REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EXCESO EN EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR, QUE LE OCASIONA UN PERJUICIO ECONÓMICO Y JURÍDICO.
AMPARO EN REVISIÓN 356/2012. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 19 DE OCTUBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN JOSÉ FRANCO LUNA. SECRETARIO: SALVADOR OBREGÓN SANDOVAL.
CONSIDERACIONES:
SEGUNDA. Legitimación y oportunidad. El Gobernador Constitucional y el secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos están legitimados para interponer el presente recurso de revisión por haber figurado como autoridades responsables dentro del juicio de amparo indirecto de origen, en tanto que ********** y **********, cuentan con personalidad para hacer valer dicho medio de impugnación en su nombre por tener el carácter de delegados de las autoridades recurrentes.(8)
Con relación a lo anterior, es necesario precisar que no se soslayan las jurisprudencias de rubro: "REVISIÓN. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMIDAD PARA INTERPONERLA, EN RELACIÓN AL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD.", "REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SÓLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." y "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA DEFENDER LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA."
Sin embargo, tales criterios se estiman inaplicables al caso concreto, en el que el secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos sí tiene legitimación para inconformarse contra la sentencia constitucional, aun cuando se trata de un amparo contra leyes. Ello, porque la recurrente no controvierte los motivos y fundamentos por los que se declaró la inconstitucionalidad de las normas reclamadas, sino el exceso en el efecto dado al fallo constitucional que la vinculó al pago de unas cantidades que, aduce, no fueron pagadas por el quejoso, lo cual le genera a la inconforme el perjuicio económico y jurídico necesario para acudir a la presente instancia.
Al respecto, idéntico criterio ha adoptado este tribunal federal dentro de los amparos en revisión **********, ********** y **********, resueltos, respectivamente, en sesiones de fechas trece y veintisiete de septiembre de dos mil doce, y once de octubre de esta anualidad, así como en el amparo en revisión **********, resuelto el día de hoy.
Asimismo, el recurso es oportuno, en virtud que fue interpuesto dentro del término de diez días que para tal efecto prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución impugnada se notificó a los recurrentes el veintiuno de agosto de dos mil doce,(9) surtiendo sus efectos ese mismo día, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción I, de la invocada ley; por tanto, el término para interponerlo transcurrió del veintidós de agosto al cuatro de septiembre del presente año, sin contar los días veinticinco y veintiséis de agosto, así como el uno y dos de septiembre, todos de ese mismo año, por haber sido inhábiles al ser sábados y domingos, conforme con lo dispuesto por los numerales 23 de la Ley de Amparo(10) y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(11) por lo que si el recurso de revisión se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Octavo Circuito el cuatro de septiembre de dos mil doce, es claro que fue oportuno.
TERCERA. Resolución recurrida y agravios. Es innecesario transcribir la sentencia impugnada y los agravios, pues el deber formal y material de exponer los argumentos legales que sustenten esta resolución, así como de examinar las cuestiones efectivamente planteadas, que respectivamente se establecen en los artículos 77, fracción II y 79 de la Ley de Amparo,(12) no depende de la inserción material de los aspectos que conforman la litis, sino de su adecuado análisis.
Además, para mayor certeza de las partes en el juicio de garantías, se ordena agregar copia certificada de la sentencia recurrida.
En ese sentido es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."(13)
Asimismo, se comparte la tesis que a continuación se reproduce:
"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."(14)
CUARTA. Génesis del juicio. Para mejor comprensión de las consideraciones que sustentan la presente resolución, es preciso reseñar algunos antecedentes del caso, los cuales se desprenden tanto de las constancias de autos como de las manifestaciones de las partes.
-En la demanda de amparo que diera origen al juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, **********, por su propio derecho, reclamó la inconstitucionalidad del artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, con motivo del primer acto de aplicación.
-En esa demanda, el quejoso señaló como "hechos", los siguientes:
"Primero. El suscrito celebró contrato de compraventa con los CC. **********, ********** y su esposo el Lic. **********, todos representados en este acto por el C. **********, como la parte "Vendedora" y por otra parte el Sr. **********, como la parte "Compradora"; respecto de un bien inmueble que sería materia de aplicación de crédito de un crédito (sic) otorgado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a través de su fondo de vivienda, mismos contratos que se protocolizaron mediante escritura número **********, ante la fe del notario público número uno de la Novena Demarcación Notarial.
"En la cláusula décima de dicho contrato se hizo constar que los honorarios, gastos, impuestos y derechos que cause esta escritura son a cargo de la parte compradora, con excepción del impuesto sobre la renta.
"Segundo. Por tanto, y según quedó establecido en el párrafo que antecede, el suscrito realizó el pago íntegro de los recibos oficiales números ********** y **********, de fecha 1o. de junio de 2012, que fueron recibidas por el notario y pagadas a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos con fecha 1o. de junio de 2012, según consta en los mismos recibos que a la letra dicen:
"Recibo oficial **********
"‘Concepto de Reg. Pub. de la Propiedad - propiedad - traslativos de dominio compraventa en todas sus modalidades $**********
"‘Tarifa o tasa = de $********** valor gravable, 12 al millar + 25% de adicionales ********** Doc. que ampara la escritura/Exp. No. ********** de fecha 01/06/12.
"‘Fecha de pago **********’"
"Recibo oficial **********
"‘Concepto de Reg. Pub. de la Propiedad - propiedad - gravamen de $********** de gobierno (hipoteca, refaccionario, habil [sic])
"'Tarifa o tasa = de $********** valor gravable, 6 al millar + 25% de adicionales ********** Doc. que ampara la escritura/Exp. No. ********** de fecha 01/06/12.
"‘Fecha de pago 01/06/12’
"Tercero. En la citada escritura número **********, se hizo constar la suscripción de dos contratos uno relacionado con la operación del contrato de compraventa y el otro relacionado con el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria que celebran por una parte el ‘Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su fondo de la vivieda (sic)’, representado por su representante y mandatario ‘**********, representada en esa (sic) acto por el Lic. **********, a quien se le denominó como ‘FOVISSSTE’, y por la otra el señor **********, por su propio derecho, como deudora del bien inmueble que en el referido testimonio se detalla, convenio que señala que la parte compradora (quejosa) los gastos, impuestos y derechos locales que se causen con motivo de la compraventa hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos, con excepción del impuesto sobre la renta que será a cargo de la parte vendedora.
"Cuarto. De la aplicación de la norma tildada de inconstitucional, tuve conocimiento el 1 de junio de 2012, fecha en que se me aplicó por primera vez la norma tachada de inconstitucional, aplicación que resulta indudable, pues el artículo 77, fracciones II y IV de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, es el precepto legal que establece el cobro de derechos de registro."(15)
-Con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, el Juez Primero de Distrito en el Estado dictó la sentencia constitucional,(16) en la que determinó -específicamente en la consideración quinta- conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, al estimar inconstitucionales las fracciones II y IV del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, bajo el argumento de que el legislador morelense, al establecer que los derechos por registro público de documentos se causarán sobre el valor mayor que resulte entre el de la operación catastral, avalúo bancario o de factura: 12.0 al millar y 5.00 al millar, atiende a un elemento extraño, esto es, al valor de la operación al inscribir, lo que resulta contrario al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, debido a que el costo del derecho no atiende al servicio prestado, sino a un elemento ajeno, lo que resulta desproporcional e inequitativo por otorgarse un trato distinto a quienes reciben igual servicio.
Derivado de ello, el Juez Federal precisó que los efectos jurídicos de la concesión habrían de consistir en la devolución de las cantidades correspondientes erogadas por la parte quejosa con motivo de la inscripción de la escritura pública número **********, de fecha catorce de mayo de dos mil doce, del protocolo del notario público número uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, Morelos, que se reflejan en las glosas recoficiales ********** y **********, con fecha de pago uno de junio de dos mil doce, en las que se hace constar el entero de las cantidades de $********** (********** M.N.) y $********** (********** M.N.) en que se contiene el acto de aplicación, a saber, el contrato de compraventa con apertura de crédito hipotecario, por lo que hace a la fracción II del mencionado artículo 77, que incluye la cantidad cobrada por concepto de adicionales equivalente al veinticinco por ciento sobre el costo de inscripción, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el servicio de inscripción, no existe base para el cobro adicional, así como el monto enterado por lo que hace a la fracción IV del mismo precepto.
Asimismo, señaló que los términos de la concesión de amparo no deberían traducirse en liberar a ********** "... de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en relación a la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar; por tanto, se llega a la conclusión de que al peticionario de amparo se le deberá restituir las cantidades enteradas menos la tarifa menor que prevé el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, esto es, un día de salario mínimo vigente en el Estado."(17)
-Inconformes con la anterior determinación, las autoridades responsables denominadas **********, por conducto de sus delegados, interpusieron el recurso de revisión que ahora se resuelve, en el que expresaron los agravios que consideraron pertinentes.
QUINTA. Análisis de los agravios. Los argumentos expuestos por las recurrentes son sustancialmente fundados, de conformidad con las siguientes consideraciones.
En principio, conviene precisar que la litis en el presente asunto se circunscribe únicamente a dilucidar si fueron correctos los efectos que el juzgador federal fijó a la sentencia de amparo que concedió la protección constitucional respecto de la fracción IV de la norma reclamada, sin importar el análisis de constitucionalidad de los razonamientos lógico-jurídicos en que sustentó que el artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, contraviene el orden constitucional, ni los efectos que se dieron con relación a la referida fracción II.
Lo anterior, porque la parte recurrente, a quien afecta dicha determinación, no expresó agravio alguno en su contra.
Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."(18)
Ahora bien, las autoridades inconformes sostienen en sus agravios, sustancialmente:
-Que la consideración quinta de la sentencia recurrida es ilegal, específicamente la parte en la que se precisaron los efectos de la protección constitucional por transgredir los principios de congruencia, exhaustividad y estricto derecho que rigen las sentencias de amparo.
Citan como aplicable la tesis 1a./J. 33/2005, de rubro: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS."
-Luego de relatar los efectos de la sentencia recurrida, las recurrentes señalan que éstos son violatorios de los principios antes citados. En su opinión, el juzgador federal se excedió al pronunciarse sobre aspectos que no fueron parte de la litis, esto es, por haber ordenado la devolución de la cantidad de **********, no obstante que si bien el peticionario de amparo solicitó la devolución de ese monto; empero, no debe pasar desapercibido que el concepto por el que se reclama tal suma es respecto a la inscripción del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ello pues en el instrumento notarial número **********, se hizo constar el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria celebrado entre **********, en su carácter de deudor y la institución denominada FOVISSSTE, especificando que el pago de los gastos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del contrato de hipoteca serían cubiertos al cincuenta por ciento entre el deudor y el restante cincuenta por ciento por el FOVISSSTE.
-Lo anterior -puntualizan- derivado del acuerdo celebrado por parte del FOVISSSTE con las SOFOLES, quienes participan en el programa extraordinario de créditos para vivienda a los trabajadores del Estado, que consiste en el apoyo de estas últimas en el pago de un porcentaje de los gastos de escrituración, en los créditos otorgados a los acreditados, lo cual se corrobora del antecedente décimo tercero del instrumento notarial en mención.
-Que de ese antecedente se corrobora que el quejoso únicamente pagó lo correspondiente al cincuenta por ciento de los gastos de escrituración por la formalización del contrato de mutuo, la constitución de la hipoteca ante el notario público y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, lo que pone de manifiesto que al emitirse la sentencia constitucional recurrida no se analizó la escritura pública **********.
-Concluyen las recurrentes que lo que procede es que se revoque la sentencia constitucional y sólo se condene a la devolución de la cantidad correspondiente al cincuenta por ciento de los gastos de escrituración por la formalización del contrato de mutuo, la constitución de la hipoteca ante el notario público y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos.
Los anteriores agravios son esencialmente fundados, ya que el Juez de amparo se excedió al precisar los efectos de la sentencia constitucional y ordenar la devolución de una cantidad que no fue pagada por el contribuyente quejoso.
Primero, conviene precisar que como en el caso se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra normas generales con motivo de su aplicación, las consideraciones vertidas en la presente sentencia deberán entenderse aplicables sólo a este tipo de procedimientos.
Ahora bien, el artículo 80 de la Ley de Amparo(19) dispone que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija.
En el caso concreto del amparo contra normas generales heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que la restitución de la sentencia constitucional implica desincorporar la norma de mérito de la esfera jurídica del quejoso, protegiéndolo contra su aplicación presente y futura, impidiendo que la ley pueda ser aplicada al impetrante tanto en el acto que motivó el juicio de garantías como en algún otro subsecuente mientras la ley declarada inconstitucional siga vigente.
La protección constitucional otorgada contra la ley general tiene efectos hacia el pasado, destruyendo su primer acto de aplicación por haberse fundado en una norma contraria a la Constitución Federal y, como válidamente no puede aplicarse al peticionario del amparo, ello implica que alcanza a cualquier acto originado durante el trámite del juicio constitucional, o bien, después de concluido, en tanto que sólo así se logra restituir íntegramente al gobernado en el goce de su garantía, desincorporando totalmente de su esfera jurídica la norma controvertida.
Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia que dice:
"AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.-El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 Bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro."(20)
Si la norma reclamada prevé alguna obligación tributaria y el vicio de inconstitucionalidad se presentó en alguno de sus elementos esenciales, los efectos de la protección constitucional implicarán que cese el deber de pagar el tributo, lo cual entraña la devolución de las cantidades pagadas con motivo del acto que se reclamó en el amparo, debidamente actualizado.
Ello, porque la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma que prevé alguna obligación tributaria, convierte en un pago de lo indebido a lo erogado con fundamento en tal disposición, por lo que al no existir sustento legal para su recaudación, no existe obligación de pago y lo ya enterado debe ser devuelto.
Conforme a lo expuesto, la restitución comprenderá devolver al contribuyente solamente las cantidades que éste pagó con fundamento en la norma declarada inconstitucional, de forma completa e íntegra.
En la especie, ********** reclamó, en lo que interesa, por estimarlo inconstitucional, el artículo 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil doce. Para acreditar el acto de aplicación exhibió, en copia certificada, el recibo con número de glosa recoficial **********,(21) del cual se aprecia que el uno de junio de dos mil doce, la Secretaría de Finanzas y Planeación recibió del licenciado **********, quien es titular de la notaría pública número uno del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con residencia en Jiutepec, por concepto de Reg. Pub. de la Propiedad-propiedad-gravamen-Dep. de Gobierno (hipoteca, refaccionario, habilit), la cantidad de $********** (********** M.N.), más el veinticinco por ciento de impuesto adicional, esto es, el monto de $********** (********** M.N.), lo que da un total de $********** (********** M.N.), cantidad que se obtuvo de conformidad con lo siguiente: "Tarifa o tasa = de $********** valor gravable, 5 al millar + 25% de adicionales **********, Doc. que ampara la escritura/expediente No. ********** de fecha 01/06/12."
Ahora bien, del antecedente décimo tercero de la escritura pública **********, pasada ante la fe del notario público antes señalado, y que obra en el juicio, se desprende:
"Antecedentes
"...
"Décimo tercero. Carta de conocimiento de ‘El Acreditado’ del apoyo que otorga ‘El FOVISSSTE’, correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) de los gastos de escrituración por la formalización del contrato de mutuo, la constitución de hipoteca ante notario público y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 186 (ciento ochenta y seis) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la regla trigésima segunda, de las Reglas para el Otorgamiento de Créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y agregarla al apéndice de la escritura. ..."(22)
El Juez de Distrito consideró que la norma reclamada era violatoria de la Constitución Federal, porque para fijar el monto que habrá de pagarse, no atiende al costo del servicio prestado, sino a un elemento ajeno, lo que resulta dar un trato distinto a quienes recibían el mismo servicio, por lo que concedió la protección constitucional en los siguientes términos:
"... debe decirse que los efectos jurídicos de la concesión de amparo, consisten en la devolución de las cantidades correspondientes erogadas por la parte quejosa, con motivo de la inscripción de la escritura pública número ********** (**********), de fecha catorce de mayo de dos mil doce, del protocolo del notario público número uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, Morelos, que se reflejan en las glosas recoficial ********** y **********, con fecha de pago uno de junio de dos mil doce, en las que se hace constar el entero de las cantidades de **********, moneda nacional ($**********) y por la diversa cantidad de **********, moneda nacional ($**********), en que se contiene el acto de aplicación, a saber, el contrato de compraventa con apertura de crédito hipotecario, por lo que hace a la fracción II del citado artículo 77, que incluye la cantidad cobrada por concepto de adicionales equivalente al veinticinco por ciento sobre el costo de inscripción, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el servicio de inscripción, no existe base para el cobro adicional, así como el monto enterado por lo que hace a la fracción IV del mismo precepto. ..."
Nota: Lo resaltado en subrayado, es obra de este Tribunal Colegiado.
Como se puede apreciar, el Juez de amparo declaró la inconstitucionalidad del artículo 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el cual prevé un derecho municipal, y ordenó la devolución al quejoso del total de lo pagado por dicho concepto.
Sin embargo, el juzgador pasó por alto que el derecho por la inscripción del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria ante el Registro Público de la Propiedad, no fue pagado todo por el impetrante, sino que una parte la pagó el FOVISSSTE.
Luego, los efectos restitutorios de la protección constitucional debieron poner al quejoso en el pleno goce de ese derecho transgredido; es decir, la devolución de la cantidad que éste haya acreditado haber pagado por concepto del derecho de mérito.
Considerar que debe devolverse al peticionario del amparo el total de lo marcado en el recibo recoficial, implicaría generarle un derecho que no tiene, pues, además de restituírsele el numerario erogado ilegalmente, su patrimonio se incrementará de forma indebida al recibir un dinero que no salió de su peculio, por lo que ya no habría efecto restitutorio sino generador, lo cual, como se vio, no es la finalidad que persigue la sentencia de garantías.
En c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24424-ad008ba8/revision-en-amparo-contra-leyes-la-autoridad-ejecutora · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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