DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE CHIHUAHUA VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 1465/2024. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 24 DE ABRIL DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAURICIO SEGURA PÉREZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIA: GEORGINA ACEVEDO BARRAZA.
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, correspondiente a la sesión del día veinticuatro de abril de dos mil veinticinco.
VISTOS, para resolver en audiencia pública y celebrada por videoconferencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma Diversas Disposiciones que Regulan la Difusión de las Videograbaciones de las Sesiones Públicas de los Tribunales Colegiados y Plenos de Circuito, los autos del recurso de revisión administrativo número 1465/2024, relativo al juicio de amparo indirecto 972/2024, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad de Chihuahua, y:
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, la parte quejosa, ********** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que a continuación se transcriben:
"V.- AUTORIDADES RESPONSABLES:- En su carácter de ordenadoras señalo como autoridades responsables a las siguientes: PRIMERO.- H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA con domicilio en Calle Libertad número 9, Colonia Centro de esta Ciudad.- SEGUNDO.- C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio en Calle Aldama número 901, Colonia Centro en esta Ciudad. (...)" "VI.- ACTOS RECLAMADOS: I. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama: la aprobación y expedición de los Decretos siguientes: - a) Decreto No. LXVII/ APLIE /0802/2023 I P.O que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, específicamente el ARTÍCULO PRIMERO, en relación con el apartado de DERECHOS, establecido en su tabla como 4.3 Derechos por Prestación de Servicios, exclusivamente el numeral 4.3.2.3 "De la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado"; así como los artículos duodécimo, decimotercero y demás aplicables que prevén el pago de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado.- b) Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I. P.O. que contiene la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el artículo 29 con las fracciones siguientes; I. Por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos; II. Por la inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; III. En el caso de reversión de fideicomiso, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas: a) Cuando la reversión implique la generación de una nueva inscripción; IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro Público de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley; V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio; VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de alguna de las divisiones no resulte excedente de superficie. En caso de que resulte excedente, se pagara por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo; VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios; IX. Por cada cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de inscripciones o anotaciones dentro y fuera del margen, así como por el retiro de testamento ológrafo, depositado previamente en el Registro Público de la Propiedad; X. Por cada cancelación de créditos otorgados por Instituciones de Crédito u organismos de vivienda del Sector Público y por cada nota marginal en los libros o al calce del registro de documentos derivada de dicha cancelación o que se asiente por cualquier otro concepto. Este concepto se cobrará siempre que se asienten las notas respectivas, aun cuando se señalen máximos para el cobro de los derechos en que se dé la figura de la confusión de derechos. Cuando cualquier operación haya de inscribirse en varios Distritos, la Recaudación de Rentas que primeramente tenga conocimiento del acto cobrará el total de los derechos correspondientes por el acto que pretende inscribir, más los que se causen por las notas que se generen en cada Distrito, agregando al certificado de pago las copias que sean necesarias para que el interesado pueda entregar un tanto a cada uno de los Registradores que Intervengan y estos, cerciorándose de que se ha hecho el pago, procederán al registro. Para el caso de la inscripción de garantías, cuya inscripción se encuentre en el supuesto que antecede, los registradores procederán al registro sin exigir más pago que los que se causen por las notas que se generen en cada Distrito, aplicando para ello la tarifa señalada en esta fracción. Cuando el documento se haya presentado en una oficina para registrarse en otra, la oficina receptora deberá exigir la exhibición del certificado que acredite el pago del concepto a que se hace referencia en la siguiente fracción de este artículo. XXVI. En el caso del usufructo, la nuda propiedad o revocación de donación, se pagarán los derechos conforme a las siguientes cuotas: a) En la constitución o consolidación de usufructo, o bien, en la revocación de donación que implique la generación de una nueva Inscripción, b) Cuando su consolidación o revocación de donación solo implique asentar anotación marginal, por cada una de ellas, se aplicará la cuota establecida en la fracción X del presente artículo.- II. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación de cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado de Chihuahua."
