IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO SEGUNDO, INCISOS A) Y B), DEL ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DE ESE TRIBUTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020 Y 2022.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 62/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como por lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por ser criterios sostenidos por Tribunales Colegiados del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló la persona titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 193/2022, en sesión de cinco de octubre de dos mil veintidós.
4. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 178/2020, en sesión de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.
5. Criterio del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 167/2020, en sesión de once de marzo de dos mil veintiuno.
VI. Existencia de la contradicción de criterios
6. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
7. En el caso, existe una contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos en revisión 193/2022 y 178/2020, respectivamente.
8. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver contradicción
9. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en una parte de la ejecutoria, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver análisis
10. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, que las dos ejecutorias tuvieron como antecedente el reclamo del Acuerdo de subsidios en materia de impuesto predial; que los Juzgados de Distrito precisaron como combatido el artículo segundo, inciso a), de dicho acuerdo; que tal precepto se examinó conjuntamente con el inciso b) del propio numeral; que ambos Tribunales Colegiados consideraron que el inciso a) está regido por el principio de equidad tributaria y el inciso b), por el de igualdad; y que las dos porciones normativas se estimaron contrarias a la Carta Magna, pero en cuanto a los efectos de la protección constitucional, los pronunciamientos difirieron, como se muestra a continuación:
Ver pronunciamientos
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los Tribunales Colegiados se pronunciaron, a partir de una exposición argumentativa, sobre los efectos del amparo concedido respecto del sistema de subsidios previsto en los incisos a) y b) del artículo segundo del Acuerdo general de subsidios, cuando las personas quejosas tenían inmuebles ubicados entre los rangos H a P de la tarifa del impuesto predial prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México y, por tanto, fuera de los rangos señalados en el sistema de subsidios reclamado.
12. Importa señalar que no pasa inadvertido que en los expedientes de los cuales derivaron los fallos participantes en la presente contienda, los Juzgados de Distrito, en las sentencias recurridas, solo tuvieron por reclamado el inciso a) del numeral segundo del Acuerdo de subsidios; sin embargo, de las ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito se desprende que éstos también hicieron el examen del inciso b) y que con apoyo en tal estudio definieron el efecto del amparo, por lo cual se estima que la materia de este asunto debe comprender ambos incisos.
13. Por otro lado, no es obstáculo para estimar que ambos Tribunales Colegiados realizaron ejercicios argumentativos, que uno de los contendientes haya decidido la cuestión propuesta invocando simplemente la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/140 A (10a.), del otrora Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro siguiente: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.",(5) porque, como se verá, la discordancia de criterios incluye la apreciación sobre su aplicabilidad al caso.
14. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 53/2010,(6) que enseguida se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA. La contradicción de tesis puede suscitarse entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuando uno de ellos estima que respecto de un problema es aplicable una jurisprudencia y el otro considera que no lo es."
15. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes, porque los dos consideraron la ya citada tesis de jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito sobre los efectos del amparo contra el artículo 130, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
16. Sin embargo, se produjo un diferendo entre ellos, pues uno, concluyó que dentro de la tarifa del impuesto predial establecida en la fracción I del referido artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, debe substituirse la cuota fija prevista en el rango en que se ubica el inmueble de la persona quejosa por la cuota fija reducida establecida en el rango D de la disposición administrativa reclamada; mientras que el otro sostuvo que el tributo debe calcularse conforme a la tarifa de ley y, posteriormente, aplicar el porcentaje de subsidio previsto en el inciso b) del artículo segundo del Acuerdo de subsidios para el rango G, el cual consiste en un descuento del 25 % (veinticinco por ciento).
17. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: ¿Qué efecto debe tener el amparo que se otorgue en contra del sistema de apoyos previsto en el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, a los contribuyentes cuyos inmuebles, por su valor superior, se ubiquen en los rangos del H al P de la tarifa del tributo y, por tanto, fuera de los rangos A al G incluidos en las porciones normativas reclamadas?
18. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar los amparos en revisión 193/2022 y 178/2020, respectivamente.
