DERECHOS. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO, AL PREVER EL COBRO DE 200 (DOSCIENTAS) UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) POR EL REGISTRO DE UN ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO Y DIVERSAS CUOTAS POR OTROS SERVICIOS, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ DEKAR DE JESÚS ARREOLA, JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ Y GUILLERMO DAVID VÁZQUEZ ORTIZ. AUSENTE: MIGUEL ÁNGEL CRUZ HERNÁNDEZ. PONENTE: JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ. SECRETARIO: FRANCISCO MANUEL LEYVA ALAMILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Quinto Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a los artículos 107, párrafo primero, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, párrafo primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de la denuncia de contradicción de tesis suscitada entre los criterios del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito con residencia en Durango, Durango, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, ambos con residencia en Saltillo, Coahuila, y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con Residencia en Culiacán, Sinaloa.
Asimismo, en virtud de las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1656, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, con número de registro digital: 2008428, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo previsto en los preceptos 107, párrafo primero, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, párrafo primero, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que la denunciante **********, por conducto de su autorizado **********, intervino como recurrente en el amparo en revisión 119/2019, cuya ejecutoria contiende en el presente asunto.
Se justifica la legitimación de quien suscribe el escrito de denuncia en términos de la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con número de registro digital: 168488, de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.—El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."
TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la presente contradicción de tesis son las siguientes:
El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en Durango, Durango, al resolver el amparo en revisión administrativo 119/2019, interpuesto por ********** y otro, en sesión plenaria de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en lo que interesa sostuvo lo que a continuación se transcribe:
"SEXTO.—Estudio. En la materia de revisión, procede modificar el fallo recurrido, acorde con las puntualizaciones que se efectuarán.
"...
"II. Precisión de la litis de revisión.
"...
"3. Principios de proporcionalidad y equidad tributaria del derecho sobre servicio por la inscripción del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (considerando séptimo). Arguye que son normas ya declaradas inconstitucionales por jurisprudencia en tanto que establecen diversas cantidades o tarifas según la operación a inscribir en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, las cuales son de carácter obligatorias (sic), y en ese sentido citó el criterio PC.I.A. J/129 A (10a.), de rubro: ‘DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. EL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÉ UN MONTO SUPERIOR AL PREVISTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS EN GENERAL VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011).’, por lo que el juzgador federal debió atender a este criterio por ser aplicable al caso.
"A diferencia de la posición adoptada por el Juez de Amparo, el artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, sí establece la distinción de tarifas del servicio del registro de la propiedad, ya que sí hay un elemento externo al servicio controvertido, porque en estricto sentido, no se atiende al servicio otorgado por el Registro Público de la Propiedad, que es la inscripción de documentos, por lo cual sí hay elementos ajenos al aplicar tarifas diversas al mismo servicio prestado.
"El estudio de los conceptos de violación, fueron (sic) analizados de manera errónea, porque es suficiente que la Legislatura responsable fije y considere una base progresiva de diversas tarifas y porcentajes de derechos (atendiendo a la distinta denominación del título objeto de inscripción), acorde a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, para entender que las cuotas o tarifas deben ser iguales para quienes reciban servicios análogos, lo que apoyó en las tesis de rubros: ‘DERECHOS POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD O POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA QUE LOS ESTABLECE TOMANDO EN CUENTA EL DISTINTO VALOR DE LOS INMUEBLES OBJETO DE INSCRIPCIÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.’ y ‘DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. EL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE CUOTAS DIFERENCIADAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011).’
