RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OCASIONAR UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE CONTRIBUYENTES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE BIEN ENAJENADO QUE DÉ LUGAR A UNA PÉRDIDA O DEL TIPO DE INGRESOS OBTENIDOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER LA DEDUCCIÓN LIMITADA DE LAS PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER LOS TÉRMINOS EN QUE LOS CONTRIBUYENTES PODRÁN DEDUCIR LAS PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA RESPECTO DEL TRATO QUE EL DIVERSO ARTÍCULO 24 DE ESA LEY DISPONE PARA QUIENES DETERMINEN UNA GANANCIA POR EL MISMO CONCEPTO, PUES ÉSTOS Y AQUÉLLOS SE UBICAN EN SITUACIONES JURÍDICAS DISTINTAS (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE PARA LA DEDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES SE CONSIDERARÁ COMO INGRESO OBTENIDO EL QUE RESULTE MAYOR ENTRE EL PRECIO PACTADO Y EL DE VENTA CONFORME A LA METODOLOGÍA DE "PRECIOS DE TRANSFERENCIA", NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OCASIONAR UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE CONTRIBUYENTES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE BIEN ENAJENADO QUE DÉ LUGAR A UNA PÉRDIDA O DEL TIPO DE INGRESOS OBTENIDOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER LA DEDUCCIÓN LIMITADA DE LAS PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER LOS TÉRMINOS EN QUE LOS CONTRIBUYENTES PODRÁN DEDUCIR LAS PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA RESPECTO DEL TRATO QUE EL DIVERSO ARTÍCULO 24 DE ESA LEY DISPONE PARA QUIENES DETERMINEN UNA GANANCIA POR EL MISMO CONCEPTO, PUES ÉSTOS Y AQUÉLLOS SE UBICAN EN SITUACIONES JURÍDICAS DISTINTAS (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE PARA LA DEDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES SE CONSIDERARÁ COMO INGRESO OBTENIDO EL QUE RESULTE MAYOR ENTRE EL PRECIO PACTADO Y EL DE VENTA CONFORME A LA METODOLOGÍA DE "PRECIOS DE TRANSFERENCIA", NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
AMPARO EN REVISIÓN 658/2010. 8 DE ABRIL DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del ocho de abril de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil nueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, *****(1)*****, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades responsables:
A. Congreso de la Unión, integrado por Cámara de Diputados y de Senadores.
B. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
C. Secretario de Gobernación.
D. Director del Diario Oficial de la Federación.
E. Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Actos reclamados:
La aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición, publicación, refrendo y ejecución del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el subsidio para el empleo.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, en vigor a partir del primero de enero de dos mil ocho, específicamente por la reforma al artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; la recaudación de las cantidades que enteró la quejosa con motivo de la norma que se tilda de inconstitucional; así como los efectos y consecuencias que se deriven de los actos reclamados.
SEGUNDO.-La parte quejosa consideró que dicho decreto violaba en su perjuicio la garantía individual contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO.-Correspondió conocer de la demanda de amparo a la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien por proveído de fecha veintisiete de abril de dos mil nueve admitió a trámite la demanda de amparo registrando el asunto con el número **********; de igual forma, solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus respectivos informes justificados y, por último, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley.
Tramitado el juicio de amparo, la Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional el veintiuno de abril de dos mil diez, y en cumplimiento a lo ordenado en el oficio STCCNO/991/2010, de veintidós de febrero del mismo año, dictado por la secretaria ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, la Juez del conocimiento ordenó remitir el expediente al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal para que dictara la sentencia correspondiente.
El Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal, el treinta de abril de dos mil diez, dictó sentencia en el sentido de sobreseer, por un lado, en relación con los actos atribuidos al secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la recaudación o cobro del impuesto sobre la renta, en razón de que negó su existencia sin que la quejosa aportara prueba en contrario y, por el otro, respecto del acto atribuido al presidente de la República, consistente en la orden de expedición de la norma impugnada, negativa que se corroboró con el contenido del artículo 89, fracción I, constitucional, que prevé que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene la obligación de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión; y otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en relación con el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al considerar que viola el principio de proporcionalidad tributaria.
CUARTO.-En contra de dicha resolución, mediante oficio **********, de dieciocho de mayo de dos mil diez, la delegada del presidente de la República, designada con tal carácter en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, promovió recurso de revisión. Por auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil diez, la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, tuvo por recibido el recurso y ordenó remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resolviera el problema de constitucionalidad subsistente en relación con el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
QUINTO.-Por auto de fecha cuatro de agosto de dos mil diez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que este Alto Tribunal se avocara al conocimiento del asunto, quedando registrado con el número 658/2010.
En el mismo auto, se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se abstuvo de formular pedimento.
SEXTO.-En atención a que en términos del punto primero del Acuerdo General 11/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de diecisiete de mayo de dos mil diez, dicho órgano colegiado determinó crear la comisión 41 de secretarios de Estudio y Cuenta, para el análisis de los asuntos en que subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete (vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho), y designó al Ministro Sergio A. Valls Hernández como encargado de supervisar y aprobar los proyectos respectivos; y de conformidad, con lo dispuesto en el punto segundo del citado acuerdo general, acorde con su interpretación aprobada en sesión privada del veintitrés de agosto de dos mil diez, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, el asunto se turnó al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, conforme a lo previsto en el punto tercero, fracción III, del Acuerdo General Número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno,(1) y los puntos primero y segundo del Acuerdo General Número 7/2010, del diecisiete de mayo de dos mil diez, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete y vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, y en el caso resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en términos de lo acordado por esta misma instancia jurisdiccional en sesión privada del ocho de agosto de dos mil once, en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales, pues debe fijarse el criterio que sobre la problemática de fondo ha de prevalecer.
SEGUNDO.-Oportunidad. La sentencia recurrida, fue notificada por medio de oficio a la autoridad responsable el martes once de mayo de dos mil diez, de acuerdo con la constancia que obra a foja 1893 del cuaderno de amparo; por tanto, si el término de diez días que para la interposición del recurso establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del miércoles doce al martes veinticinco de mayo del año citado, descontándose los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de mayo, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y si el recurso fue presentado el día martes veinticinco de mayo del mismo año, es indudable que fue interpuesto oportunamente.
TERCERO.-Aspectos relevantes para la resolución del presente asunto.
I. La quejosa hizo valer en su demanda de garantías los siguientes conceptos de violación:
1. El artículo 32, fracción XVII, primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del ejercicio fiscal 2008, viola el principio de proporcionalidad tributaria, por un lado, al prohibir la deducción de las pérdidas fiscales por venta de acciones y de otros títulos de valor, cuyo rendimiento no sea de intereses, en los términos del artículo 9o. de ese ordenamiento, así como las pérdidas financieras que provengan de operaciones financieras derivadas de capital, acciones o índices accionarios y, por el otro, al establecer un régimen cedular para la deducción de las mismas.
Se reconoce excepcionalmente la deducibilidad de las pérdidas fiscales, pero únicamente contra el monto de las ganancias que, en su caso, se obtengan en el ejercicio o en los diez siguientes en la enajenación de acciones y otro títulos, cuyo rendimiento no sea de intereses en los términos del artículo 9o., antes referido, o en operaciones financieras derivadas de capital como acciones o índices accionarios; es decir, se establece un régimen cedular de deducción, por lo que dicho artículo pretende que se contribuya al gasto público atendiendo a una capacidad contributiva irreal.
A diferencia del régimen aplicable para las personas físicas (régimen cedular), las personas morales deben determinar su resultado fiscal (base gravable) acumulando la totalidad de sus ingresos sin importar la fuente de la que preceden, así como la totalidad de deducciones, es decir, conforme a un sistema global, por lo que no es válido que se instaure un régimen cedular para aplicar las pérdidas fiscales por enajenación de acciones.
2. El artículo 32, fracción XVII, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria por incorporar un elemento ajeno a la capacidad contributiva de las empresas, como lo es que el precio de venta de las acciones (que no se coloquen entre el gran público inversionista) se determine conforme a la metodología para determinar "precios de transferencia", lo que lleva a contribuir sobre un ingreso ficticio, siendo que dicho requisito no obedece a criterios de razonabilidad, limitando indiscriminadamente la auténtica capacidad contributiva de las empresas.
3. El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola la garantía de equidad tributaria, al atribuir distintas consecuencias jurídicas a sujetos que frente a la norma tributaria se encuentran en un plano de igualdad; ello pues, por regla general, los contribuyentes pueden deducir sus gastos o costos contra cualquier ingreso obtenido; en cambio, ciertos contribuyentes (como el caso de la empresa quejosa), cuyo costo para generar ingresos está representado por pérdidas fiscales por enajenación de acciones o de otros títulos de valor, cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 9o. del mismo ordenamiento, así como las pérdidas financieras que provengan de operaciones financieras derivadas de capital, como las acciones o índices accionarios, sólo pueden deducir dichas pérdidas de ganancias fiscales obtenidas por el mismo concepto, esto es, mediante un régimen de deducción cedular.
4. El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un procedimiento diverso al contenido en el artículo 24 de ese mismo ordenamiento, para calcular la pérdida sufrida por la enajenación de acciones, situación que impide a los sujetos pasivos del impuesto tributar de conformidad con su verdadera capacidad contributiva, lo que vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
El supuesto normativo establecido en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual se detona a partir de enajenar acciones, es modificado y distorsionado por el artículo 32, fracción XVII, del mismo ordenamiento, obligando a un recálculo que conlleva a determinar una pérdida que no es acorde a una auténtica capacidad contributiva, ya que mediante la aplicación del procedimiento establecido en esa fracción, se obtiene un resultado distinto al determinado por el artículo 24, siendo que éste fue el procedimiento que detonó la existencia de una ganancia o una pérdida fiscal por venta de acciones.
II. El Juez de Distrito resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra, conceder el amparo a la quejosa, con base en las siguientes consideraciones:
1. Sobreseyó en relación con los actos atribuidos al secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la recaudación o cobro del impuesto sobre la renta, en razón de que este último negó su existencia sin que la quejosa aportara prueba en contrario; señaló que a pesar de que obra en autos la impresión de la declaración anual de la quejosa correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil ocho, así como su acuse de recibo y del recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales; sin embargo, dichas documentales no acreditan que la autoridad hubiera recaudado cantidad alguna, sino únicamente que la quejosa cumplió su obligación tributaria y que realizó el pago correspondiente por concepto de impuesto sobre la renta.
Asimismo, sobreseyó respecto al acto atribuido al presidente de la República, consistente en la orden de expedición de la norma impugnada, negativa que se corroboró con el texto de la propia norma y con el contenido del artículo 89, fracción I, constitucional, que prevé que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene la obligación de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión.
2. Señaló que resulta suficiente para tener como ciertos los actos atribuidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, al presidente de la República, al secretario de Gobernación y, al director general adjunto del Diario Oficial de la Federación, la aceptación en el ámbito de su competencia, de la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que, por tratarse de actos de naturaleza legislativa, su existencia no está sujeta a prueba.
3. Declaró infundada la causa de improcedencia aducida por el presidente de la República, en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo; lo anterior, al considerar que la quejosa sí demostró que la norma reclamada le genera un perjuicio en su esfera jurídica con motivo del primer acto de aplicación, el cual consistió en la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de dos mil ocho, ya que a partir de la prueba pericial en materia de contabilidad, se comprobó que cuenta con pérdidas fiscales derivadas de la enajenación de acciones que no pudo deducir en el ejercicio correspondiente.
4. Determinó que no fue posible analizar las causas de improcedencia aducidas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ya que dicha autoridad sólo se limitó a afirmar que se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, pero no explicó las razones que le condujeron a sostener tal afirmación.
Al no haber otras causas de improcedencia, sin advertirlas de oficio, el Juez procedió al estudio de los conceptos de violación.
5. Señaló que para resolver el planteamiento contenido en los conceptos de violación, resulta necesario tener en cuenta la jurisprudencia 1a./J. 87/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RENTA. DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."
A partir de las consideraciones que dieron sustento a la jurisprudencia de referencia, el Juez de Distrito precisó que la Primera Sala de este Alto Tribunal expuso lo siguiente:
- Para analizar si el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero del dos mil dos, salvaguarda la garantía de proporcionalidad tributaria, es necesario tomar en cuenta que el artículo 17 de dicha ley prevé que las personas morales acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio; sin embargo, no se debe desconocer que, a fin de atender a dicha garantía, los ingresos acumulables deben ser atemperados por las deducciones autorizadas por el propio ordenamiento, a fin de que el tributo efectivamente atienda a la capacidad contributiva del gobernado.
- Para tales efectos el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta reconoce la necesidad de que el gravamen atienda no al ingreso bruto, sino a una utilidad o ganancia, es decir, a un ingreso neto, obtenido mediante la disminución de las deducciones autorizadas.
- Consecuentemente, la disminución de ciertos conceptos deducibles, aplicada a los ingresos percibidos por el causante, permite la determinación de una utilidad, es decir, de un ingreso neto, conforme al que se permite determinar la capacidad que tiene el contribuyente para resentir las cargas tributarias, en la medida en que se atiende a una utilidad real y no a una que no corresponda a la capacidad contributiva, como lo es la determinada, sin considerar los gastos y costos deducibles.
- Con base en lo anterior, el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no permite la determinación del gravamen atendiendo a la capacidad contributiva real del causante, pues únicamente permite la deducción de las pérdidas que llegara a sufrir derivadas de la adquisición y enajenación de bienes en la medida de las ganancias que obtuviera por el mismo concepto en el ejercicio y en los cinco siguientes.
- Entre los conceptos deducibles que deben atemperar los ingresos acumulados por el contribuyente, a fin de determinar una utilidad real ajustada a su capacidad contributiva, se deben prever las pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones, toda vez que constituyen un concepto que efectivamente impacta de manera negativa el patrimonio del particular y, que por ende, no debe ser considerado para efectos de la determinación del gravamen a su cargo.
- Ahora, si bien es cierto que no cualquier concepto que impacte negativamente el haber del causante deber ser deducible necesariamente, también lo es que, en el caso de las pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones, su deducción es demandada por la lógica y la mecánica del tributo, toda vez que se incurre en ellas por la realización de actividades que producen ingresos o ganancias o, cuando menos, tendentes a hacerlo; y es que, para generar ingresos, el particular debe asumir el riesgo y, eventualmente, la realidad de una pérdida representada por el costo de llevar a cabo negocios o inversiones que, de materializarse, reduce la capacidad contributiva del causante.
- La legislación fiscal debe aspirar a que las decisiones de negocios no se tomen por motivos fiscales, sino por causas relacionadas con la operación de que se trate. En tal virtud, si dicha legislación ha de permanecer "neutral" a las decisiones de riesgo e inversión, debe permitir la deducción de las pérdidas sufridas en transacciones que se orienten a la generación de ingresos, pues de otra forma tendría el indeseable efecto de que las inversiones sobre las que pese un riesgo elevado no se lleven a cabo, o bien, que requieran de una tasa de retorno lo suficientemente alta para que, de ser exitosas, compensaran la pérdida no mitigada que provocarían de no tener éxito.
- No se debe pasar por alto que, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el contribuyente se encuentra obligado a acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio. Por ende, la garantía de proporcionalidad tributaria demanda que, si para efectos de la acumulación no se distinguen, por un lado, los ingresos provenientes de conductas activas (como lo son las empresariales en las que el contribuyente efectivamente participa materialmente), y conductas pasivas (como lo sería una inversión en un negocio en el que el contribuyente no participa materialmente); entonces, no existe razón objetiva para que las deducciones relacionadas con unas y otras, se deban de distinguir como lo hace el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, al limitar la deducción de las pérdidas provenientes de la adquisición y enajenación de acciones a aquellos casos en los que se cuente con una ganancia por ese mismo concepto.
Dicho lo anterior, el Juez de Distrito resolutor precisó que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue modificado mediante decreto publicado el uno de octubre de dos mil siete, y refirió el contenido de la exposición de motivos respectiva, a partir de lo cual, destacó que la reforma al precepto reclamado obedeció a que la Suprema Corte Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional, por violar el principio de legalidad tributaria; sin embargo -consideró el Juez-, no se reparó el vicio de desproporcionalidad derivado del hecho de no tomar en cuenta que las pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones constituyen un concepto que impacta negativamente el patrimonio del particular. Indicó que esa afirmación se corrobora, si se toma en cuenta que en la propia exposición de motivos los legisladores establecieron que, por tratarse de una deducción extraordinaria, se debía mantener el régimen cedular hasta entonces previsto para las pérdidas por enajenación de acciones, esto es, que la deducción únicamente se podrá efectuar contra las utilidades, régimen que condujo a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola la garantía de proporcionalidad tributaria.
Precisó que, la razón que condujo a dicha Sala del Alto Tribunal del País a considerar que el multicitado artículo viola la garantía de proporcionalidad tributaria es, precisamente, porque sólo permite deducir las pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones contra las ganancias o utilidad generada por el mismo concepto, régimen que el legislador consideró que debe permanecer en razón de que se trata de una deducción extraordinaria.
Por tanto, concluyó el Juez Federal que las consideraciones que sirvieron de base a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del uno de enero del dos mil dos, son aplicables al texto vigente de dicho precepto legal, reformado el uno de octubre del dos mil siete, porque persiste el vicio de que adolecía aquella norma, esto es, únicamente autoriza deducir las pérdidas derivadas de la enajenación de acciones contra la ganancia o utilidad generada por el mismo concepto.
