DERECHOS. LA CUOTA POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE TÍTULOS ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 254/2023. SUSCITADA ENTRE EL PLENO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 22 DE MAYO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: HUMBERTO JARDÓN PÉREZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la posible contradicción de criterios suscitada entre el extinto Pleno del Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito.
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la SCJN consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso emitir el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia obligatoria.
ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio número 54/2023 presentado ante el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el día catorce de julio del año dos mil veintitrés, el Magistrado Miguel Ángel Álvarez Viviano, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sostenidos por ese órgano colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión 840/2021, 395/2022 y 444/2022, y el criterio sostenido por el Pleno del Vigésimo Quinto Circuito al resolver la contradicción de tesis 1/2020.
2. Mediante proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, los Magistrados integrantes del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinaron que dicho Pleno Regional carecía de competencia legal para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, por lo que ordenaron su remisión a esta SCJN a efecto de que determinara lo conducente.
3. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, la Presidenta de este alto tribunal admitió a trámite la posible contradicción de criterios, registrándola bajo el número 254/2023 y ordenando su turno para resolución a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
4. Avocamiento. Mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la Presidencia de esta Segunda Sala, ordenó el avocamiento del presente asunto y ordenó dar nueva cuenta una vez que el expediente se encontrara debidamente integrado para su turno.
5. Mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, al encontrarse debidamente integrado el expediente, el Ministro Presidente de esta Segunda Sala ordenó entregar el expediente a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
6. Returno. Mediante acuerdo de tres de enero de dos mil veinticuatro, el Presidente de esta Segunda Sala hizo constar que la Ministra Loretta Ortiz Ahlf quedó adscrita a la Primera Sala de este alto tribunal y returnó el expediente a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama, derivado de que el catorce de diciembre de dos mil veintitrés, el Pleno del Senado de la República le tomó protesta como Ministra de esta SCJN.
I. COMPETENCIA
7. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y SEGUNDO TRANSITORIO del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la SCJN el diez de abril de dos mil veintitrés, por el que se modifica el rubro y se adiciona un punto cuarto y, en consecuencia, se recorre la numeración; y se modifican los puntos segundo, tercero, quinto (antes cuarto), noveno (antes octavo), décimo (antes noveno), décimo primero (antes décimo), décimo segundo (antes décimo primero), décimo tercero (antes décimo segundo), décimo cuarto (antes décimo tercero), y décimo quinto (antes décimo cuarto), del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la SCJN, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.(1)
8. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia por contradicción de criterios suscitada entre un extinto Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de distinto Circuito, para cuya resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno de este alto tribunal.
II. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la CPEUM y 227, fracción II,(2) de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
10. Para una mejor comprensión del asunto, se realiza una síntesis de las posturas del extinto Pleno del Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito que contienden en la presente contradicción de criterios.
Primer criterio contendiente
11. Mediante sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el extinto Pleno del Vigésimo Quinto Circuito resolvió la contradicción de tesis 1/2020, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito con residencia en Durango, Durango, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Centro Auxiliar de la Décima Región, ambos con residencia en Saltillo, Coahuila y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, bajo los siguientes antecedentes:
1. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito con residencia en Durango, Durango, al resolver el juicio de amparo en revisión 119/2019, destacó como agravio de la recurrente, la violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al afirmar que el numeral 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango establece una distinción de tarifas del servicio por el registro de la propiedad, tomando en cuenta un elemento externo al servicio controvertido.
Al resolver dicho juicio determinó confirmar la sentencia recurrida que negó el amparo solicitado al argumentar que en dicho artículo se contienen supuestos diversos cuya distinción tarifaria no puede generar su inconstitucionalidad.
2. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, al resolver el juicio de amparo en revisión administrativo 74/2017 (cuadernillo auxiliar 485/2017) tuvo como agravio de la parte recurrente, entre otros, el referente a la trasgresión a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, dado que el artículo controvertido toma como base un elemento ajeno al costo del servicio (tipo de documento), dando con ello un trato desigual a quienes reciben el mismo servicio (inscripción de documento).
3. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión administrativo 89/2016 (cuadernillo auxiliar 648/2016) tuvo como agravio el relativo a la trasgresión a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria por parte de la norma cuestionada, pues no se tomó en consideración que da un trato diferente a quienes reciben el mismo servicio, al imponer el cobro del derecho atendiendo a elementos extraños como lo es, entre otros, la denominación del título a inscribir, y no de acuerdo con el gasto que se efectúa por la prestación del servicio.
4. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, al resolver el amparo en revisión 16/2018 (cuadernillo auxiliar 146/2018) destacó como agravio, que la norma reclamada fija montos atendiendo a la distinta denominación del título objeto de inspección, pues de acuerdo a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, las cuotas o tarifas necesariamente deben ser iguales para quienes reciban servicios análogos y hagan uso o aprovechamiento idéntico.
Las resoluciones de los amparos señalados en los incisos 2, 3 y 4 que anteceden, determinaron conceder el amparo solicitado bajo el argumento de que conforme a las diversas fracciones del artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango se pone de manifiesto que no establece un mismo trato para los que reciben un mismo servicio, ya que el fin que se persigue con la inscripción en el Registro Público de la Propiedad es igual, en otras palabras, dar publicidad al acto jurídico y que surta efectos contra terceros.
12. En ese escenario, se muestra que los Tribunales Colegiados de Circuito implicados examinaron una hipótesis jurídica esencialmente igual y llegaron a conclusiones divergentes, en relación con la equidad y proporcionalidad del artículo 52, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, determinándose como existente la contradicción de sus criterios.
13. El extinto Pleno de Circuito consideró que de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM es obligación de los mexicanos y de las personas que se encuentren en el supuesto de causación, contribuir al gasto público de la Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y que el derecho propiamente dicho es una contribución ordinaria cuyo objeto es la contraprestación de un servicio como una actividad de la administración pública individualizada, concreta y determinada, estableciéndose una relación singularizada entre la administración y el usuario que justifica el pago del tributo.
14. Conforme a la doctrina jurisprudencial de la SCJN se ha delimitado que el monto que el contribuyente debe pagar por concepto de derechos no debe determinarse con base en elementos ajenos al costo que para el Estado representa la prestación del servicio correspondiente, tales como la capacidad económica del contribuyente, puesto que si bien dicha referencia resulta adecuada en materia de impuestos, no lo es en el ámbito de los derechos, en el que el parámetro para determinarlos debe ser el costo que significa para el Estado la prestación del servicio gravado. Por ello los principios tributarios de proporcionalidad y equidad se cumplen en los derechos por servicios cuando el monto de la cuota guarda congruencia razonable con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio prestado, al tiempo que el costo debe ser igual para los que reciben idéntico servicio.
15. El Pleno del máximo tribunal del país, estableció también que tratándose de derechos por servicios deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, conforme a lo cuales desde un análisis cualitativo se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio; por lo que, en el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para efecto de determinar la razonabilidad del monto a pagar, sin que ello involucre una afectación a la base gravable.(3)
16. Para el extinto Pleno de Circuito contendiente, el registro o inscripción de títulos por virtud de los cuales se adquiera, trasmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles no se trata simplemente de solo un acto físico de anotar, sino que conlleva la verificación de aspectos determinados, específicos, cualitativos, cuantitativos y precisos en relación con las diferentes variables que puedan presentarse en un título para su inscripción. En cambio, otro tipo de inscripciones no requieren tal acuciosidad, sino solamente la localización del registro de origen para llevarlas a cabo; por mencionar algunas, la inscripción de gravámenes sobre inmuebles por contratos, la inscripción de contratos de créditos hipotecarios, el registro de la reestructuración de créditos, el registro de una cédula hipotecaria, la inscripción de la constitución del patrimonio familiar, la inscripción de un testamento, la inscripción de poderes y su sustitución, etcétera. Concluyendo dicho Pleno de Circuito que, si bien las fracciones del numeral 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango contienen supuestos diversos, la distinción tarifaria entre dichas fracciones, materia de la contradicción de tesis en ese momento, no genera su inconstitucionalidad.