"No se pronunció sobre las violaciones al principio de equidad tributaria, que destacó en su escrito inicial, en la parte que asentó: ‘Los preceptos tachados de inconstitucionales, contravienen el principio de proporcionalidad y equidad tributaria, porque establecen y señalan indebidamente cantidades, porcentajes y montos diferentes por el mismo servicio, (desde un salario mínimo hasta cien y doscientos) la inscripción de documentos.’ (folio 35 del escrito de agravios)
"Contrario a la postura adoptada, sí aportó elementos probatorios para explicar por qué dicha ley es inconstitucional, pues realizó un análisis de las diferentes tarifas que establece el artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, en el cual explicó que los legisladores aplicaron diferentes montos para la inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y del (sic) Comercio y esa distinción irregular de tarifas es inequitativa y desproporcional al servicio proporcionado, lo que se sustentó en las tesis: ‘IMPUESTOS. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. SU FALTA DEPENDE DE CIRCUNSTANCIAS GENERALES.’, ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. EL ANÁLISIS DE LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE EL FISCO Y LOS CONTRIBUYENTES DEBE LIMITARSE A VERIFICAR QUE SEA RAZONABLE, SIN QUE PUEDA ESTUDIARSE A LA LUZ DE AQUELLA GARANTÍA’; ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.’, ‘DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.’, ‘DERECHOS POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD O POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA QUE LOS ESTABLECE TOMANDO EN CUENTA EL DISTINTO VALOR DE LOS INMUEBLES OBJETO DE INSCRIPCIÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.’ y ‘SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.’
"La introducción de lo que dispone el Reglamento del Registro Público de la Propiedad es incorrecta ya que no fue materia de la litis constitucional, además que se basa en dicho ordenamiento legal para establecer que existen trabajos de calidad por parte del legislador, pues señaló que unos documentos se tardan más que otros en revisar; sin embargo, no toma en cuenta que esa función ya está pagada por el contribuyente ante el notario público, por lo que no hay un grado de dificultad que se refleje en la calidad por parte del Registro Público de la Propiedad.
"Es irrelevante e innecesaria la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito, de rubro: ‘LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD.’, puesto que dicho criterio no aplica en el caso a estudio, toda vez que la inconstitucionalidad de las leyes no significa que no pueda impugnarse, como tampoco son aplicables las tesis: ‘AGUA POTABLE. EL DECRETO 265 DEL ESTADO DE GUERRERO POR EL QUE SE AUMENTAN LAS TARIFAS DE DERECHOS POR SU CONSUMO NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL FIJAR TARIFAS DIFERENCIALES.’ y ‘ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 309 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE UNA REDUCCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO A QUIENES ADQUIERAN O REGULARICEN UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL O VIVIENDA POPULAR, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’
"Agrega que las tesis que invocó el juzgador federal han sido rebasadas por criterios actualizados por diversos órganos jurisdiccionales y que el a quo aplicó indebidamente en su perjuicio.
"Finalizó que para negarle el amparo el Juez Federal hizo uso de una comparativa de normas; empero, al momento de realizarlo no fundó y motivó ese aspecto desde un ámbito del proceso legislativo ya que no expuso razones para justificar ‘... la diversidad de tarifas por servicios análogos en el Registro Público de la Propiedad ...’, y agregó las tesis utilizadas sólo son alusivas a la facultad del Congreso para legislar, pero no para impugnarlas, por tanto, no pueden ser suficientes para conducir a que sólo por expedirlas se presuman legales.
"...
"IV. Examen sobre la legalidad del fallo recurrido.
"...
"c) Estudio de legalidad del derecho por servicio de inscripción de documentos.
"En una parte son infundados y por otra inoperante (sic) los agravios, identificados en el número 3 del apartado II anterior y, para ello se abordará en este apartado, todo lo relativo al derecho por inscripción, aunque en un orden distinto a los plasmados.
"En principio, es factible determinar que el juzgador federal acató lo previsto en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, así como el numeral 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la tesis 2a. XXVIII/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS JUECES Y MAGISTRADOS PARA RESOLVER COHERENTEMENTE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE ELLO RESULTE INNECESARIO.’,(1) puesto que el análisis sobre la constitucionalidad atendió los planteamientos del inconforme.
