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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO, INCISOS A) Y B), DEL ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA SU PAGO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DEL DERECHO A LA IGUALDAD. IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO, INCISOS A) Y B), DEL ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA SU PAGO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD. IMPUESTO PREDIAL. LA DISTINCIÓN ENTRE LOS BENEFICIARIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, INCISOS A) Y B), DEL ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA SU PAGO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, NO IMPLICA UNA DIFERENCIA DE TRATO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 388/2023. · Registro digital (IUS): 32900
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-12-06
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, SEXTO, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO, VIGÉSIMO SEGUNDO Y VIGÉSIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER C
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Diciembre de 2024, Tomo I, Volumen 1, Pág.531.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 388/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, SEXTO, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO, VIGÉSIMO SEGUNDO Y VIGÉSIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE OCTUBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE FLORES DE QUEVEDO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de octubre del dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre diversas decisiones sostenidas por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si las instituciones jurídicas contenidas en el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, deben analizarse conforme al principio de equidad tributaria, o bien, a la luz del derecho a la igualdad y, a partir de lo anterior, resolver lo conducente acerca de su constitucionalidad.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Por oficio recibido el doce de abril del dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común del extinto Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la Jefa de Gobierno de dicha entidad, autoridad responsable en el amparo en revisión 156/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto, Sexto y Vigésimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 156/2020, 141/2020, 169/2020, 159/2020 y 195/2020, de sus respectivos índices, contra los sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Séptimo, Noveno, Décimo y Vigésimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los diversos amparos en revisión 136/2020, 162/2020, 150/2020, 156/2020 y 247/2020.

2. Recepción de la denuncia. Por acuerdo de quince de abril del dos mil veintiuno, el Presidente del extinto Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la solicitud y la registró con el número de expediente PC01.I.A.11/2021.C.

3. Reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo del dos mil veintiuno, se reformó el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal para, entre otras cosas, crear los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito.

4. Acta de entrega. Con motivo de la conclusión de labores de los Plenos de Circuito, el Presidente del extinto Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito hizo entrega de los asuntos en trámite a su cargo, entre éstos la presente contradicción, a la Magistrada Presidenta del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México.

5. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de uno de febrero del dos mil veintitrés, la referida contradicción de criterios quedó registrada con el número de expediente 8/2023 y se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si sus criterios se encontraban vigentes o, en su caso, las razones para tenerlos por superados o abandonados.

6. Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción. Mediante escrito presentado en línea el veintiocho de junio del dos mil veintitrés, la Jefa de Gobierno de esta ciudad solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción para conocer y resolver la contradicción de criterios referida.

7. Trámite de la solicitud. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción quedó registrada con el número de expediente 427/2023 y en sesión privada de veintitrés de agosto del dos mil veintitrés, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa hizo suya la petición.

8. Ejercicio de la facultad de atracción. Mediante resolución dictada el veinticinco de octubre siguiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de tres votos ejercer su facultad de atracción para conocer de la presente contradicción.

9. Admisión. Por acuerdo de seis de diciembre del dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el asunto y lo registró con el número 388/2023, solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes remitir la versión digitalizada de las ejecutorias materia de la denuncia, así como el informe sobre si el criterio sustentado se encuentra vigente y se turnó el asunto para su estudio al Ministro Javier Laynez Potisek, ordenando el envío de los autos a la sala a la que está adscrito a fin de que proveyera respecto de su trámite e integración.

10. Avocamiento. Mediante proveído de diecisiete de enero del dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto y tuvo por recibidos diversos oficios de los órganos contendientes.

11. Por auto de veinticuatro de enero del dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala remitió los autos al Ministro Ponente para los efectos legales a que haya lugar.

I. COMPETENCIA

12. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal;(1) 40 de la Ley de Amparo(2) y 21, fracciones II y IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los diversos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal;(4) 226, fracción III, de la Ley de Amparo(5) y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(6) en conjunto con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(7) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril siguiente, y el artículo 7 del Acuerdo General 67/2022(8) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, toda vez que la contradicción de criterios se da entre tribunales colegiados pertenecientes a la misma región (Región Centro-Norte) respecto de la cual se ejerció la facultad de atracción sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN

13. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme al artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(9) en atención a que fue formulada por la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la entonces Jefa de Gobierno de dicha entidad, autoridad responsable en el amparo en revisión 156/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, personalidad que se advierte de la ejecutoria respectiva.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (RA-156/2020)

14. El aludido órgano colegiado conoció en revisión del juicio de amparo indirecto promovido contra el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esta entidad el veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, así como contra el artículo segundo, del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial (Acuerdo de Carácter General), publicado en el citado medio de difusión el treinta y uno siguiente, con motivo del entero que realizó.

15. En su demanda, la quejosa controvirtió los subsidios otorgados a los propietarios o poseedores de los inmuebles con valor catastral que se ubican en los rangos A a G de la tabla contenida en el referido artículo 130, fracción I, pues su inmueble se ubica en los rangos H a P.

16. En la sentencia, la juez de distrito, por una parte, sobreseyó en el juicio respecto de la expedición del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, por ausencia de conceptos de violación y, por otra, concedió el amparo contra el Acuerdo de Carácter General al considerar que, conforme a la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.) del extinto Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: “PREDIAL. EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER UNA REDUCCIÓN EN EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA”,(10) viola el principio de equidad tributaria pues prevé como beneficio fiscal una inequitativa reducción aplicable sólo a los inmuebles de esta ciudad que se ubican en los rangos A al D de la fracción I del referido artículo 130.

17. Inconforme con esa sentencia, la Jefa de Gobierno de esta Ciudad interpuso recurso de revisión en que alegó que el Acuerdo de Carácter General se rige por el principio de igualdad, y no por el de equidad tributaria, ya que los subsidios que prevé no inciden en la mecánica del tributo y que su única finalidad es apoyar la economía de los capitalinos para disminuir las desigualdades a partir de políticas de austeridad y responsabilidad. El citado colegiado resolvió el recurso en el sentido de revocar la sentencia recurrida y negar el amparo.

18. Para arribar a esa conclusión, dio noticia de la doctrina jurisprudencial emitida por este Alto Tribunal respecto de los estímulos fiscales y su análisis dependiendo de si inciden o no en los elementos esenciales de la contribución, a partir de lo que concluyó que si bien, por regla general, los decretos expedidos por el ejecutivo no son susceptibles de ser analizados a la luz de los principios de justicia tributaria cuando no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias, sí pueden serlo en los casos en que incidan directa o indirectamente en los elementos de los tributos.

19. Enseguida, explicó la mecánica y elementos esenciales del impuesto predial conforme a los artículos 126, 127, 129, 130, fracción I, y 131, del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como el contenido de los artículos primero y segundo del Acuerdo de Carácter General a fin de establecer que las disposiciones reclamadas prevén un esquema de subsidios para el pago del impuesto predial aplicable a los contribuyentes propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se ubique en los rangos A a G de la tabla contenida en la fracción I del aludido artículo 130 y para aquellos que realicen operaciones de compraventa de inmuebles o adquieran nuevas construcciones.

20. Dijo que tratándose de los inmuebles cuyo valor catastral se ubique en los rangos A a D, se aplicará una cuota fija inferior a la establecida en la referida tabla, mientras que a los inmuebles que se ubiquen en los rangos E a G les será aplicable una reducción en el pago del impuesto, es decir, se trata de una disminución de la cantidad que resulte de aplicar el procedimiento de cálculo del tributo, establecido en la ley.

