LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. NO POSEEN UN CONTENIDO MERAMENTE INFORMATIVO, SINO QUE PUEDEN REGULAR ASPECTOS NORMATIVOS TRIBUTARIOS.
AMPARO EN REVISIÓN 543/2014. 25 DE FEBRERO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
III. Competencia
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la abrogada Ley de Amparo,(7) en relación con el tercero transitorio de la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37, parte final, y 86, primer párrafo, ambos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigente; y conforme a lo previsto en el punto tercero, por no darse los supuestos a que se alude en los puntos segundo, fracción III, y cuarto, fracción I, todos del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en un juicio de amparo en materia administrativa, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 21, fracción I, numeral 6, inciso a), de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece.
14. Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.
15. Además, se estima pertinente aclarar que, aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento dispone que -al igual que los amparos directos en revisión- los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de manera que, si el recurso que nos ocupa se turnó a un Ministro adscrito a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo resuelva el Pleno, entonces, en términos de lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, esta Sala debe avocarse al mismo.
IV. Oportunidad
16. Es innecesario analizar la oportunidad con la que fue interpuesto el recurso de revisión por la quejosa, habida cuenta de que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que fue presentado en los términos legalmente establecidos.(8)
V. Legitimación
17. El C. **********, en su calidad de administrador único de la quejosa, está legitimado para interponer el presente recurso, en virtud de las siguientes consideraciones:
1) El C. **********, en su carácter de administrador único de ********** fue autorizado por ésta, para promover el juicio de amparo, tal y como se desprende de la primera foja de su escrito de demanda presentado el 13 de febrero de dos mil trece,(9) que al efecto se transcribe:
"C. **********, mexicano, mayor de edad, en mi calidad de administrador único de la persona moral **********, personalidad que acredito en términos del artículo 8o. de la Ley de Amparo, con el instrumento notarial que anexo al presente."
2) Mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil trece,(10) el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito tuvo por reconocida la personalidad a dicho autorizado, admitiendo la demanda de amparo en los siguientes términos:
"Agréguese a los autos el escrito signado por **********, en su carácter de administrador único de la empresa quejosa **********, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de quince de febrero del año en curso (fojas 75 a 77), aclara los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, y exhibe una copia más del escrito de demanda ... se admite la instancia constitucional planteada con la ampliación solicitada."
18. Considerando lo anterior, esta Primera Sala estima que el C. **********, se encuentra legitimado para interponer el presente recurso en representación de **********.
19. Adicionalmente, existe legitimación en el presente recurso, en virtud de que se combate la sentencia de amparo indirecto (197/2013).
VI. Procedencia de recurso
20. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hace pronunciamiento al respecto, toda vez que tanto el Juzgado de Distrito como el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento se ocuparon de este tema, determinando que resultaban infundados los argumentos expresados por las autoridades responsables en los que sostenían que se actualizaban causas de improcedencia en el juicio, por lo que se procede al estudio de fondo.
VII. Elementos necesarios para resolver
21. A fin de resolver el presente recurso de revisión, conviene resumir los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en el amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida, los argumentos del recurso de revisión, así como lo resuelto por el Tribunal Colegiado:
22. Demanda de amparo. El quejoso en el amparo indirecto 197/2013, argumentó la inconstitucionalidad del artículo 21, fracción I, numeral 6, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, con los siguientes conceptos de violación:
Primero. Que se violan en perjuicio de su representada los artículos 1o., 14, 16, 70, 71, 72, 126, 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, no fue producto de una debido proceso legislativo, al fundamentarse su procedimiento en una ley inexistente, como lo es la ley del Congreso, vulnerando de esta forma sus derechos fundamentales.
Que no existe ordenamiento jurídico al cual se pueda remitir el gobernado para tener certeza de que el ejercicio de iniciar leyes o decretos ha sido ejercida correctamente y dentro del marco jurídico existente y que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no existe, dentro del cuerpo normativo, una ley denominada ley del Congreso a la cual hacen referencia expresa los artículos 71 y 72 constitucionales.
Lo anterior, le deja en clara violación expresa al proceso legislativo establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, la inconstitucionalidad de todas y cada una de las leyes cuyo nacimiento, discusión y aprobación se fundamente en una ley inexistente como lo es la ley del Congreso.
Que la iniciativa que se presentó corresponde a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999, no a la ley del Congreso que constituye a la que directamente hace alusión el Texto Constitucional, lo que deriva en una abierta inconstitucionalidad que vulnera los derechos de seguridad jurídica de los gobernados, al violar tajantemente las frases del proceso legislativo, avalando el nacimiento de leyes en el marco de la inconstitucionalidad al no existir una iniciativa que funde y motive la necesidad de la existencia de esa norma.
Segundo. Que se violan en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 31, fracción IV, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 29, en sus fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, en atención a que las cuatro fracciones del citado artículo 29, no fueron observadas y aplicadas en el contenido de las iniciativas en materia fiscal, así como en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión en el proceso legislativo de las leyes en materia fiscal para el ejercicio 2013, específicamente, en lo que atañe a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2013, violando de esta manera los principios de certidumbre o de certeza jurídica, seguridad jurídica, legalidad, comodidad, economía y el de proporcionalidad en su perjuicio.
Que procede que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2013, toda vez que la iniciativa de la misma no observó lo estipulado en las fracciones I, II, III y IV, del artículo 29 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2012, siendo que en dicha disposición normativa se establecen los lineamientos para la elaboración y fijación de posteriores contribuciones, y al no haberlo hecho de esa forma, se desprende que se configura una violación expresa al ordenamiento jurídico aplicable, que da vida a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2013, por lo que solicita el amparo y protección de la Justicia y, asimismo, le sea aplicada la suplencia de la queja deficiente en lo que a sus intereses convenga.
Tercero. Alega una violación directa a la Constitución, ya que del análisis y discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, no se realizó en forma conjunta con el presupuesto de egresos para el mismo año, por lo que hay un menoscabo a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, reserva de facultades, primacía constitucional y proceso de creación de leyes contenidas en los artículos 1o., 14, 16, 71, 72, 74, fracción IV, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que el análisis y discusión de la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos, ambos para el año 2013, se llevó a cabo en momentos diversos, lo que en sí mismo resulta violatorio de las formalidades del proceso legislativo previsto en la Constitución.
Lo anterior, toda vez que cada uno de los dictámenes emitidos por dicha Comisión de Hacienda, se llevaron a cabo en diferente fecha, situación que incumple con el mandato constitucional establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Norma Fundamental.
Que las normas que se reclaman en el presente concepto de violación transgreden el artículo 133 del Pacto Federal, el cual consagra el principio de supremacía constitucional e impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Ley Fundamental, al cual deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que debe decretarse su inconstitucionalidad por vicios de ilegalidad en el procedimiento de creación de dichas leyes, en virtud de que la Cámara de Diputados actuó contrariando la Constitución.
Además, que las normas que se tildan de inconstitucionales, a saber, la Ley de Ingresos de la Federación y presupuesto de egresos, no se discutieron en forma conjunta ni se analizaron previamente a su promulgación, pues la discusión de las mismas se realizó en diversa fecha.
Cuarto. Que la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, es contraria a la Constitución, en atención que la ley reclamada no se le dio a conocer siguiendo el procedimiento que establece la Norma Fundamental, toda vez que la ley en cuestión no cumplió con todos los procedimientos de creación de normas jurídicas, específicamente el de la promulgación, elemento que condiciona el inicio de la vigencia de la norma y le otorga validez y fuerza obligatoria, situación que violenta directamente la Constitución en su perjuicio; de ahí que se decrete la inconstitucionalidad de la norma reclamada.