No pasó inadvertido que, lo señalado en la exposición de motivos que dio origen a la citada reforma, en la cual el legislador precisó que para darle mayor oportunidad a los contribuyentes de recuperación de dichas pérdidas, se extendería el periodo de su aplicación a diez años, en vez de los cinco que se preveían, ya que esa circunstancia no modifica el hecho de que únicamente podrán deducirse las pérdidas correspondientes contra las ganancias o utilidades que se hayan obtenido por la enajenación de acciones.
Igualmente, tampoco pasó inadvertido el criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 12389/2005 (sic), en que concluyó que tratándose de personas morales cuya actividad preponderante no sea la adquisición y enajenación de acciones, conforme al principio de estricta indispensabilidad de las deducciones, no deben deducir aquellos gastos o inversiones que no tengan relación económica con esa actividad pues, de hacerlo, no contribuirían a los gastos públicos con base a su real capacidad económica, perjudicando a la hacienda pública. Al respecto, señaló que la conclusión de la Sala en torno a la desproporcionalidad expuesta en dicha sentencia, sólo se actualiza tratándose de sujetos cuya actividad preponderante sea la adquisición y enajenación de acciones; y en esa categoría -precisamente- se ubica la quejosa, cuyo objeto social, confirmado por los peritajes rendidos en autos y por las documentales públicas exhibidas, es adquirir y enajenar acciones, entre otros actos. Por tanto, en el caso imperan las condiciones que hacen aplicable la tesis jurisprudencial 1a./J. 87/2004.
De acuerdo con lo anterior, concluyó el Juez Federal que, como la quejosa demostró que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el principio de proporcionalidad tributaria, lo procedente es concederle el amparo solicitado, para el efecto de que se le permita deducir la totalidad de las pérdidas generadas por operaciones de enajenación de acciones durante su vigencia y que, de haberse generado alguna diferencia a su favor con motivo de tal deducción, la autoridad deberá efectuar la devolución respectiva.
III. La delegada de la autoridad recurrente, presidente de la República, expresó en su recurso de revisión los agravios siguientes:
1. El Juez de Distrito omitió realizar un nuevo análisis al precepto reclamado por la quejosa, y sólo se limitó a retomar las consideraciones emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero vigente en dos mil dos, sin tomar en cuenta que dicho análisis no resulta aplicable en el caso. En ese sentido, dicho juzgador no consideró las nuevas circunstancias que llevaron al legislador a reformar el dispositivo combatido, por lo que resulta incorrecto que se limitara a retomar las consideraciones de referencia que sólo resultan aplicables para el precepto vigente en dos mil dos.
Además, la resolución recurrida causa agravios a la autoridad recurrente, porque no analizó las razones en que se apoyó la reforma del precepto reclamado contenidas en la exposición de motivos respectiva, sino que se limita a retomar lo dicho por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 87/2004, y determina incorrectamente que en la reforma al dispositivo no se reparó el vicio de desproporcionalidad.
2. El Juez a quo sostiene que el legislador debe permanecer neutral en las decisiones de riesgo e inversión, considerando que debe permitirse la deducción de las pérdidas dirigidas a la generación de ingresos, lo cual es incorrecto.
A) Al respecto, debe señalarse que la legislación fiscal debe aspirar a que las decisiones de negocios, no se tomen por motivos fiscales; sin embargo, el principio de neutralidad, no puede aplicarse en el caso, ya que los contribuyentes en la mayoría de los casos construyen sus pérdidas por enajenación de acciones en detrimento del erario público.
En ese sentido, el juzgador no analizó correctamente los fines extrafiscales de la norma impugnada, contenidos en la exposición de motivos que dio lugar a la reforma, ya que de haberlo hecho se habría percatado que dichos fines son para evitar transacciones especulativas que erosionen la base del impuesto sobre la renta.
B) En el caso concreto, podría presuponerse la exi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25939-9dc01576/renta-el-articulo-32-fraccion-xvii-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- EQUIDAD TRIBUTARIA. SU ÁMBITO DE APLICACIÓN COMPRENDE DISPOSICIONES LEGALES QUE TRASCIENDEN AL MONTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL DE PAGO, AUNQUE NO AFECTEN DIRECTAMENTE LA CONFIGURACIÓ (1a. XXXIV/2007)
- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN DEBER DE SOLIDARIDAD. (676)
- DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES. LOS ARTÍCULOS 22 Y 146, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉN LA PRESCRIPCIÓN (I.7o.A.616 A)
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