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Modo: Corpus Pro

DERECHOS. EL ARTÍCULO 271, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS AL ESTABLECER LA CUOTA EN FUNCIÓN DEL MONTO DE LA OPERACIÓN Y NO AL COSTO DEL SERVICIO QUE PRESTA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 532/2016. · Registro digital (IUS): 27403
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-10-20
Promovente: GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Pág. 2285.

AMPARO EN REVISIÓN 532/2016. GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 16 DE AGOSTO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIA: ELSA PATRICIA ESPINOZA SALAS.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Análisis sistemático de los agravios. Los motivos de disenso planteados por la autoridad recurrente son infundados.

En principio, debe decirse que los motivos de agravio de previa reseña no controvierten las razones de fondo expresadas por el Juez de Distrito con relación a la inconstitucionalidad del artículo 271, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, sino que se centran en sostener una falta de fundamentación y motivación en la sentencia recurrida para declarar la inconstitucionalidad del dispositivo legal y la carga probatoria para reclamarlo.

Con relación a la manifestación atinente a la citada falta de fundamentación y motivación debe decirse que, contrario a la estimación de la recurrente, no se contraviene lo establecido por los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, preceptos que a la letra señalan lo siguiente:

"Artículo 74. La sentencia debe contener:

"I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

"II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios;

"III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;

"IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;

"V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y

"VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa.

"El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma."

"Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.

"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable.

"El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.

"Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados."

En el primero de los numerales transcritos se establece que las sentencias de amparo deben contener una fijación clara y precisa de los actos reclamados, el análisis sistemático de los agravios, la valoración de las pruebas, las consideraciones y fundamentos de la sentencia para negar o conceder la protección federal, los efectos de la concesión y los puntos resolutivos.

El segundo de los preceptos reseñados dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.

Elementos los anteriores que se encuentran esencialmente satisfechos en la sentencia que ahora se revisa, lo que se advierte de la propia resolución constitucional, en la que se estableció lo siguiente:

• En el considerando cuarto se estimaron como ciertos los actos atribuidos al Congreso, al gobernador y al secretario de Finanzas y Tesorería General, todos del Estado de Nuevo León (dentro de sus respectivas competencias);

• En el considerando quinto, el Juez de Distrito estableció que el artículo 271, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria, prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que introduce elementos que guardan relación con el valor del título a inscribir y no con el costo que la prestación del servicio tiene para el Estado; por tanto, determinó que lo procedente era conceder el amparo solicitado. Lo que además es violatorio del principio de equidad tributaria, en razón de que los particulares que se encuentran en una misma situación frente a la norma, en el caso, solicitar la inscripción o registro de títulos o resoluciones, sobre la posesión o propiedad de un inmueble, pagarán un monto diferente en razón únicamente al valor de la operación a registrar.

Por consiguiente, concedió el amparo al quejoso "para el efecto de que el secretario de Finanzas y tesorero del Estado de Nuevo León, le devuelva la cantidad pagada según recibo con número de folio **********, por concepto de derechos registrales y su actualización correspondiente a la fecha en que se cumpla esta sentencia."

De lo anterior, deviene infundado lo argumentado por el recurrente, en el sentido de que el a quo no haya precisado de manera exhaustiva las argumentaciones de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar tal determinación.

Efectivamente, resulta infundada la aseveración de la autoridad recurrente, pues la cuestión planteada quedó atendida en lo sustancial, al establecerse que el referido numeral viola en perjuicio de la quejosa los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, consagrados en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al considerar para cuantificar el pago de derechos por la inscripción de títulos, la base del valor de la operación a registrar, y porque los particulares pagarán un monto diferente en razón únicamente al valor de la operación a registrar, no obstante que se encuentren en una misma situación frente a la norma; de lo que se pueden advertir claramente las razones expresadas por el juzgador de origen para declarar la inconstitucionalidad de la norma legal que prevé el cálculo de la contribución en comento.

De esta forma, a juicio de este Tribunal Colegiado, el principio de exhaustividad que rige en el dictado de las sentencias se cumplió en el caso que se analiza, al establecer las razones específicas por las cuales se estimó que la norma reclamada generaba un trato violatorio a los principios constitucionales aplicables a las contribuciones.

Con relación al aserto anterior, es orientador el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CVIII/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 793, con número de registro digital: 172517, cuyos rubro y texto señalan lo siguiente:

"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.-El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente."

Entonces, los agravios de la autoridad recurrente devienen infundados, pues de lo expuesto se pone de manifiesto que el Juez de Distrito cumplió con los principios de congruencia y legalidad que rigen en el dictado de las sentencias de amparo, pues estableció claramente los preceptos, fundamentos legales y criterios jurisprudenciales, así como los argumentos de derecho por los cuales consideró que el artículo 271, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León es inconstitucional.

También son infundados los motivos de agravio de la recurrente, en la parte en que refiere que la parte quejosa no aportó elementos probatorios que justificaran el costo que representa para el Estado la inscripción de los distintos tipos de documentos a registrar.

Lo anterior es así, toda vez que las leyes no son sujetas de prueba, y porque la inconstitucionalidad de la ley debe analizarse a la luz del precepto constitucional que se estime infringido, en este caso, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Tales asertos se coligen de la lectura del artículo 271, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en donde se advierte el procedimiento aplicable para el cálculo de los derechos por la cancelación de inscripciones en el Registro Público de la Propiedad; asimismo, de la naturaleza del servicio, resulta manifiesto que consiste, fundamentalmente, en meros trámites de inscripción de un contrato de donación en los libros registrales, de lo que es claro concluir que tal servicio exige de la administración pública un esfuerzo uniforme para satisfacer esa necesidad pública; sin que se justifique de manera alguna el aumento o disminución del costo del servicio por la cuantía de la operación de donación; luego entonces, si del análisis de los preceptos legales es suficiente para colegir tales circunstancias, es inconcuso que lo procedente era declarar su inconstitucionalidad, sin necesidad de exigir que el quejoso ofrezca pruebas para demostrar lo que es tan evidente.

Con relación a los anteriores asertos, es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 3/98, con número de registro digital: 196933, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 54, Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen:

"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.-No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio, lo que implicó la supresión del vocablo contraprestación; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares."

Es aplicable también el criterio contenido en la tesis IV.2o.20 A, que este órgano jurisdiccional comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 245, Tomo V, abril de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 199012, cuyos rubro y texto dicen:

"INSCRIPCIONES REGISTRALES. ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 271 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR CONTRARIAR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS.-Conforme a lo dispuesto por el artículo 271, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, los particulares están obligados a pagar, por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de cualquier documento o acto jurídico que sea motivo de registro: ... a) Hasta N$50,000.00, por cada millar o fracción ... N$4.00 y b) Por el excedente de N$50,000.00, por cada millar o fracción ... N$5.00. Es decir, conforme a la regla anterior, los derechos por inscripción se regulan cuantificándolos sobre un porcentaje, dependiendo del valor de la operación contenida en el documento motivo de inscripción y no, como justa y debidamente corresponde, del costo del servicio que presta el Estado por esa operación registral, contrariándose con ello los principios de equidad y proporcionalidad que contempla el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal."

Por consiguiente, resultan infundados los planteamientos de la autoridad recurrente, pues las leyes no son sujetos de prueba y, además, porque la inconstitucionalidad de una ley debe analizarse a la luz del precepto constitucional que se estime infringido, en este caso, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

De manera que si de la propia lectura del artículo 271, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León se advierte la forma o el procedimiento que realiza la autoridad para la inscripción de los títulos o gravámenes en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tanto que el Congreso del Estado de Nuevo León estableció tarifas que, por concepto de derechos, se deberán cobrar por los servicios de esa dependencia, respecto de la inscripción o registro de títulos, trátese de documentos públicos o privados, resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otra clase, por el valor mayor, legal o convencional que en ellos se especifique.

Entonces, esas tarifas que por concepto de derechos están fijadas atendiendo al monto del capital que corresponda a la operación cuyo registro se cancela, ya que las cuotas a pagar están fijadas en tarifas al millar o fracción, significa que el legislador estableció la cuota relativa en función del monto de la operación cuyo registro se realiza y no atendiendo propiamente al costo del servicio que presta (inscripción), lo que implica que se dé un tratamiento desigual a quienes reciben un mismo servicio; entonces, ello es suficiente para declarar su inconstitucionalidad, sin necesidad de exigir que el quejoso ofrezca pruebas para demostrar lo que es evidente.

Los actos de autoridad, incluidos los de creación y vigencia de normas generales, pueden combatirse en la vía de amparo, sobre la base de diversos argumentos, entre los que destaca su confrontación directa con disposiciones constitucionales, y también por la infracción de exigencias constitucionales que deben respetar, como son las derivadas del proceso legislativo establecido en la Carta Magna, así como las garantías consagradas en las normas de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como serían, entre otros, los vinculados con los principios en materia tributaria; por tanto, la violación de esos derechos públicos subjetivos se demuestran del propio contenido de la norma impugnada.

Así es, en los casos como el que nos ocupa, en los que se tilda de inconstitucional una norma de una ley secundaria, por su afirmada contradicción con una norma constitucional, por transgredir los principios consagrados en el Pacto Fundamental (artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna), el examen constitucional se efectúa, insístase, a partir del contenido de la norma, y no a partir de pruebas que, en su momento, pudieran haberse acompañado al juicio de garantías, como incorrectamente lo pretende la autoridad revisionista.

De esta guisa, deviene infundado el argumento de la autoridad disidente, en el sentido de que, en la especie, el quejoso no aportó medio probatorio alguno para apoyar sus alegaciones, pues basta la exposición de las contradicciones en los textos legales que consideró se actualizan y la transgresión a los principios tributarios consagrados en la norma fundamental, para que el juzgador proceda al análisis de los argumentos relacionados con el tema, lo que en el caso se cumple.

Del mismo modo, contrario a las manifestaciones de la autoridad recurrente, no era necesario que la promovente del amparo ofreciera algún medio probatorio para justificar el costo que representa para el Estado la inscripción de los distintos tipos de documentos a registrar, pues ello se advierte del contenido del artículo 271, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en la medida en que dispone que los particulares están obligados a pagar por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de cualquier documento o acto jurídico que sea motivo de registro, por el valor mayor, legal o convencional, que en ellos se especifique, $********** (**********), por cada millar o fracción y, si no consigna valor alguno o éste es indeterminado, se pagará por hoja 1 cuota, y en ningún caso la cantidad a pagar será menor de 5 cuotas, ni mayor a 570 cuotas.

Conforme a la regla anterior, los derechos por inscripción se cuantifican sobre el valor de la operación contenida en el documento motivo de la inscripción y no, como justa y debidamente corresponde; esto es, en relación con el costo del servicio que presta el Estado por esa operación registral, por lo cual, se conviene con las consideraciones del Juez de Distrito, en el sentido de que en el caso se conculcan los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, que contiene el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

Aunado a lo anterior, el a quo determinó que el numeral reclamado vulnera los principios antes descritos, habida cuenta de que para determinar su importe en esos términos, sólo se toma en cuenta el valor de la operación a registrar, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad, dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actas registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas.

Lo expuesto pone de relieve, que deviene infundado el argumento que hace valer la autoridad, pues no se trata de un problema vinculado con una cuestión de pruebas, sino de la contradicción de una norma secundaria frente a los principios constitucionales de cuenta, que evidentemente fueron advertidos del propio texto legal.

En esas condiciones, resulta infundado el agravio que se analiza, en razón de que las leyes no son sujetos de prueba y, además, porque la inconstitucionalidad de la ley debe analizarse a la luz del precepto constitucional que se estime infringido, en este caso, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

En el caso, el artículo 271, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, tildado de inconstitucional, dispone:

Ver artículo 271, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León

Del precepto transcrito se advierte que, por concepto de derecho por inscripciones se pagará por el valor mayor, legal o convencional que se especifique en el documento cuya inscripción se solicitó, la cantidad ahí especificada, por cada millar o fracción.

En este sentido, del examen del propio precepto legal reclamado se obtiene que el derecho por la inscripción de cualquiera de los documentos que en él se mencionan, varía dependiendo del valor legal o convencional que en éste se especifique, por lo cual, el referido servicio se traduce en el mero trámite de inscripción en los libros registrales, exigiendo de la administración pública un esfuerzo uniforme en todos los casos, toda vez que se trata de la simple cancelación del registro de documentos o actos similares.

En esa medida, basta analizar el texto del precepto impugnado para arribar a la conclusión de inconstitucionalidad que decretó el a quo, por lo que este órgano jurisdiccional no coincide con la opinión de la recurrente, en el sentido de que el impetrante de garantías debía probar que el pago del derecho no está acorde con el servicio prestado, pues es la forma de legislar lo que en sí misma demuestra su desapego a los principios de proporcionalidad y equidad.

El aserto anterior encuentra sustento en el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 95/2009, con número de registro digital: 166971, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, materias constitucional y administrativa, página 1431, que dice:

"DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.-Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero."

Resulta de igual forma aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 121/2007, con número de registro digital: 170439, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, materias constitucional y administrativa, página 2099, que dice:

"SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.-Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no necesariamente deben corresponder con exactitud matemática al costo del servicio recibido, sí deben fijarse en relación con el mismo."

Finalmente, expresa la autoridad recurrente que le causa agravio el resto de las consideraciones expuestas por el Juez de Distrito para conceder el amparo a la quejosa, y como son consecuencia lógica y legal de las consideraciones que fueron debatidas con antelación, solicita se le tengan por reproducidas las razones expresadas como agravios y se revoque la resolución materia de impugnación.

Dicho argumento de igual manera deviene infundado, pues éste lo hace depender de los agravios que ya fueron declarados ineficaces, y, en vía de consecuencia, la misma calificativa se le debe otorgar.

En las relacionadas consideraciones, al resultar infundados los agravios formulados por la recurrente, lo procedente es, en la materia, confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Con relación a las consideraciones expuestas en este apartado, similar criterio sustentó este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, los amparos en revisión 12/2012, 119/2012, 210/2012, 44/2012, 294/2012, 284/2012 y 302/2012, en sesiones de cuatro de mayo, cuatro de julio, dieciséis y treinta de agosto, veinte de septiembre, cuatro de octubre y trece de diciembre, todos en dos mil doce; 5/2014, 94/2014, 286/2014, en sesiones de veintinueve de mayo, doce de noviembre y diez de diciembre, todos de dos mil catorce; 88/2015, 176/2015 y 180/2015, en sesiones de veinte de mayo, doce de agosto y dos de septiembre de dos mil quince; así como los amparos en revisión 22/2016, 176/2016, 258/2016, 356/2016 y 80/2017, en sesiones de once de febrero, trece de abril, dieciocho de mayo, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente.

Por citar un ejemplo, en el amparo en revisión 94/2014 se sostuvo, en esencia:

"En la resolución constitucional que se revisa, como ya se indicó, el Juez de Distrito otorgó al quejoso la protección constitucional al establecer la inconstitucionalidad del artículo 271, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León ‘...para el efecto de que la autoridad recaudadora, secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, deje insubsistente la constancia de ingreso con número de entrada «**********» con fecha de ingreso «07/11/2012 02:59:20 p.m.» y proceda a la devolución de la cantidad que el mismo consigna, de conformidad con las leyes fiscales aplicables y extraiga de la esfera jurídica del quejoso la norma declarada inconstitucional, mientras continúe vigente su texto.’

"Como se ve, el Juez de Distrito determinó que con motivo de la concesión del amparo, la autoridad recaudadora debía devolver al quejoso la cantidad total del pago que, por concepto de derechos por servicios registrales realizó, de conformidad con las leyes fiscales y es que, por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas.

"Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 436/2011, estableció que cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, per

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27403-e3529a1d/derechos-el-articulo-271-fraccion-i-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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