21. A partir de lo anterior, determinó que el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General establece una disminución de la cantidad en las cuotas fijas de los rangos A a D, la cual impacta en la determinación del impuesto a pagar, pues implica que, al resultado alcanzado una vez obtenida la diferencia del límite inferior con el valor catastral y aplicado el porcentaje de alguno de esos rangos, se debe sumar la cuota fija reducida, último elemento que incide directamente en la tarifa del gravamen. De ahí que su análisis debe hacerse a la luz de los principios de justicia tributaria.

22. En contrapartida, dijo el colegiado, los porcentajes de subsidio previstos en el artículo segundo, inciso b), del Acuerdo de Carácter General, aplicables a los inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral se ubica en los rangos E a G de la tabla, no inciden en algún elemento esencial del tributo, pues únicamente se aplican a la cantidad a pagar una vez determinada conforme a la mecánica prevista en la ley; de modo que deben analizarse a la luz del principio de igualdad.

23. En resumen, concluyó el órgano colegiado, el subsidio previsto en el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo reclamado debe ser analizado bajo el principio de equidad tributaria, mientras que la existencia o no de un trato diferenciado respecto del inciso b) debe estudiarse en un contexto más amplio, o sea, a la luz del principio de igualdad.

24. Hecho lo anterior, el órgano jurisdiccional del conocimiento explicó el alcance del principio de equidad tributaria, informó las consideraciones que la Jefa de Gobierno de esta ciudad expuso al emitir el Acuerdo de Carácter General y concluyó que dicho instrumento normativo respeta aquella máxima en relación con el subsidio contenido en su artículo segundo inciso a), porque tiene una finalidad objetiva y razonablemente válida consistente en no afectar la capacidad económica de los contribuyentes poseedores o propietarios de inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se ubique en los rangos A a D de la tabla, precisamente por considerar que pertenecen a los grupos más vulnerables de la ciudad por estar ubicados en las zonas de mayor rezago en servicios, o bien, porque corresponden a los causantes de menores ingresos.

25. Indicó que el trato diferenciado respecto de los contribuyentes cuyos inmuebles fueron excluidos del aludido subsidio está justificado porque cuentan con mayor capacidad contributiva y, por ende, no se encuentran en igualdad de condiciones para efectos tributarios que aquellos cuyos inmuebles se ubican en los rangos A a D.

26. Sostuvo que si bien el principio de equidad tributaria exige que los contribuyentes que se encuentren en igualdad de circunstancias sean tratados de la misma manera, lo cierto es que el trato diferenciado que otorga el Acuerdo de Carácter General está justificado en el valor catastral de inmuebles destinados a uso habitacional o mixto, precisamente porque dicho valor constituye una fuente aislada de riqueza, de suerte que no son iguales las personas que tienen la capacidad económica para adquirir inmuebles de mayor valor catastral que aquellos que apenas pueden comprar inmuebles cuyo valor es considerado de interés social.

27. Aunado a que, dijo, el subsidio controvertido está dirigido a la población de bajos recursos económicos en situación de riesgo, desventaja o vulnerable, en aras de reforzar el derecho a una vivienda digna y decorosa y con el sólo objetivo de apoyar la economía de los capitalinos a fin de disminuir las desigualdades respecto de aquellos cuya capacidad contributiva es mayor.

28. También indicó que el subsidio de mérito sólo afecta la cuota, de modo que los destinatarios continúan aplicando el resto de la mecánica para obtener el impuesto predial a cargo, razón por la que la medida tampoco es excesiva o desproporcional.

29. En virtud de lo anterior, el órgano colegiado concluyó que, contrario a lo resuelto por la juez de distrito, es inaplicable el criterio del mencionado Pleno de Circuito, porque ahí se analizó un subsidio establecido en un acto formal y materialmente legislativo como es el Código Fiscal de la Ciudad de México, mientras que el acuerdo es un acto administrativo de carácter general que otorga subsidios y que respeta el principio de equidad tributaria.