"Efectivamente, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que las tesis invocadas por la recurrente son inaplicables al caso en estudio, pues tratan supuestos específicos que no encuentran coincidencia con la legislación del Estado de Durango, ya que la relativa a Coahuila de Zaragoza contiene una mecánica diversa para fijar la tarifa o cuota por la prestación del servicio de inscripción de documentos, ya que ahí fue examinada la hipótesis en la que se toma como un elemento externo o ajeno al tributo, el valor de operación o el monto del crédito, lo que en la especie no acontece, dado que la legislación local dispone un tratamiento diverso como lo son doscientas UMA (Unidad de Medida y Actualización) para la hipótesis de registro de contrato de compraventa –fracción I–, es decir, el numeral 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, no prevé para fijar la base del cobro del derecho un elemento ajeno o externo como se refieren los criterios expuestos por la amparista; por otro lado, las demás tesis aluden a cuestiones que tienen relación con el Código Fiscal de la Federación, lo que no acontece en el caso.
"Asimismo, cabe señalar que si bien el juzgador de amparo al verificar la constitucionalidad de la norma cuestionada destacó el principio de proporcionalidad, lo cierto es que el estudio de ésta y de equidad puede efectuarse de manera conjunta, dado que la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resaltado qué parámetros deben observarse para verificar la regularidad constitucional de las normas vinculadas a ‘derechos por servicios’, como se destaca en las jurisprudencias P./J. 2/98 y P./J. 3/98, de rubros: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.’(2) y ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.’(3)
"Así es, en la sentencia de amparo, a la luz de tales conceptos (equidad y proporcionalidad), el a quo, efectuó un análisis del derecho impugnado y determinó que esa norma no resulta violatoria de éstos, pues la cuota que contiene guarda congruencia razonable con el costo que tiene para el Estado la realización del servicio prestado, además de que el costo es igual para los que reciben el mismo servicio; por tanto, ahí adquiere relevancia que los principios en análisis se proyectan en la necesaria creación de categorías de contribuyentes, a fin de evitar un trato igual en situaciones dispares, como lo refleja la jurisprudencia P./J. 42/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’,(4) pues en el supuesto normativo materia de impugnación (derechos registrales) no puede desatenderse que el Alto Tribunal se ha decantado por la inconstitucionalidad de las normas que establecen tarifas sobre el monto de la operación que sea susceptible de inscripción.
"Así, en las jurisprudencias P./J. 95/2009 y P./J. 14 (sic) (10a.), identificadas con los rubros: ‘DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.’(5) y ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA PORCIÓN NORMATIVA EN LA REGULACIÓN DE DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES.’,(6) quedó de manifiesto la necesidad de establecer tarifas o cuotas únicas; pero, el aspecto medular reside en que se trata de un ‘servicio idéntico’, pues ello tiene relación con los efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad, ya que implicaría dilucidar si el mecanismo para el cálculo de la tasa a pagar sea o no subsanable, acorde con lo indicado en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.) de la Segunda Sala, con el rubro: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.’,(7) ameritaría la existencia de una ‘cantidad fija a pagar’; sin embargo, su escrutinio no puede derivar de la comparación de supuestos de hecho que no son análogos y, por ello, tienen diversa cuota.
"Ahora bien, el numeral referido (artículo 52, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango) pone de manifiesto que todas las personas que pretendan efectuar la inscripción o registro de títulos públicos o privados, o bien, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza, en virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o posesión de bienes inmuebles o inscripción de contratos de crédito hipotecarios de cualquier especie, celebrados por instituciones de crédito, de seguros o fianzas y organizaciones auxiliares o por sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple y sociedades nacionales de crédito, pagarán doscientos y cien UMA (Unidad de Medida y Actualización), según sea el tipo de contrato, es decir, el costo es igual para los que reciben idéntico servicio, como los que realizan una compraventa o los que adquieran un crédito hipotecario.