17. Sostiene el Pleno del Vigésimo Quinto Circuito que todas aquellas personas que soliciten la inscripción o registro de títulos, por virtud de las cuales se adquiera, trasmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, reciben el mismo trato, pues todas esas personas pagarán a la hacienda pública la misma cantidad, lo que cumple con el principio de equidad tributaria, dado que el costo es igual para los que reciben idéntico servicio. Tomando en cuenta que cuando se trata de la inscripción o registro de un documento por el que se adquiera, trasmita, modifique o extinga el dominio o posesión de bienes inmuebles, además, se activa un mecanismo en el que indefectiblemente debe valorarse jurídicamente el acto inmerso en tal documento, lo que implica distinta inversión de tiempo y recursos que impactan en el costo de la inscripción.
18. Así concluye dicho órgano jurisdiccional que el costo variable entre una inscripción de las previstas en la fracción I del artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, y las contempladas en el resto de las fracciones, obedece a lo que debe hacerse en la oficina registral, de suerte que mientras más se revisa el título a inscribir mayor complejidad ofrece para el Estado su registro.
19. En consecuencia, en virtud de que prevaleció dicho criterio, conforme al artículo 225 de la Ley de Amparo, el Pleno del Vigésimo Quinto Circuito sentó la siguiente jurisprudencia:
"DERECHOS. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO, AL PREVER EL COBRO DE 200 (DOSCIENTAS) UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) POR EL REGISTRO DE UN ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO Y DIVERSAS CUOTAS POR OTROS SERVICIOS, NO TRASGREDE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El citado dispositivo prevé que la inscripción o registro de títulos, ya sea de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza por virtud de los cuales se adquiera, trasmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles causará un derecho equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, mientras que en el resto de sus fracciones se prevén otros supuestos con distintos costos que refieren también a inscripciones, pero de otro tipo, a su cancelación, al depósito de documentos, a liquidaciones, a la ratificación de actos jurídicos, a la búsqueda de constancias, a la expedición de certificaciones, de copias, de informes y anotaciones marginales. En ese sentido, si bien las fracciones del dispositivo citado contienen supuestos diversos, lo cierto es que la distinción tarifaria entre dichas fracciones no genera su inconstitucionalidad. En principio, porque todas aquellas personas que soliciten la inscripción o registro de un título traslativo de dominio pagarán a la hacienda pública la misma cantidad, lo que cumple con el principio de equidad tributaria, dado que el costo es igual para los que reciben idéntico servicio. Por otra parte, según lo previsto en la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad del Estado de Durango, el registro de inmuebles conlleva una serie de requisitos que por su diversidad y particularidad no los tienen todos los supuestos de inscripción del resto de las fracciones que contempla la disposición legal, justamente porque el registro o inscripción de un inmueble trae consigo el análisis de aspectos determinados, específicos, cualitativos, cuantitativos y precisos en relación con las diferentes variables que puedan presentarse en un título, lo que deriva en que se trate de un servicio complejo, por no tratarse simplemente de un acto físico de anotar. Bajo ese parámetro, la diferenciación establecida por el legislador dependiendo del documento por registrar guarda relación con el objeto del derecho y resulta razonable si se toma en cuenta que aquél es destinado a un servicio público que se relaciona directamente con la seguridad jurídica al derecho de propiedad de bienes inmuebles para dar a conocer su verdadera situación legal, al tiempo que la tarifa diferenciada se explica si se aprecia que los requisitos que deben satisfacerse para la inscripción de un inmueble son distintos a los demás supuestos de registro previstos en el numeral en cuestión, lo que implica distinta inversión de tiempo y recursos, de suerte que mientras más se revisa el título a inscribir mayor complejidad ofrece para el Estado su registro, es decir, no se realiza la actividad estatal en la misma medida en las diversas hipótesis de inscripción, pues en cada supuesto las constancias que deban ser analizadas contienen distintos aspectos que son propios del negocio jurídico al que se refieren."(4)
Segundo criterio contendiente
20. Mediante sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, resolvió el amparo indirecto ********** promovido por ********** y **********, bajo los siguientes antecedentes:
a) ********** y ********** presentaron juicio de amparo en revisión, señalando como acto reclamado, la promulgación y expedición del artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, en el cual, el Juez de Distrito del conocimiento, por lo que interesa, negó el amparo.
b) Los quejosos argumentaron que el artículo 52, en sus fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango no atiende al principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV Constitucional, al introducir elementos ajenos, dado que otorgan un trato desigual al cobrar cuotas diferentes a quienes reciben un servicio igual y en virtud de que dichas cuotas no atienden al servicio prestado, pues toman en cuenta otros elementos que son ajenos, como el porcentaje de la base que corresponda, días de salario, fracciones del mismo, superficie del inmueble, valor del inmueble o de operación, tipo de acto jurídico a registrar.
c) Conviene precisar que ********** y **********, reclaman la constitucionalidad del artículo 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, con motivo del primer acto de aplicación, consistente en los recibos de pago ********** y **********, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, con los que acreditan el pago por concepto de contrato de compraventa de inmuebles y registro de contrato de crédito hipotecario.
21. El Tribunal Colegiado sostuvo que la proporcionalidad en materia de derechos se ve reflejada directamente por el servicio que presta el Estado, de manera tal, que por el mismo servicio se deben de pagar derechos iguales. En la especie, considera que lo estipulado por los numerales reclamados no guardan relación con el costo que representa para el Estado la prestación de dicho servicio, por lo que la tasa o tarifa del derecho no se encuentra calculada en proporción del costo que tiene para el Estado realizar la inscripción registral de documentos. 22. Señala el Tribunal contendiente que el artículo 31, fracción IV de la CPEUM consagra, entre otros, el principio de proporcionalidad tributaria, el cual consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Por otra parte, el principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación.
23. Los derechos, sostiene, son contribuciones que se deben fijar de acuerdo con el costo que para el Estado represente el servicio administrativo que presta a los particulares, de modo que, las cuotas impuestas para los derechos, en todo caso, deben ser fijas e iguales para todos aquellos que reciban el mismo servicio.
24. Para el Tribunal Colegiado contendiente el análisis se circunscribe a dilucidar lo concerniente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. Llegando a concluir que de las fracciones contenidas en el citado artículo, referentes a los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, guardan una interdependencia entre sí, lo cual, permite afirmar que constituyen un sistema normativo con identidad de objeto, que es el cobro que para otorgar el servicio de inscripciones de bienes y créditos que realiza el Estado, de modo que, de no existir justificaciones parafiscales en las normas, con relación a las diferencias de cobro por el mismo servicio, no debe existir un trato diferenciado entre las mismas.
25. El Tribunal Colegiado mencionado concluye que, los supuestos normativos que prevén las fracciones I y IV, del numeral 52, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que imponen por concepto de derecho para la inscripción o anotación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del contrato de compraventa de inmuebles, un cobro de doscientas (200) unidades de medida y actualización, así como, por concepto de registro del contrato de crédito hipotecario, el de cien (100) unidades de medida y actualización, es desproporcional y no atiende al costo que para el Estado representa el servicio prestado.
26. Lo anterior, porque sostiene dicho Tribunal que el fin que se pretende con la inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es exactamente el mismo, esto es, el dar publicidad al acto jurídico a inscribir y que el mismo surta efectos contra terceros, por lo que no se encuentra justificada, la distinción tarifaria cuando el servicio prestado y la finalidad intrínseca que persigue es la misma, con entera independencia del tipo de documento a inscribir, el valor del inmueble o el origen de la adquisición del mismo.
27. Bajo estas consideraciones, el Tribunal Colegiado contendiente resolvió conceder el amparo, para los efectos siguientes:
• Desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango.
• Dejen sin efecto el cobro efectuado en los recibos con número de transacción ********** y **********, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, expedidos a nombre de ********** y **********.
• Devuelvan a la parte quejosa la cantidad realmente erogada, si se tiene en cuenta que los contribuyentes fueron objeto de subsidio, por los conceptos de contrato de compraventa de inmuebles y registro de contrato de crédito hipotecario, cuya devolución debe ser en el numerario debidamente actualizado, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido.
28. De la misma manera resolvió los amparos en revisión números 395/2022 y 840/2021.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
29. Del análisis realizado a los criterios emitidos por los respectivos órganos jurisdiccionales, se concluye que sí existe contradicción de criterios.
