AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTERAN POR AQUÉL. AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL. AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 1167/2015. 24 DE ABRIL DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK, QUIEN VOTÓ CONTRA CONSIDERACIONES; JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS VOTÓ EN CONTRA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión, al tenor de lo acordado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión privada de veintiocho de septiembre de dos mil quince, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el punto décimo cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, reasume su competencia originaria para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracciones II y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
SEGUNDO.—Oportunidad y legitimación. El presente recurso de revisión se interpuso dentro del plazo de diez días que para tal efecto establece el artículo 86(8) de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia recurrida se notificó por lista a la parte quejosa el veintitrés de junio de dos mil quince,(9) la cual surtió efectos el veinticuatro de junio siguiente –de conformidad con la fracción II(10) del artículo 31 de la Ley de Amparo–, por lo que el plazo de diez días establecido en el referido artículo 86 de la ley de la materia, transcurrió del veinticinco de junio al ocho de julio de dos mil quince, descontando de este cómputo los días veintisiete y veintiocho de junio, así como cuatro y cinco de julio de dos mil quince, por corresponder a sábados y domingos y, por ende, ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19(11) de la Ley de Amparo y 163(12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, si el escrito con el que se interpuso el recurso de revisión se presentó el ocho de julio de dos mil quince(13) en la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, su presentación resulta oportuna.
Por otro lado, el recurso de revisión fue interpuesto por parte legitimada, toda vez que quien interpone el recurso es el quejoso **********, por su propio derecho.
TERCERO.—Síntesis de los agravios. La parte quejosa ahora recurrente expresó los agravios que se sintetizan a continuación, solicitando que se supla la deficiencia de los agravios, toda vez que –señaló–, los actos reclamados se fundan en leyes inconstitucionales:
1. La sentencia recurrida transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se determinó sobreseer en el juicio respecto del cobro de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y adicionales, así como de derechos registrales, a partir de una premisa equivocada sobre la fecha del conocimiento de los actos reclamados y, por ende, se considera de forma equivocada que el quejoso tuvo pleno conocimiento de los actos reclamados desde la firma de la escritura pública **********, de treinta y uno de octubre de dos mil doce. Ello resulta equivocado, porque en la referida escritura no se asentó en ninguna parte el concepto y el fundamento legal de las retenciones realizadas por el cobro de derechos registrales, y si bien en la escritura se hizo mención de manera genérica al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, lo cierto es que no se fundó debidamente y, además, no se hizo ningún señalamiento en relación con el pago de impuestos adicionales, por lo que se advierte que el notario público fue insuficiente en su fundamentación y motivación respecto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, y completamente omiso en señalar el concepto y fundamento legal de los derechos registrales e impuestos adicionales, razón por la cual no puede afirmarse que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación como tampoco se puede deducir, sin lugar a dudas, que tuvo conocimiento pleno del sustento legal de esos actos, pues esa fundamentación y motivación debe estar clara y expresamente plasmada en la escritura y no inferirse o suponerse, esto es, determinar la existencia de un consentimiento tácito, virtual, implícito o sobreentendido. Al respecto, el quejoso considera que resulta aplicable el criterio contenido en la tesis 2a./J. 47/2013 (10a.) de título y subtítulo: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.";
2. Que en la sentencia recurrida, se hace una interpretación incorrecta del criterio jurisprudencial referido con antelación, derivado de lo resuelto por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la contradicción de tesis 451/2012, particularmente respecto del alcance que se dio a la palabra "deducir", que se utilizó en el criterio referido para explicar que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el acto por virtud del cual el notario público retiene los derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, si bien constituye el primer acto de aplicación del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, lo cierto es que para computar el plazo de quince días para promover el juicio en contra de dicho precepto, no basta con tener por acreditado ese