"En su argumento la inconforme pretende evidenciar la inconstitucionalidad de la norma reclamada, en especial su desproporcionalidad con base en sus fracciones II a XLIV, que prevén las inscripciones de títulos, embargos, créditos hipotecarios, prendarios, refaccionarios y de habilitación o avío, poderes (sustitución y su revocación), capitulaciones matrimoniales, convenios o contratos mercantiles, testamentos, resoluciones dictadas en juicios sucesorios o de declaración de quiebras, búsqueda de constancias o de datos, expedición de certificados.
"Sin embargo, contrario a lo que aduce, al efectuarse la inscripción contenida en la fracción I del artículo 52 de la Ley de Hacienda, el Registro Público de la Propiedad debe llevar a cabo una serie de actos complejos, los cuales no se realizan para asentar las diversas inscripciones que se contienen en ese numeral, aspecto en que cabe traer a cuenta el contenido de la tesis P. V/2012 (10a.), intitulada: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD.’, de la que se extrae el siguiente fragmento: ‘... Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso.’(8)
"Para evidenciar lo anterior, el juzgador de amparo acertadamente citó los cardinales del 28 al 72 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad del Estado de Durango, relativos a la inscripción de inmuebles, de los que este Tribunal Colegiado de Circuito coincide en que allí se contemplan diversas actividades, a saber:
"a) La primera es una inscripción principal que exige la mención de los bienes de que se trata, su ubicación, extensión superficial y sus linderos (arábigo 29); el cuidado de destinar cuando menos veinte renglones a los datos relativos a cada finca y cruzar con dos líneas diagonales cuando la inscripción ocupe un espacio menor (numeral 32).
"b) Constatar la identidad entre los datos del registro y los del título (arábigo 33); precisar la naturaleza de la finca, es decir, si es rústica o urbana; el lugar donde está situada, población, nombre de la calle, número reciente y anteriores, sus linderos con otras fincas; así como el valor de la finca o derecho inscrito (cardinal 34).
"c) Verificar que el título llene las formas extrínsecas exigidas por la ley y contenga los datos exigidos por el precepto 2893 del Código Civil, el reglamento en consulta y demás disposiciones legales aplicables (dispositivo legal 37).
"d) Cuando se trata de escrituras de partición y adjudicación debe constatarse que ya estén registrados los bienes adjudicados en favor del autor de la sucesión de que se trate (artículo 51).
"Además de acuerdo con el principio de tracto sucesivo que, entre otros, rigen la función del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, la inscripción de un contrato de compraventa de inmueble requiere constatar que el objeto de ese contrato no esté ya inscrito a nombre de persona.
"En cambio, las inscripciones o cancelaciones relativas a créditos hipotecarios, que comúnmente son más breves que las principales y que, por cuestión lógica se deduce que su realización sólo implica localizar la inscripción principal relativa.
"Aunado, en relación con la inscripción de una resolución judicial, el registrador debe verificar si proviene de un cuerpo jurisdiccional local o de otra entidad federativa, pues si es de distinto Estado entonces, tiene que observar si una autoridad judicial competente en Durango lo ordena (precepto 40).
"Luego debe analizar qué clase de inscripción es la que constriñe el ente jurídico, para así poder decidir si procede la inscripción en la sección primera o en la segunda, verbigracia sea de un sucesorio o de un concurso de quiebra y suspensión de pagos (numeral 53, fracciones VII y XII y ordinal 65, fracciones VII y X).
"Además, si bien el registrador no puede juzgar sobre la legalidad del mandato judicial que ordene una inscripción, sí está en aptitud de hacer del conocimiento de la entidad que lo constriñó a la inscripción, de que a su juicio concurre una circunstancia que no permite la inscripción, lo que evidencia que no se trata de solo un acto físico de registrar una determinación, sino que conlleva la verificación de aspectos precisos de las resoluciones judiciales previo a proceder a inscribirlas, por lo que la simple comparativa que hace la quejosa no patentiza la inconstitucionalidad debatida.
