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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LAS PRUEBAS DOCUMENTALES OBTENIDAS DE LA PÁGINA DE INTERNET OFICIAL DEL GOBIERNO FEDERAL O ESTATAL, DENOMINADA INFOMEX, SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR QUE EL APARTADO IV, NUMERAL 12, DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS LOCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 461/2019. · Registro digital (IUS): 30213
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-11-12
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV , Pág. 3159.

AMPARO EN REVISIÓN 461/2019. 28 DE FEBRERO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA. SECRETARIO: PABLO CHÁVEZ GAMBOA.

CONSIDERANDO

SÉPTIMO.—Son sustancialmente fundados los agravios hechos valer por el recurrente, en los que, en síntesis, manifiesta lo siguiente:

• Por lo que toca a las pruebas consistentes en la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde constan los ingresos y los egresos de la autoridad correspondientes al año dos mil diecisiete y la respuesta de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, de los ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dicha valoración resulta ilegal, pues desestimar documentos públicos por el solo hecho de alegar que no anexó los acuses en donde solicitó dicha información no tiene sustento en la ley.

• El Juez a quo, en lugar de valorar el contenido, alcance y valor probatorio de las pruebas ofertadas, analizó el origen de las mismas y les restó valor probatorio, porque a su ver no acreditó que él las hubiese solicitado, sin embargo, lo que debió haber hecho era valorar la prueba misma y determinar si con su contenido se acredita o no la desproporcionalidad de los derechos impugnados.

• De haberse estudiado y valorado la prueba correctamente, el Juez hubiese concluido que al existir una diferencia sustancial entre los ingresos y egresos del Registro Público de la Propiedad, se demostraba un lucro que el Gobierno del Estado está obteniendo con el derecho combatido.

• Dichas pruebas debieron relacionarse con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, así como con los datos de inflación que se insertaron en la demanda.

• De las documentales ofertadas se desprende y se acredita que los ingresos del Registro Público de la Propiedad son muy superiores que los egresos, y eso en términos contables y fiscales se llama utilidad.

• Era la autoridad responsable quien tenía que demostrar y justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, es decir, acreditar la constitucionalidad del acto que defienden y, en el caso, esto no aconteció.

• De todo lo anterior se advierte que sí cumplió con la carga probatoria y con la carga de hacer razonamientos lógico-jurídicos para demostrar la desproporcionalidad de los derechos impugnados y, por ende, la inconstitucionalidad de la norma.

Ahora bien, como ya se dijo al inicio del presente considerando, los anteriores argumentos resultan sustancialmente fundados.

Para explicarlo cabe destacar que el a quo estimó que las documentales consistentes en la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde constan los ingresos y los egresos de la autoridad correspondientes al año dos mil diecisiete y la respuesta de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, de los ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, resultan insuficientes para acreditar lo expuesto en los conceptos de violación, ya que no se desprende que dichas respuestas recayeran a las solicitudes realizadas por la parte quejosa, toda vez que omitió adjuntar el oficio recaído a su solicitud.

Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la información que se encuentre publicada en las páginas electrónicas de los organismos públicos constituye un hecho notorio que no genera duda ni discusión de que su contenido sea aplicable en el juicio, con independencia de si fueron o no exhibidas por las partes, porque obedece a la obligación de los entes públicos, en su carácter de sujetos obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de publicar la información que posean.

Ciertamente, al resolver la contradicción de tesis 115/2018, cuya materia estribó en determinar si constituyen hechos notorios las condiciones generales de trabajo publicadas en los portales web de la parte empleadora que es sujeto obligado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, por tanto, si las autoridades jurisdiccionales laborales se encuentran obligadas a allegarse de ellas aun cuando las partes no las ofrezcan como prueba; o si por el contrario, no constituyen hechos notorios, sino que es necesario que en cada ocasión las partes las ofrezcan a efecto de acreditar su pretensión, la citada superioridad literalmente resolvió:

"1. A fin de resolver la presente contradicción, es necesario, en primer término, destacar que el Máximo Tribunal ha estatuido que los impartidores de justicia al resolver pueden invocar hechos notorios, aun cuando éstos no hubieran sido alegados o probados por las partes contendientes.

"2. Desde el punto de vista jurídico, el hecho notorio es cualquier acontecimiento del dominio público, conocido por todos o casi todos los miembros de un sector de la sociedad, que no genera duda o discusión por tratarse de un dato u opinión incontrovertible; de suerte que la norma exime de su prueba en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, como ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 74/2006, de rubro: ‘HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.’(1)

"3. Además, el Máximo Tribunal también ha determinado que la información disponible en medios de consulta electrónica tiene el carácter de hecho notorio, como ocurre con el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal como se advierte de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (sic), de rubro: ‘HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).’(2)

"4. Así, al encontrarse publicadas las condiciones generales de trabajo en las páginas electrónicas de los organismos públicos, ello constituye un hecho notorio que no genera duda ni discusión de que su contenido sea aplicable en el juicio laboral, con independencia de si fueron o no exhibidas por las partes, porque obedece a la obligación de los entes públicos, en su carácter de sujetos obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de publicar la información que posean, como se advierte de sus numerales 23 y 70, fracción XVI,(3) sin que sea óbice que, tratándose de conflictos derivados de la relación de trabajo, aquéllos actúen en un plano de coordinación y no en su calidad de autoridades.

"5. Máxime que debe atenderse al decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, donde en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional se estatuyó que las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales mientras no se rompa con el debido proceso, en cuya exposición de motivos reza:

"‘Las normas vulneran el derecho a la tutela judicial cuando se imponen requisitos que impiden u obstaculizan la justicia, cuando éstos resulten innecesarios, excesivos o carecen de razonabilidad respecto de los fines perseguidos por el legislador.’

"6. Luego, si no es necesario probar los hechos públicos y notorios, es posible afirmar que las autoridades jurisdiccionales deben allegarse de aquéllos y resolver conforme al derecho que rija tal vínculo laboral en específico.

"7. De lo expuesto se obtiene que:

"‘• Los órganos jurisdiccionales cuentan con la facultad de invocar hechos notorios, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.

"‘• Las condiciones generales de trabajo consultables en los sitios de Internet oficiales obedecen a las obligaciones de transparencia de los entes públicos derivadas del artículo 6o. de la Carta Magna y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

"‘• Su contenido constituye hechos notorios al formar parte del dominio público y ser conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial.’

"8. Bajo este contexto, en el caso que nos ocupa, las condiciones generales de trabajo de las partes demandadas en los juicios laborales fueron publicadas en las páginas web del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Servicios de Salud de Morelos, respectivamente, lo que implica que formaban parte de todo o casi todo el conocimiento público a través de sus portales electrónicos en el momento que se pronuncia la decisión judicial.

"9. Atento a ello, es dable concluir que al haber publicado las demandadas en los sitios web las citadas condiciones de trabajo que rigen en sus respectivas dependencias, su contenido constituye un hecho notorio para el juzgador, de manera que debe recabarlas y analizarlas, resultando irrelevante si las partes las ofrecieron en el juicio o a quién le correspondía la carga de la prueba.

"10. El que las condiciones generales de trabajo se encontraran publicadas en los portales electrónicos de los organismos empleadores y sean revisables de manera periódica e invocadas por la autoridad jurisdiccional hasta el dictado del laudo, no lleva a desvirtuar su calidad de hecho notorio ni deja en estado de indefensión a las partes ante la duda de su vigencia, como se razonó en uno de los criterios contendientes.

"11. Tal consideración soslaya que las condiciones generales de trabajo fueron publicadas por las demandadas no sólo en su carácter de patrones, sino como entes obligados en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposición que expresamente le impone el deber de publicar las citadas condiciones, por lo que no pueden alegar desconocerlas o encontrarse en estado de indefensión al ser susceptibles de revisarse periódicamente, pues la omisión de actualizarlas es en todo caso atribuible a la parte empleadora.

"12. En efecto, la supuesta indefensión sólo podría producirse ante la negativa de exhibirlas en juicio para aclarar su contenido mas, al no hacerlo, da lugar a la pérdida de su oportunidad para objetarlas, porque nadie puede beneficiarse de su propio dolo.

"13. En razón de lo expuesto, tampoco puede considerarse que a la parte trabajadora se le coloque en estado de indefensión al invocar las condiciones generales de trabajo sin verificar su vigencia, pues el motivo que justamente llevó al órgano resolutor a invocarlas como hecho notorio fue subsanar la indefensión de la parte trabajadora, determinación que es preferible a la de no allegarse de tales condiciones ante la supuesta incertidumbre en comento, lo que encuentra sustento en la mencionada reforma al artículo 17 constitucional al privilegiar la resolución del conflicto.

"14. De ahí que en el caso que nos ocupa se estime innecesario imponer como carga probatoria de la parte trabajadora la exhibición de documentos que ya se encuentran al alcance de las autoridades jurisdiccionales a través de las tecnologías de la información.

"15. Por tanto, si en los criterios contendientes las condiciones generales de trabajo se encontraban disponibles en las páginas web oficiales de los demandados, en su doble calidad de patrones y entes obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aquéllas constituyen un hecho notorio y no son objeto de prueba aun cuando no se hayan exhibido en juicio, sin que con ello se transgreda el debido proceso ni su contenido genere duda, en tanto son publicadas por la autoridad que las suscribe en cumplimiento a las obligaciones de transparencia derivadas del artículo 6o. constitucional."

De esa ejecutoria dimanó la jurisprudencia que con sus datos de difusión pública se reproduce:

"Décima Época

"Registro digital: 2019001

"Instancia: Segunda Sala

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,

Libro 62, Tomo I, enero de 2019

"Materia: laboral

"Tesis: 2a./J. 130/2018 (10a.)

"Página: 560

"CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. CUANDO SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN MEDIOS DE CONSULTA ELECTRÓNICA TIENEN EL CARÁCTER DE HECHOS NOTORIOS Y NO SON OBJETO DE PRUEBA. Un hecho notorio es cualquier acontecimiento del dominio público, conocido por todos o casi todos los miembros de un sector de la sociedad, que no genera duda o discusión por tratarse de un dato u opinión incontrovertible, de suerte que la norma exime de su prueba en el momento en que se pronuncie la decisión judicial; por su parte, los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 70, fracción XVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen que el acceso a la información es un derecho fundamental que debe garantizarse y que, dentro de éste, se encuentra el deber de los sujetos obligados de hacer públicas las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales con su personal de base o de confianza; en consecuencia, si éstas están disponibles en la página web del demandado, en su doble calidad de patrón y de sujeto obligado por la ley mencionada, aquéllas constituyen un hecho notorio y no son objeto de prueba, aun cuando no se hayan exhibido en juicio; sin perjuicio de que las partes puedan aportar pruebas para objetar su validez total o parcial."

En el caso, el impetrante ofreció como prueba de su intención información pública de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado –relacionada con el presupuesto de gasto y la recaudación por derechos registrales cobrados por el servicio registral prestado en todo el Estado, en los ejercicios fiscales de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho–, que si bien no exhibió la solicitud por medio de la cual se formuló la petición, lo cierto es que no resulta obligatoria, en tanto allegó los datos necesarios y suficientes para conocerla vía electrónica en la página oficial del Gobierno Federal (sic) denominada "Infomex" (4) (http://transparenciachihuahua.org/infomex), como son los números de las solicitudes de información identificadas bajo los folios ********** y **********, que al ingresarlas en dicho portal efectivamente proporcionan aquellas cifras vinculadas con los servicios de registro que presta la aludida dependencia estatal.

De manera que, al tratarse de información contenida en aquella página web del referido organismo público, constituye un hecho notorio y no es objeto de prueba, sin que con ello se transgreda el debido proceso ni su contenido genere duda, en tanto obedece a la obligación de ese ente público de cumplir con las obligaciones de transparencia derivadas del artículo 6o. de la Constitución Federal, en su carácter de sujeto obligado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de publicar la información que posee, como se advierte de sus numerales 23 y 24, fracción XI,(5) es publicada por la autoridad.