Que lo que alega puntualmente es que no se dio cumplimiento al procedimiento constitucional de publicación de normas federales, a efecto de que las mismas se den a conocer a los ciudadanos de los Estados que forman parte de la Federación, pues como ya se ha dicho, es obligación del gobernador de cada Estado, publicar en el medio de difusión oficial local, la norma federal. De ahí que el desacato al mandato constitucional que se denuncia, da oportunidad al juicio de amparo a efecto de que a través de este mecanismo jurisdiccional se protejan los derechos fundamentales que la Constitución y tratados internacionales reconocen a favor de toda persona, lo anterior por el menoscabo a los derechos del peticionario que se ocasiona por la aplicación de una ley que no fue publicada en los términos que ordena nuestro Pacto Federal.
Que para acreditar que el gobernador del Estado de Oaxaca no dio cumplimiento al mandato constitucional establecido en el numeral 120 de la citada ley, solicita sea valorada una prueba documental publica que tiene estrecha relación con su concepto de violación, consistente en copia certificada de contestación a una solicitud formulada en el Estado de Oaxaca, a la que solicita se le otorgue pleno valor probatorio. Por lo que se incumple con el mandato constitucional en atención a que no se realiza la publicación de las leyes federales.
Quinto. Que se demanda el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Ley de Ingresos, respecto de lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, numeral 6, toda vez que con la entrada en vigor de ese ordenamiento, se afecta su esfera de derechos fundamentales, al violentar en su contra los principios de legalidad, reserva de ley y seguridad jurídica tutelados por la Constitución en sus artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV.
Sostiene que de lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación, podemos concluir que lo que el legislador hizo fue modificar la tasa del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2013, pues establece una nueva disposición al indicar que la tasa aplicable para este ejercicio fiscal será del 30%, sustituyendo lo que expresamente ya había ordenado el órgano legislativo con antelación respecto de la tasa del impuesto sobre la renta que debería aplicarse por los contribuyentes para 2013.
23. Sentencia de amparo. Las consideraciones por las que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil trece, sobreseyó en el juicio de garantías, fueron las siguientes:
En el considerando tercero, sostuvo que no es cierto el acto reclamado al secretario de Hacienda y Crédito Público, jefe del Servicio de Administración Tributaria, y administrador local de Recaudación de Oaxaca, relativo al primer acto de aplicación del artículo 21, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, consistente en la precepción (sic) y uso de cantidades de numerario pagadas por concepto del impuesto sobre la renta el nueve de febrero de dos mil trece, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado, lo cual, además, quedó corroborado con el contenido del acuse de recibo de la declaración provisional de impuestos federales que la quejosa adjuntó a la demanda en copia certificada, del que se advierte que ella misma liquidó las contribuciones a su cargo y presentó vía Internet declaración normal por el periodo correspondiente a enero del año en curso.
En consecuencia, resolvió sobreseer en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y acto reclamado, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo.
En el considerando quinto, estima que contra los actos atribuidos a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la inconstitucionalidad de los decretos que han reformado diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor desde el uno de enero de dos mil dos, sus refrendos constitucionales y su publicación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el precepto 116, fracción V, ambos de la anterior Ley de Amparo.
Sostiene que, dado que la quejosa no formuló conceptos de violación en la demanda de amparo que pusieran de manifiesto la unidad existente entre los numerales reformados en los decretos en cuestión (cuyos numerales ni siquiera especificó) y los relacionados 1o. y 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 21, fracción I, numeral 6, inciso a), de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece; sólo precisó de manera genérica que se modificó uno de los elementos esenciales del tributo, sin expresar razonamientos jurídicos concretos que pusieran de manifiesto la oposición de las normas tildadas de inconstitucionales con la Ley Fundamental, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 116, fracción V, ambos de la anterior Ley de Amparo, que impone sobreseer en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo aplicable.
24. En el recurso de revisión, el quejoso aduce:
Primero. Que la resolución controvertida en virtud de la cual se niega el amparo, debe ser dejada sin efectos, toda vez que no se analizó en su integridad la demanda de amparo, dejando en estado de indefensión y seguridad a su representada, toda vez que no se analizó la verdadera causa de pedir, violando el principio de exhaustividad, previsto en el artículo 17 constitucional.