"En cuanto a la búsqueda de datos y expedición de constancias o certificados e informes, en la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad del Estado de Durango, contiene los cardinales del 106 al 124, y en los preceptos del 139 al 145, se advierte que la búsqueda de datos y expedición de constancias o certificados e informes y ratificación de documentos privados, en realidad se trata de una actividad más sencilla que la inscripción de un contrato de traslación de dominio, dado que su realización sólo implica localizar la inscripción relativa para así proceder a emitir el certificado o informe que se solicitan; o en su caso efectuar la ratificación correspondiente.
"En cambio, la inscripción de un contrato de traslación de inmueble exige un análisis mayor, ya que es indispensable la mención de los bienes de que se trata, su ubicación, extensión superficial y sus linderos (arábigo 29); el cuidado de destinar cuando menos veinte renglones a los datos relativos a cada finca y cruzar con dos líneas diagonales cuando la inscripción ocupe un espacio menor (numeral 32); precisar la naturaleza de la finca, es decir, si es rústica o urbana (cardinal 34).
"Sumado a lo expuesto también, se insiste, en que la inconforme se limitó a ofrecer una comparativa entre el precepto 52, fracción I, con base en las fracciones II a la XLIV; sin embargo, las mismas contienen supuestos diversos, cuya distinción tarifaria, no puede generar la inconstitucionalidad del derecho que se reclama.
"El estudio anterior, torna infundados los agravios en el (sic) que la recurrente refirió que el servicio como derecho, en su resultado es el mismo y que la cuota o tasa contenida en el artículo 52 de la ley tildada de inconstitucionalidad (sic), es distinta en sus diversas fracciones sin que importe si se trata de una compraventa o un crédito hipotecario, pues el juzgador federal estableció claramente que el registrador efectúa trabajos de calidad, pues al respecto precisó que unos documentos se analizan más que otros; sin embargo, no hay un grado de dificultad en la revisión que justifique el cobro de esa suma, aunado a que el registrador es un revisor de las actuaciones judiciales y notariales, pues en todo caso es el notario público, quien efectúa todos los trámites y el registrador únicamente emite un comprobante de que se realizó el trámite.
"Pues como ya se dijo, el estudio de proporcionalidad y equidad de un derecho, debe efectuarse bajo la perspectiva de que el monto de la cuota guarda congruencia razonable con el costo que tiene para el Estado la realización del servicio prestado, para lo cual necesariamente el a quo debió evidenciar, como también se hizo en la presente ejecutoria, cuál es la actividad que debe desplegar el estado para efectuar el registro, cuyo pago se reclama y de igual forma, poner de relieve, que si bien en el propio numeral se contienen tarifas diversas para otro tipo de registros, en éstos las acciones que efectuará el Estado son diversas y más simples, lo cual justifica el trato diferenciado respecto de su pago.
"Lo resuelto, resulta coincidente con la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/5 CS (10a.), sustentada por el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, cuyo contenido se comparte, de rubro (sic) y texto:
"‘DERECHOS POR INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, QUE PREVÉ SU PAGO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’(9) (se transcribe)
"En ese orden de ideas, resulta inoperante el agravio en que la revisionista sostiene que sí aportó elementos para explicar por qué dicha ley es inconstitucional, ya que ello lo hace depender de la comparación que hizo de las diferentes tarifas que establece el artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, en relación con los diferentes actos de traslación de dominio; sin embargo, como se explicó líneas atrás, esa cuestión
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29546-47a899a7/derechos-el-articulo-52-fraccion-i-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DERECHOS. LA CUOTA POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE TÍTULOS ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DERECHOS. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO, AL PREVER EL COBRO DE 200 (DOSCIENTAS) UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) POR EL REGISTRO D (PC.XXV. J/12 A (10a.))
- DERECHOS. LA CUOTA POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE TÍTULOS ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIO (2a./J. 57/2024 (11a.))
- DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. EL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO (I.16o.A.4 A (10a.))
- DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LAS RAZONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RELATIVA A LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 254/2023 DE LA EXTINTA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTI (PR.A.C.CN. J/58 A (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis