DERECHOS POR INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, QUE PREVÉ SU PAGO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO, Y EN MATERIA CIVIL, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, Y SEXTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ, ALEJANDRO ROLDÁN VELÁZQUEZ Y GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ, CON EL VOTO DE CALIDAD DE LA PRESIDENTA, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 41 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 42 DEL ACUERDO GENERAL 8/2015, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE CIRCUITO. DISIDENTES: CARLA ISSELIN TALAVERA, JOEL DARÍO OJEDA ROMO Y JUAN JOSÉ FRANCO LUNA. PONENTE: CARLA ISSELIN TALAVERA. ENCARGADO DEL ENGROSE: ALEJANDRO ROLDÁN VELÁZQUEZ. SECRETARIO: SALVADOR NÚÑEZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito y un órgano colegiado que auxilió a un tribunal federal de este Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo quinto transitorio del Acuerdo General 1/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por un Juez de Distrito de este Décimo Octavo Circuito; de ahí que, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.-Criterios materia de la contradicción. Para estar en condiciones de determinar si existe contradicción de tesis, resulta necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito que motivaron la denuncia de contradicción de tesis:
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo, en la parte de interés, lo siguiente:
"(6) SEXTO.-Los agravios expuestos por la autoridad recurrente se estiman esencialmente fundados, en términos de las razones que serán expuestas, motivo por el cual, procede revocar, en la materia de la revisión, la sentencia impugnada.
"...
"(25) Efectivamente, la Juez de amparo, en la sentencia reclamada, estimó procedente otorgar el amparo a la quejosa **********, en contra de la aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, al estimar que dicha fracción comprende tarifas injustificadas mayores a las previstas en las fracciones VII, VIII y XXV del mismo artículo, sin que existan motivos por los cuales se establezca tal diferencia, al tratarse de servicios registrales que le cuestan lo mismo al Estado, por lo que, en su criterio, se violó en perjuicio de la amparista el principio de equidad tributaria, cuya premisa es que exista una correlación entre el costo del servicio prestado y el monto de la cuota.
"(26) Ahora bien, asiste la razón a la autoridad inconforme, en virtud de que los derechos son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, dicho concepto ‘contraprestación’ no debe entenderse en el sentido del derecho privado; de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización.
"(27) Además, el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares.
"(28) Asimismo, los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República Mexicana, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes denominados derechos.
"(29) En esa virtud, como se dijo anteriormente, las cuotas establecidas en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, por la prestación del servicio de registro público están organizadas en función del interés general y, secundariamente, en el de los particulares, ya que con tales servicios se proporciona el solo hecho de la inscripción de los actos jurídicos que exige la ley, sino también la seguridad y certeza de los derechos de los gobernados que derivan de dichos actos, con independencia que en la propia ley no se justifique el porqué de esas cuotas, pues dicho de otra forma, la ley que establece el pago de derechos no es equiparable a un contrato privado entre particulares, el cual, sí contiene los precios o costos por la prestación de bienes o servicios.
"(30) Orienta esta consideración la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes:
"‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN.’ (transcribe texto)
"(31) Es verdad que en relación con la naturaleza jurídica de los derechos, tratándose de éstos subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos debe existir una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio, siendo tales características las que distinguen a los derechos de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio.
"(32) De tal manera que debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado; de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues como ya se dijo, los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo de forma secundaria en el de los particulares, razón por la cual, la cuota establecida en la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, cumple con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad.
"(33) En tal virtud, en disenso de lo sostenido por el Juez Federal en su determinación, este tribunal considera que el legislador no hizo distinción alguna a casos análogos, al establecer en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, diversas cuotas por la prestación de servicios registrales, por parte del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.