SEGUNDO. De dicha demanda de amparo correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual mediante acuerdo de once de abril de dos mil veinticuatro, la admitió a trámite y registro bajo el número 972/2024; solicitó a las autoridades responsables rendir su informe con justificación, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
Seguida la tramitación del juicio de amparo, tuvo verificativo la audiencia constitucional y, el seis de mayo de dos mil veinticuatro, se emitió la resolución correspondiente, en la que se resolvió por una parte sobreseer en el juicio, y por otra conceder el amparo y protección a la parte quejosa.
TERCERO. La anterior resolución le fue notificada a la autoridad responsable, aquí recurrente, el siete de mayo de dos mil veinticuatro (según se aprecia de la notificación digitalizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), surtió efectos el mismo día, por lo que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, inició el ocho y concluyó el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro; señalando como días inhábiles el once y doce, dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil veinticuatro, por corresponder a sábados y domingos, como se ejemplifica en el cuadro calendario siguiente:
Ver calendario
Por lo que, si el escrito de expresión de agravios se presentó el quince de mayo de dos mil veinticuatro; por tanto, su presentación se estima oportuna.
CUARTO. El escrito por el que se interpuso el recurso, se recibió en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, el veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro.
Dicho recurso fue remitido, por razón de turno, a este tribunal colegiado el veintisiete de mayo, donde por auto de presidencia de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite; proveído en el cual se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
Luego, por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, dictado en el expediente varios 1/2024, se comunicó a las partes que a partir de esa fecha, este tribunal colegiado quedó integrado por los magistrados Mario Humberto Gámez Roldán y José Raymundo Cornejo Olvera, así como por el Secretario en Funciones de Magistrado Mauricio Segura Pérez.
Finalmente, en proveído de dieciséis de enero de dos mil veinticinco, se ordenó turnar los presentes autos a la ponencia a cargo del licenciado Mauricio Segura Pérez, Secretario en funciones de Magistrado de Circuito, para los efectos del artículo 92, de la Ley de Amparo;(1) y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 91 de la Ley de Amparo; 35, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la sentencia que se recurre fue dictada en la audiencia constitucional en un juicio de amparo en materia administrativa, por un Juez de Distrito residente en esta ciudad, en donde este tribunal ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. Innecesaria transcripción de la resolución recurrida y agravios. No se transcriben las consideraciones de la sentencia impugnada ni los motivos de agravio formulados por la parte recurrente, en atención a que la legislación de la materia en ninguno de sus preceptos lo establece como condición para resolver el presente recurso, en razón de que el deber formal y material de exponer los argumentos legales que sustenten esta ejecutoria, así como de examinar las cuestiones efectivamente planteadas, que respectivamente se establecen en los artículos 74(2) y 76(3) de la Ley de Amparo, no depende de la reproducción de los argumentos que integran la litis, sino de su adecuado análisis.(4)
TERCERO. Se deja firme sobreseimiento decretado. Atendiendo a que el sobreseimiento en el juicio de amparo decretado por el Juzgado Federal en el considerando cuarto, no fue impugnado por la parte a quien pudiera afectar; se impone dejarlo firme en los términos en los que se decretó.(5)
CUARTO. Estricto derecho. Cabe destacar que en casos como el que nos ocupa, en donde la autoridad es la que interpone el recurso de revisión, resulta improcedente que el tribunal supla los argumentos que, a manera de agravio, realice o simplemente los mejore, dado que dicha autoridad es un órgano técnico perito en derecho o con claras posibilidades de tener asesoría, con marcada diferencia con el particular, al que se le causaría un perjuicio al perderse el equilibrio procesal de las partes.
En estas condiciones, se dice que, por un lado, el órgano revisor, al conocer del recurso promovido por una autoridad debe resolver conforme al estricto análisis de los agravios planteados por aquélla, dado que, la autoridad no puede colocarse en ninguna de las hipótesis de hecho que dan lugar a la referida suplencia.(6)
QUINTO. Estudio de fondo. Los agravios formulados por el recurrente, son por una parte, inoperantes por reiterativos y en la restante, infundados.
En la parte inicial de su primer agravio la autoridad disconforme se duele esencialmente de lo siguiente:
- El pago de derechos de traslación de dominio cumple con los principios de proporcionalidad y equidad, de las cargas fiscales establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.