19. No es óbice para alcanzar esta conclusión que las posturas en contienda deriven de disposiciones jurídicas distintas entre sí, con diferente vigencia, porque la estructura de ambas es sustancialmente igual.
20. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se pronunció sobre el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dieciocho de enero de dos mil veintidós y que surtió efectos del uno de enero al treinta de diciembre de ese año, mientras que el estudio del Sexto Tribunal Colegiado de la propia materia y circuito versó sobre el diverso Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y que surtió efectos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.
21. Sin embargo el inciso a) del numeral segundo es esencialmente igual –solo varían las cantidades insertas en las tablas respectivas–, como se corrobora de su contenido, que enseguida se reproduce:
Ver contenido
22. Así, dada la coincidencia de contenidos normativos, el tema abordado por los órganos jurisdiccionales participantes es el mismo, por lo que la contienda debe resolverse.
23. Es aplicable, en su contenido substancial, la tesis 1a. LXI/2012 (10a.)(7) que dice lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ABORDARON EL ESTUDIO DEL TEMA, CON BASE EN UN PRECEPTO DE IGUAL CONTENIDO JURÍDICO PARA LEGISLACIONES DE DISTINTOS ESTADOS. Cuando al examinar una contradicción de tesis se advierte que los tribunales colegiados pertenecientes a distintos circuitos hicieron el ejercicio interpretativo de una disposición en el ámbito de sus respectivas legislaciones, no procede declararla inexistente por esa sola circunstancia, siempre y cuando los preceptos en análisis sean de igual contenido jurídico; motivo por el cual, ante la divergencia de criterios, lo conducente es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la tesis que debe prevalecer."
24. Es igualmente aplicable, en sentido contrario, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 43/98,(8) de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURÍDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE. Es inexistente la contradicción de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jurídico pero lo hacen fundándose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicción, pues para ello sería necesario que hubieran examinado el problema jurídico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos."
25. Tampoco el hecho de que ambas disposiciones jurídicas hayan perdido vigencia, por corresponder a los ejercicios fiscales dos mil veinte y dos mil veintidós, veda el estudio de fondo de la presente disputa, porque el criterio que prevalezca será útil para resolver asuntos pendientes regulados por aquéllas, como ilustra la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2003(9) de contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción."
26. Además, es un hecho notorio(10) para este Pleno Regional que preceptos similares han sido expedidos para años subsiguientes, como se aprecia a continuación:
Ver preceptos
27. Lo anterior robustece la conveniencia de resolver la contradicción de criterios, al tenor de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2000(11) que a continuación se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquéllos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica."
28. También es aplicable la tesis P. VIII/2001,(12) que dice lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI ÉSTA NO MODIFICÓ SU ESENCIA. No es dable concluir que es inexistente una contradicción de tesis, cuando la norma legal que interpretaron los tribunales y que los llevó a conclusiones discrepantes, sufre una reforma que sólo modificó en parte la terminología empleada, pero no la esencia del precepto, en tanto que se entiende que si el contenido sustancial se mantiene, subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a través del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
V. Improcedencia de la contradicción de criterios
29. El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en una parte de su ejecutoria, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver asunto
30. Como se aprecia de esta reseña, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo de subsidios en materia de impuesto predial está regido y viola el principio de equidad tributaria; y en cuanto a los efectos de la protección constitucional, concluyó que debe aplicarse el descuento porcentual del 25 % (veinticinco por ciento) previsto para el rango G en el inciso b) del propio precepto, dado que fue de ahí en adelante que se presentó el vicio de inconstitucionalidad, al no preverse ya ningún beneficio para los rangos siguientes.
31. Empero, el propio Tribunal Colegiado informó que ese criterio fue superado y, por tanto, no se encuentra vigente en atención a la resolución, por mayoría de votos, de los amparos en revisión 145/2020 y 132/2021, en sesiones de ocho de noviembre de dos mil veintiuno y cinco de enero de dos mil veintidós, respectivamente.