"(34) Se concluye así, en razón de que si bien en las fracciones II, VI, VII, VIII, X, XVI y XXIX, todas del numeral citado en el párrafo anterior, se establecen cuotas diversas por la prestación de servicios registrales por parte del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, ello obedece a que en cada una de tales fracciones se prevén hipótesis diversas, por tratarse de actos jurídicos distintos, motivo por el cual, dicha disposición legal no contiene trato diferenciado alguno, como se ilustra de la siguiente forma:
Ver forma en que se ilustra
"(35) Como se observa, el artículo 77 transcrito, en cada una de sus fracciones, establece distintas hipótesis normativas que causan diversos importes por concepto de derechos en materia de registro público; de ahí que sea inexacto considerar como en esencia lo pretendió la parte quejosa y resolvió el Juez Federal recurrido, que por esa sola razón se está dando un trato diferenciado a casos análogos, motivo por el cual, en los términos planteados, no existe violación al principio de equidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues se insiste, no se trata de supuestos análogos, sino que son distintos entre sí.
"(36) Caso contrario sería que por un acto jurídico análogo se establecieran cuotas diferentes, lo cual sí daría lugar a establecer la existencia de un trato inequitativo a situaciones similares, lo que no ocurre en la especie; por el contrario, en dicha disposición sí se establece un mismo trato a hipótesis similares, tal es el caso de la fracción II, antes transcrita y la diversa IV,(7) de cuyo análisis se advierte que ambas se refieren a la inscripción de actos jurídicos análogos, como lo son los traslativos del dominio o posesión de bienes inmuebles o derechos reales y su afectación por gravámenes, casos en los cuales prevé la misma cuota de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional).
"(37) Orienta sobre el particular, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:
"‘DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.’ (transcribe texto)
"(38) Consecuentemente, ante lo fundado de los agravios expresados por la autoridad responsable recurrente, lo que procede es, en la materia de la revisión, revocar la sentencia impugnada y negar el amparo a la parte quejosa en relación al artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y su acto de aplicación.
"Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 78, 80, 81, inciso I, fracción e), 84, 86, 88, 89, 91, 92, 93 y demás relativos de la Ley de Amparo, se;
"RESUELVE:
"PRIMERO.-En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.
"SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra del acto reclamado, consistente en la aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, atribuidos a las autoridades señaladas en el resultando primero de este fallo, al tenor de las razones expuestas en el considerando último de la misma. ..."
II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, al fallar el amparo revisión ********** (antes **********), sostuvo, en lo que interesa:
"... QUINTO.-Estudio. El presente estudio se constriñe respecto de la negativa del amparo por la inconstitucionalidad del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como por los artículos 94 Ter al 94 Ter-12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
"...
"Asimismo, resulta pertinente citar el texto del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, reformado mediante Decreto Número Dos Mil Cincuenta y Cuatro, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ de la entidad el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, vigente a partir del uno de enero de dos mil quince, que establece lo siguiente:
"‘Artículo 77. Los derechos por el Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos: ...
"‘II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves: $6,000.00.’
"Por otra parte, el artículo 12, fracción II, del Código Fiscal para el Estado de Morelos establece:
"‘Artículo 12. Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especiales, los que se definen de la siguiente manera:
"‘...
"‘II. Derechos son las contraprestaciones establecidas en ley por los servicios públicos que presta el Estado o los Municipios en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público. ...’
"Así, conforme al citado precepto tributario, existen dos tipos de derechos:
"a) Por aprovechamiento de bienes del dominio público, y
"b) Por servicios públicos que preste el Estado o los Municipios (en esta modalidad se encuentran los relativos a la inscripción que practique el Registro Público, con lo cual da publicidad a los actos jurídicos y hace que produzcan sus efectos contra terceros).
"En efecto, los derechos fiscales por servicios constituyen una especie del género de las contribuciones en sentido estricto, cuyo objeto es la contraprestación de un servicio como una actividad de la administración pública, individualizada, concreta y determinada, estableciéndose una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo; de ahí que las garantías de proporcionalidad y equidad establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal deban verificarse en razón de un sistema distinto al de los impuestos,(8) atendiendo a la naturaleza que distingue a los derechos tributarios.