- En el caso, los derechos establecidos en el artículo 29 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, son constitucionales porque consiste en diversos pasos como son:
- Área de revisión; -Inscripción; -Cotejo; -Firma del Registrador; y, - Área de resguardo.
- En forma paralela, que se presenta una copia autorizada por el notario, la Dirección por conducto de su Departamento de Notariado lleva a cabo la autorización de libros, entre otras.
- Así, no necesariamente la cuota en los derechos por servicio debe corresponder o ser exactamente igual al costo que representó para el Estado, sirviendo como apoyo la tesis de rubro "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTÁ REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS."
- Esto proviene de un conjunto integral de gastos directos e indirectos, ya no solo involucra la inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, sino que su vez consiste en prestación como lo es material de papelería, hojas, tóner, impresoras, computadoras, inmobiliario, programas adecuados e idóneos que tengan el soporte, infraestructura de almacenamiento y resguardo de la base de datos por tiempo indefinido, que se genera para el trámite de inscripción.
Los argumentos sintetizados resultan inoperantes por reiterativos, pues de un análisis al informe justificado rendido por la Gobernadora del Estado de Chihuahua y de los agravios hechos valer en el recurso de revisión, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, se puede desprender con meridiana claridad que están reproducidos en su literalidad, de ahí que no aporta nuevos elementos ni desvirtúa las causas de la autoridad de amparo al determinar que el costo del servicio es desproporcionado, es decir, no ataca los motivos y consideraciones formulados al momento de emitir sentencia y amparar a la persona peticionaria.
Sirve de apoyo a lo antes referido los criterios que a continuación se transcriben:
"Registro digital: 177092, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 133/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 13, Tipo: Jurisprudencia.
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SI SE LIMITAN A REITERAR SUSTANCIALMENTE LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. Conforme a los artículos 83, fracción IV, 87 y 88 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable que obtuvo sentencia de amparo desfavorable a sus intereses puede interponer el recurso de revisión, expresando los agravios que considere le causa la sentencia recurrida. Ahora bien, si la autoridad recurrente al formular sus agravios no combate consideración alguna de dicha sentencia, sino que se limita a reiterar sustancialmente los argumentos expresados al rendir su informe justificado en el juicio de amparo, los cuales se dirigen a controvertir lo expuesto en los conceptos de violación planteados por el quejoso en su demanda de garantías, resulta inconcuso que dichos agravios devienen inoperantes. Ello es así, porque al ser la materia de la revisión la sentencia recurrida y no los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a combatir las consideraciones que sustentan la concesión del amparo, sin que sea dable suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis de la mencionada ley, pues aquélla sólo se admite respecto del particular recurrente, no así de la autoridad que interpuso el recurso de revisión."
"Registro digital: 166748, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia Común, Tesis: 2a./J. 109/2009, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Agosto de 2009, página 77, Tipo: Jurisprudencia.
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida."
En la segunda porción de su primer agravio, en resumen, menciona que:
- En cuanto a lo del estímulo fiscal es solamente un fin extra fiscal que busca fomentar el pago oportuno y adecuado de derechos que no inciden en la mecánica de la contribución, de ahí que sea equívoco el argumento de la quejosa de que dicho estímulo violenta el principio de equidad y proporcionalidad tributaria.
- La desigualdad atiende a la naturaleza de las actividades, entonces el argumento de la persona solicitante del amparo de que el costo de servicio tiene que ser menor si se puede realizar un estímulo de 86 %, es inoperante porque el cobro del solo 14 % haría incosteable el beneficio y finalidad de cierto sector a través del estímulo fiscal.
- También es infundado respecto a la desproporción del ingreso obtenido por la Dirección del Registro Público y su egreso, ya que existe una diferencia de $240’000,000.00 (doscientos cuarenta millones de pesos), porque no depende del número de trámites o pagos por derechos registrales, ya que esta cuestión no es imputable a la Dirección del Registro Público, porque aunque se hagan, por ejemplo, diez trámites se tendría el mismo presupuesto.
- Entonces, menciona que las tarifas fueron realizadas bajo un parámetro razonable.
Dichos argumentos son infundados, porque si bien es cierto, la autoridad trata de justificar qué gastos se realizan para la proporcionalidad del cobro del derecho, ninguna manifestación realizó en el sentido de cuáles son las actividades que el Estado debe desarrollar en específico, y los gastos que debe efectuar en concreto, con las pruebas pertinentes, para proporcionar el servicio de que se trata, ni mucho menos ofrecieron prueba para controvertir lo expuesto y acreditado por la parte quejosa, cuando les correspondía hacerlo, debido a la actividad que al respecto había desplegado este último.
En ese sentido, ante los argumentos y las probanzas ofrecidas por la persona peticionaria del amparo, con las que hace ver la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, era necesario, se reitera, que la autoridad responsable en forma motivada expusiera los parámetros de razonabilidad que permitieran analizar la eventual justificación constitucional del costo de prestar el servicio y, desde luego, que ofrecieran las probanzas que consideraran pertinentes para desvirtuar lo alegado por quien solicitó el amparo.
Máxime que, en lo referente al estímulo fiscal que hizo valer la parte quejosa, se estima que únicamente se tomó en cuenta para hacer una comparativa y verificar la plena operatividad del servicio, sin que haya sido éste un elemento determinante para decretar la desproporción del cobro del derecho, pues se utilizó como un indicio concatenado con otros más para arribar a la conclusión alcanzada por la autoridad federal que concedió el amparo.
Por otra parte, en su segundo agravio, básicamente, arguye que el Juzgado se extralimitó en cuanto a la suplencia de la deficiencia de la queja, porque el quejoso no señaló con claridad qué precepto y supuesto es el que vulnera su esfera jurídica de garantías, ni exhibió el acto impugnado, apoyándose sólo en el requerimiento que después realizó al notario, sin que se aprecie con claridad si se infringió o no en su perjuicio la Ley General Estatal de Derechos de Chihuahua, porque en su artículo 29 se señalan varios supuestos.
Tales argumentaciones devienen infundadas, porque, contrario a lo que en ellas afirma, la parte quejosa sí reclamó de forma destacada el Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I.P.O., que contiene la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, entre otros, respecto de la fracción l del artículo 29 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua.
Así, el Juzgado de Distrito consideró que para demostrarlo exhibió como prueba de su parte la factura emitida por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua con número de operación **********de fecha doce de marzo de dos mil veinticuatro, en la cual se le hizo un cobro por inscripción traslativa de dominio.
De modo que la persona juzgadora estuvo en lo correcto al concluir que en el caso quedó demostrado que le fue aplicada la tarifa contenida en esa porción normativa de la cual se duele.
Como tercer agravio, la recurrente expresa que:
- La parte quejosa en sus argumentos para determinar una supuesta base del costo del servicio que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua cobra por concepto de derechos establecido en el artículo tildado de inconstitucional, parte del egreso que tiene dicha dependencia por concepto de nóminas, en un período que no corresponde al anterior, argumentando que es desproporcional y excesivo en relación a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal respectivo.
- Así, resulta que su análisis es deficiente, porque los egresos a los que se hace referencia son únicamente de nóminas, dejando de lado los demás gastos que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua tiene dentro del ejercicio fiscal, sin limitarse a un rubro en específico, esto es, los erogados indirectamente, tanto por la Secretaría General de Gobierno, como la Secretaría de Hacienda, mismos enlistados en el informe justificado, lo cual no fue tomado en cuenta por la autoridad federal, vulnerándose la seguridad y certeza jurídica, así como el principio de congruencia y exhaustividad.
- Además, el hecho de que se obtenga un ingreso mayor a lo presupuestado, únicamente implica que un mayor número de personas acudieron a realizar trámites, cuestión no imputable a dicha dirección.
Los motivos de disenso antes sintetizados, resultan infundados.
En principio, si bien es cierto en la sentencia se resolvió, por una parte, con base en la información y argumentación proporcionada por la parte quejosa, esto no significa que se hubiera hecho como argumento propio del Juzgado de Amparo, sino que se respalda con lo establecido en la resolución emitida por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, al resolver la contradicción de criterios 92/2023(7) en la cual se estableció que para cumplir con la carga probatoria y así demostrar la inconstitucionalidad de un derecho por violar el principio de proporcionalidad, no es menester que en todos los casos la parte quejosa ofrezca pruebas o indicios distintos del contenido de la ley, como serían otras relacionadas con el costo del servicio, pues es posible que del propio texto se desprenda información que por su claridad y sentido, acompañada de una debida argumentación, baste para acreditar tal extremo.