32. En una parte de la ejecutoria del amparo en revisión 145/2020, el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente:
Ver ejecutoria
33. Y en una parte de la ejecutoria del amparo en revisión 132/2021, resolvió lo siguiente:
Ver amparo
34. En estos fallos, el Tribunal Colegiado se pronunció nuevamente sobre los efectos de la protección constitucional concedida contra el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo de subsidios en materia de impuesto predial, pero mientras en el criterio primigenio sostuvo que debía aplicarse el porcentaje de descuento previsto en el inciso b) del mismo precepto para el rango G, en el criterio posterior determinó, a partir de una variación en su apreciación de la litis constitucional, que la cuota fija prevista en el rango en que se ubica el inmueble de la persona quejosa dentro de la tarifa del impuesto predial establecida en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, debe substituirse por la cuota fija reducida prevista en el rango D de la disposición administrativa reclamada.
35. Lo anterior revela que el Tribunal Colegiado abandonó el criterio establecido en el amparo en revisión 167/2020, pero, además el cambio ocurrió previamente a la denuncia que dio origen a la presente contradicción de criterios, puesto que las nuevas ejecutorias se emitieron el ocho de noviembre de dos mil veintiuno y el cinco de enero de dos mil veintidós, y aquélla se presentó el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.
36. En consecuencia, debe estimarse improcedente la contradicción de criterios en esta parte, en virtud de que la postura del Tribunal Colegiado ya no prevalecía en la época de presentación de la denuncia.
37. Es aplicable la tesis 2a. LXXXI/2009(13) que enseguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUÁNDO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA O IMPROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA. Cuando se denuncia una contradicción de tesis debe determinarse si existe, a fin de establecer el criterio que prevalezca como jurisprudencia. Al respecto debe precisarse, aunque se trate de una cuestión sutil de carácter técnico, que cuando se llega a la conclusión opuesta ello puede derivar de que nunca se dio la oposición de criterios denunciada, lo que llevará a declararla improcedente o de que habiendo existido la contradicción, con anterioridad a su denuncia desapareció, al apartarse uno de los órganos contendientes del criterio que sostenía, al emitir otro que coincide con el opuesto, debiéndose hacer la misma declaración de improcedencia; o finalmente, cuando dándose el supuesto anterior, en cuanto a la desaparición de la contradicción, ello ocurre con posterioridad a la denuncia, procediendo declararla sin materia."
VI. Estudio
38. Para dar respuesta a la interrogante planteada en el
considerando IV, es pertinente tener presentes los principios de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva reconocidos en los artículos 17 constitucional(14) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(15) por virtud de los cuales los gobernados tienen la posibilidad de acudir a tribunales previamente establecidos a solicitar impartición de justicia y el Estado está obligado a asegurar el buen funcionamiento de aquéllos, a efecto de que diriman las controversias sometidas a su consideración de manera pronta, completa, imparcial y sin costo alguno,(16) a través de un recurso sencillo y rápido o cualquier otro que resulte efectivo contra actos que violen sus derechos fundamentales. 39. Ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no puede estimarse garantizado ese derecho si no se asegura la eficacia de las sentencias judiciales, como se aprecia de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.),(17) del tenor literal siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales."
40. El concepto de eficacia de las sentencias está asociado a la idea de que el procedimiento judicial alcance los fines para los que está concebido, es decir, para que las personas justiciables logren el pleno ejercicio de sus derechos, como se infiere del siguiente criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
"501. Este tribunal ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados parte de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha señalado que, en los términos del artículo 25 de la Convención, es posible identificar dos obligaciones específicas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. El derecho establecido en el artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados parte. A la vista de lo anterior, el Estado tiene la responsabilidad no sólo de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, sino también la de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales."(18)
41. Sobre la "eficacia" como parámetro de cumplimiento de los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, la doctrina apunta lo siguiente:(19)
"Entonces, ¿cuáles son los parámetros que los Estados deben observar para cumplir con su obligación internacional de proporcionar un recurso judicial efectivo? Los que se indican a continuación:
"...
