DERECHOS POR SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO. EL ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 1197/2013 X P.E., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 9 DE FEBRERO DE 2013, AL ESTABLECER UN ESTÍMULO FISCAL RESPECTO DE LA TARIFA RELATIVA ANEXA A DICHO ORDENAMIENTO, ESPECÍFICAMENTE EN SU APARTADO IV, NUMERALES 13 A 18, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 488/2013. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 12 DE DICIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA. SECRETARIO: JORGE ERIK MONTES GUTIÉRREZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. El agravio formulado por la parte recurrente resulta esencialmente fundado y suficiente para revocar la sentencia.
El quejoso señala que la sentencia recurrida resulta ilegal al decretar el sobreseimiento por no haberse acreditado el acto reclamado.
Se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 13, 14 y 15 de la Tarifa para el cobro de derechos para el ejercicio fiscal 2013, antes de la reforma, lo cual no era impedimento para que el Juez responsable analizara los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación.
El quejoso sólo tiene que hacer valer la causa de pedir, manifestando que se hizo un cobro que considera inconstitucional por los motivos hechos valer en los conceptos de violación.
El a quo no puede ignorar que el aquí recurrente se dolió de la inconstitucionalidad del cobro de un derecho en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, que acreditó con las pruebas que acompañó a su demanda de amparo, y que el Juez responsable debió analizar a la luz de los conceptos de violación y, en su caso, declararlos fundados o infundados; esta conducta se estima violatoria de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues no apreció el acto tal y como apareció probado, y no hizo una interpretación integral de la demanda, pues de lo contrario se habría dado cuenta que en la misma existían elementos suficientes para realizar el estudio y determinar si el cobro de derechos estatales resultaba constitucional o no.
Se estima que se violaron los principios de exhaustividad y congruencia, toda vez que, por un lado, se tuvieron por ciertos los actos reclamados, para posteriormente declararlos inexistentes y, por otro, no se entró al estudio de los conceptos de violación, pese a que el acto reclamado quedó acreditado.
Los argumentos anteriores son sustancialmente fundados porque, en el caso, sí se acreditó el acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de 2013, por lo que no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.
En efecto, la parte quejosa señaló como acto reclamado el decreto 990/2012 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de diciembre de 2012, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2013, específicamente el apartado IV, numerales 13, 14 y 15 de la Tarifa para el cobro de derechos para el ejercicio fiscal dos mil trece, en los que se señala un cobro por derecho por inscripción registral a razón de 235 (doscientos treinta y cinco) días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica de que se trate, misma que se transcribe a continuación:
"Tarifa para el cobro de derechos para el ejercicio fiscal 2013
"...
"IV. Por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se cobrarán las siguientes cuotas:
"13 En el caso de operaciones traslativas de dominio de vivienda usada, se causará el equivalente a 235 (doscientos treinta y cinco) días de salario mínimo general vigente de la zona geográfica de que se trate.
"14 Por todas las inscripciones y notas marginales que se generan en virtud de las adquisiciones de vivienda nueva, con crédito o sin él, o de lotes sobre los que en el mismo instrumento se otorgue crédito para construcción de vivienda, incluidas las cancelaciones de las garantías otorgadas, se pagará el equivalente a 235 (doscientos treinta y cinco) días de salario mínimo general vigente de la zona geográfica de que se trate. Para los efectos de esta ley se entenderá como vivienda nueva, aquella que se segregue directamente de la inscripción de una manzana, o de la primera enajenación derivada directamente de una inscripción de sujeción a régimen de condominio, o bien la que tenga un tiempo de construcción de 1 a 2 años.
"15 Por todas las inscripciones, ratificaciones y notas marginales que se generen en virtud de las adquisiciones de lotes destinados para casa habitación o viviendas, construcción, ampliación y remodelación de vivienda con crédito o sin él y pagos a pasivos, a través de programas promovidos, financiados o cofinanciados por INFONAVIT, FONHAPO, CORETT, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, autoridades municipales, FOVISSSTE, IMSS, Comisión Estatal de Vivienda, Secretaría de la Reforma Agraria, BANJERCITO e Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, se causará el equivalente a 235 (doscientos treinta y cinco) días de salario mínimo general vigente de la zona geográfica de que se trate.
"En este rubro no quedan comprendidos aquellos actos que requieran ser registrados para dar pie a las adquisiciones, en todo caso, por dichos actos deberán cubrirse los derechos que se generen de acuerdo a esta tarifa según corresponda, salvo las liberaciones de gravamen.
"15.1 Por las inscripciones derivadas de los títulos expedidos por el Registro Agrario Nacional, relativos a la adopción de dominio pleno de parcelas cuyo monto no exceda de lo señalado en el numeral 15 del presente apartado.
"...
"25. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente, del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, relativo a actos cuyo valor sea determinado, incluidos los embargos, que no aparezcan mencionados en otros apartados de esta tarifa, se causará el equivalente a 235 (doscientos treinta y cinco) días de salario mínimo general del área geográfica de que se trate.
"En el caso de los arrendamientos y operaciones similares, para el cálculo de los derechos se tomará la misma tarifa.
"El registro de los embargos declarados para garantizar prestaciones de trabajadores, con motivo de juicios laborales, así como los declarados para el pago de alimentos, no causarán derechos de registro."
Sin embargo, no señaló como acto reclamado el decreto número 1197/2013 X P.E., publicado el nueve de febrero de dos mil trece, por el que se reforman los reproducidos numerales 13, 14, 15 y 25 del apartado IV de la tarifa de derechos, anexa a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de 2013, para establecer en los tres primeros, un cobro por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) en lugar de 235 (doscientos treinta y cinco) días de salario mínimo general vigente del área geográfica de que se trate, y con relación al punto 25, la cantidad de 197.31, como se advierte enseguida:
"Tarifa para el cobro de derechos para el ejercicio fiscal 2013
"...
"IV. Por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se cobrarán las siguientes cuotas:
"...
"13 Por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos. 15,000.00
"14 Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otros apartados de esta tarifa. 15,000.00
"14.1 El registro de los embargos declarados para garantizar prestaciones de trabajadores, con motivo de juicios laborales, así como los declarados para el pago de alimentos, no causarán derechos de registro.
"15 Para el efecto de incentivar los programas de vivienda promovidos por las entidades del sector público, las inscripciones, ratificaciones y notas marginales que se generen en virtud de las adquisiciones de lotes, lotes destinados para casa habitación o viviendas, construcción, ampliación y remodelación de vivienda con crédito o sin él y pagos a pasivos, a través de programas promovidos o financiados por dichos entes, se causarán $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), pero se aplicará un estímulo fiscal del 95% sobre la tarifa aplicable al valor que resulte mayor entre el de operación, el de avalúo y el catastral, siempre y cuando el valor unitario de la vivienda o lote no exceda de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), de ser así, por el excedente se aplicará el numeral 13, del apartado IV de la presente tarifa.
"En este rubro no quedan comprendidos aquellos actos que requieren ser registrados para dar pie a las adquisiciones; en todo caso, por dichos actos deberán cubrirse los derechos que se generen de acuerdo a esta tarifa según corresponda, salvo las liberaciones de gravamen.
"...
"25 Por cada certificado de existencia de inscripción con historia registral de sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio, hasta la quinta hoja: 197.31
"25.1 Por cada hoja excedente a partir de la señalada en el numeral anterior, se aplicará el concepto referido en el numeral 1.2, del apartado I de esta tarifa."
En tanto que del certificado de ingresos **********, de veintiséis de febrero de dos mil trece, que exhibió como acto concreto de aplicación de la ley reclamada, se observa que el cobro fue efectuado de acuerdo al numeral 13 de la mencionada tarifa, correspondiente a traslación de dominio, compraventa, en cantidad de $15,000.00; es decir, de acuerdo al monto que se estableció en el decreto 1197/2013 X P.E. de nueve de febrero de dos mil trece.
No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que, contrario a lo determinado en la sentencia recurrida, en la especie sí se encuentra acreditado el primer acto de aplicación de la ley impugnada, ya que el estudio de su constitucionalidad, sólo en cuanto es fundamento del acto reclamado, no se ve impedido por el solo hecho de que no se haya señalado el decreto por el cual se reformó.
En tales condiciones, dado lo fundado del agravio, lo que en el caso procede es revocar la sentencia de amparo y, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se aborda el análisis de los actos reclamados y conceptos de violación, cuyo examen omitió el Juez Federal.
SÉPTIMO. No se transcriben los conceptos de violación, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, es innecesaria su reproducción.
En sustento a ello se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
El estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa permite considerar lo siguiente:
En principio tenemos que, como se estableció en el considerando anterior, está demostrado el acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de 2013, que la parte quejosa reclama de inconstitucional, pues al efecto exhibió el original del certificado de pago con número de operación **********, de veintiséis de febrero de dos mil trece, del que se advierte que pagó la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) por el siguiente concepto: "Numeral 13 tras dom compravta garantías", por lo que resulta válido concluir que le fue aplicada la tarifa contenida en el numeral 13 del artículo segundo del decreto 1197/2013 X P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de febrero de dos mil trece, que al respecto señala:
"Artículo segundo. Se reforma el apartado IV, de la tarifa de derechos, anexa a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de 2013, para quedar redactado de la siguiente forma:
"IV. Por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se cobrarán las siguientes cuotas:
"...
"13 Por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos. $15,000.00"
Por ello, si del certificado de pago que exhibió la parte quejosa, anexo a su demanda de garantías, se advierte que le fue aplicada la tarifa de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), además de que en dicho certificado se hace referencia al numeral 13, que se refiere a inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble y garantías constituidas sobre éstos, entonces se concluye en la existencia del acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de 2013, en específico el numeral 13 del artículo segundo del decreto 1197/2013 X P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el día nueve de febrero de dos mil trece, por medio del cual se reforma el apartado IV de la tarifa de derechos, anexa a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua.
Precisado lo anterior, tenemos que la parte quejosa, en sus conceptos de violación, argumenta que la ley impugnada violenta los principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, refiere que los numerales 13, 14 y 15 de la fracción IV de la Tarifa para el cobro de derechos para el ejercicio fiscal 2013, contemplan la inscripción de una escritura pública, y por ese servicio se cobran 235 salarios mínimos, y el numeral 24 del apartado IV de la tarifa en estudio establece: "24 Por cada asiento en aquellos casos cuyo valor no pueda determinarse. 1,120.84."
Aunque el artículo 31, fracción IV, constitucional no define tributos ni establece clases o tipos de contribuciones, ni las características específicas de cada una de ellas, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha inferido tres requisitos básicos de los tributos: que estén establecidos en una ley, que sean proporcionales y equitativos y que se destinen al pago de los gastos públicos.
Por otra parte, aduce que respecto al principio de proporcionalidad, tratándose de derechos se traduce en que para calcular su importe no debe tomarse en consideración la capacidad económica del contribuyente, y la obligación fiscal no nace en forma automática por disposición legal, sino como consecuencia de un acto de voluntad del interesado que solicita a la administración pública un servicio.
Para cumplir con la proporcionalidad no debe atenderse a la capacidad económica del usuario, sino al costo que para el Estado representa dicha prestación.
Los preceptos que se reclaman resultan inconstitucionales, porque cobran cantidades distintas por un mismo servicio, como lo es la inscripción de escrituras públicas, uno por 235 veces el salario mínimo, y otro por $1,120.84 (mil ciento veinte pesos 84/100 M.N.); por lo que contravienen los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, pues por recibir el mismo servicio, la inscripción de una escritura pública, paga más derechos el contribuyente que se encuentre en los supuestos de los numerales 13, 14 y 15, que el que está en el supuesto del diverso 24.
Resulta infundado el resumido concepto de violación, ya que en el artículo decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de 2013, así como en el apartado IV de la tarifa de derechos anexa a la ley de ingresos referida, reformados mediante decreto 1197/2013 X P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de febrero de dos mil trece, específicamente en el numeral 13 del apartado IV de la tarifa anexa a la ley de ingresos de referencia, se establece un cobro único de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos, de lo que se advierte que a todos aquellos gobernados que soliciten el servicio de registro de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmobiliaria o de garantías constituidas sobre éstos, se les aplica la misma tarifa contenida en el numeral 13 antes indicado, lo que de manera efectiva cumple con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria de los derechos; ya que tratándose de derechos, los mencionados principios tributarios se miden en una forma distinta de los impuestos, porque en lo tocante a los derechos, no interesa la capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo, como sí ocurre tratándose de impuestos, de ahí que a todos los contribuyentes de un derecho por servicio, que soliciten la actividad que presta el Estado, se les cobra la misma tarifa, respetando de esa manera el principio de equidad tributaria.
Por otra parte, en lo tocante al principio de proporcionalidad tributaria de los derechos por servicio, como ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la proporcionalidad de los derechos tiene una connotación diversa que la relativa a las demás contribuciones, pues si bien en principio debe existir una relación entre el costo del servicio y el monto del derecho a pagar, lo cierto es que no siempre debe existir una correspondencia exacta de dichos elementos para sostener que el derecho es proporcional, pues bastará con que el costo sea el aproximado y no necesariamente el exacto, pues ya el Pleno de la Corte estableció que la palabra contraprestación, referida a los derechos por servicio, no debe ser entendida como en derecho privado, de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio, porque basta con que el costo se considere aproximado, en atención a que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función de un interés general, que tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene en el trabajo, la salud pública y la organización, más cuando el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, atendiendo exclusivamente a los costos de producción, distribución, venta y lucro debido; de ahí que el pago correspondiente como contraprestación del servicio solicitado puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado su realización, porque, se reitera, el Estado se organiza en función del interés general y, secundariamente, en el de los particulares.
De acuerdo con lo anterior, si el legislador, en la ley de ingresos combatida, consideró el costo de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o de garantías constituidas sobre éstos, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces se concluye que ello no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos, porque, se insiste, el costo fijado por la prestación del servicio no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio.
Al respecto, resulta aplicable la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 69, Volúmenes 175-180, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro IUS 232373, de rubro y texto siguientes:
"DERECHOS FISCALES. Es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación tributaria, las contribuciones conocidas como derechos son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados, pero este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en esencia, que la palabra contraprestación no debe entenderse en el sentido de derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues éste se organiza en función del interés de los particulares; y los derechos que se pagan por los servicios recibidos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que, por lo tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derechos."
Aunado a lo anterior, la cuota fija establecida como contraprestación por el servicio de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, resulta igual para todos los contribuyentes que solicitan el mismo servicio, y si con posterioridad a la determinación de la contraprestación el contribuyente obtiene una disminución en su cobro, resulta evidente que sí obtiene un beneficio, porque de no otorgarse éste todos pagarían la misma tarifa de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional); para respetar el principio de proporcionalidad tributaria, en las contribuciones identificadas como derechos por servicio, si bien se debe atender al costo que para el Estado representó la prestación del servicio solicitado, ello no implica que necesariamente deba ser el costo exacto que originó al Estado el servicio brindado.
Por otra parte, el hecho de que sobre la cuota fija señalada como contraprestación por la realización del servicio, el legislador haya determinado la aplicación de un estímulo fiscal que será calculado de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral, ello no implica que se pierda la naturaleza del derecho por servicio, porque, en primer término, se determina la cuota fija para todos los que soliciten el mismo servicio: $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal concedido por el legislador; estímulo éste que para nada incide o repercute en alguno de los elementos esenciales del derecho de inscripción reclamado, para poder considerar que el estímulo tenga una relevancia impositiva, porque éste no integra ni forma parte de la mecánica para la determinación del derecho, ya que, incluso, desapareciendo el estímulo fiscal concedido por el legislador, todos los elementos esenciales del derecho combatido subsisten, en virtud de que el estímulo no está adherido a ninguno de esos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto del derecho, la base, su tasa o tarifa; por lo anterior, es que se considera que la aplicación del estímulo no rompe con la naturaleza del derecho de inscripción impugnado, pues primero se determina la tarifa que se está cobrando como contraprestación de acuerdo al costo fijado por el legislador, que como ya se dijo, no necesariamente debe ser igual o exacto a lo que le representó al Estado la prestación del servicio y, posteriormente, una vez determinada la tarifa se aplica el estímulo fiscal correspondiente.
Así, aun cuando en algunos casos se aplica un estímulo del 90% y en otros no existe estímulo por el monto de la operación a registrar, por el valor del avalúo o el catastral del bien sujeto a registro, lo cierto es que ello no significa que la ley dé un trato distinto a personas que se encuentran en situaciones análogas, pues como se ha señalado en la presente determinación, el valor de la contraprestación fijada por el legislador es igual para todos los sujetos que solicitan el servicio, con lo cual se cumple con el principio de proporcionalidad y equidad que rige en materia de derechos; y si bien, posterior a la determinación del pago de la contraprestación, se puede aplicar un estímulo al contribuyente dependiendo del valor de la operación, del avalúo del bien o del valor catastral, fijado de acuerdo a una tabla que va de rangos mínimos a máximos, esto de ninguna manera implica que se dé un trato desigual a personas que solicitan el mismo servicio, pues en este caso el estímulo fiscal no incide o repercute en alguno de los elementos del derecho, por lo que no es posible realizar un análisis de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad respecto al estímulo, precisamente porque éste no incide en la mecánica para la determinación del derecho.
En efecto, sobre este punto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector del desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce y aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición que la finalidad perseguida con los estímulos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que le sean aplicables cuando el estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución (lato sensu).
Así, los estímulos fiscales, a pesar de su denominación tributaria, no siempre quedan integrados a la estructura de la contribución, debido a que el Estado puede sólo utilizarlos como instrumentos eficientes para alcanzar sus fines públicos; es decir, por facilidad operativa se incorporan al final de la mecánica de la contribución para disminuir la carga impositiva, siendo este último el beneficio económico que recibe el gobernado, aunque puede adoptarse cualquier otra forma como la entrega directa del monto dinerario o que se disminuya el precio de la adquisición de un bien o servicio.
La característica principal de este tipo de beneficios es que el legislador no trata de medir o graduar la capacidad contributiva de los sujetos obligados; de hecho, por la forma en que se integran los estímulos fiscales sin relevancia impositiva, éstos atienden a factores que no guardan relación con el hecho imponible o los demás elementos cuantitativos del tributo, ni parecen razonables a su mecánica, por lo que pueden surgir en un ejercicio o no estar presentes en otro, de acuerdo con las políticas económicas del Estado, sin afectar a la tributación misma, pues la correspondencia sólo se refleja en el sujeto obligado y la carga económica que tiene que cubrir.
Conforme a ello, la distinción entre ambos estímulos fiscales (los que tienen incidencia en alguno de los elementos del tributo, denominados "con relevancia impositiva", y los que no guardan ninguna relación con ellos, llamados "sin relevancia impositiva"), no radica en su relación con la carga tributaria que tienen que soportar los gobernados por virtud de las contribuciones, pues esta situación no se presenta en los dos supuestos, sino en la forma en que se incorpora al esquema del tributo, ya que si actúa mediante un elemento esencial o se adiciona a su mecánica, dado que no se puede separar, tiene relevancia impositiva, porque se asocia a la valoración de la capacidad contributiva de los sujetos obligados; sin embargo, no acontece lo mismo si el estímulo fiscal opera desde afuera, es decir, sin relevancia impositiva, debido a que solamente sustrae una parte del impuesto que debe soportar el contribuyente.
Esta diferenciación es útil para analizar si le son aplicables los principios de justicia fiscal al estímulo como expresión particular de ciertas garantías individuales, o bien, deben sujetarse a éstas en una connotación más amplia, porque si el beneficio fiscal mide la capacidad económica del sujeto obligado o integra esta valoración, es idóneo su estudio a la luz de los principios de justicia fiscal, pues a partir de este hecho se puede vincular con la proporcionalidad y la equidad en el sentido de verificar si los recursos que aporta son producto de su capacidad contributiva, o si a otros sujetos se les da un trato preferente en el pago respectivo; y si el estímulo no está inmerso en la medición del hecho imponible o en cualquier otro de los elementos, es lógico que no puede apegarse a los principios de justicia tributaria, porque no se logrará su adecuado acoplamiento, si se pondera que este tipo de beneficios fiscales surge con datos o elementos ajenos a la estructura de la contribución.
Luego, con el objeto de demostrar que el estímulo fiscal contenido en el artículo decimoséptimo de la Ley de Ingresos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25043-c1b07cb6/derechos-por-servicios-de-inscripcion-en-el-registro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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