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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LOS NUMERALES 12 Y 11 DEL APARTADO IV DE LAS TARIFAS ANEXAS A LAS LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021, RESPECTIVAMENTE, QUE LOS PREVÉN, AL EXISTIR INDICIOS DE DESPROPORCIONALIDAD ENTRE EL COBRO Y EL SERVICIO PRESTADO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 563/2021. · Registro digital (IUS): 30758
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-07-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo V, Pág.4326.

AMPARO EN REVISIÓN 563/2021. 28 DE ABRIL DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAFAEL RIVERA DURÓN. SECRETARIA: DIANA MONTSERRAT PARTIDA ARÁMBURO.

CONSIDERANDOS:

11. CUARTO.—Estudio. Los agravios formulados se dirigen a combatir la negativa del amparo decretada respecto al numeral 11, que contiene la tarifa anexa en su capítulo IV, denominado "Por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado", de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

12. En los agravios, la parte recurrente expone que es indebida la negativa del amparo por considerarse que el quejoso fue omiso en demostrar que el cobro del derecho establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021 es injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, lo cual es inexacto, porque la prueba que ofreció no fue valorada debidamente, ya que no sólo se aportó el recibo de pago con número de operación **********, sino también en la demanda de amparo se ofrecieron y mencionaron las solicitudes de información hechas a la responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, las cuales obran en la página de Infomex con folios **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, que el juzgador fue omiso en pronunciarse en relación a dichas pruebas, ya que ni las mencionó.

13. Agrega que en las solicitudes precisadas se requirió la cantidad de registros en todo el Estado de Chihuahua por los años 2015 y 2016, a lo que se informó que en 2015 se llevaron a cabo 164,2016 registros y en 2016 se realizaron 86,522; que el gasto mensual del Registro Público de la Propiedad en 2015 fue de $3,798,432.08 y en el 2016 de $4,522,347.40; que también se solicitó que se proporcionaran los costos directos e indirectos en los ejercicios fiscales en comento y arrojó la cantidad de $53,553,520.00 y como recaudación del cobro de derechos de registro en dos mil quince fue de $336,265,766.00; es con base en lo expuesto que el recurrente afirma que sí cumplió con la carga de la prueba que le correspondía, porque realizó un estudio de mercado respecto a la cuota por pagar por inscripciones traslativas de dominio y allegó la información de ingresos, costos directos y números de registro mediante solicitudes de información realizadas en la página oficial del Gobierno del Estado Mexicano, denominada Infomex, por lo que sí se cumplió con la carga de la prueba, y dicha información constituye un hecho notorio que puede mencionarse para resolver el asunto en particular, de conformidad con los artículos 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente con fundamento en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, ya que el Internet debe considerarse como medio electrónico y por ese medio se realizaron las solicitudes de información, y en términos del artículo 6o. de la Constitución Federal, Infomex tiene carácter oficial, por lo que se les debió otorgar valor probatorio para acreditar que no subsiste correlación entre el costo del servicio prestado y el monto de la cuota a pagar por los asientos registrales y, por ello, se debió conceder el amparo, por contravenirse el principio de proporcionalidad.

14. Agrega que también resultan un hecho notorio los expedientes de amparo indirecto **********, ********** y **********, entre varios otros, en los que obran y fueron tomadas en cuenta dichas probanzas por el propio Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua.

15. Son fundados los agravios planteados, suplidos en su deficiencia.

16. La parte recurrente afirma que con las pruebas que aportó al juicio de amparo demostró que el derecho reclamado sí es injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio.

17. Lo argumentado es esencialmente fundado, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que existe jurisprudencia temática sobre el particular, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 104/2007,(1) emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico."

18. Y también porque en los amparos en revisión administrativos 310/2021, 247/2021 y 520/2021, este tribunal fijó criterio en relación con que la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico, la fracción IV, numeral 11, de la tarifa anexa, es inconstitucional por transgredir el principio de proporcionalidad que debe regir en cuanto al pago de derechos.

19. En efecto, respecto al tema de derechos por servicios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al grado de resultar interdependientes, puesto que esa contribución tiene como hecho generador, precisamente, la prestación del servicio.

20. Tal criterio quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 3/98,(2) emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como ‘las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio’, lo que implicó la supresión del vocablo ‘contraprestación’; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares."

21. Precisado lo anterior, resulta necesario precisar que toda ley, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, goza de la presunción de constitucionalidad, por lo que quienes la impugnan deben desvirtuar tal presunción, tomando en consideración que, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde a la parte quejosa, siempre que no sea violatorio en sí mismo de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1o. de la ley reglamentaria citada.

22. En el caso, se procederá al estudio de los actos reclamados consistentes en el Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I.P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico, la fracción IV, numeral 11, de la tarifa anexa.

23. Es preciso señalar que en el presente asunto está demostrado el acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, toda vez que la parte quejosa exhibió certificado de pago expedido por el Gobierno del Estado a su favor, visible en la foja 16 del juicio de amparo indirecto, en el que se advierte que se le aplicó la tarifa de ********** pesos, por concepto de inscripciones traslativas de dominio, contenida en el numeral 11, correspondiente a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de un inmueble; además, se realizó el cobro del impuesto universitario.

24. La Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en su fracción IV, numeral 11, de la tarifa anexa, establece por cobro de derechos por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, relativos a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de un inmueble o garantías constituidas sobre éstos, la cantidad de ********** pesos.

25. Ahora, debe precisarse qué debe entenderse como derecho, en términos de lo previsto en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua:(3)

"Artículo 38. Para efectos de las disposiciones fiscales, son contribuciones los impuestos, las contribuciones especiales, y los derechos, las que se definen como: ...

"III. Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado."

26. En ese sentido, para que se tengan por satisfechos los requisitos de proporcionalidad y equidad, es necesaria la existencia de un "razonable equilibrio" entre la cuota y la prestación y, además, otorgarse un mismo trato fiscal a quienes reciben igual servicio, para lo cual debe tenerse en cuenta, ordinariamente, el costo que para el Estado tenga la ejecución de ese servicio, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que no es indispensable que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, esto es, que el precio corresponda exactamente al valor de aquél, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.

27. En el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó criterio en el sentido de que cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente, porque considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, como en el caso lo afirma la parte quejosa, en primer término, no basta su solo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional, por tanto, inicialmente corresponderá al quejoso aportar los elementos, datos o pruebas que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo.

28. Así lo refirió la Segunda Sala del Alto Tribunal en la tesis 2a. CX/2013 (10a.),(4) que es de rubro y texto siguientes:

"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen."

29. Es preciso indicar que tratándose de derechos por servicios, el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.

30. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, el quejoso tiene la carga de la prueba para desvirtuar esa presunción y al efecto, debe ofrecer pruebas que al menos indiciariamente demuestren que las tasas son excesivas, por lo que en ulterior orden la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, lo que de desconocerse implicaría arrojar a la parte quejosa una carga procesal de imposible cumplimiento o al menos cuyo cumplimiento implique un desgaste y erogaciones mayores al beneficio que el amparo busca en cuanto al fondo.

31. Lo anterior, con apoyo en la tesis XVII.2o.P.A.19 A (10a.),(5) sustentada por este Tribunal Colegiado, de rubro y texto siguientes:

"DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo."

32. En la especie, se considera también que en el amparo en revisión administrativo 310/2021, aprobado por este Tribunal Colegiado en sesión de tres de diciembre de dos mil veintiuno, así como en el amparo en revisión administrativo 247/2021, aprobado en sesión de tres de febrero de dos mil veintidós y en el amparo en revisión administrativo 520/2021, aprobado en sesión de siete de abril de dos mil veintidós, ya se consideró la inconstitucionalidad del acto ahora reclamado, consistente en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I.P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico, la fracción IV, numeral 11, de la tarifa anexa.

33. En los cuales, si bien se analizaron los elementos, hechos, datos o pruebas aportados por la parte quejosa, para evidenciar indiciariamente que la tasa prevista para el cobro de derechos por el servicio de que se trata es desproporcional, no menos cierto es que la inconstitucionalidad se advirtió de la propia norma impugnada, en razón de los siguientes argumentos.