Segundo. Que al resolver su primer concepto de violación lo estimó de infundado, al considerar que la ley de Ingresos de la Federación para 2013, se ajustó a los lineamientos establecidos en los artículos 71, 72 y 74 de la Constitución, y que hoy pretende demostrar la inconstitucionalidad de la ley reclamada a partir de la interpretación que realiza al Texto Fundamental, ya que desde su punto de vista no existe la ley del Congreso a que se refieren los preceptos constitucionales mencionados, dado que existe solamente la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuya nomenclatura es diferente, circunstancia que nada abona a sus pretensiones, en tanto que ha sido criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la inconstitucionalidad de una surge de la contradicción de la Constitución, por lo que su planteamiento es infundado, porque no está confrontando la ley contra la Constitución, sino que para acreditar su inconstitucionalidad invoca una ley diversa a la impugnada, a través de la cual, construye sus argumentos.
Que la Ley de Ingresos de la Federación no fue producto de un debido proceso legislativo, al fundamentarse su procedimiento en una ley inexistente, como lo es la ley del Congreso, vulnerando los derechos fundamentales de su representada, ya que no se ajustó a lo establecido en los artículos 71, 72 y 74 de la Constitución Federal.
Tercero. Que el Juez a quo omitió realizar el análisis relativo a los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, en contra de la quejosa, puesto que aun cuando manifestó que dicho acto consiste en un argumento tendiente a evidenciar la afectación en la esfera jurídica de la quejosa y que, por tanto, se analizaría al resolver el fondo del asunto, lo cierto es que en ninguna parte de la resolución controvertida se aprecia que se hubiere afectado tal análisis.
Que si la a quo se limitó a señalar que su estudio se realizaría al estudiar en fondo del asunto, sin que en los hechos así se hubiere realizado queda de manifiesto que no se emitieron razonamientos tendientes a demostrar los motivos por los cuales los argumentos de la quejosa no fueron suficientes para concederle el amparo.
Cuarto. Que no tomo en consideración los motivos expuestos en la demanda inicial de manera congruente y exhaustiva, impidiendo tener la más mínima defensa, cuestión que trascendió al sentido de la resolución impugnada, ya que para declarar infundado el concepto de violación esgrimido por su representada, partió de una litis incorrecta, es decir, no se realizó una correcta fijación de la litis.
Quinto. Que debe dejarse sin efectos la resolución controvertida, toda vez que el razonamiento y los argumentos con base en los cuales sustenta su actuar dejan en estado de indefensión e inseguridad jurídica a su representada, además que los criterios en los que se fundamenta ya fueron abandonados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sexto. Que la a quo resuelve que es infundado el argumento en el que la quejosa afirma que la Ley de Ingresos es inconstitucional, porque en su proceso de creación se dejaron de observar ciertos lineamientos establecidos en el artículo 29, fracciones I y IV, de la diversa ley de Ingresos de la Federación, y omitió precisar la memoria del cálculo, ello es así, porque no existe ordenamiento jurídico alguno que obligue al legislador a tomar en cuenta lo dispuesto en una codificación anterior, por el contrario, en los numerales 73 y 74 se prevé que el Congreso tiene facultad discrecional para imponer contribuciones que estime necesarias para cubrir el presupuesto de egresos.
Séptimo. Que la sentencia es ilegal e inconstitucional, toda vez que el Juez desestimó mi concepto de violación, al considerar que la Ley de Ingresos de la Federación de 2013 y el presupuesto de egresos de 2013, no debe analizarse y discutirse simultáneamente sino sucesivamente.
