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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA (FISCAL). EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, NO AUTORIZA QUE LOS JUECES DE DISTRITO O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ALLEGUEN LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE OBRA EN PRECEDENTES PERSUASIVOS, POR NO CONSTITUIR UN HECHO NOTORIO QUE RELEVE AL QUEJOSO DE SU CARGA PROBATORIA, SALVO QUE SOBRE EL TEMA EXISTA JURISPRUDENCIA PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2021. · Registro digital (IUS): 30174
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-10-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 3129.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MANUEL ARMANDO JUÁREZ MORALES, JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ, RAFAEL RIVERA DURÓN, ABRAHAM CALDERÓN DÍAZ, JULIO RAMOS SALAS Y RICARDO MARTÍNEZ CARBAJAL. DISIDENTE: JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA (PRESIDENTE), QUIEN FORMULA VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ. SECRETARIAS: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS Y CYNTHIA YARI RUIZ HOLGUÍN.

II. COMPETENCIA

6. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; quinto transitorio del Acuerdo General Número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y se establecen sus bases; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince, por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

III. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la formuló la parte recurrente en los asuntos contendientes.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

8. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, deben analizarse las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.

CRITERIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVO 641/2019

Antecedentes

En la parte que interesa, se destaca que el acto reclamado ante el Juez de Distrito fue la discusión, aprobación y expedición del Decreto Número LXVI/APLIE/0259/2018 I P.O., que expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, específicamente, los artículos 10, 11, 12, 13 y 14, en su capítulo IV, denominado "Por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado."

El dos de agosto de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio y, en otra, negar el amparo.

Para sustentar su decisión tomó en cuenta que en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, siempre que no sea violatorio en sí mismo de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1o. de la Constitución. Asimismo, que sobre el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio en el sentido de que cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente, porque considere que el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, no basta el solo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional.(1)

Por tanto, resolvió que si el quejoso omitió ofrecer pruebas al respecto, entonces no se demostró que en el apartado IV, artículos 12 y 14 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos para el ejercicio de dos mil diecinueve, exista un desequilibrio entre la cuota de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) que se establece para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el Estado representa la prestación de ese servicio.

La parte quejosa interpuso recurso de revisión y en el segundo agravio expresó que el Juez de Distrito omitió tomar en cuenta las sentencias, procesos y pruebas desahogados en los expedientes 8/2018, 40/2018, 123/2018, 1471/2019, 1386/2019 y 1413/2019, que fueron de su conocimiento y en los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, porque constituyen hechos notorios, por lo que no era necesario que se invocaran como prueba, motivo por el cual el juzgador está obligado a tomarlos en cuenta por ser indudables e incuestionables, cuando menos dentro de su mismo juzgado.(2)

En sesión de veintiséis de junio de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado de Circuito, en la materia de la revisión, modificó la sentencia recurrida; asimismo, concedió el amparo solicitado, por lo siguiente:

Interpretó de manera ampliada el contenido del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, y abordó el estudio del caso en suplencia de la queja, aduciendo que integró jurisprudencia sobre el tema –el cobro por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, porque no guarda un sano equilibrio con el costo real de esa contraprestación, lo que genera una falta de correlación entre ambas y redunda en un cobro exorbitante–, como se advirtió de las ejecutorias pronunciadas en los amparos en expedientes de revisión administrativos 545/2019, 60/2019, 452/2019, 286/2019, 606/2019, 341/2019, 343/2019, 453/2019 y 461/2019.(3)

Consideró fundado el agravio planteado. En principio, destacó lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el amparo en revisión 70/2018, de lo que obtuvo que compete al Tribunal Colegiado la aplicación de la jurisprudencia o su categorización como temática o genérica a efecto de resolver un asunto, el emplear razonamientos jurídicos en ejercicio de su libertad de jurisdicción, experiencia adquirida y prudente arbitrio judicial.

Por tanto, estimó que si ya se ha pronunciado en diversas resoluciones en lo relativo al aspecto planteado, esto es, a la inconstitucionalidad de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos para el ejercicio de dos mil diecinueve, específicamente, de la carga de la prueba atribuida a la parte quejosa para demostrar el costo desproporcional del servicio consistente en el asiento registral y ha determinado que si de las probanzas aportadas por el solicitante de la tutela constitucional se advierten parámetros según los cuales el cobro del derecho establecido en la Ley de Ingresos sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro y, ante la inactividad de la autoridad responsable para desvirtuarla, haciendo uso del ejercicio jurisdiccional delegado por el Máximo Tribunal, al existir asuntos de la misma temática, procedía a suplir la queja deficiente en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, a efecto de resolver con el criterio asumido por el propio tribunal.

Lo consideró así, porque los precedentes referidos constituyen jurisprudencia virtual e impactan a posteriori dada su obligatoriedad para los juzgados federales, los que deberán considerar que los quejosos no necesitan ofrecer pruebas para acreditar la desproporcionalidad del derecho en estudio, sino sólo para demostrar su interés jurídico en el juicio de amparo que promuevan.

Por tanto, estimó fundado el argumento en el sentido de que el Juez Federal omitió tomar en cuenta las sentencias, procesos y pruebas desahogados en los expedientes y juicios de amparo que se enlistaron y fueron de su conocimiento previo y en los cuales concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que no era necesario desahogar pruebas que evidenciaran la desproporción que se afirma en el juicio en el costo del servicio, al ser hechos notorios.

Del análisis que se realizó al juicio de amparo 1225/2019, del cual emanó la resolución recurrida, se advirtió que la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda, en su concepto de violación, señaló que la ley que tilda de inconstitucional contraviene el principio de proporcionalidad y legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, respecto de los derechos por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (sic) en el Estado de Chihuahua, ya que el cobro de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) no guarda relación directa y proporcionada con el costo real del servicio prestado por la entidad estatal.

Razones que se consideraron debido a que en diversos asuntos se había sustentado el criterio de que resulta suficiente que la parte quejosa ofreciera como medio de prueba para acreditar tal extremo, los datos obtenidos de una página de Internet oficial del Gobierno Federal denominada INFOMEX, la cual fue diseñada con la mera finalidad de que el gobernado pudiera acceder a ella para poder obtener información pública y así acreditar hechos o circunstancias con relación al asunto que se ventila.

En tal línea de pensamiento, consideró que la información contenida en la referida página de Internet, representa un hecho notorio, ya que son datos que aparecen en una página electrónica oficial, que el gobierno utiliza para poner a disposición del público información relevante relacionada con la prestación de un servicio, por lo que, como lo adujo el quejoso, esa información que se ha desahogado en otros expedientes, es apta y suficiente para acreditar la desproporción que existe entre el gasto que genera al Estado la prestación del servicio de asientos registrales y que el monto del cobro del mismo no se corresponde con la actividad administrativa realizada por el Estado, en virtud de que el cobro no guarda equilibrio entre la cuota de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad, con el costo real de esa contraprestación, lo que genera una falta de correlación entre ambas y redunda en un cobro exorbitante, violatorio del principio de proporcionalidad tributaria.

Es así, ya que esos elementos de prueba constituyen información pública, que incluso es un hecho notorio para resolver un asunto en particular.

Estimó que por tratarse de documentos tomados de los medios electrónicos o cualquier tecnología en los cuales se encuentra el Internet que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos, como en la especie, una página oficial de Gobierno del Estado de Chihuahua-Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se entendió que tienen carácter oficial y como derivaba de un medio tecnológico como lo es el Internet, es por ello que se podía tomar en cuenta como se hizo en otros asuntos, para demostrar que no subsiste la correlación entre el costo del servicio prestado y el monto de la cuota por los asientos registrales.(4)

Estableció que, efectivamente, los datos recabados a través de la información relacionada se trata de información oficial por lo que constituía un hecho notorio que podía invocarse en la demanda de amparo, máxime que la información era idónea para acreditar la inconstitucionalidad pretendida por la parte quejosa, pues se correlaciona con las autoridades responsables y actos reclamados precisados en la demanda de garantías.(5)

Se señaló que la información contenida en los informes obtenidos a través del sistema INFOMEX se considera verosímil, de conformidad con lo establecido en el artículo 6o., párrafo segundo, fracción V, de la Constitución Federal, pues se parte de la base de que la información que proporcionan los sujetos obligados sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos corresponde a sus archivos administrativos, los cuales deben estar debidamente actualizados y publicarse a través de los medios electrónicos disponibles.

Además, que esta clase de datos son, de conformidad con el derecho humano de acceso a la información consagrado en el Texto Constitucional, instrumentos de la mayor relevancia para posibilitar a los gobernados el conocimiento del actuar cotidiano de la autoridad y a través de ello sentar las bases para el ejercicio de otros derechos, en este caso, el de impugnación judicial de las decisiones legislativas, para efectos específicos de determinar la razonabilidad constitucional del costo del servicio prestado.

Se acotó que el Estado, para poder prestar el servicio, innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto, además de que, una característica de este tipo de contribuciones, consiste en que el costo de la prestación del servicio es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso, ya que estos servicios parten de una actividad de la administración, particularizada, concreta y determinada, de manera que pueden ser individualizados a los usuarios, atendiendo a su uso o consumo, a través de ciertos parámetros de asignación.

No obstante, se precisó que tal como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe la obligación impuesta por la ley de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto expresado en cantidades numéricas, que le genera al Estado la prestación de un servicio público en concreto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo, es mediante parámetros de razonabilidad, relacionados con el tipo del servicio y las actividades que se desarrollan para prestarlo.

En ese sentido, si de la información electrónica ya relatada advirtió parámetros según los cuales el cobro del derecho establecido en la Ley de Ingresos sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, entonces era dable concluir que en el numeral 14 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos para el ejercicio de dos mil diecinueve, no existe un razonable equilibrio entre la cuota de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) que establece la ley para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el Estado representa la prestación de ese servicio.

También se expresó que la decisión no implicó desconocer el contenido de las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguientes:

Tesis 2a. CX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, con número de registro digital: 2005254, página 1589, bajo el título, subtítulo y texto siguientes:

"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen."

Además de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 121/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, con número de registro digital: 177264, visible en la página 143, bajo el título, subtítulo y texto siguientes:

"LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo anterior, porque en virtud de la jurisprudencia virtual conformada por los más de cinco precedentes emitidos por el tribunal que resuelve, respecto a la inconstitucionalidad del cobro del derecho por los servicios prestados por la dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado en análisis, por conculcar el principio de proporcionalidad tributaria, se impacta a los asuntos posteriores dada su obligatoriedad, por lo que se insistió en que ya no es exigible a los quejosos el ofrecimiento de pruebas para acreditar la inconstitucionalidad del derecho por ese motivo.

CRITERIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, AL RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN ADMINISTRATIVOS NÚMEROS 644/2019 Y 754/2019

Antecedentes:

Existe similitud entre ambos juicios de amparo en revisión, toda vez que el acto reclamado ante el Juez de Distrito fue la discusión, aprobación y expedición del Decreto Número LXVI/APLIE/0259/2018 I P.O., que expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, específicamente, el capítulo IV, denominado "Por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado".

Asimismo, en uno y otro de los casos, el Juez de Distrito resolvió en una parte sobreseer y en otra negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

La parte quejosa interpuso recurso de revisión y el Tribunal Colegiado de Circuito determinó para ambos asuntos resolver en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida, bajo los siguientes argumentos esenciales:

En los dos expedientes se expresó como agravio, que para acreditar la carga indiciaria se ofreció como prueba documental un oficio en el que la autoridad responsable dio respuesta al requerimiento solicitado respecto al monto que recibieron por concepto de ingresos totales de cobro de inscripciones registrales y cancelaciones de hipotecas en el ejercicio dos mil dieciocho, así como el número de operaciones que realizó; sin embargo, el resolutor de amparo le negó valor de indicio, aun cuando de su contenido se desprendía que los materiales que requiere la Dirección del Registro Público de la Propiedad para la prestación del servicio son mínimos; de manera que con la información proporcionada y efectuando operaciones básicas de aritmética, se pudiera determinar el costo aproximado requerido para realizar una inscripción por concepto de derechos traslativos de dominio ante el Registro Público de la Propiedad; máxime que un particular no cuenta con la información necesaria para calcular el costo aproximado y realista del servicio.

Que después de realizar unas operaciones matemáticas entre los ingresos por el cobro de derechos de dos mil dieciocho y el número de inscripciones realizadas, se demostró indiciariamente lo excesivo del cobro por ese servicio; de ahí que, contrario a lo resuelto, aportó los elementos necesarios para obligar a la autoridad a acreditar la legalidad de su acto.

Los argumentos se calificaron de inoperantes, ya que el Juez de Distrito negó valor a la documental signada por el director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, considerando que no acreditaba que el cobro de derechos establecidos en la Ley de Ingresos, era mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, porque de su contenido se advertía que sólo se refería a los ingresos que recibió en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dicha dirección, el número de documentos que fueron registrados, los recursos materiales que utilizan, la imposibilidad de cuantificar el costo de cada uno de los materiales que se utilizan, tampoco el pago de servicios personales; de ahí que se considerara que de esa información no se desprendía un nexo causal con la obligación de acreditar que el cobro de derechos establecidos en la Ley de Ingresos, no era proporcional con el gasto generado por la prestación del servicio.

Se concluyó que las manifestaciones del quejoso no bastaban para que se efectuara un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, pues ello no forma parte de su función jurisdiccional.

Aunado a que el recurrente se concretó a afirmar que con las pruebas documentales que ofreció, le correspondía a las autoridades responsables demostrar la existencia de un razonable equilibrio entre la cuota de la inscripción registral y el costo que representa para el Estado la prestación del servicio, lo que puso de manifiesto que el recurrente insistió en que cumplió con la carga probatoria respecto a la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que, como se precisó, era insuficiente para controvertir el argumento toral en que sustentó el Juez la negativa de otorgarle valor a esa documental consistente en que la información que contenía se refería sólo a los ingresos que recibió el Registro Público en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que no existía nexo causal con la carga probatoria de acreditar la inconstitucionalidad reclamada. De manera que, ante lo inoperante de los agravios, los razonamientos del resolutor de amparo seguían firmes rigiendo el sentido del fallo, al ser el estudio de los agravios de estricto derecho por tratarse de un amparo administrativo en revisión.

Sobre este tópico, en el amparo en revisión administrativo 754/2019, adicionalmente a tales razonamientos, se dijo que no se actualizan los supuestos de suplencia de la queja que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo.

También en ambos asuntos se expresó como agravio, que indebidamente el Juez de Distrito le negó la protección constitucional, no obstante que pudo haber valorado los expedientes en los que se han ofrecido pruebas que acreditan la desproporción del derecho y que constituye un hecho notorio, porque fueron tramitados por el Juez de Distrito, por lo que no existió obligación de ofrecerse como prueba, dada su especial naturaleza que no necesita ser acreditada por ser de innegable conocimiento por parte del juzgador federal.

Este argumento se calificó de inoperante, ya que, como lo precisó el Juez de Distrito, se resolvió que no cumplió con la carga probatoria que como quejoso le correspondió, de acreditar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y ante la inoperancia de los agravios, ese aspecto quedó firme, y el argumento que esgrime que el Juez debió invocar, como hecho notorio, pruebas no ofrecidas en el amparo, deviene en consecuencia, también inoperante.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

9. En principio, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

10. En ese sentido, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque. Es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(6)

11. Ahora bien, el primero de los requisitos que exige la jurisprudencia se cumple, debido a que ambos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre la suplencia de la queja, en relación con la exigencia de invocar las pruebas en el expediente de amparo en materia administrativa (fiscal), cuando éstas se encuentran en diversos expedientes del conocimiento del Juez de Distrito.

12. El segundo de los requisitos se estima satisfecho, debido a que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, existió diferencia con respecto a la resolución de semejante problema jurídico.

13. En los amparos en revisión que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, los quejosos, a efecto de acreditar la carga probatoria para demostrar que se trastoca el principio de proporcionalidad del derecho impugnado, ofrecieron ante el Juez de Distrito la documental, consistente en el oficio solicitado a las responsables, respecto del monto que recibieron por concepto de ingresos totales sobre el cobro de inscripciones registrales y cancelaciones de hipotecas, en el ejercicio dos mil dieciocho, así como el número de operaciones realizadas.

14. El Juez de Distrito consideró que de esa información no se desprendía un nexo causal con la obligación de acreditar que el cobro del derecho establecido en la Ley de Ingresos no era proporcional con el gasto generado por la prestación del servicio.

15. En la etapa de revisión, el recurrente insistió en que con las pruebas documentales que ofreció, les correspondía a las responsables demostrar la existencia de un equilibrio razonable entre la cuota de inscripción registral y el costo que representa para el Estado la prestación del servicio.

16. También sostuvo como agravio, que el Juez de Distrito pudo valorar los expedientes 1471/2019 y 1386/2019, tramitados y resueltos previamente en el juzgado de su adscripción, en los que se han ofrecido pruebas para acreditar la desproporción del derecho, que por lo mismo constituyen hecho notorio; por lo que no tenía la obligación de ofrecerlos como prueba al ser del conocimiento del Juez.

17. Al resolver, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó inoperante el primer argumento, porque no controvirtió el razonamiento toral en que se sustentó el Juez de Distrito para negar el valor probatorio a la información que solicitó a las autoridades responsables.

18. Luego, con base en el tratamiento técnico del caso, consideró firmes los argumentos del Juez de Distrito, en cuanto a que el inconforme no cumplió con la carga probatoria de acreditar la inconstitucionalidad del derecho, destacando que siguen rigiendo el sentido del fallo al tratarse de un amparo administrativo en revisión en el que no se actualizan los supuestos de suplencia de la queja que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo –foja 10 del recurso de revisión 754/2019–; en consecuencia, resolvió inoperante el segundo argumento encaminado a sostener que el Juez de Distrito debió invocar como hecho notorio pruebas no ofrecidas en el amparo.

19. En cambio, tratándose del amparo en revisión del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, el quejoso no ofreció prueba alguna para demostrar que se trastoca el principio de proporcionalidad del derecho impugnado.

20. El Juez de Distrito resolvió que al no ofrecer pruebas de las que se advirtiera que el cobro del derecho es injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio, no se demostró que en el apartado IV, numerales 12 y 14 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos para el Estado,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30174-494cb902/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-materia-administrativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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