30. Al respecto, es importante precisar que para que se configure una contradicción de criterios, se requiere que las Salas de la SCJN, los Plenos de Circuito, Plenos Regionales o los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de denuncia, hayan:
a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean y,
b) Llegando a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
31. Por tanto, se genera contradicción de criterios cuando se satisfacen los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un idéntico punto de derecho no sean iguales en torno a los hechos que los sustentan.
32. En ese sentido se pronunció el Pleno de este alto tribunal en el criterio jurisprudencial P./J. 72/2010,(5) a rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
33. Ahora bien, atendiendo al primer requisito que debe de colmarse para que se actualice la contradicción de criterios, éste se encuentra satisfecho, toda vez que, del análisis efectuado a la sentencia pronunciada por el extinto Pleno del Vigésimo Quinto Circuito en la contradicción de tesis 1/2020 se desprende que el punto a dilucidar consistía en determinar si el artículo 52 fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Durango es violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.
34. Ahora bien, dentro de las sentencias dictadas en los amparos en revisión 444/2022, 395/2022 y 840/2021 emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, se señaló que, el punto a solucionar era lo concerniente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango por considerarse violatorios de los mismos principios.
35. Previamente, se observa que ambos criterios parten del mismo precepto normativo, que es el artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango y toman como base el costo de derechos contemplados en la fracción I de dicho numeral. Ahora bien, el primer criterio analiza esta fracción en confrontación con el resto de las fracciones del artículo de referencia; sin embargo, el segundo criterio señala que su objeto es resolver el contraste existente en el cobro de derechos entre las fracciones I y IV de dicho artículo, pero en el desarrollo de los considerandos realiza un análisis de las demás fracciones y no sólo de la fracción IV.
36. Bajo esta circunstancia, se desprende que ambos criterios se pronuncian sobre el artículo 52 fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Durango en oposición con el resto de las fracciones (entre ellas la fracción IV), por lo que se desprende que sí se colma el primer requisito consistente en que ambas instancias judiciales examinen hipótesis jurídicas esencialmente iguales.
37. Pasando al segundo de los requisitos, el cual se hace consistir en que los criterios contendientes arriben a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada, éste se encuentra satisfecho. Toda vez que, de las constancias se desprende que el Pleno del Vigésimo Quinto Circuito concluye que la fracción I del artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango no viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. Contrario a lo sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, el cual concluyó que dicho precepto sí es violatorio de dichos principios al establecer una diferencia de costos injustificada.
38. En ese tenor, nos encontramos bajo la premisa de que los criterios contendientes reúnen los requisitos para que se acredite la existencia de la contradicción de criterios.
V. ESTUDIO DE FONDO
39. Para proceder al estudio del criterio que debe de prevalecer como jurisprudencia obligatoria para los órganos jurisdiccionales, resulta importante transcribir el artículo materia de disenso para mayor referencia:
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN Y DEMÁS SERVICIOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y EN EL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 52. Los servicios que se presten por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, causarán derechos conforme a un porcentaje de la base que corresponda o UMA diaria o fracción de ésta, de acuerdo con los siguientes:
I.- La inscripción o registro de títulos, ya sea de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza por virtud de los cuales se adquiera, trasmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles: 200 UMA.
Tratándose de la primera enajenación de vivienda, no causarán los derechos por el registro, cuando las mismas se encuentren edificadas en una superficie no mayor de 180 m² de terreno, con una superficie construida máxima de 80 m² cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por veinte el valor anual de la UMA vigente.
Tratándose de la primera enajenación de vivienda, que se encuentre edificada en una superficie no mayor de 180 m², con una superficie construida máxima de 130 m², cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por treinta y dos el valor anual de la UMA vigente, tendrán derecho a una reducción del 50 % en el monto del derecho que se cause.
No causarán los derechos por el registro de la primera enajenación de terrenos cuyo valor no exceda de multiplicar tres veces el valor anual de la UMA vigente, y que tenga una superficie no mayor de 180 m².
Tendrán derecho
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32787-c56efd8e/derechos-la-cuota-por-inscripcion-o-registro-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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