Que del análisis sistemático realizado a los artículos 71, 72 y 74, fracción IV, de la Constitución, contrario a lo dicho por el Juez de Distrito, la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos deben analizarse, discutirse y, en su caso, aprobarse simultáneamente, ya que la intención del Constituyente fue que los ingresos y gastos se analizara simultáneamente a fin de que los mismos empataran. Por lo que la razón por la que el Juez llegó a una conclusión tan inacertada, estriba en el hecho de que se analizó de forma aislada el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Noveno. Que la resolución dictada en el juicio de amparo indirecto 197/2013, por el Juez Primero de Distrito del Decimotercer Circuito, es ilegal e inconstitucional y, por tanto, viola en perjuicio de su representada lo dispuesto por los artículos 1o., 14, 16, 17 y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en virtud de que considera que no le asiste la razón al a quo, pues la obligación de publicar en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, es una exigencia que se encuentra prevista en el artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional que no ha sido modificado reformado o derogado, por lo que la obligación que impone persiste, entonces, si el gobernador del Estado de Oaxaca no publicó la Ley de Ingresos de la Federación de 2013 en su Gaceta Oficial, tal como lo determinó el propio Juez, es evidente que contravino dicho dispositivo y, por tanto, la ley reclamada no se activó en el Estado de Oaxaca.
25. Sentencia del Tribunal Colegiado. Mediante sentencia de ocho de agosto de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito resolvió:
Se señala en el considerando séptimo, que no es verdad que el Juez Federal no hubiera estudiado integralmente la demanda de amparo, en tanto que sí la examinó y que los agravios formulados en forma alguna controvierten las consideraciones del Juez Federal para estimar actualizada la invocada causa de improcedencia respecto de los diversos decretos que se señalaron como actos reclamados, por lo que ante la falta de impugnación eficaz de tales consideraciones, y al no actualizarse alguna causa para suplir la deficiencia de los agravios, en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, las consideraciones aludidas deben quedar firmes.
Se sostiene que, ante la ineficacia jurídica de los agravios referidos, y al no actualizarse, como se dijo, motivo legal para suplir su deficiencia, en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, aplicable al caso, deba, en lo que es materia de la revisión y competencia de este Tribunal Colegiado de Circuito, confirmarse la sentencia sujeta a revisión.
En el considerando octavo, se señala que como consecuencia, agotado el estudio de los agravios referentes al sobreseimiento decretado por el Juez Federal, el Tribunal Colegiado estimó que, atendiendo a las constancias de autos y a los diversos agravios formulados por la parte recurrente, resulta claro que no existen cuestiones para que ese órgano colegiado deba conocer, además de que se advierte que éstos van encaminados a sostener, sustancialmente, la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, en vinculación con los diversos 1o. y 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Estimó que, en el caso, se surten los supuestos previstos por el punto noveno, fracción III, del mencionado acuerdo general, por lo que, en consecuencia, correspondería conocer del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la cual, estimó procedente remitir el expediente.
VIII. Estudio de fondo
26. Como primera cuestión, debe precisarse que la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado se ocupó del análisis de los argumentos contenidos en el agravio primero del recurso de revisión, mismo que fue desestimado al considerarse jurídicamente ineficaces dichos planteamientos, por ende, atendiendo a tal circunstancia, esta Primera Sala no se ocupará del estudio del mismo.
27. En segundo orden, el estudio de los restantes agravios contenidos en el recurso de revisión se efectuará en dos líneas argumentativas, la primera de ellas contendrá el análisis de constitucionalidad de la norma reclamada conforme a los principios tutelados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal; mientras que en un segundo apartado se analizarán los aspectos de constitucionalidad formal de la Ley de Ingresos para el ejercicio dos mil trece que formula la parte quejosa.
28. En tales términos, primeramente se abordará el estudio de aquellos argumentos que estén orientados en controvertir la constitucionalidad de la norma reclamada, a partir de la violación a los principios tributarios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para, posteriormente, en caso de ser necesario, abordar el estudio de las cuestiones de inconstitucionalidad formal planteadas por la quejosa.