"Por ello, para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban el mismo servicio.
"De esta manera, los derechos, como una especie del género de las contribuciones, se basan en la recepción de una actividad de la administración gubernamental, individualizada, concreta y determinada, que establece una relación bipartita entre la entidad administrativa y el usuario, lo que justifica el pago, porque éste constituye junto con la solicitud del servicio, la condición para que surja la obligación de la prestación del mismo, los que constituyen los elementos requeridos para activar la función del gobierno.
"Ahora bien, de la lectura de los artículos relacionados con el tributo en cuestión, se advierten de la siguiente forma sus elementos:
"a) Sujeto: Los gobernados que soliciten los servicios de inscripción del Registro Público de la Propiedad.
"b) Objeto: La inscripción que se realiza en el Registro Público de la Propiedad de las operaciones sobre bienes inmuebles, o cualquiera de los servicios a que se refiere el artículo 77.
"c) Base: Por tratarse de un derecho, corresponde a cada una de las inscripciones que como servicio se realicen en el referido registro público de la propiedad.
"d) Tasa o tarifa: Fija para todos los contribuyentes que realicen el registro de operaciones iguales (fracción II del citado artículo 77), sin perjuicio de la diferencia que exista dependiendo el tipo de operación que se registra (según la hipótesis -diversas fracciones del precepto- en que se ubique).
"e) Época de pago: Ésta será, por tratarse de un derecho, previo a la prestación del servicio, porque se paga como una contraprestación por el servicio que será prestado.
"Sobre esas premisas se advierte que si en la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos se determina el pago de derechos por servicios de inscripción en el registro público de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, se establece una tasa fija, atendiendo el tipo de operación que se registra, sin tomar como parámetro el valor del acto jurídico a registrar; resulta inconcuso que el importe de los derechos por registro de documentos y actos a que se refiere la fracción del numeral en comento está determinado de acuerdo al costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio, ya que la cuota de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100, M.N.) es fija e igual para todos los que reciben ese servicio y que se ubican en la misma hipótesis (fracción II), y no de acuerdo al valor del contrato u operación que se inscribe; por tanto, la tasa no contiene elementos ajenos al costo del servicio que se presta.
"Además, se estima justificado que la tasa sea variable dependiendo el tipo de operación que se registra (diferentes hipótesis previstas en las diversas fracciones del artículo 77 de mérito) y no se establezca una cantidad única, en virtud de que se determina en relación con el costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio, y puede entenderse lógicamente que se inviertan mayores recursos humanos y materiales en registrar operaciones más complejas que otras, sobre todo por la responsabilidad del Estado en mantener un control sobre los actos jurídicos que da de alta en el registro.
"Además, este tribunal considera que el legislador no hizo distinción alguna a casos análogos, al establecer en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, diversas tasas por la prestación de servicios registrales por parte del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.
"Se concluye así, en razón de que si bien, en las fracciones VI, VII, VIII, X, XVI y XXIX,(9) todas del numeral citado en el párrafo anterior, se establecen tasas diversas por la prestación de servicios registrales por parte del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos; sin embargo, ello obedece a que en cada una de tales fracciones se prevén hipótesis diversas, es decir, se trata de actos jurídicos distintos, de acuerdo a su propia y especial naturaleza; motivo por el cual, dicha disposición legal no contiene trato diferenciado alguno.
"Como se ve, el artículo 77, en cada una de sus fracciones, establece distintas hipótesis normativas que causan diversos importes por concepto de derechos en materia de registro público, siendo que aquéllas contienen supuestos distintos del previsto en la fracción II del mismo numeral; de ahí que sea inexacto considerar que por esa sola razón se está dando un trato diferenciado a casos análogos, motivo por el cual, en los términos planteados, no existe violación al principio de equidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues se insiste, no se trata de supuestos análogos, sino que son distintos entre sí.
