurisdiccional, deben existir indicios derivados de la propia ley que denoten una transgresión al principio de proporcionalidad; sin embargo, si no se ha declarado la inconstitucionalidad (primer requisito), no se cumple el segundo (existencia de indicios derivados de la propia ley).

"Esto es, al no haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma en diversos expedientes de ambos tribunales contendientes, no se cumple el requisito o supuesto, para posteriormente determinar si el quejoso tiene la carga de demostrar la desproporcionalidad de las contribuciones, por lo que, se considera que no existe contradicción de criterios.

"Por lo que respecta a la suplencia de la queja deficiente, es preciso señalar que, al tratarse los criterios contendientes de amparos en revisión en materia administrativa, tal beneficio no puede ser concedido, puesto que, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, no encuadra en los supuestos de procedencia, ya que la materia administrativa se rige por el principio de estricto derecho, por lo que, no es posible que los juzgadores deban suplir la queja deficiente.

"Al respecto el Pleno del Décimo Séptimo Circuito, mediante jurisprudencia PC.XVII.J/2 A (11a.) ha determinado que, con base en el principio de estricto derecho aplicable a la materia administrativa (fiscal) en el juicio de amparo, las pruebas con las que se pretenda acreditar la inconstitucionalidad de una ley en el juicio de amparo indirecto, deben ofrecerse y desahogarse por el quejoso en el expediente respectivo.

"Justifica su decisión considerando que, no obstante que en diversos precedentes de los tribunales de conocimiento exista información pública que haya sido útil para decretar la inconstitucionalidad de alguna ley en materia tributaria, no se traducen en hechos notorios susceptibles de relevar al quejoso de la carga probatoria, pues tales datos únicamente pueden ser invocados oficiosamente cuando en el juicio de amparo no exista al respecto duda o discusión, porque en caso contrario, se trastoca el principio de igualdad procesal en el que subyace el equilibrio y seguridad de las partes; por tanto, en concordancia con el marco constitucional que antecede, no opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, salvo que sobre el tema exista jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, supuesto en el que correspondería abordar el estudio de manera oficiosa, atento a lo que prevé la fracción I del indicado precepto legal.

"En el supuesto de considerar que sí existe contradicción de criterios, esta representación fiscal considera que debe prevalecer el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito –amparo en revisión 549/2021–, al ser obligación del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de la ley y por ende, no opera la suplencia de la queja deficiente, máxime que, en el caso en particular, no existe jurisprudencia que resuelva el caso concreto, sino una jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Se asevera lo anterior, máxime que incluso en tratándose de una declaratoria general de inconstitucionalidad, la misma no es aplicable en materia fiscal, por lo que por mayoría de razón, no podría suplirse la suplencia de la deficiencia de la queja por existencia de resoluciones que determinen amparar al quejoso, puesto que no debe perderse de vista que deberá analizarse cada caso en concreto y la invocación de hechos notorios, quedará a la discrecionalidad del órgano jurisdiccional."

VI. Contradicción sin materia

20. Respecto de la interrogante ¿existe jurisprudencia temática aplicable que permita a la persona juzgadora declarar, en suplencia de la queja en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, la inconstitucionalidad del Decreto No. LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio dos mil veintiuno y su tarifa anexa en su apartado IV, numeral 11, que establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado –inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos–, por violación al principio constitucional de proporcionalidad tributaria?, la contradicción debe declararse sin materia, cuenta habida de que mediante oficio 49/2023 de trece de febrero de dos mil veintitrés recibido vía correo electrónico el tres de mayo siguiente, signado por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, se informó a este Pleno Regional que el criterio sustentado en el amparo en revisión 616/2021 se modificó parcialmente en lo atinente a la suplencia de la queja, lo que se evidencia del amparo en revisión 462/2022 de su índice, resuelto en sesión de quince de diciembre de dos mil veintidós.

21. En una parte de esta ejecutoria ulterior,(6) el Tribunal Colegiado aludido analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

22. Como se advierte de este relato, en la ejecutoria, el referido tribunal se pronunció nuevamente sobre la procedencia de la suplencia de la queja tratándose de la impugnación de un decreto en el que se reclama, en esencia, la desproporcionalidad del costo del servicio de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, y abandonó su criterio anterior en el sentido de que se actualizaba esa figura jurídica de conformidad con la fracción I del numeral 79 de la Ley de Amparo, al considerar la existencia de jurisprudencia temática sobre el punto analizado, de conformidad con las tesis de jurisprudencias P./J. 104/2007 y P./J. 3/98.

23. Si bien, en el asunto antes identificado, no se reclamó la legislación para el ejercicio de dos mil veintiuno, como en los asuntos de los cuales deriva la contradicción, sino la de dos mil veintidós, lo cierto es que se trata de normas y reclamos similares, por lo cual se estima que, en efecto, como lo informó el tribunal, debe tenerse por abandonado su criterio sobre esta cuestión. 24. A continuación se insertan los textos impugnados en cada asunto:

Ver textos impugnados

25. Lo anterior revela que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito abandonó el criterio establecido en el expediente 616/2021. La nueva postura del aludido órgano colegiado resulta claramente distinta a la plasmada en su asunto primigenio y, de hecho, termina por ser coincidente con la establecida en el amparo en revisión 549/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, por cuanto concluyen, en esencia, que en los asuntos analizados no existe materia para suplir la deficiencia de la queja en términos del numeral 79 de la Ley de Amparo.

26. En ese sentido, si bien en la fecha de presentación de la denuncia, sí existía la contradicción de criterios, con motivo del cambio de criterio de uno de los órganos colegiados, la contradicción ha quedado sin materia únicamente respecto de la interrogante aludida en párrafos precedentes.

27. Sirven de apoyo a esta conclusión los criterios emitidos por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA DECLARARLA SIN MATERIA CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES INFORMA QUE ABANDONÓ SU CRITERIO, ES NECESARIO QUE ESTA CIRCUNSTANCIA SE HAYA PLASMADO EN UNA EJECUTORIA. No es obstáculo para resolver el fondo de una contradicción de tesis, la circunstancia de que posteriormente al trámite del expediente relativo, uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informe que después de una nueva reflexión abandona el criterio en contradicción. Lo anterior es así, porque solo puede afirmarse que un Tribunal Colegiado se aparta de su propio criterio cuando plasma uno diverso en una ejecutoria; de ahí que para declarar sin materia una contradicción de tesis, es insuficiente la simple manifestación del órgano jurisdiccional en el sentido de que se apartó de su criterio, pues es necesario que exista una ejecutoria en la que se haya pronunciado sobre los argumentos que ahora dice sostener."(7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SI LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE CONOCIMIENTO DE QUE UNO DE ELLOS, CON POSTERIORIDAD AL PLANTEAMIENTO DE LA CONTRADICCIÓN, ABANDONA SU CRITERIO Y EMITE UNO COINCIDENTE CON EL DEL OTRO, DEBE DECLARARLA SIN MATERIA. La contradicción de tesis tiene como finalidad preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer como jurisprudencia obligatoria cuando exista oposición entre los que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito en torno a un mismo tema jurídico, sin que se afecten las situaciones concretas cuestionadas en los asuntos en los que se sostuvieron las posturas, de tal manera que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene conocimiento de que uno de dichos tribunales, con posterioridad al planteamiento de la contradicción, se ha apartado del criterio que venía sosteniendo y ha asumido uno similar al del otro, desaparece la inseguridad jurídica y, en consecuencia, ya no existe la necesidad de determinar cuál es el que debe prevalecer, por lo tanto, debe declararse sin materia y no inexistente, puesto que si al momento de la denuncia sí existía la contradicción, con el cambio de criterio de uno de los órganos colegiados ya no hay materia sobre la cual decidir, y así debe determinarse. Consecuentemente, esta Segunda Sala se aparta del criterio que sostuvo al resolver la contradicción de tesis 90/98, en la tesis aislada 2a. CIII/99, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEJA DE EXISTIR CUANDO EL CRITERIO SUSTENTADO POR UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, ES SUPERADO O CAMBIADO POR EL MISMO ÓRGANO, COINCIDIENDO EN LO ESENCIAL CON LO CONSIDERADO POR EL OTRO TRIBUNAL COLEGIADO.’."(8)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUÁNDO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA O IMPROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA. Cuando se denuncia una contradicción de tesis debe determinarse si existe, a fin de establecer el criterio que prevalezca como jurisprudencia. Al respecto debe precisarse, aunque se trate de una cuestión sutil de carácter técnico, que cuando se llega a la conclusión opuesta ello puede derivar de que nunca se dio la oposición de criterios denunciada, lo que llevará a declararla improcedente o de que habiendo existido la contradicción, con anterioridad a su denuncia desapareció, al apartarse uno de los órganos contendientes del criterio que sostenía, al emitir otro que coincide con el opuesto, debiéndose hacer la misma declaración de improcedencia; o finalmente, cuando dándose el supuesto anterior, en cuanto a la desaparición de la contradicción, ello ocurre con posterioridad a la denuncia, procediendo declararla sin materia."(9)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRAMITACIÓN UNA DE ELLAS ABANDONA SU CRITERIO Y EMITE UNO COINCIDENTE CON EL DE LA OTRA. La contradicción de tesis tiene como finalidad preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer como jurisprudencia obligatoria, cuando exista oposición entre los que sustenten las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a un mismo problema legal, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los cuales se sostuvieron aquéllos. Por tanto, si durante su sustanciación una de dichas Salas abandona el criterio que sustentaba y emite uno coincidente en lo esencial con el sostenido por la otra, se concluye que la contradicción de tesis denunciada queda sin materia."(10)