34. En primer término, en el artículo 74 de la Ley de Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua y, en segundo lugar, en el propio Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I.P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico, la fracción IV, numeral 13 de la tarifa anexa, con lo que satisfizo la parte inicial de su débito procesal, consistente en evidenciar, al menos de forma indiciaria, la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado. 35. En la especie, los elementos, hechos, datos o pruebas aportados por la parte quejosa, para evidenciar indiciariamente que la tasa prevista para el cobro de derechos por servicio de que se trata es desproporcional, consiste, en primer término, en el artículo 74 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua y, en segundo lugar, en el propio Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I.P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico, la fracción IV, numeral 13 de la tarifa anexa, con lo que satisface la parte inicial de su débito procesal, consistente en evidenciar al menos de forma indiciaria la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado.

36. Así es, el artículo 74 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua establece que el procedimiento para la inscripción en el registro público será la 1) recepción física o electrónica, en su caso, del instrumento en el que conste el acto a inscribir, acompañado, cuando se requiera, del certificado de ingresos del pago de los derechos respectivos.

37. Al momento de ingresarse la solicitud del trámite, 2) se otorga un número de ingreso señalando la fecha y hora de entrada.

38. Ingresado el acto o derecho a registrar, se 3) procede a su análisis y verificación de la existencia o inexistencia de antecedentes registrales.

39. Hecho lo cual, 4) se autoriza, suspende o rechaza el trámite requerido.

40. En caso de ser aprobado, 5) se efectuará la captura de la información en las formas establecidas para ello y, hecho lo anterior, se procederá a la calificación definitiva del acto inscrito mediante la 6) firma del registrador, ya sea autógrafa o electrónica, 7) generándose con ello los datos de registro respectivos.

41. De lo que se colige que el registro hasta su fase final implica:

1. Recibir el instrumento en el que conste el acto a inscribir, con el comprobante de pago de derechos.

2. Asignarle número con fecha y hora de entrada.

3. Análisis y verificación de la existencia o inexistencia de antecedentes registrales.

4. Autorización, suspensión o rechazo del trámite.

5. Si se aprueba, se captura la información.

6. Firma del registrador.

7. Datos de registro.

42. De todo lo cual no se advierte ningún procedimiento de alta complejidad o elementos técnicos de ejecución complicada o especializada, ya que el elemento más técnico observable es el análisis de la solicitud, pero ello se despliega con personal propio de la dirección y de acuerdo con los antecedentes registrales de la propia dependencia y anexos que como requisitos se establecen previamente para las personas legitimadas, a fin de presentar la solicitud de registro (notarías y autoridades jurisdiccionales), en lo que al particular interesa.

43. Por consiguiente, al correlacionarse la descrita actividad sencilla con el cobro de ********** pesos, se erige con claridad un indicio de desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado.

44. Por su parte, el numeral 13 de la referida tarifa anexa señala que para efectos de incentivar los programas de vivienda, promovidos por las entidades del sector público, por las inscripciones que se generen en virtud de la regularización o adquisiciones de lotes, lotes destinados para casa habitación o viviendas, construcción, ampliación y/o remodelación de vivienda con crédito o sin él y pagos a pasivos, a través de programas promovidos o financiados por dichos entes, con excepción de la cancelación de los gravámenes existentes previos a la adquisición, se causarán ********** pesos, cuota que abarcará las ratificaciones, reconocimiento de firmas y notas marginales que fueron necesarias, pero se aplicará un estímulo fiscal del 95% sobre la referida cuota, siempre y cuando el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, correspondiente a la vivienda, lote o monto del crédito en caso de registrarse sólo éste, no exceda de seiscientos mil pesos; de ser así, por el excedente se aplicará el numeral 11 del apartado IV de dicha tarifa.

45. Acorde con lo anterior, aparece un segundo indicio de desproporcionalidad, ya que se prevé la posibilidad de prestar el mismo servicio de registro, mediante un cobro de setecientos cincuenta pesos, pues no debe perderse de vista que el procedimiento de inscripción en análisis representa el mismo despliegue de actividad para el Estado, cada vez que se realiza, sin importar el costo del inmueble objeto de la operación que se registra.

46. Con mención expresa que, en el particular, la presentación o alusión a disposiciones generales, como lo es el artículo 74 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua y el apartado IV de la referida tarifa anexa, constituyen además de la base de la argumentación expuesta por la parte quejosa, la prueba de su intención, precisamente bajo el principio no sujeto a discusión, de que la ley no se encuentra sujeta a prueba.