"Así, la tarifa dependiendo el tipo de operación que se registra, establecida en la norma materia de estudio, cumple con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria de los derechos, ya que, como se anticipó, tratándose de éstos, los mencionados principios tributarios se miden en una forma distinta de los impuestos, porque en el caso de los derechos no interesa la capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo, como sí ocurre tratándose de impuestos; de ahí que a todos los contribuyentes de un derecho por servicio, que soliciten la actividad que presta el Estado, se les cobra la misma tarifa, respetando de esa manera el principio de equidad tributaria.
"En ese orden de ideas, por lo que se refiere al principio de proporcionalidad tributaria de los derechos por servicio, como ha sido criterio reiterado de nuestro más Alto Tribunal Constitucional, la proporcionalidad de los derechos tiene una connotación diversa a la relativa a las demás contribuciones, pues si bien, en principio, debe existir una relación entre el costo del servicio y el monto del derecho a pagar; lo cierto es que no siempre debe existir una correspondencia exacta de dichos elementos para sostener que el derecho es proporcional, pues bastará con que el costo sea el aproximado y no necesariamente el exacto, pues ya el Pleno de la Suprema Corte estableció que la palabra contraprestación referida a los derechos por servicio no debe ser entendida como en derecho privado; de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio, porque basta con que el costo se considere aproximado, en atención a que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función de un interés general, más cuando el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial atendiendo exclusivamente a los costos de producción, distribución, venta y lucro debido; de ahí que el pago correspondiente como contraprestación del servicio puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado la realización del servicio solicitado, porque se reitera que el Estado se organiza en función del interés general y, secundariamente, en el de los particulares.
"Resulta aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 69 del Volumen 175-180, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época.(10)
"Tales consideraciones también encuentran sustento en la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, publicada en la página veintitrés del tomo 169-174, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época.(11)
"De igual manera, sustenta las consideraciones anteriores la jurisprudencia número P./J. 2/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41 del Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.(12)
"Por tanto, son infundados los argumentos sostenidos por la parte quejosa, mediante los cuales pretende impugnar la determinación adoptada por el Juez a quo, respecto de la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, pues para la determinación de la cuota o tasa correspondiente, sí se atiende a la relación entre el costo del servicio, lo que evidentemente no viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.
"Ahora bien, para determinar si el actuar de la función pública, en los casos a que se refiere la fracción II del artículo 77 del ordenamiento legal reclamado justifica el cobro de una cuota de monto superior a las cuotas previstas en las diversas fracciones para servicios homólogos, es necesario precisar las características de este servicio y contraponerlos en sí mismos, ya que al final son supuestos distintos y en la diferencia de tasa no se advierte desproporcionalidad en atención al servicio; desproporción que en todo caso debió ser probado por la parte quejosa, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de los hechos corresponde a la quejosa, cuando no sean en sí mismos violatorios de derechos fundamentales, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, como ocurre en el caso, ya que no debe perderse de vista que las normas gozan de una presunción de constitucionalidad.
"En consecuencia, tal como lo ha considerado la Segunda (sic) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el quejoso quien, de inicio, debe aportar los elementos de prueba con los cuales considera que determinada norma resulta violatoria de los principios de equidad y proporcionalidad tributarios, así como los parámetros a partir de los que busca se lleve a cabo el estudio correspondiente, lo cual no acontece en la especie, por lo que debe prevalecer el principio de constitucionalidad de la norma.
"Sustenta las consideraciones anteriores la tesis número 2a. CX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1589 del Libro 2, del Tomo II, enero de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), Décima Época, registro «digital»: 2005254.(13)
"Asimismo, es aplicable la tesis jurisprudencial número 1a./J. 121/2005, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143 del Tomo XXII, septiembre de 20005 (sic), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro «digital»: 177264.(14)
"Similares consideraciones sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver el **********, en sesión de once de marzo de dos mil dieciséis.
