IMPUESTO PREDIAL. ANÁLISIS DEL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, INCISOS A) Y B), DEL ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA SU PAGO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 20 DE ENERO DE 2021.
AMPARO EN REVISIÓN 681/2023. 8 DE ABRIL DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FROYLÁN BORGES ARANDA. SECRETARIA: MARÍA ERNESTINA DELGADILLO VILLEGAS.
Ciudad de México. Resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria de ocho de abril de dos mil veinticinco.
V I S T O S los autos, para resolver el recurso de revisión 681/2023, derivado del juicio de amparo indirecto 228/2023 del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el que se dictó la sentencia recurrida; y
RESULTANDO
PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo indirecto.
1. Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ***** ***** ********, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes:
“IV. AUTORIDADES RESPONSABLE.
Señalo como autoridades responsables en su doble carácter, con domicilio en sus respectivos recintos oficiales:
1) El H. Congreso de la Ciudad de México;
2) La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.
V. ACTOS RECLAMADOS
1) DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se reclama:
i. La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, concretamente el artículo 130 fracciones I y Il numeral 1 del Código Fiscal de la Ciudad de México; así como el “Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2019”, específicamente el artículo 1° numeral 1.2.1 Predial; publicados el 31 de diciembre de 2018, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; por los que se establece la obligación de enterar el impuesto predial para el EJERCICIO FISCAL DE 2019.
ii. DE LA C. JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se reclama:
i. La expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, concretamente el artículo 130 fracciones I y Il numeral 1 del Código Fiscal de la Ciudad de México; así como el “Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2019”, específicamente el artículo 1° numeral 1.2.1 Predial; publicados el 31 de diciembre de 2018, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; por los que se establece la obligación de enterar el impuesto predial para el EJERCICIO FISCAL DE 2019.
ii. La emisión y/o expedición del ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; CONCRETAMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, INCISO A), publicado el 31 de diciembre de 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en vigor del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020; por el que se establece subsidios fiscales para el pago del Impuesto Predial correspondiente al EJERCICIO FISCAL 2020, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de acuerdo con las cuotas ahí establecidas.
iii. La emisión y/o expedición del ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, publicado el 20 DE ENERO DE 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en vigor del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021; CONCRETAMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, INCISO A), por el que se establece subsidios fiscales para el pago del Impuesto Predial correspondiente al EJERCICIO FISCAL 2021, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de acuerdo con las cuotas ahí establecidas.
iv. La emisión y/o expedición del ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, publicado el 18 DE ENERO DE 2022, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en vigor del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022; CONCRETAMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, INCISO A), por el que se establece subsidios fiscales para el pago del Impuesto Predial correspondiente al EJERCICIO FISCAL 2022, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de acuerdo con las cuotas ahí establecidas.”(1)
2. En el propio escrito el promovente consideró vulnerados los derechos fundamentales tutelados en los artículos 1 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Sustanciación del juicio de amparo.
3. De la demanda correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuya titular por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés ordenó su registro como juicio de amparo indirecto 99/2023 y la admitió a trámite, entre otras determinaciones.(2)
4. Sustanciado el juicio en sus etapas procesales, el veinte de abril de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional y el veinticinco del mismo mes y año, se autorizó la sentencia en la que la juez de distrito, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró carecer de competencia legal para resolver el asunto y ordenó remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que se le diera el turno correspondiente.(3)
5. Del juicio de amparo correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito del citado centro auxiliar y región, en donde por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés su titular se avocó a su conocimiento, lo registró como expediente 228/2023, convalidó la validez de todo lo actuado y ordenó turnar el asunto para el dictado de la sentencia respectiva, entre otras providencias.(4)
6. Posteriormente, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se autorizó la sentencia(5) sujeta a revisión, conforme a los resolutivos siguientes:
“PRIMERO. Se sobresee en el juicio en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia.
SEGUNDO. La justicia Federal ampara y protege a ***** ***** ********, por los actos, motivos y para los efectos precisados en los considerandos penúltimo y último de esta sentencia.”
TERCERO. Trámite de los recursos de revisión.
7. Inconformes con tal determinación, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México,(6) y el quejoso, a través de su autorizado en términos amplios de conformidad con el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo,(7) **** ****** *******, interpusieron recursos de revisión, respectivamente, de los cuales tocó conocer a este tribunal, en donde por auto de presidencia de siete de julio de dos mil veintitrés se registraron como amparo en revisión 681/2023 y se admitieron a trámite, entre otras determinaciones.(8)
CUARTO. Turno, nuevas integraciones y returno.