Así, en la resolución combatida se dio cumplimiento a un criterio emitido por ese Alto Tribunal, el cual es vinculante para este Circuito, y con ello resalta que la autoridad debió acreditar, no solamente con argumentos, sino con pruebas –como lo establece la jurisprudencia– la proporcionalidad del cobro por el servicio prestado de la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua, lo cual como ya fue expuesto, no aconteció.
Por otra parte, es infundada la porción del agravio a través del cual, la autoridad recurrente afirma que se vulneraron los principios de seguridad y certeza jurídica, porque no se tomaron en cuenta los argumentos de defensa vertidos en el informe justificado, donde se hacen razonamientos jurídicos en cuanto a la constitucionalidad del acto reclamado.
Se afirma lo anterior, porque en las sentencias de amparo no existe obligación de referirse necesariamente y de manera expresa a las argumentaciones que con el fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado exponen las autoridades responsables en su informe justificado por no establecerlo así los artículos 74 y 117 de la Ley de Amparo, ya que la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo.
No obstante, la sola lectura de la sentencia sujeta a revisión da lugar a desestimar la violación a los principios de congruencia y exhaustividad que atribuye a la persona resolutora, ya que no sólo abordó los argumentos de defensa que en su informe justificado hizo valer para sostener la constitucionalidad de la norma cuestionada por la parte quejosa, sino que además expuso una vasta argumentación en sus consideraciones legales para precisar las razones para desestimarlos.
En efecto, en la sentencia recurrida se hizo referencia a lo señalado por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, en cuanto a que el servicio que brinda la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, implica diversas actividades y pasos para lograr la inscripción, como son las diversas áreas de revisión, inscripción, cotejo y almacenamiento de la información, así como los elementos adicionales para cumplir con la prestación de servicios, como materiales, infraestructura, resguardo, etcétera.
Sin embargo, se estimó que la sola enunciación conceptual de tales criterios no justificaban la razón por la cual las citadas actividades desplegadas conllevaban un gasto que evidenciaran la proporción en el cobro del derecho registral de inscripción, pues no se ofrecieron medios de convicción para controvertir lo expuesto y acreditado por la parte quejosa, que permitieran corroborar la información proporcionada en cuanto a las erogaciones que manifestó; por tanto, constituían meras afirmaciones sin sustento probatorio.
Sin que la parte recurrente explique porqué esas consideraciones se apartan de la legalidad, a través de la confrontación de los hechos frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que su actuación no se apega a derecho; opuesto a ello, se limita a insistir en aseveraciones sin sustento y conclusiones no demostradas que, por lo mismo, han sido desestimadas en párrafos precedentes; de ahí lo infundado de sus alegaciones.
Entonces al ser inoperantes e infundados los agravios de la autoridad recurrente, se debe de confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo.
Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra el acto reclamado a las autoridades responsables por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando del fallo impugnado.
Notifíquese, publíquese y anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; remítase testimonio de esta resolución al Juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Mario Humberto Gámez Roldán, José Raymundo Cornejo Olvera así como el licenciado Mauricio Segura Pérez, Secretario en Funciones de Magistrado, autorizado por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el seis de noviembre de dos mil veinticuatro, de conformidad con el oficio SEADS/3927/2024, signado por el Magistrado Edwin Noé García Baeza, Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; siendo presidente el citado en primer término y ponente el último de los nombrados, quienes firman electrónicamente el treinta de abril de dos mil veinticinco, en unión de la Secretaria de Acuerdos Beatriz Enríquez Grado, quien autoriza y da fe.
________________
1. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, dictado en el expediente varios 1/2024, se comunicó a las partes que a partir de esa fecha, este Tribunal Colegiado quedó integrado por los magistrados Mario Humberto Gámez Roldán, José Raymundo Cornejo Olvera y el licenciado Mauricio Segura Pérez, Secretario en funciones de Magistrado de Circuito.
2. "Artículo 74. La sentencia debe contener:
I. La fijación clara y precisa del a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33637-2d166480/derechos-por-servicios-registrales-el-articulo-29-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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