"Por otra parte, tal como lo sostuvo el Juez de Distrito, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que para decidir si el cobro de un derecho por servicios se apega o no a los principios de proporcionalidad y equidad, la regla general es que si la realización de la administración pública exige un esfuerzo uniforme para la prestación del servicio, la cuota tributaria de los derechos debe ser fija e igual para los usuarios, también es cierto que el Alto Tribunal ha venido moldeando un criterio complementario para asegurar, en la medida de lo posible, una equidad real en la tributación de los derechos por servicios con base, principalmente, en su naturaleza, la forma en que se presta, su continuidad o extinción, los fines extrafiscales, las personas que lo usan y los beneficios recibidos, desde luego, si es que pueden advertirse objetivamente.
"En ese sentido, a pesar de que la actividad del Estado tuviera un costo similar por la realización de un mismo servicio, no siempre la implementación de tasas variadas conduce a su inconstitucionalidad, pues su justificación pudiera tener real cobijo constitucional en: a) Las características propias del servicio público o b) La subjetivación del tributo.
"Resultan aplicables las tesis citadas por el a quo 2a. LXX/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 463 del Tomo XXX, julio de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro «digital»: 166974,(15) 2a. LXVIII/2009, consultable en la página 463 del Tomo XXX, julio de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro «digital»: 166973,(16) y 2a. LXIX/2009 plasmada en la página 464 del Tomo XXX, julio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro «digital»: 166972.(17)
"No pasa inadvertido que la parte recurrente cita la tesis aislada I.16o.A.4 A (10a.), de rubro: ‘DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. EL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE CUOTAS DIFERENCIADAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011).’; no obstante, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio jurídico que informa, pues en él se sostiene que el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal, viola el principio de proporcionalidad tributaria, al establecer cuotas diferenciadas ($1,326.00 y $13,293.00) por la inscripción de diversos documentos, sin que la Ley Registral para el Distrito Federal, ni el Reglamento de la Ley Registral y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio respectivo señalen un procedimiento determinado o especial o alguna actividad por parte del citado registro que implique tareas adicionales o específicas respecto de aquéllos.
"Empero, el establecimiento de cuotas diferenciadas, a criterio de este órgano pluripersonal, no provoca, por sí, la inconstitucionalidad de la norma que así lo prevé, porque el legislador puede establecer de forma razonable varias cuotas y tarifas progresivas, de manera excepcional, cuando la prestación del referido servicio requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo o que tiendan a agotar la prestación del servicio, para lo cual pueden tomarse en consideración elementos adicionales al costo del servicio, como los beneficios recibidos por usuarios o los fines de política fiscal para favorecer a quienes no tienen posibilidades económicas para acceder a ellos.
"Incluso, por citar un ejemplo, se puede observar que en la fracción VII del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos(18) se fijó una cantidad mucho menor a la que contiene la fracción impugnada, cuya diferencia es razonable si se atiende a que en la primera -fracción VII- se establece el derecho por inscripción del patrimonio familiar, que tiene como finalidad proteger la propiedad de personas vulnerables.
"De modo que no necesariamente las cuotas o tasas deben ser homogéneas para respetar los principios de proporcionalidad y de equidad tributarias, sino que pueden variar razonablemente en atención a la naturaleza del acto a inscribir, pues, como se mostró, en el caso del patrimonio familiar se tomó en cuenta que se trata de una institución constitucional prevista en los artículos 27 y 123 que debe ser motivo de protección, impulso y sujetarse al menor costo posible, lo que justifica que exista diferencia de trato entre las diversas hipótesis que contiene el artículo 77 de la legislación hacendaria local.
"...
"En virtud de haber resultado ineficaces los agravios hechos valer por el recurrente y de que este tribunal no advierte motivo alguno para suplir su deficiencia, procede confirmar la sentencia en su parte recurrida.
"Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo, se resuelve:
"PRIMERO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.
"SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, respecto del proceso legislativo y la aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, ni contra l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27566-e0bce100/derechos-por-inscripcion-de-documentos-relacionados-con-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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