"c. Efectividad. Este punto tiene que ver con el efecto útil de las decisiones, esto es, que el recurso sea capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido."(20)
42. De estas ideas deriva que la eficacia de los juicios, recursos o medios de defensa se relaciona con el potencial que tengan para generar el resultado esperado, lo que, tratándose del dictado de la sentencia o resolución del asunto, implica no sólo que contenga la declaración o reconocimiento de los derechos controvertidos, sino que sea capaz de provocar la efectiva protección de tales derechos.
"La eficacia de la decisión judicial plasmada en la sentencia se refleja en la posibilidad de hacer que ella pueda ejecutarse en su integridad y no quedarse en un simple decisión ilusoria, pues quien acude ante esta jurisdicción especial en busca de tutela efectiva, no es para que simplemente se declare su derecho, sino que ese derecho se cristalice utilizando de ser posible enérgicamente remedios procesales introducidos en la institución de la ejecución para hacerla real, cierta y efectiva."(21)
43. Tratándose del juicio de amparo, su objeto es la restitución a la persona quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado; ya lo establecía así el artículo 80 la abrogada ley de la materia(22) y que esa restitución ocurría mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación tratándose de actos reclamados de naturaleza positiva, y cuando fueran de índole negativo, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho y a cumplir lo que éste exigía.
44. El artículo 77 de la actual Ley de Amparo(23) recoge, en lo esencial, ese mismo imperativo, y junto con el numeral 74, fracción V, del propio ordenamiento jurídico,(24) refiere que la sentencia debe contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la protección constitucional, así como que en el último considerando se determinarán con precisión esos efectos, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento, y que el fallo surtirá efectos cuando se declare ejecutoriado o cause estado por ministerio de ley.
45. La ley vigente también incorpora, en su artículo 78,(25) una regulación particular en relación con el cumplimiento de ejecutorias sobre constitucionalidad de leyes u otras disposiciones de observancia general.
46. Indica que la sentencia deberá determinar si la disposición jurídica reclamada es constitucional o no y que, en ese último supuesto, los efectos protectores se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa del precepto invalidado. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto de la persona quejosa.
47. Adicionalmente, el órgano jurisdiccional puede especificar otras medidas distintas a la inaplicación que deban adoptarse para restablecer al gobernado en el pleno goce del derecho violado.
48. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la tesis 2a. XCIV/2018 (10a.), de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO, AL PREVER LO RELATIVO A LA PRECISIÓN DE SUS EFECTOS, ES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL.",(26) dijo que los efectos y alcances de las sentencias varían en función de las particularidades de cada caso –las pretensiones de los reclamantes, así como la naturaleza y objeto del proceso–, y que, atinente al juicio de amparo, el efecto de su fallo no puede limitarse, en todos los asuntos, a la anulación del acto reclamado, pues no toda violación a los derechos fundamentales es igual, sino que es menester una ductilidad que permita tutelar de la manera más efectiva posible las prerrogativas de las personas, lo que se corrobora con la siguiente trascripción de una parte del fallo:
"... en primer lugar debe precisarse que los efectos y alcances de las sentencias emitidas por un Tribunal Constitucional varían acorde al proceso en el cual se emiten, y según la violación constitucional que se advierta en el caso en concreto.
"Es decir, las pretensiones de los reclamantes, la naturaleza y objeto del proceso marcan la pauta de las consecuencias de la sentencia emitida, ya sea la declaración de una inconstitucionalidad, el reconocimiento de la lesión a un derecho fundamental, y el restablecimiento del mismo.
"...
"En el caso del sistema jurídico mexicano, si bien la resolución del juicio de amparo no es de competencia exclusiva de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que se trata de un mecanismo de control de constitucionalidad de normas y actos encaminado a la protección de los derechos fundamentales, debido a lo cual, los efectos de las sentencias que se emitan en el mismo, pueden conllevar la nulidad lisa y llana del acto reclamado, o incluso, una direc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31923-91dbf939/impuesto-predial-efectos-de-la-concesion-del-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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