28. En consecuencia, al quedar evidenciado que el criterio establecido en el amparo en revisión 616/2021 fue abandonado por el órgano colegiado emisor con posterioridad a la denuncia, lo conducente es declarar sin materia la contradicción en el tema relativo a la suplencia de la queja.

VII. Estudio

29. Ahora, corresponde abordar el análisis de la segunda interrogante ¿para satisfacer la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad del Decreto No. LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio dos mil veintiuno y su tarifa anexa en su apartado IV, numeral 11, en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado –inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos–, por violación al principio constitucional de proporcionalidad tributaria, es necesario el ofrecimiento de pruebas sobre el costo del servicio o basta la argumentación a partir de los elementos que derivan del texto legal?

30. Sobre el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General,(11) la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los sujetos pasivos deben concurrir al sostenimiento de los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o de la manifestación de riqueza gravada.

31. Dentro del rubro de contribuciones se encuentran previstos en las leyes fiscales del país diversos conceptos, entre ellos, los derechos por servicios.

32. En el caso concreto del Estado de Chihuahua, los derechos se encuentran definidos en el numeral 38, fracción III, de su Código Fiscal, como las contraprestaciones que por regla general (con las excepciones que en él se indican) se causan por recibir servicios prestados por el Estado en sus funciones de derecho público, como se constata con la reproducción siguiente:

"Artículo 38. Para efectos de las disposiciones fiscales, son contribuciones los impuestos, las contribuciones especiales, y los derechos, las que se definen como: ...

"III. Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado."

33. Sobre la naturaleza de los derechos por servicios, existe una copiosa jurisprudencia del Máximo Tribunal, a partir de la cual se ha establecido que se trata de una especie de contribución que se rige por un sistema de causación distinto del aplicable a los impuestos, según el cual, la proporcionalidad se analiza en función de la relación entre el monto del tributo y el costo del servicio.

34. En la tesis P. XLVII/91,(12) precisó que respecto del concepto específico de derechos, definido como las contraprestaciones establecidas por el poder público en pago de un servicio –de acuerdo al texto del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, vigente en ese momento–, la palabra contraprestación no debía entenderse en sentido de derecho privado, de manera que corresponda exactamente al valor del servicio, porque los servicios que presta el Estado se organizan en función del interés general y, secundariamente, de los particulares, aunado a que aquél no se constituye en una empresa privada que ofrezca al público sus servicios por un precio comercial con base exclusiva en los costos de producción; de ahí que sostuvo, en la fijación de las tarifas para el pago de derechos no deben tomarse únicamente en cuenta los costos que origina la prestación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31920-1db0cbab/derechos-por-servicios-registrales-la-carga-inicial-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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