8. En acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro se turnaron los autos a la ponencia del magistrado Jacob Troncoso Ávila para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(9)
9. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veinticuatro, se tuvieron por formuladas las manifestaciones en vía de alegatos expresadas por el quejoso, las cuales, se dijo, se tomarían en cuenta en el momento procesal oportuno.(10)
10. Por diverso proveído de dieciséis de diciembre del mismo año se comunicó a las partes que en términos de los oficios SEADS/3563/2024 y SEADS/3597/2024, a partir de esa fecha este tribunal colegiado quedó integrado por los magistrados Jacob Troncoso Ávila, Oliver Chaim Camacho y Eduardo Hernández Sánchez;(11) y en acuerdo de diez de febrero de dos mil veinticinco se comunicó a las partes que en términos del oficio SEADS/267/2025 a partir del uno de febrero en cita, este tribunal colegiado se integra por los magistrados Oliver Chaim Camacho, Eduardo Hernández Sánchez y Froylán Borges Aranda, asimismo, se ordenó returnar el presente toca al magistrado citado en tercer lugar para la formulación del proyecto de resolución correspondiente;(12) y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia del tribunal auxiliar.
11. Este tribunal colegiado de circuito es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 83, párrafo segundo, y 84 de la Ley de Amparo;(13) 35, fracción II, y décimo noveno transitorio(14) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; en relación con los Acuerdos Generales 1/2023, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 13/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de recursos de revisión interpuestos contra una sentencia, en cuya demanda de amparo se reclamaron algunas de las normas precisadas en el último de los acuerdos generales citados.
SEGUNDO. Distribución de copias para la resolución del asunto.
12. Se entrega a los magistrados integrantes de este tribunal colegiado, para la resolución del asunto, copia de los pliegos de agravios y de la sentencia recurrida, de la cual se agrega copia certificada al presente toca.
TERCERO. Legitimación de la parte quejosa.
13. Este tribunal considera que la parte quejosa se encuentra legitimada para interponer el recurso de revisión principal, no obstante que en la sentencia reclamada se declaró la inconstitucionalidad tanto del artículo 130, fracción II, del Código Fiscal de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2019, como respecto de los Acuerdos de carácter general por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022 y su acto de aplicación, concediéndose el amparo por tales actos reclamados; ello es así, porque la pretensión de la parte quejosa es obtener un mayor beneficio, es decir, que los efectos del amparo concedido sean mayores.
14. De ahí que, si a través de este medio de defensa la quejosa pretende obtener un mayor beneficio al alcanzado, entonces es inconcuso que no se satisfizo plenamente su pretensión de obtener la mayor protección constitucional; lo que, evidentemente, la legitima para interponer el recurso en cuestión.
CUARTO. Oportunidad de los recursos de revisión.
15. El medio de impugnación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se interpuso dentro de los diez días hábiles que para tal efecto señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, conforme se puede constatar con la información siguiente:
Ver información
16. Asimismo, el recurso de revisión de la parte quejosa se presentó oportunamente, como se advierte del siguiente cuadro:
Ver cuadro
QUINTO. Cuestiones excluidas de la revisión.
17. No es materia de la revisión el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero de la sentencia recurrida regido por el considerando cuarto de ésta, respecto de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, particularmente su artículo 1, numeral 1.2.1 (ante la actualización del motivo de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la VIII del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo), así como tampoco lo es la determinación de no tener como acto reclamado la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, tomada en la parte final del considerando segundo de dicha sentencia; pues si bien la parte quejosa ejerció su derecho de defensa mediante la interposición del presente recurso de revisión, lo cierto es que no expresó agravios contra las consideraciones que sustentan tales determinaciones.
18. De igual forma, no es materia de la revisión la concesión del amparo a la parte quejosa por lo que hace al artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para el ejercicio fiscal 2019, así como sus efectos, decretada en el punto resolutivo segundo de la sentencia recurrida, regida por el considerando sexto; ya que aun cuando la autoridad responsable Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ejerció su derecho de defensa a través del presente medio de impugnación, lo cierto es que no expresó agravios contra las consideraciones que sustentan tal determinación.
SEXTO. Examen de los pliegos de agravios.
19. Por cuestión de método, los agravios de la parte quejosa y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se analizarán en un orden distinto al propuesto y, en su caso, 0+de forma conjunta cuando combatan temas relacionados, extrayendo los planteamientos centrales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, en términos de lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo.
• Argumento enderezado a demostrar que el juez violó derechos fundamentales
20. En el parte del agravio primero el quejoso disconforme aduce que en la sentencia recurrida se violó, en su perjuicio, el principio de legalidad.
21. Tal argumento resulta inoperante, dado que en él subyace como motivo de queja la violación de derechos fundamentales por parte del juez de distrito, siendo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los jueces de distrito al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control de constitucionalidad y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley, por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos fundamentales de los gobernados.