47. No se soslaya el contraargumento atinente a que se trata de un estímulo fiscal y que el Estado no previó que todas sus operaciones de registro se realizaran respecto de operaciones a las que les es aplicable tal estímulo; sin embargo, no debe perderse de vista que en el apartado bajo análisis únicamente se le exige a la parte quejosa la presentación de elementos, hechos, datos o pruebas que constituyan indicios de desproporcionalidad, lo que se actualiza con el estímulo en alusión; de manera que como la parte inconforme no está obligada a aportar pruebas fehacientes de desproporcionalidad, una vez satisfecho ese débito procesal primigenio e indiciario, corresponderá al Estado aportar prueba sobre la proporcionalidad del cobro implementado.

48. Sin dejar de lado que un estímulo fiscal en materia de derechos basado en el costo de la operación por registrar y no en la situación económica del particular interesado, también reviste un indicio (sin afirmarlo tajantemente) de la práctica de implementación de estímulos aparentes que en realidad fungen como tasa diferenciada por el cobro de un derecho, pues en el momento que entra en juego el valor de la operación subyacente, existe el riesgo de estar frente a la configuración de un derecho con base en el valor de la operación objeto de registro, lo que ha sido expresamente calificado por el Alto Tribunal como un vicio de desproporcionalidad.

49. Aunado a los dos indicios hasta aquí reseñados, en suplencia de la queja deficiente por la temática ya desarrollada en jurisprudencia por el Máximo Tribunal del País, sobre el equilibro entre el pago de la cuota por derechos y la prestación del servicio de que se trate en la jurisprudencia P./J. 3/98, transcrita con anterioridad, se atiende, además, a que el numeral 10 del apartado IV, denominado "Por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado", establece una tarifa mucho menor a ********** pesos por actividad registral análoga a la que se analiza, esto es, por la constitución o modificación del patrimonio familiar, incluidas las notas marginales al calce y la ratificación de documentos y reconocimiento de firmas, lo que constituye un tercer indicio de desproporcionalidad entre el cobro de derechos por registro y el servicio prestado.

50. Sin que sea viable o adecuado acudir a prácticas de correlación entre la previsión de ingresos por los servicios que presta una dependencia, área o ente y los gastos globales del área de que se trate, simplemente porque para la prestación del servicio se debe tomar en cuenta únicamente en forma objetiva el despliegue administrativo de actividades e implementación de sistemas directamente relacionado con la prestación del servicio, en la especie, de registro, pero no el gasto de toda el área o dependencia, en cuyo sostenimiento también están inmersos ingresos obtenidos de impuestos y no de derechos, sin que sea sencillo distinguir de entre los gastos de un área, ente o dependencia, cuáles gastos deben sufragarse mediante derechos y qué otros mediante impuestos u otros derechos; igualmente, no es viable tomar en cuenta erogaciones diversas al servicio en sí mismo considerado; a manera de ejemplo, el registro público de la propiedad presta un servicio público organizado, primero que nada, en función de la sociedad o interés general y sólo secundariamente en el del particular que solicita un registro.

51. Consecuentemente, toda la actividad del registro público inherente a mantener la información viable y disponible para la consulta del público en general o cualquier interesado, constituye una actividad y despliegue de recursos que ya no tienen relación directa con el registro solicitado por una persona, sin dejar de lado que por la consulta y expedición de documentos a ello relacionados también se cobran derechos por tales servicios, se insiste, diversos al servicio que se le presta a quien pretende inscribir la adquisición de un bien inmueble.

52. Explicación sencilla pero ejemplificativa de que no es preciso ni conveniente proyectar ingresos y egresos de un área en específico para analizar la proporcionalidad de derechos, sino atender únicamente y en forma objetiva al despliegue administrativo de actividades e implementación de sistemas directamente relacionados con la prestación del servicio de que se trate.

53. En ese sentido, se concluye que se cuenta con evidencias suficientes para señalar en forma indiciaria la desproporcionalidad del cobro d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30758-4a726a05/derechos-por-servicios-registrales-los-numerales-12-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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