IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 439/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 18 DE ENERO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opositores, corresponden a la materia fiscal-administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizan los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, que es uno de los órganos colegiados contendientes.
TERCERO. Para verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender a los antecedentes y contenido de las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
I. El amparo en revisión ********** del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, tiene los siguientes antecedentes:
1) ********** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en contra del Congreso del Estado y otras autoridades a quienes reclamó, la aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año dos mil once, la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Jalisco, la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco y la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once que prevén el pago del impuesto predial, por considerar que otorgan un tratamiento distinto a sujetos que se encuentran en idénticas situaciones de hecho, frente a la norma jurídica que prevé la hipótesis jurídica de causación, porque los propietarios o poseedores de predios urbanos no edificados, deberán calcular el impuesto predial, aplicando una tasa mayor de la que aplican los propietarios o poseedores de predios edificados.
2) Seguido el juicio en todas sus etapas, el titular del juzgado dictó sentencia, en la que decretó el sobreseimiento respecto de los actos reclamados al jefe o encargado de la Recaudadora de la Hacienda Municipal de Guadalajara, Jalisco y respecto del artículo 21, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil once y, negó la protección del amparo en relación con los demás actos reclamados.
3) Inconforme con este fallo, la quejosa promovió recurso de revisión en su contra.
4) Este recurso de revisión lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, en el sentido de declarar fundados los agravios; resolvió revocar la sentencia recurrida y, por ende, otorgar la protección del amparo a la quejosa en contra del artículo 21, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil once, por considerar que este numeral contraviene el principio de equidad tributaria, tutelado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al otorgar un tratamiento distinto a sujetos que se encuentran en idénticas situaciones de hecho frente a la norma jurídica que prevé la hipótesis normativa de causación, por establecer la tasa y cuotas fijas atendiendo a las características de los predios objeto del impuesto, y prever sin justificación en base objetiva, un pago mayor del impuesto predial a los propietarios o poseedores de los predios sin edificar en comparación con los titulares de los edificados y, sin que exista un fin extrafiscal que perseguir, ni se advierta un pago o impulso a algún sector de la sociedad marginado o desprotegido.
5) Los efectos de esta concesión de amparo, fueron para que se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa la obligación tributaria declarada inconstitucional.
La parte que interesa de esta ejecutoria, dice:
"SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, este órgano colegiado analizará los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. Así pues, el concepto de violación identificado como ‘primero’, hecho valer por la impetrante de garantías es sustancialmente fundado. En efecto, asiste razón a la quejosa cuando aduce que la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal de dos mil once, artículo 21, vulnera en su perjuicio el principio de equidad tributaria, tutelado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en razón de que otorga un tratamiento distinto a sujetos que se encuentran en idénticas situaciones de hecho frente a la norma jurídica que prevé la hipótesis normativa de causación. Afirma lo anterior, porque los contribuyentes propietarios o poseedores de predios urbanos no edificados deberán calcular el impuesto aplicando una tasa mayor a la que aplicarían los propietarios o poseedores de predios urbanos edificados. Es fundado el anterior argumento, porque con el trato diferenciador en comento, el legislador desatendió la real capacidad contributiva de los sujetos del gravamen, y deja de observar que tanto los dueños de uno y otro, realizan el mismo hecho imponible. Es conveniente precisar que del estado informativo del impuesto predial y del comprobante electrónico del pago del predial ********** (fojas 7 y 38 del juicio de amparo indirecto **********), se efectuó el pago correspondiente con una tasa variable relativa a 0.23, para el pago del impuesto predial, tocante a un predio edificado que se localiza dentro de la zona urbana de la ciudad, cuyo valor real se determinó en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado Jalisco, la que corresponde al ejercicio fiscal de dos mil once, contenida en el artículo 21, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal de ese año. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como obligación de todos los mexicanos, la de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, mandamiento del que se desprenden los principios tributarios entre los que se encuentra el de proporcionalidad, que radica medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Dicho de otra forma, los contribuyentes del tributo, deben participar de los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos; de suerte que los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la particular capacidad económica de cada sujeto pasivo. Además, a fin de estar en aptitud de examinar el planteamiento de inconstitucionalidad, es pertinente atender a la interpretación judicial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha pronunciado en relación al principio de proporcionalidad, que se desprende de los criterios jurisprudenciales. ‘PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.’ (se transcribe). De las jurisprudencias indicadas se tiene que, conforme a la primera, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, capacidad que debe ser gravada diferencialmente para que en cada caso el impacto sea distinto respecto de la cantidad y respecto del mayor o menor sacrificio que se ve reflejado cuantitativamente en la disminución patrimonial que se produce, y en proporción a los ingresos obtenidos, tenencia de patrimonio o consumo realizado; por su parte, la segunda ejecutoria establece que el principio de proporcionalidad obliga al legislador a graduar el impuesto de manera que la contribución de los gobernados al gasto público se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por los mismos al realizar el hecho imponible (nivel de renta, cantidad y calidad del patrimonio o del consumo), por lo que, los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo, es decir, que sea la base gravable la que permita medir esa capacidad económica y la tarifa o tasa, la que exprese la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo, de lo que resulta que la capacidad económica no sólo marca el cauce lógico del tributo sino que también lo legitima y explica su existencia, condicionando toda su estructura y contenido. Ahora bien, es de hacer notar que la capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, y no podría ser de otro modo; el estudio de la proporcionalidad de un gravamen sólo puede llevarse a cabo en su vinculación con aquella persona que ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de determinado gravamen, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario del respectivo tributo, por traslación que deba hacérsele por disposición legal o por las características propias del tributo de que se trate. Por su parte, el principio de equidad tributaria persigue evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación, la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas o bien propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. La equidad tributaria significa pues, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto, resultando, por consiguiente, que junto con el principio de proporcionalidad tributaria en virtud del cual los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlos, la justicia tributaria consagrada en la Constitución Federal busca el mismo trato a quienes se encuentren en situaciones semejantes y, contrariamente desigual, a situaciones disímiles. Encuentra sustento el anterior argumento en la jurisprudencia número P./J. 42/97 por reiteración, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis, Novena Época, Tomo V, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y siete, que dice: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribe). Luego, no todo tratamiento desigual resulta inconstitucional, sobre ese tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para cumplir con el principio de equidad tributaria, el legislador no sólo está facultado, sino que se encuentra obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, siempre que éstas no sean caprichosas o arbitrarias y se sustenten en bases objetivas de índole económica, financiera, social o extrafiscal, que razonablemente justifiquen ese trato diferencial en armonía con los principios constitucionales rectores de los tributos, de suerte tal que el principio de equidad tributaria se cumple dando un trato igual a las personas que se encuentren en un plano de igualdad y, por tanto, deberá darse un trato desigual a las personas que no se encuentren en igualdad de condiciones. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 24/2000 por reiteración de tesis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y cinco, Novena Época, Tomo XI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativa a marzo de dos mil, que refiere: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Ahora bien, los numerales 92, 93 y 94 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco -los cuales se insertan por resultar ilustrativos-, así como de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal de dos mil once, artículo 21, fracción II, los que establecen: Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco: ‘Artículo 92.’ (se transcribe). ‘Artículo 93.’ (se transcribe). ‘Artículo 94.’ (se transcribe). Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal de dos mil once: ‘Artículo 21.’ (se transcribe). De los dispositivos legales transcritos se desprende que los elementos del impuesto en estudio son: Objeto: La propiedad o posesión de los predios y de las construcciones edificadas sobre los mismos. Sujeto: Los propietarios o poseedores de dichos predios. Base: El valor fiscal de los predios y de las construcciones o edificaciones, atendiendo a los procedimientos establecidos en la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco y a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquepaque, vigente en el ejercicio respectivo. ... 4. Tasa: El impuesto predial se causará y liquidará aplicando la tasa que establezca la ley de ingresos de cada Municipio (en este caso, se aplicará la tasa prevista en el artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara) a la base determinada conforme a las disposiciones del artículo 94 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Luego, el artículo de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal de dos mil once, establece que el impuesto predial correspondiente, se obtendrá de aplicar a la base gravable, las tasas y cuotas fijas en él consignadas, atendiendo a las características de los predios urbanos objeto del citado tributo; así se tiene que: a) En relación con los predios edificados cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado, se aplicará la tasa de 0.23. b) En relación con los predios no edificados dentro de las zonas urbanas, cuyo valor se determine conforme a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se aplicará una tasa bimestral de 0.81. Precisado lo anterior, se tiene que el numeral tildado de inconstitucional vulnera las garantías de equidad y proporcionalidad tributaria consagradas en el artículo 31, fracción IV, constitucional, toda vez que otorga un trato desigual entre los sujetos del impuesto, al establecer tasas y cuotas fijas atendiendo a las características de los predios objeto del impuesto, pues prevé un pago mayor del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios sin edificar en comparación con los titulares de los edificados, aun cuando realizan el mismo hecho imponible -propiedad o tenencia de un bien inmueble-, sin que dicha distinción se encuentre justificada en bases objetivas; además de que se desatiende la verdadera capacidad contributiva pues obliga a contribuir en mayor proporción al propietario de un predio sin edificar que al de uno que si lo está. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada 1a. LIII/2000 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cuatro, Novena Época, Tomo XII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de dos mil, que refiere: ‘PREDIAL. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, VIGENTE EN 1997, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO, CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS CON O SIN CONSTRUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). También por las razones que la integran, la jurisprudencia 109/2007 por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y seis, Novena Época, Tomo XXV, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de dos mil siete, (sic) rubro y texto siguientes: ‘PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FI
CALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). De consiguiente al resultar inequitativa y desproporcional la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal de dos mil once, artículo 21, fracción II, en virtud de que de manera injustificada otorga un trato desigual a personas que se encuentran en la misma hipótesis de causación, sin que exista un fin extrafiscal que perseguir, ni se advierta un apoyo o impulso a algún sector de la sociedad marginado o desprotegido, y no se justifica dicho trato disímil, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, en relación con los efectos y alcances de la concesión del amparo, se efectúan las siguientes acotaciones: En primer término, es necesario tener presente que el Más Alto Tribunal de la Nación, ha determinado cuáles son los efectos de una sentencia de amparo, cuando se declara la inconstitucionalidad de la ley que fue señalada como acto reclamado. Así el artículo 80 de la Ley de Amparo, que establece el objeto de las sentencias que conceden el amparo y protección de la Justicia Federal, dice: ‘Artículo 80.’ (se transcribe). Del numeral transcrito se desprende, sin lugar a dudas, que las sentencias que conceden el amparo persiguen como fin último el restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de producirse la violación a las garantías individuales, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía del quejoso que se estimó violada, cuando se haya reclamado de ella una omisión, un no actuar, es decir, un acto de carácter negativo. Es aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecinueve, Séptima Época, tomo 151-156, Tercera Parte, Semanario Judicial de la Federación, cuyos título y texto, son: ‘EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO.’ (se transcribe). Como puede advertirse, los efectos de la concesión del amparo se encuentran estrechamente adminiculados con la naturaleza del acto reclamado, pues dependerá de las características constitutivas de este último el determinar los alcances de una sentencia protectora de garantías. En tratándose de juicios de amparo contra leyes en los que se conceda el amparo de la Justicia Federal, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada, en relación con el quejoso, y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será nulo; esto es, dada la naturaleza de acto positivo que reviste la aplicación de la ley impugnada, el efecto del amparo será impedir dicha aplicación por parte de la autoridad responsable en perjuicio del quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 31/1989 por reiteración de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos veintiocho, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.’ (se transcribe). El principio de la relatividad de los efectos de la sentencia que se pronuncie en amparo contra leyes se encuentra establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, y consiste en que ‘las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare’. En efecto, este principio significa que en amparo contra leyes la sentencia que, en su caso, otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión tendrá un alcance relativo, en virtud de que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo, mas no así a personas ajenas al mismo. Por tal razón, no procede en un juicio de amparo hacer una declaración general respecto de la ley, entendiendo esta limitación en el sentido de que dicha declaración tendrá que circunscribirse al quejoso sin beneficiar a otras personas. Los efectos de una sentencia que otorga el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo, son los de proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, si ésta fue impugnada como heteroaplicativa, sino también que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la misma ya no podrá válidamente serle aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso. Por tal razón, el principio de relatividad de la sentencia de amparo no puede entenderse en el sentido de que el amparo contra una ley sólo tiene efectos en relación con el acto de aplicación de la misma que en el juicio respectivo se haya reclamado, pues ello atentaría contra la naturaleza y la finalidad del amparo contra leyes. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, se deriva de la interpretación congruente y relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo, entre otras, de las que concretamente se refieren al amparo contra leyes. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 112/99 por reiteración de tesis, del Pleno, consultable en la página diecinueve, Novena Época, Tomo X, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que refiere: ‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.’ (se transcribe). Luego, los efectos del amparo contra leyes se encuentran estrechamente adminiculados con la naturaleza del mecanismo de tributación. Así pues, es necesario precisar que existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan un mayor detalle en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, por adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En consecuencia, podría decirse que existen dos clases de normas tributarias, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquellas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el supuesto de las primeras, el Más Alto Tribunal de la Nación, ha establecido que de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional y, por ende, que dicha disposición nunca se le aplique al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en las normas declaradas inconstitucionales, están obligadas a restituirle al quejoso las cantidades que como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al peticionario de garantías. Por cuanto hace a las segundas, el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trata, para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto. En el caso, se está en presencia de un mecanismo de tributación simple en donde los numerales impugnados establecen tasas (no sobretasas o aumento de tasas, como en el caso de la jurisprudencia 17/2006 por contradicción de tesis, que más delante se transcribe), que se aplican bimestralmente a la base fiscal. No se está en presencia de exenciones parciales ni tampoco de beneficios, sino que el vicio de inconstitucionalidad (inequidad), afecta al mecanismo de tributación, se insiste, porque recae sobre un elemento esencial, no sobre uno variable, ya que las normas reclamadas no establecen propiamente, ni beneficios o exenciones parciales o ciertos contribuyentes destinatarios de los mismos. Así pues, la declaratoria de inconstitucionalidad de la disposición legal reclamada, versa sobre que otorga un trato desigual entre los sujetos del impuesto, al establecer tasas y cuotas fijas atendiendo a las características de los predios objeto del impuesto, al establecer un pago mayor del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios sin edificar en comparación con los titulares de los edificados, aun cuando realizan el mismo hecho imponible, sin que dicha distinción se encuentre justificada en bases objetivas. Así, se acata por obligatoria, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 20/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos setenta y tres, Novena Época, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de dos mil once, cuyos título y texto, son: ‘LEYES DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. ALCANCES DEL AMPARO CONCEDIDO CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 52/2008, DE RUBRO «DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.».’ (se transcribe). Es aplicable la referida jurisprudencia, en razón de que en la ejecutoria correspondiente se elucidó precisamente sobre una cuestión donde la inconstitucionalidad afectó uno de los elementos esenciales del tributo y, con ello, a todo el sistema tributario. Así pues, no se está en el supuesto de una exención ni de un beneficio equiparable a una exención, de ahí que la concesión del amparo no debe limitarse y devolverse las cantidades que la promovente enteró con motivo del impuesto predial, a través del comprobante electrónico ********** (foja 38 del juicio de amparo indirecto **********). Por tanto, la concesión del amparo, al afectarse el mecanismo del tributo, al encontrarse viciado uno de sus elementos esenciales -tasa-, por ello, todo el sistema se torna inconstitucional, lo que conlleva desincorporar de la esfera jurídica del peticionario de garantías, la obligación tributaria en la parte declarada inconstitucional. Asimismo, los efectos del amparo deben hacerse extensivos a los conceptos ‘multas = gastos cobranza’, en la medida que estos conceptos están vinculados estrechamente al pago del impuesto predial, de esa forma, deben seguir la misma suerte que el tributo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 62/98 por reiteración de tesis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, Novena Época, Tomo VIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y ocho, cuyos título y texto, son: ‘CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.’ (se transcribe). Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 188/2004 por reiteración de tesis, sustentada por la Segunda Sala, visible en la página cuatrocientos setenta, Novena Época, Tomo XXI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de dos mil cinco, que dice: ‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.’ (se transcribe). No se soslaya la jurisprudencia 17/2006 por contradicción de tesis, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos veinte, Novena Época, Semanario Judicial de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23413-97f67bdc/impuesto-predial-efectos-de-las-sentencias-que-declaren · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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