22. Asimismo, explicó que aun cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control de constitucionalidad autónomo a través del cual pueda analizarse la violación a esos derechos, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el juez de distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos.
23. En ese sentido, precisó el máximo tribunal de la nación que, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el juez de distrito violó derechos fundamentales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el A quo desempeña, ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control de constitucionalidad sobre otro control de idéntica naturaleza.
24. Los razonamientos expuestos, se encuentran plasmados en la jurisprudencia P./J. 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 199492, cuyos rubro y texto dicen:
“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el A quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.”
25. Cabe destacar que con motivo de la reforma al artículo 1 de la Constitución Federal, de diez de junio de dos mil once, dicho criterio fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2012, resuelta en sesión de doce de noviembre de dos mil trece, en la que el Pleno de ese alto tribunal sostuvo que, la existencia de un nuevo sistema constitucional y legal en materia de derechos humanos, no justificaba su sustitución, pues la inoperancia de la alegación relativa a que la juez de Distrito viola ciertos artículos constitucionales, no conlleva la inoperancia de los argumentos de fondo, los cuales tendrán que ser resueltos conforme a la legislación aplicable.
26. Y añadió: “Por otra parte, si bien es cierto que actualmente tenemos un catálogo amplísimo de derechos humanos, ya que a los reconocidos en la Constitución Federal se sumaron los reconocidos en los tratados internaciones en esta materia ratificados por el Estado Mexicano, esto es, de fuente nacional e internacional; ello no es motivo para que el criterio en cuestión se sustituya, pues como se ha repetido a lo largo de esta sentencia, lo que resulta inoperante es la manifestación de la violación de derechos humanos por parte del Juez de Distrito, no las demás manifestaciones relacionadas con la indebida aplicación o inaplicación de estos derechos, las cuales tendrán que ser estudiadas a la luz del marco constitucional actual, lo cual obedece a un principio de orden que en todo sistema jurídico debe ser existente.” 27. Lo expuesto no es impedimento para que este tribunal revisor, acorde con los agravios hechos valer por la recurrente, examine la sentencia recurrida, pero no desde la perspectiva de vulneración de derechos humanos por parte de la juzgadora federal, sino como omisiones o infracciones a la ley, en su caso, al dictarse la sentencia recurrida.
II. Argumentos que controvierten el análisis de constitucionalidad del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte.
28. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante copiosos argumentos, aduce que fue incorrecto que se concediera el amparo y protección federal contra los Acuerdos de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial para los ejercicios fiscales reclamados, esencialmente, por las razones siguientes:
- Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los principios de justicia tributaria no rigen los beneficios fiscales cuando éstos no inciden en aspectos sustantivos de la obligación tributaria o en su integración por lo que, en el caso, si los acuerdos reclamados establecen un beneficio a manera de subsidio que no incide de manera alguna en los elementos esenciales del impuesto predial ni afecta al mecanismo esencial del tributo porque se aplica una vez determinada la contribución, entonces los principios de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal no le son aplicables.
- En consecuencia, al tratarse de un apoyo económico que opera desde afuera de la mecánica del impuesto, su análisis debe realizarse bajo el principio de igualdad y no el de equidad tributaria.
- Los acuerdos reclamados no violan el citado principio de igualdad, porque tienen un fin constitucionalmente legítimo consistente en otorgar un beneficio fiscal orientado al logro de una política social, en razón de que se emitieron con la única finalidad de apoyar la economía de los capitalinos y disminuir las desigualdades, bajo políticas de austeridad y responsabilidad, particularmente para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, sin que se afecte de forma excesiva su capacidad económica.
- Además, el programa general de subsidios al impuesto predial previsto en los acuerdos impugnados trata a los contribuyentes de los rangos A al G de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, de forma distinta a los que se ubican en los rangos H al P, debido a que los inmuebles de los primeros no se encuentran en las mismas circunstancias que los inmuebles de los últimos, puesto que los inmuebles de los primeros solamente cuentan con la infraestructura básica y/o mínima para quien los habita, mientras que los inmuebles de los segundos cuentan con una infraestructura que supera la básica, ya sea en cuanto a las instalaciones, espacios y/o servicios; de ahí que el tratamiento diferenciado se justifique por sí.
29. Los argumentos sintetizados resultan sustancialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida.
30. De acuerdo con los agravios formulados por la autoridad recurrente, se advierte que la controversia se centra en dilucidar si los acuerdos reclamados inciden en la mecánica del impuesto predial o en sus elementos esenciales y, con base en ello, si le son aplicables los principios de justicia tributaria, para después determinar si existe violación al principio de equidad tributaria o, en su caso, al derecho a la igualdad.