De ahí que, en la especie, se estime innecesario imponer como carga probatoria de la parte quejosa la exhibición de documentos que ya se encuentran al alcance de las autoridades jurisdiccionales a través de las tecnologías de la información.

Luego, resulta inconcuso que, contrario a lo estimado por la a quo, el impetrante sí aportó los medios de prueba necesarios para acreditar su pretensión, toda vez que la información electrónica que arroja el ingreso de las referidas solicitudes en el portal de "Infomex", pone de manifiesto que el cobro que se le realizó por concepto de derecho por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la operación de compraventa de un inmueble, fundado en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, deviene exorbitante y no guarda un razonable equilibrio entre el costo y la tarifa de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), puesto que el costo real por el registro es en promedio menor a los $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), cantidad claramente distante de la tarifa que se le cobró.

Ello porque, como se dijo, esa información pública localizable en "Infomex" representa un hecho notorio, que puede tomarse en consideración para resolver un asunto en particular, como el caso que nos ocupa, al tratarse de datos que aparecen en una página electrónica oficial, que el gobierno utiliza para poner a disposición del público información relevante relacionada con la prestación de un servicio, por lo cual es apta y suficiente para demostrar la desproporción existente entre el gasto que genera al Estado la prestación del servicio de asientos registrales y el monto del cobro por el mismo, porque evidencia que el cobro de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad no guarda un sano equilibrio con el costo real de esa contraprestación, lo que genera una falta de correlación entre ambas y redunda en un cobro exorbitante, el cual resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria.

Mayormente que para acreditar hechos o circunstancias en relación con cualesquier asunto que se ventile ante los tribunales, las partes pueden presentar fotografías, escritos, notas taquigráficas y en general toda clase de documentos tomados de medios electrónicos o cualquier tecnología, entre los cuales se encuentra el Internet, que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos, en el particular, se trata de una página de gobierno conocida como "Infomex", que se entiende de carácter oficial y al provenir de un medio tecnológico como lo es el Internet se le debió otorgar valor probatorio idóneo para acreditar que no existe correlación entre el costo del servicio prestado con el monto de la cuota que se cobra por los asientos registrales, aun cuando no se hubiera aportado de manera documental al juicio de amparo.

Conclusión que corrobora el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al establecer:

"Artículo 210-A. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.

"Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta."

Así es, en el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio en el sentido de que cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque se considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, como en el particular lo afirma la parte recurrente, no basta su solo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional.

Por tanto, inicialmente le corresponderá al quejoso aportar los elementos, datos o pruebas que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo.

Asimismo, ese Alto Tribunal también precisó que la carga atribuida a la parte quejosa no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de los datos o pruebas aportadas por aquélla, les corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado a través de su informe justificado y de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen.

Lo anterior se advierte de la tesis que con sus datos de difusión pública dice:

"Décima Época

"Registro digital: 2005254

"Instancia: Segunda Sala

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,

Libro 2, Tomo II, enero de 2014

"Materias: constitucional y administrativa

"Tesis: 2a. CX/2013 (10a.)

"Página: 1589

"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen."

En la especie, para acreditar la inconstitucionalidad del derecho impugnado, la parte inconforme, como ya se dijo, ofreció diversa información electrónica contenida en la página web de "Infomex" y consultable mediante los folios de las solicitudes que al efecto proporcionó en su demanda de amparo.

La información antes descrita, distinto a lo sostenido por la a quo, es suficiente para tener por satisfecha la carga atribuida a la parte recurrente-quejosa, respecto a la demostración inicial de los hechos, conforme a los cuales sostiene que el costo del servicio es desproporcional e injustificadamente elevado y que, desde su perspectiva, sienta las bases para el estudio de inconstitucionalidad de la norma impugnada.

Además, esos datos contenidos en los informes obtenidos a través del sistema Infomex se consideran verosímiles de conformidad con lo establecido en el artículo 6o., párrafo segundo, fracción V, de la Constitución Federal,(6) pues se parte de la base de que es información que proporcionan los sujetos obligados sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos corresponde a sus archivos administrativos, los cuales deben estar debidamente actualizados y publicarse a través de los medios electrónicos disponibles.

Esta clase de datos son, de conformidad con el derecho humano de acceso a la información consagrado en el Texto Constitucional, instrumentos de la mayor relevancia para posibilitar a los gobernados el conocimiento del actuar cotidiano de la autoridad y a través de ello sentar las bases para el ejercicio de otros derechos, en este caso, el de impugnación judicial de las decisiones legislativas, para efectos específicos de determinar la razonabilidad constitucional del costo del servicio prestado.

Por tanto, ante los elementos de prueba ofrecidos y aportados por el inconforme-quejoso y de conformidad con el invocado criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual, luego que el particular cumplió con su carga, corresponde al Estado justificar la racionalidad de la cuota, es inconcuso que correspondía a la autoridad responsable desvirtuarlos y más aún demostrar la razonabilidad del costo que cobra, a fin de probar la constitucionalidad de la porción normativa impugnada, sin que así lo hiciera en el caso.

En efecto, al rendir su informe con justificación, el Congreso del Estado de Chihuahua se limitó a realizar diversas manifestaciones en el sentido de que se cumplieron los requisitos legales para la creación de la norma impugnada.

Asimismo, sostuvo que tratándose de derechos, el principio de proporcionalidad tiene una connotación diferente a la de las demás contribuciones y que el costo fijado por la prestación del servicio no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado llevarla a cabo.

Que no existe balance comparativo de confrontación de pruebas, que den como resultado que el cobro de marras sea exorbitante y, por tanto, desproporcional.

Sin embargo, no realizó ninguna manifestación sobre cuáles son las actividades que el Estado debe desarrollar y los gastos que debe efectuar para proporcionar el servicio de que se trata, mucho menos ofreció prueba alguna para controvertir lo expuesto y acreditado por el quejoso cuando, acorde con la regla probatoria previamente reseñada, le correspondía hacerlo debido a la actividad que al respecto el quejoso había desplegado.

En este punto es pertinente acotar que el Estado, para poder prestar el servicio, innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, para lo cual requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto, además de que una característica de este tipo de contribuciones consiste en que el costo de la prestación del servicio es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso, ya que estos servicios parten de una actividad de la administración, particularizada, concreta y determinada, de manera que pueden ser individualizados a los usuarios atendiendo a su uso o consumo, a través de ciertos parámetros de asignación.

No obstante, como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe la obligación impuesta por la ley de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto expresado en cantidades numéricas que le genera al Estado la prestación de un servicio público en concreto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo, es mediante parámetros de razonabilidad, relacionados con el tipo del servicio y las actividades que se desarrollan para prestarlo.

En ese sentido, ante los argumentos y la información ofrecida por el ahora recurrente, con las que se pone de manifiesto la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, era necesario, se reitera, que la autoridad responsable en forma motivada expusiera los parámetros de razonabilidad que permitieran analizar la eventual justificación constitucional del costo de prestar el servicio y, desde luego, que ofreciera las probanzas que considerara pertinentes para desvirtuar lo alegado por el peticionario de amparo.

Sirve de sustento a lo anterior la tesis que con sus datos de publicación dice:

"Décima Época

"Registro digital: 2012271

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,

Libro 33, Tomo IV, agosto de 2016

"Materias: constitucional, común y administrativa

"Tesis: XVII.2o.P.A.19 A (10a.)

"Página: 2539

"DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo."

Por tanto, si de la información electrónica aportada por el solicitante de la tutela constitucional se advierten parámetros según los cuales el cobro del derecho establecido en la Ley de Ingresos sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, mismos que la autoridad responsable no se ocupó de desvirtuar, es dable concluir que, en el caso, no se demostró que en el apartado IV, numeral 12, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, existe un razonable equilibrio entre la cuota de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) que establece la ley para el cobro de la inscripción registral y el costo que pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30213-b549f271/derechos-por-inscripciones-en-el-registro-publico-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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