30. Respecto al estímulo previsto en el artículo segundo, inciso b), el tribunal colegiado determinó que también respeta el principio de igualdad porque el tratamiento normativo diferenciado que prevé está plenamente justificado, aunado a que los contribuyentes que tienen la propiedad o posesión de inmuebles de bajo y mayor valor catastral no están en situaciones comparables.

31. Sustentó su decisión en que la finalidad del trato diferenciado es apoyar a la población de bajos recursos económicos en situación de riesgo, desventaja o vulnerable, en aras de reforzar el derecho a una vivienda digna y decorosa y con el objetivo de disminuir las desigualdades económicas que existen entre los habitantes de esta ciudad.

32. Aunado a que, precisó, jurídicamente no se puede asumir que se encuentran en un plano de igualdad las personas que tienen una mayor capacidad económica para adquirir bienes inmuebles cuyo valor catastral supera los dos millones trescientos mil pesos, hasta más de veintiocho millones, respecto de aquellos que apenas tienen las condiciones monetarias para adquirir viviendas de interés social en las zonas de mayor marginación en esta ciudad. Amén que debe imperar la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa atendiendo a la capacidad contributiva de cada sujeto.

33. Por lo anterior, el tribunal colegiado de circuito revocó la sentencia recurrida y se ocupó del análisis y solución de los conceptos de violación pendientes de estudio.

34. Así, desestimó el argumento de la entonces quejosa tendente a evidenciar que se debía suplir la deficiencia de la queja y aplicar el criterio del Pleno de Circuito antes identificado. Lo anterior, porque, como había resuelto, a su juicio tal jurisprudencia es inaplicable.

35. Finalmente, en cuanto al hecho de que el Acuerdo de Carácter General reclamado viola el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa conforme al artículo 4 constitucional, estableció que ello no es así porque la quejosa confunde dicha prerrogativa con la existencia de un estímulo fiscal que no lo trastoca.

36. Indicó que si bien es obligación del Estado garantizar que todo individuo tenga una vivienda digna, tal derecho no se ve afectado con el Acuerdo de Carácter General que sólo establece un estímulo fiscal en el pago del impuesto predial, pero de ninguna manera afecta la posibilidad de acceder, adquirir o disfrutar de una vivienda, pues no impone algún gravamen que deba soportar un particular, sino un beneficio.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (RA-136/2020)

37. En su sentencia, el citado órgano jurisdiccional concedió el amparo contra el artículo segundo del Acuerdo de Carácter General reclamado al considerar aplicable por analogía la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, antes identificada. De esa manera, calificó de fundados los argumentos de la quejosa vinculados con la violación al principio de equidad tributaria y, en consecuencia, concedió la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se aplique a la quejosa el rango más cercano al que le corresponde (rango N), es decir, el beneficio concerniente al rango G y, por ende, se le descuente el veinticinco por ciento del tributo y, en su caso, le sea devuelta la cantidad enterada en exceso, debidamente actualizada, ello con fundamento en la jurisprudencia PC.I.A. J/140 A (10a.) del propio Pleno de Circuito, de rubro: “IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.(11)

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (RA-141/2020)

38. El aludido órgano jurisdiccional conoció en revisión de la sentencia que concedió el amparo contra el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de Carácter General, por considerarlo violatorio del principio de equidad tributaria. 39. En su sentencia, el colegiado desestimó el agravio de la autoridad recurrente consistente en que los subsidios controvertidos están contenidos en un acto administrativo y no en una ley de carácter formal y material. Al respecto, el tribunal estableció que es factible analizar la regularidad constitucional de un estímulo fiscal pudiendo o no sujetarse a los principios de justicia tributaria, esto dependiendo de su incidencia o no en los elementos esenciales del tributo, pero, precisó, esa determinación de fondo no es oponible a la procedencia del amparo, máxime que, conforme a lo resuelto por este Alto Tribunal en materia de subsidios, son analizables en el juicio de amparo porque aun cuando tienen por finalidad otorgar un beneficio a sus destinatarios, lo cierto es que crean una situación jurídica concreta para aquellos terceros que puedan verse afectados por las determinaciones que modifiquen o revoquen tales beneficios.

40. En otro aspecto, el tribunal colegiado de circuito dio la razón a la autoridad recurrente en cuanto a que debía negarse el amparo contra el Acuerdo de Carácter General reclamado. Para ello explicó la naturaleza jurídica de los subsidios, dio noticia del contenido del Acuerdo de Carácter General a fin de establecer que al tratarse de subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que no inciden en los elementos esenciales del impuesto predial, no pueden ser analizados a la luz del principio de equidad tributaria, pues, insistió, son beneficios económicos otorgados por el legislador a cuenta del Estado, de manera que es una facultad discrecional otorgarlo o no, e incluso, desaparecerlos, sin que ello implique el derecho de los contribuyentes para exigirlo.

41. Precisó que tales beneficios no inciden en los elementos esenciales del tributo, porque su mecánica no se modifica por el hecho de otorgarlos, pues al estar a cargo de los recursos del Estado, es evidente que no pueden someterse a escrutinio fiscal.

42. A partir de lo anterior, concluyó que en el caso es inaplicable la jurisprudencia del extinto Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito antes identificada, porque en el caso del artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal la reducción incidía en los elementos esenciales de la contribución, lo que no ocurre con los subsidios contenidos en el Acuerdo de Carácter General.

43. Finalmente precisó que si bien la quejosa indicó en su demanda que el Acuerdo de Carácter General viola el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 1 constitucional, lo cierto es que su verdadera pretensión fue evidenciar la violación al principio de equidad tributaria que, como resolvió, es inaplicable.

44. En consecuencia, el aludido tribunal colegiado de circuito revocó la sentencia entonces recurrida y negó el amparo, al considerar que los principios de justicia tributaria eran inaplicables al Acuerdo de Carácter General controvertido y, por ende, también inaplicable la jurisprudencia del extinto Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (RA-169/2020)

45. Es innecesario sintetizar el criterio del citado órgano jurisdiccional porque lo abandonó, según se advierte del oficio 2519/2023, por medio del que el actuario adscrito a dicho órgano informó al Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro – Norte, con residencia en la Ciudad de México que el criterio sostenido en el recurso de revisión 169/2020 dejó de tener vigencia en virtud de la emisión del criterio opuesto contenido en el diverso amparo en revisión 529/2022, ambos de su índice.

46. En virtud de lo anterior, como se anticipó, es innecesario sintetizar el criterio aquí denunciado, al no encontrarse vigente.

Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (RA-159/2020)

47. Dicho colegiado conoció del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto promovido contra el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General reclamado y que concedió el amparo a la quejosa al considerar que viola el derecho a la igualdad en correlación con el principio de equidad tributaria.

48. Al respecto, el tribunal colegiado de circuito revocó la sentencia entonces recurrida por contener diversas inconsistencias, pues lo que la quejosa realmente controvirtió fue el subsidio contenido en el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General reclamado, precisamente porque a su inmueble le es aplicable el subsidio contenido en el inciso b), es decir, el establecido en razón de porcentaje y no, como se indicó en la sentencia entonces recurrida, ambos subsidios por estar excluidos de ellos, amén que el inmueble de mérito no se encuentra en el rango H de la tabla contenida en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, sino en el rango E.

49. En virtud de lo anterior, procedió al análisis de los conceptos de violación de la demanda, en específico el relativo a la violación al principio de equidad tributaria en relación con el derecho de igualdad porque, estando en un sistema de aminoración, como es el subsidio de porcentaje, el Acuerdo de Carácter General reclamado otorga un trato diferenciado injustificado a aquellos contribuyentes cuyos inmuebles se ubican en los rangos A a D de la mencionada tabla.

50. Al respecto, el colegiado dio noticia de la mecánica del impuesto predial, así como de los motivos que llevaron a la Jefa de Gobierno de esta ciudad a emitir el Acuerdo de Carácter General controvertido, en esencia, apoyar en el pago del citado tributo a los contribuyentes con inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre en los rangos A a G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del referido Código Fiscal.

51. Posteriormente, aplicó la mecánica del impuesto al caso concreto a fin de evidenciar que en caso de estimar inconstitucional el acuerdo reclamado, ocasionaría un mayor sistema de aminoración respecto del inmueble de la quejosa.

52. No obstante, dijo, para plantear el trato desigual acusado, la quejosa tendría que encontrarse en una situación cuando menos comparable a la de otro sujeto, de modo que pudiera estimarse que ante iguales circunstancias, la norma analizada les otorga consecuencias jurídicas diversas, situación que, indicó, no ocurre en la especie.

53. Sustentó su afirmación en que el inmueble que generó el pago del impuesto predial subsidiado mediante descuento no está en igualdad de circunstancias que los destinatarios del artículo segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General, pues su valor catastral es por demás superior, lo que denota, dijo, no son comparables.

54. Además, porque la quejosa no se vio excluida del beneficio fiscal otorgado a través del Acuerdo de Carácter General controvertido, puesto que su propiedad se ubica en el rango E de la indicada tabla, de manera que le corresponde el subsidio del cincuenta por ciento del pago del tributo. De ahí que, dijo el colegiado, no puede atribuir al acuerdo un trato desigual.

55. Agregó que la cuota establecida en los incisos a) de los artículos primero y segundo del Acuerdo de Carácter General no se trata de una cuota fija a pagar como monto del impuesto, sino que sustituye a la establecida en el artículo 130 del código fiscal aplicable, razón por la que no es inequitativa ni arbitraria, en comparación con el porcentaje del subsidio establecido en el inciso b) de tales preceptos, pues cada uno de los tipos de subsidio deriva del valor catastral del inmueble y es aplicable a cada uno de los grupos mencionados, sin que excluya a alguno de ellos, máxime que el inmueble defendido por la quejosa sí tiene un beneficio al ubicarse en el rango E de la mencionada tabla.

56. Finalmente, el órgano colegiado precisó que el análisis que efectuó versó únicamente sobre la supuesta violación al principio de equidad tributaria entre los artículos primero, incisos a) y b) y segundo incisos a) y b) del Acuerdo de Carácter General, sin que al efecto emitiera algún razonamiento en cuanto a que el propio acuerdo excluye a diversos rangos del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (RA-162/2020)

57. En su sentencia, el tribunal colegiado de circuito confirmó la diversa entonces recurrida y, por ende, concedió el amparo contra el artículo segundo del Acuerdo de Carácter General, al considerar infundados los agravios de la autoridad recurrente.

58. Desestimó el agravio de la autoridad consistente en que el juez no se percató de que no existe pronunciamiento de este Alto Tribunal respecto de la constitucionalidad del aludido acuerdo y que es inaplicable la jurisprudencia del extinto Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito con base en la que concedió el amparo. Lo anterior, porque la inexistencia de pronunciamiento por parte de este Máximo Tribunal no impide al juez resolver lo que en derecho corresponda, al contrario, se encuentra obligado a hacerlo.

59. Igualmente, desestimó el agravio tendente a evidenciar que el acuerdo reclamado debió analizarse como acto administrativo y no como legislativo. Al respecto indicó que el aludido acuerdo lo emitió la Jefa de Gobierno de esta ciudad con vigencia del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte y que se trata de un instrumento de observancia general y si bien contienen subsidios que, conforme a la doctrina jurisprudencial de nuestro país, se emiten en ejercicio de una atribución constitucional de la autoridad legislativa y, excepcionalmente, de la ejecutiva, ello no impide que puedan combatirse a través del juicio de amparo, máxime que en el caso el acto reclamado, en específico, el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32900-8c479a9f/impuesto-predial-el-articulo-segundo-incisos-a-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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