31. Los anteriores cuestionamientos han sido abordados en los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 108/2024 (11a.) y 2a./J. 109/2024 (11a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el seis de diciembre de dos mil veinticuatro, con registros digitales 2029672 y 2029673, respectivamente, que disponen:
“IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO, INCISOS A) Y B), DEL ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA SU PAGO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DEL DERECHO A LA IGUALDAD.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si los subsidios fiscales establecidos en dicho artículo deben estudiarse a la luz de los principios de justicia tributaria o del derecho a la igualdad.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en la Ciudad de México, debe analizarse a la luz del derecho a la igualdad.
Justificación: Los estímulos fiscales típicos tienen relevancia impositiva cuando inciden en alguno de los elementos esenciales del tributo o en la mecánica de causación, y los atípicos no la tienen por no tener esa injerencia, de modo que son analizables a la luz de los demás derechos y prerrogativas reconocidos constitucionalmente. Los subsidios fiscales establecidos en el artículo referido no tienen relevancia impositiva, porque ambos son aplicables una vez calculado el tributo. Tratándose del beneficio de cuota con subsidio para 2020, una vez calculado el impuesto a cargo, las personas contribuyentes beneficiadas deben pagar la cuota con subsidio, siendo subsidiada la diferencia que resulte del impuesto a cargo menos la cuota con subsidio realmente pagada, y para los años subsecuentes, deben calcular el impuesto predial conforme a la mecánica establecida en la ley y a la cifra obtenida deben restarle la cuota con subsidio, lo que da como resultado el tributo a pagar. El porcentaje de subsidio se aplica también una vez calculada la cantidad a pagar, la cual se disminuye con el porcentaje aplicable. Como ambos subsidios no tienen relevancia impositiva, son analizables a la luz del derecho a la igualdad y no bajo los principios de justicia tributaria”.
“IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO, INCISOS A) Y B), DEL ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA SU PAGO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si los subsidios fiscales establecidos en dicho artículo violan el derecho a la igualdad.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en la Ciudad de México, no viola el derecho a la igualdad.
Justificación: El derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 1 de la Constitución Federal, prohíbe que sujetos comparables sean tratados de manera diferente sin justificación. Los sujetos que se pretende comparar son los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral está entre los rangos A a G de la tabla contenida en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México y los que están fuera de esos rangos, pues ambos son contribuyentes del impuesto predial respecto de inmuebles de uso habitacional o mixto en esa ciudad. Entre ambos grupos existe una diferencia de trato, pues los primeros son beneficiarios de subsidios fiscales y los segundos son excluidos. Tal diferencia está justificada, porque se busca disminuir las desigualdades sociales a fin de que las personas contribuyentes propietarias o poseedoras de inmuebles de los rangos beneficiados y que justamente son los de menor valor catastral, cumplan sus obligaciones fiscales y vean satisfecho y garantizado en mayor medida su derecho a la vivienda. A través de la medida se puede cumplir la finalidad que se pretende, pues coadyuva a que los beneficiarios cumplan sus obligaciones tributarias. No se advierte que esos estímulos afecten los derechos del grupo de contribuyentes excluidos, pues la regla es la contribución al gasto público y la excepción la aminoración contributiva, de modo que el hecho de que a ciertos contribuyentes se les disminuya esa carga no implica que a los otros se les afecte o aumente la que ya tenían”.
(Énfasis añadido)
32. De acuerdo con el criterio contenido en la primera jurisprudencia transcrita, los subsidios fiscales concedidos a través del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para su pago, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, que tuvo vigencia en el ejercicio fiscal dos mil veinte, no tienen relevancia impositiva porque tanto los previstos en el inciso a) como los del inciso b), ambos del artículo segundo, son aplicables una vez calculado el tributo.
33. Asimismo, se explica que tratándose del beneficio de cuota con subsidio (inciso a) para dos mil veinte, una vez calculado el impuesto a cargo, las personas contribuyentes beneficiadas deben pagar la cuota con subsidio, siendo subsidiada la diferencia que resulte del impuesto a cargo menos la cuota con subsidio realmente pagada, y para los años subsecuentes, deben calcular el impuesto predial conforme a la mecánica establecida en la ley y a la cifra obtenida deben restarle la cuota con subsidio, lo que da como resultado el tributo a pagar; mientras que el porcentaje de subsidio (inciso b) se aplica también una vez calculada la cantidad a pagar, la cual se disminuye con el porcentaje aplicable.
34. Con base en esas consideraciones, la Segunda Sala concluyó que como ambos subsidios no tienen relevancia impositiva son analizables a la luz del derecho a la igualdad y no bajo los principios de justicia tributaria.
35. En el segundo criterio inserto, la Segunda Sala del Alto Tribunal del país determinó que el referido acuerdo vigente para el ejercicio fiscal dos mil veint
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33578-6ad86b60/impuesto-predial-analisis-del-beneficio-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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