29. En el agravio quinto, la recurrente aduce que el artículo 21, fracción I, numeral 6, de la Ley de Ingresos para dos mil trece, es inconstitucional, pues el legislador pretende establecer los elementos del tributo en dos ordenamientos diversos, pues, por un lado, considera el objeto, base y época de pago en la Ley del Impuesto sobre la Renta; y, por otro, establece la tasa aplicable en la Ley de Ingresos de la Federación, lo que genera un estado de incertidumbre jurídica.
30. Añade que el criterio en el que sustenta su resolución el Juez de amparo, ya fue superado por la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, bajo el argumento de que en una Ley de Ingresos no se pueden establecer elementos esenciales del tributo.
31. Adicionalmente, sostiene la recurrente que no se encuentra justificado que mediante la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, se haya determinado prolongar la tasa del treinta por ciento para el citado ejercicio fiscal, en virtud de que no existen razones objetivas que hubieren permitido llegar a esa conclusión. Que si lo que se pretendía modificar era la tasa de causación del impuesto sobre la renta, se debieron dar las razones particulares, circunstancias especiales, estudios económicos y dictámenes que respaldaran la necesidad del aumento de la referida contribución.
32. Que no obsta a lo anterior, que el juzgador de amparo haya establecido que el legislador, en uso de su potestad que le fue concebida para imponer contribuciones, puede incrementar y disminuir las cuotas tributarias para ajustarlas a la tributación o simplemente para recaudar mayores ingresos públicos en función de la necesidad de cumplir con los gastos del Estado.
33. Finaliza la quejosa su argumento, precisando que en la resolución controvertida no se dio contestación de manera puntual a la causa de pedir, ya que omitió pronunciarse el Juez de amparo con respecto a la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 29 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil doce, puesto que en sus cuatro fracciones quedan enunciados los aspectos que toda iniciativa en materia fiscal debe contener; por ende, el proceso legislativo que dio vida a la Ley de Ingresos de la Federación carece de las razones jurídicas, económicas y sociales que respalden la modificación de la tasa del impuesto sobre la renta, en consecuencia, la tasa del 30% que debe aplicarse de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta se torna inconstitucional para este ejercicio.
34. El agravio quinto es infundado.
35. El a quo resolvió que sí existió justificación para mantener la tasa del impuesto sobre la renta, para el ejercicio dos mil trece, en porcentaje del 30%, y que tal decisión encontró asidero en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación para el año dos mil trece, razones que consistieron en evitar el debilitamiento de las finanzas públicas ante los riesgos en el actual entorno económico internacional, expresado en la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26854-d30d56ef/leyes-de-ingresos-de-la-federacion-no-poseen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONSOLIDACIÓN FISCAL. AUNQUE EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO FUE REFORMADO POR EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE (AMPARO EN REVISIÓN)
- AMPARO EN REVISIÓN 658/2010. *****(1)*****. 8 DE ABRIL DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE L (AMPARO EN REVISIÓN)
- RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OCASIONAR UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE CONTRIBUYENTES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE BIEN ENAJENADO QUE DÉ LUGAR A (AMPARO EN REVISIÓN)
- AMPARO EN REVISIÓN 89/2008. ********** Y OTRAS. 15 DE JUNIO DE 2009. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS ROA JACOB (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO CONTRA LEYES. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA LA FALTA DE LLAMAMIENTO A JUICIO DE LA AUTORIDAD QUE NO PARTICIPÓ EN EL PROCESO LEGISLATIVO DE CREACIÓN DE LA LEY IMPUGNADA Y A LA (397)
- AMPARO CONTRA LEYES. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA LA FALTA DE LLAMAMIENTO A JUICIO DE LA AUTORIDAD QUE NO PARTICIPÓ EN EL PROCESO LEGISLATIVO DE CREACIÓN DE LA LEY IMPUGNADA Y A LA (IV.3o.A. J/1 )
- CESACIÓN DE EFECTOS. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN DOS MIL TRES, CUYA INVALIDEZ SE DECLARÓ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2 (IV.2o.A.74 A )
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CALIFICACION DEL. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis