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Modo: Corpus Pro

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. DEFINICIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NÚMERO 132 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2013.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. · Registro digital (IUS): 25977
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II , Pág. 1810.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 26 DE AGOSTO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS ARROYO ALCÁNTAR, FERNANDO RODRÍGUEZ ESCÁRCEGA, JOSÉ MORALES CONTRERAS, GERARDO DÁVILA GAONA Y BERNARDINO CARMONA LEÓN. PONENTE: FERNANDO RODRÍGUEZ ESCÁRCEGA. SECRETARIO: SALVADOR VÁZQUEZ VARGAS.

Chilpancingo, Guerrero. Acuerdo del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, correspondiente al día veintiséis de agosto de dos mil quince.

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio recibido el ocho de mayo de dos mil catorce, en la Oficialía de Correspondencia del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, los Magistrados **********, secretario en funciones de Magistrado de Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, al resolver, el primero de ellos, el amparo en revisión administrativa ********** y, el segundo, el amparo en revisión administrativa **********.

SEGUNDO.-Por auto de nueve de mayo de dos mil catorce, el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14, fracción VI, del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue sustituido por el diverso Acuerdo General 11/2014 y éste, a su vez, por el Acuerdo General 8/2015, asumió jurisdicción para conocer y resolver de la contradicción de tesis en cuestión; por lo que ordenó formar el expediente respectivo y su registro en el libro de gobierno como contradicción de tesis con el número 2/2014.

Mediante auto de veintinueve de mayo de dos mil catorce, el Magistrado presidente del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, con fundamento en el artículo 14, fracción VI, del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue sustituido por el diverso Acuerdo General 11/2014 y éste, a su vez, por el Acuerdo General 8/2015 de dicho Consejo, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, ordenó turnar para resolución el expediente de contradicción de tesis 2/2014, al Magistrado **********, presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito; en diverso auto de veintidós de mayo de dos mil quince, se ordenó returnar la presente contradicción de tesis para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, a la Magistrada **********, como integrante del Pleno del Vigésimo Primer Circuito; finalmente, en proveído de veinticuatro de agosto del citado año, la presidencia del Pleno del Vigésimo Primer Circuito determinó, por exclusión y de manera provisional, designar al Magistrado ********** para la elaboración del proyecto de resolución respectivo; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-El Pleno del Vigésimo Primer Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que sustituyó a los Acuerdos Generales 14/2013 y 11/2014, en atención a que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son materia de la competencia del Pleno del Vigésimo Primer Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados ********** y **********, así como por el licenciado **********, secretario en funciones de Magistrado de Circuito **********, quienes resolvieron el amparo en revisión administrativa **********.

TERCERO.-En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis expusieron en las ejecutorias de las que derivan los criterios que el denunciante estima divergentes.

El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al fallar el veintiséis de septiembre de dos mil trece la revisión administrativa número **********, en la parte que interesa al presente estudio, consideró lo que a continuación se transcribe:

"SEXTO.-Estudio de agravios. En el agravio único de su recurso de revisión, el quejoso expuso en síntesis:

"Que la sentencia recurrida es ilegal, porque contraviene lo previsto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en relación con los derechos fundamentales de legalidad, audiencia y justicia completa, consagrados en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Juez de Distrito efectuó una apreciación equivocada de las documentales que obran en autos, violando los principios de congruencia y exhaustividad que debe contener toda sentencia.

"Que el Juez de Distrito no aplicó de forma precisa los numerales invocados, porque en el considerando cuarto no apreció y valoró correctamente las pruebas que justifican el acto reclamado, concluyendo, de forma equivocada, el sobreseimiento del acto reclamado, por estimar que se actualizó la causal prevista en los artículos 21 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto del primer acto de aplicación.

"Que contrario a lo sostenido por el Juez del conocimiento evidentemente arribó a una conclusión equívoca, ya que partió de una valoración errónea de las pruebas documentales públicas exhibidas en el sumario que demuestran que el pago a que se refiere el juzgador de amparo no corresponde al mes de enero de dos mil trece, sino al mes de diciembre de dos mil doce, agrega que el sobreseimiento en el juicio de amparo por improcedencia del mismo, debe fundarse en prueba plena de la causal de improcedencia y no en presunciones.

"Que la prueba número dos, consistente en el original del ********** referente al número de cuenta ********** y servicio **********, relativo al periodo comprendido del siete de enero al seis de febrero de dos mil trece, corresponde al primer mes del ejercicio fiscal dos mil trece, ya que la periodicidad se establece del siete de enero al seis de febrero de dos mil trece, por lo que es claro que se trata del primer recibo de energía del ejercicio fiscal dos mil trece que contiene el **********, en cantidad de $**********.

"Que si bien del historial de **********, exhibido por la **********, se advierte que la quejosa realizó un pago a dicha ********** por ********** el veintinueve de enero de dos mil trece, sin embargo, ese pago no pertenece al mes de enero de dos mil trece, ya que se trata del correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce y, por ende, el pago de ********** también se refiere a ese periodo.

"Que el **********, exhibido como prueba, constituye la primera ********** realizado en el mes de enero del año dos mil trece, por tanto, si en dicho ********** aparece el ********** y establece como fecha límite de pago el veintiuno de febrero de dos mil trece, por tanto, contrario a lo determinado por el a quo, existe evidencia plena de que se trata del primer acto de aplicación de los artículos señalados como inconstitucionales, máxime que la ley reclamada entró en vigor el uno de enero del presente año.

"Que el Juez a quo, en su resolución, apreció las pruebas documentales de forma equivocada, porque sin que exista prueba fehaciente de que el pago efectuado por la quejosa el veintinueve de enero de dos mil trece corresponda al primer acto de aplicación de los artículos 84, 85 y 86 de la Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2013; de ahí que se contravienen los arábigos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Los argumentos que anteceden resultan infundados en parte e inoperantes en otra, como enseguida se advertirá:

"De la lectura efectuada a la resolución recurrida, se aprecia que el Juez de Distrito estimó sobreseer en el juicio bajo las consideraciones jurídicas siguientes:

"Que advirtió la existencia de la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 21 y 114, fracción I, respecto de los actos reclamados que la impetrante hizo consistir en la aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación de la Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, concretamente en sus artículos 84, 85 y 86.

"Que la mencionada ley tiene carácter de heteroaplicativa, toda vez que es de aquellas que por su sola entrada en vigor no causan perjuicio ni modifican alguna situación jurídica existente, ya que la obligación de ********** ocasionado por el ********** será exigible cuando el gobernado conozca el monto de esa contribución hasta que la autoridad administrativa, mediante el recibo que para ese efecto emita la **********, efectúe **********, acto diverso a la simple expedición de la ********** que condiciona su aplicación a la realización de aquel evento, el cual constituye el acto concreto de aplicación.

"Que de los numerales 73, fracción XII y 21 de la Ley de Amparo se desprende con toda claridad, que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente:

"1. Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame;

"2. Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y,

"3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.

"Asimismo, tratándose de leyes heteroaplicativas o de individualización condicionada, el amparo debe promoverse con motivo del primer acto de aplicación, acorde con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la ley de la materia.

"Que en este último supuesto, la aplicación de la norma da pauta para que el particular controvierta su constitucionalidad, puesto que la disposición en comento permite concluir que tal ‘acto’ de ejecución o individualización de la ley se refiere sólo al primero y no a los subsecuentes actos de aplicación.

"Que el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, resulta ser el extremo explícito sobre el particular, por cuanto a que se hace mención expresa al ‘primer acto de aplicación’ y establece, asimismo, que para impugnar una ley en juicio de garantías, el interesado tiene la opción de ejercitar la acción de amparo en su contra, a través de su primer acto de aplicación.

"Que lo expuesto se corrobora con el criterio que ha establecido el Máximo Tribunal del País, en las diferentes tesis en torno a las leyes heteroaplicativas o de individualización condicionada, en las cuales se advierte que el aludido primer acto específico de aplicación de la ley, es requisito indispensable para que proceda la acción de amparo en su contra, que se reclama con motivo de su concreta aplicación en agravio del particular.

"Que, por tanto, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley de individualización condicionada, pero no se trata del primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo será improcedente, al tenor de las disposiciones legales de mérito y de las razones aducidas.

"Que la quejosa reclama los artículos 84, 85 y 86 de la Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, con motivo de lo que estima su primer acto de aplicación a través de la emisión del **********, correspondiente al número de cuenta ********** y servicio **********, relativo al periodo comprendido del siete de enero al seis de febrero de dos mil trece, en el cual se carga la suma de $**********, por concepto de **********.

"Que no obstante lo anterior, obra a foja setenta y seis de autos, el oficio sin número recibido el diez de abril de dos mil trece, mediante el cual el **********, en acatamiento a lo requerido por el juzgado federal, remitió copia certificada del historial de ********** que registra el sistema comercial a nombre de la impetrante, de la que se advierte que la parte quejosa desde el día veintinueve de enero de dos mil trece, pagó el monto requerido por **********, relativo al mes de enero de dos mil trece, así como aquel que por concepto de ********** se incluyó en el mismo. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

"En ese sentido, se precisa que el historial de **********, a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, resulta apto para demostrar la fecha en que ocurrió el primer acto de aplicación, puesto que arroja datos inequívocos que ponen en evidencia que el acto de que se duele la peticionaria del amparo, no es el primero que materializó en su perjuicio y que representa la aplicación de la ley que tilda de inconstitucional.

"Que, en consecuencia, el juicio de garantías intentado contra tales preceptos se torna improcedente, al no controvertirse su primer acto de aplicación dentro del término legal de quince días, tal como lo exigen los artículos 114, fracción I y 21 de la ley de la materia anteriormente comentados, pues dicho cómputo se debe realizar a partir del veintinueve de enero de dos mil trece, en virtud a que en esa fecha se concretó el primer acto de aplicación de la ley reclamada en perjuicio de la quejosa, al haberse determinado la cantidad por ese concepto reclamado y no el veintiséis de febrero de dos mil trece, en que se enteró ********** que reclama, toda vez que así se desprende de la copia certificada del historial de ********** a nombre de la impetrante.

"Que, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XII del arábigo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 21 y 114, fracción I, de esa misma legislación, en atención a que la demanda de amparo se presentó en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, hasta el trece de marzo de dos mil trece, esto es, fuera del término legal que para tal efecto establece el segundo de los citados artículos; por lo que procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el numeral 74, fracción III, de la propia ley.

"Expuesto lo anterior, debe decirse que los artículos 84, 85 y 86 de la Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal 2013, establece el concepto de **********, el cual debe aportarse al Municipio a través de una ********** que determine la **********, desprendiéndose el carácter de una ley heteroaplicativa, que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica situación jurídica existente, en virtud de que la obligación de contribuir al ********** derivado de tal ********** será exigible cuando el gobernado se haga sabedor de esa **********, mediante ********** que la autoridad administrativa emita para su **********; acto diverso a la simple expedición de la norma que condiciona su aplicación a la realización de ese evento, el cual constituye un acto concreto de aplicación.

"Ilustra lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 113/2006, que dice:

"‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS.-La Ley de Ingresos Municipal que establece como ingresos de la hacienda pública el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, cuyo monto se conoce hasta la notificación del recibo, es heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, sino que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible hasta que el gobernado conozca el monto de esa contribución respecto de determinada periodicidad cuando la Comisión Federal de Electricidad, mediante el aviso-recibo que para ese efecto emita, realice su cobro; por tanto, dicho aviso constituye el acto concreto de aplicación de las normas que establecen los derechos por el servicio de alumbrado público, porque en él se encuentran especificadas la determinación y cuantificación de los referidos derechos.’(2)

"Por otra parte, de las constancias que obran en el asunto que nos ocupa se aprecia de la **********, relativa al número de servicio **********, de veintiuno de febrero de dos mil trece,(3) contiene ********** de $********** por concepto de **********.

"Ahora bien, los motivos de desacuerdo son infundados, al pretender desestimar el argumento planteado por el a quo federal basado en la inexacta valoración a los historiales de **********, emitidos por la **********, a través del **********, documental que como bien lo ponderó el Juez Federal, adquiere valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso, en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, toda vez que el Juez de Distrito se encuentra obligado a allegarse a las pruebas documentales que estime necesarias para llegar a la verdad de los hechos y resolver de conformidad con ellas el asunto que se examina.

"Máxime que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral y el derecho; por tanto, considerando esos términos será admisible como prueba el informe solicitado a cualquier funcionario o autoridad, aun cuando sea distinta de la responsable, respecto de los hechos que conozca o haya conocido en atención a sus funciones.

"En cuanto al argumento de que el ********** no debe hacer prueba de lo ahí afirmado; debe decirse que resulta infundado, en virtud de que efectivamente la información contenida en el referido documento constituye el historial del **********, así como los conceptos que se le **********, contenido en la base de la ********** que es la prestadora de ese servicio y, a su vez, actúa como auxiliar de la autoridad exactora en la retención del referido **********; de ahí que la probanza aludida adquiera eficacia probatoria; de estimar lo contrario, tampoco tendría valor probatorio la documental exhibida por el quejoso para acreditar la aplicación de la ley que tilda de inconstitucional, consistente en el **********, emitido por la propia **********; además de que el recurrente no aportó elementos de prueba que desvirtuara el contenido de esa documental.

"Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97, del tenor literal siguiente:

"‘PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.-De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra «podrá» por «deberá», se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.’(4)

"Documentales que, como acertadamente lo estimó el resolutor de amparo, demuestran que el primer acto de aplicación se efectuó desde el **********; procediendo a realizar un **********.

"Lo anterior lleva a considerar infundado el argumento de la quejosa, en el sentido de que la aplicación de la Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal dos mil trece, se dio hasta el momento en que se emitió el recibo que ofreció como prueba, puesto que, como la propia quejosa lo refiere en sus agravios, dicha ley entró en vigor desde el uno de enero de dos mil trece, por ende, el **********; de ahí que el acto de aplicación se actualizó desde ese momento y no hasta la ********** que la quejosa reclamó ante el Juez Federal.

"En el caso, resulta aplicable, por los principios jurídicos que la integran, la tesis del rubro y texto siguientes:

"‘PRESUNCIONES Y FICCIONES LEGALES. LA FUNCIÓN Y APLICACIÓN DE ESTAS TÉCNICAS EN MATERIA TRIBUTARIA.-En el sistema mexicano es frecuente la presencia de construcciones jurídicas que entendidas ya como presunciones legales de pleno derecho (iuris et de iure) ya como ficciones, sirven al legislador en su tarea de frustrar los mecanismos de fraude a la ley tributaria, tanto en su dinámica de evasión como en la de elusión. Las presunciones absolutas suponen el enlace establecido por su autor entre un hecho conocido y otro que aunque se desconoce debe reputarse existente para efectos de la ley, por ser realmente posible o probable su realización cuando así lo demuestren las máximas de la experiencia y el conocimiento del mundo fáctico sobre el que se pretende actuar. Desde un ángulo sustantivo más que probatorio, se advierte una ficción jurídica cuando su autor recoge datos de la realidad y los califica jurídicamente de un modo tal que, violentando conscientemente su naturaleza, crea un concepto de verdad legal (artificial) distante de coincidir con la realidad. En ambos casos, la aplicación de las normas reguladoras de estas figuras representa para los contribuyentes un efecto irrebatible dispensado de toda prueba adicional, justificado por la necesidad de resolver la incongruencia entre la realidad jurídica y la realidad económica a cuya coincidencia aspira la justicia tributaria.’(5)

"Demostrándose así que desde el día siguiente a la realización de aquel evento, inició el cómputo para interponer el juicio de amparo; por tanto, como acertadamente se estimó en la sentencia sujeta a revisión, el plazo inició a **********, es decir, a partir del día siguiente al en que se **********, así como el concepto de ********** aportado al **********, por lo que resulta evidente que a partir del veintinueve de enero del año referido, ya había transcurrido en exceso el plazo para reclamar su inconstitucionalidad, a la fecha en que se instauró la demanda, es decir, el **********, según se aprecia del sello que aparece en la parte superior derecha de la primera foja de la demanda de amparo.

"Consecuentemente, si el quejoso **********, con motivo del primer acto de aplicación en concreto realizado por él, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que el **********, por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido el mencionado plazo, como bien lo determinó el Juez Federal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 73 de la ley de la materia, en relación con el 21 del ordenamiento legal.

"De igual forma, apoya lo anterior, la tesis I.1o.A.21 K, del tenor literal siguiente:

"‘DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO.-De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.’(6)

"El anterior criterio coincide con lo sostenido por este órgano jurisdiccional, al resolver los amparos en revisión administrativa 299/2011 y 440/2011."

Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, al resolver el veinte de marzo de dos mil catorce la revisión administrativa número **********, en lo conducente, resolvió lo que enseguida se transcribe:

"QUINTO.-De la lectura efectuada a la resolución recurrida, se aprecia que el Juez de Distrito estimó por un lado, sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados que la impetrante hizo consistir en la ********** la Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, concretamente en sus artículos 83, 84, 85 y 86, en virtud de que advirtió la existencia de la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 21 y 114, fracción I, de dicha legislación y, por otro lado, conceder la protección constitucional impetrada por cuanto hace al acto de aplicación que se hizo consistir en el ********** a que se refiere el ********** correspondiente al número de ruta **********, al considerar que se funda en una ley que si bien expresamente no ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su contenido es factible de ubicarla dentro del ámbito de cobertura de la jurisprudencia temática que el Alto Tribunal ha emitido, en torno al tema sujeto a debate.

"Las razones jurídicas por las que el a quo consideró actualizada una causal de improcedencia para el estudio de la ley reclamada, esencialmente, atienden a:

"Que la quejosa reclamó los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, con motivo de lo que estima su primer acto de aplicación, a través de la emisión del **********, correspondiente al número de ruta ********** y servicio **********, relativo al periodo comprendido del cuatro de enero al cinco de febrero de dos mil trece, en el cual se carga la suma de $**********, por concepto de **********.

"Que no obstante lo anterior, obra a foja cincuenta y nueve de autos, el oficio sin número recibido el **********, mediante el cual el **********, en acatamiento a lo requerido por el juzgado federal, remitió copia certificada del historial de ********** que registra el ********** a nombre de la impetrante, de la que se advierte que la parte quejosa desde el día dieciséis de enero de dos mil trece, efectuó un pago por **********, así como por concepto de ********** que se incluyó en el mismo.

"Que el historial de **********, a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, resulta apto para demostrar la fecha en que ocurrió el primer acto de aplicación de las nor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25977-b113da88/derecho-de-alumbrado-publico-definicion-del-primer-acto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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