solo hecho, sino que, además, es necesario que se encuentre demostrado fehacientemente que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación, es decir, que se pueda deducir, cuáles fueron los conceptos de la retención y el sustento legal de esa actuación. Ello en virtud de que en la sentencia, se consideró erróneamente que de la interpretación de dicha palabra (deducir)(14) en el contexto que se utiliza, permite afirmar que no necesariamente se debe plasmar en una escritura el fundamento legal de las contribuciones generadas con motivo de la celebración del acto jurídico correspondiente, sino que éste puede inferirse, razón por la cual –según se consideró en la sentencia–, si a la parte quejosa se le hizo saber el tema relativo a las contribuciones que debía cubrir, independientemente de que exista un fundamento en el propio testimonio, con esa base puede concluir que dichas contribuciones tienen un sustento legal, por lo que si su intención era inconformarse con ese entero, debía hacerlo en el plazo establecido para tal efecto. En otras palabras, con la información hecha por el fedatario público se tiene una base o un principio y sobre éste puede inferirse su fundamento como consecuencia de la retención;
3. Que en la sentencia no fueron debidamente estudiadas y valoradas las documentales ofrecidas por el quejoso con las cuales acredita su dicho en cuanto a la fecha en la que afirma tuvo conocimiento de los actos reclamados, razón por la cual no debió tomarse la fecha de la firma de la escritura como el momento en el que se hizo del conocimiento del quejoso del acto de aplicación de las normas impugnadas;
4. Que por lo antes referido, la sentencia recurrida resulta violatoria del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos siguientes: i. Caso Escher y otros Vs. Brasil (párrafo 139); Caso López Mendoza Vs. Venezuela (párrafo 141); Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia (párrafo 130). Lo anterior en virtud de que el acto de aplicación de las normas impugnadas resulta arbitrario del notario público, pues carece de fundamentación y motivación y, por ende, no puede considerarse que con la firma de la escritura pública el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de autoridad que le fue aplicado al quejoso; y,
5. Que en la sentencia se aplica indebidamente en su perjuicio el criterio jurisprudencial XVIII.3o. J/1 (10a.), emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, de título y subtítulo: "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS. SU CÁLCULO Y RETENCIÓN POR UN NOTARIO PÚBLICO CON MOTIVO DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, IMPUGNABLES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA RESPECTIVA.", siendo que debe aplicarse el criterio de la Segunda Sala de este Alto Tribunal visible en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.) de título y subtítulo: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN."
CUARTO.—Antecedentes. Previo a emitir el pronunciamiento correspondiente, se estima conveniente precisar cuáles son los antecedentes que informan al presente asunto, según se advierte del análisis de las constancias de autos:
1. El treinta y uno de octubre de dos mil doce, mediante escritura pública ********** otorgada ante la fe del notario público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, se formalizó el contrato de compraventa que celebró el quejoso en su calidad de comprador de la propiedad descrita en dicho instrumento notarial.
En la cláusula sexta del referido contrato de compraventa contenido en la escritura pública **********, visible a página diecisiete(15) de dicho instrumento, las partes convinieron lo siguiente:
"Cláusulas:
"Capítulo segundo
"Del contrato de compraventa
"...
"Sexta. Todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen con motivo de la presente operación, hasta su inscripción en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, serán cubiertos por ‘la parte compradora’, con excepción del impuesto sobre la renta que será a cargo de ‘la parte vendedora’."
Al respecto, es de destacar que la parte quejosa manifestó expresamente y bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo,(16) que en la fecha indicada (treinta y uno de octubre de dos mil doce) el notario público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, le "cobró" diversas cantidades para cubrir los montos que corresponden por impuestos y derechos generados con motivo de la compraventa formalizada, mediante escritura pública **********, lo cual se plasmó en los siguientes términos: "El treinta y uno de octubre de dos mil doce, celebré contrato de compra-venta, y demás actos jurídicos formalizados mediante escritura pública número **********, pasada ante la fe del licenciado Gregorio Alejandro Gómez Maldonado, titular de la Notaría Número Uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, ... acto en el cual, me fueron cobradas diversas cantidades, sin que el referido fedatario me informara por qué contribuciones, motivos o fundamentos me fueron aplicados dichos cobros".
2. Con motivo de la formalización del referido contrato de compraventa, el notario público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, calculó y retuvo por concepto de pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles la cantidad de $********** (**********.).
3. Asimismo, con motivo de la formalización del referido contrato de compraventa, el notario público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, calculó y retuvo por concepto de derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, la cantidad de $********** (**********.).
4. La parte quejosa refirió que el cálculo y retención de las cantidades mencionadas que corresponden al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, derechos por inscripción en el Registro Público, se llevó a cabo sin el conocimiento del motivo y fundamento que sirvió de base para su cobro, pues manifestó en su demanda que con motivo de la celebración del contrato de compraventa formalizado mediante escritura pública **********, de treinta y uno de octubre de dos mil doce, le fueron cobradas diversas cantidades sin que el notario público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, le informara por qué contribuciones, motivos o fundamentos le fueron aplicados dichos cobros.
Resulta relevante destacar que a página dieciocho,(17) del apartado de "certificaciones fiscales", de la escritura pública **********,(18) que en copia certificada remitió anexa a su informe justificado el notario público número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, se asentó:
"Certificaciones fiscales:
"Liquidación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que se formula conforme a los artículos noventa y cuatro Bis y ciento veintitrés de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.—Operación: Compraventa.—Base según el artículo noventa y cuatro Bis dos.—$**********.—Tasa 2%.—$**********.—Más 25% de adicionales.—$**********.—Impuesto a pagar.—$**********."
Asimismo, a página veintiocho(19) de la referida escritura pública **********, de treinta y uno de octubre de dos mil doce, en su parte conducente, el notario público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos dio fe de lo siguiente:
"Yo el notario, doy fe:
"I. De que a juicio del suscrito notario, los comparecientes tienen la capacidad legal necesaria para este acto.
"II. De que he tenido a la vista todos los documentos de los cuales se ha hecho mención en el curso de esta escritura, y de que lo relacionado e inserto de ellos concuerda con sus respectivos originales a los que me remito.
"...
"V. De que habiéndoles leído a los comparecientes el presente instrumento, y explicándoles el valor y la fuerza legal de su contenido, me manifestaron su conformidad con el mismo, ratificándolo y firmándolo en comprobación el día treinta y uno de octubre, haciéndoles sabedores de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, bajo protesta de decir verdad, para su identificación por sus generales me manifestaron ser: ..."
De igual manera destaca que con motivo de la formalización del contrato de compraventa, mediante escritura pública **********, de treinta y uno de octubre de dos mil doce, el notario público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos recibió por parte del quejoso recursos económicos por una cantidad de $********** (**********.) para liquidar, entre otros conceptos, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y los derechos en el Registro Público de la Propiedad, por lo que al efecto –en la fecha de la firma de la escritura (treinta y uno de octubre de dos mil doce)–, expidió el recibo respectivo que obra anexo(20) a la escritura pública **********. En efecto, del documento respectivo se observa lo siguiente:
********** (se suprime imagen)
Como se observa, con motivo de la formalización del contrato de compraventa celebrado por la parte quejosa mediante escritura pública **********, de treinta y uno de octubre de dos mil doce, el notario público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con la concurrencia de la voluntad de la parte quejosa, retuvo las cantidades correspondientes para cubrir los impuestos y derechos generados con motivo de dicho acto jurídico, operación que se hizo constar con el recibo respectivo.
5. Con posterioridad a la retención de las cantidades referidas con antelación, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, el notario público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, presentó ante la Tesorería del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, la respectiva "declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles"(21) por la cantidad de $********** (**********.) y, con esa misma fecha, esa Tesorería Municipal expidió el respectivo "Recibo oficial"(22) que ampara la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles generado con motivo del contrato de compraventa celebrado por la quejosa mediante escritura pública **********, de treinta y uno de octubre de dos mil doce.
6. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce el notario público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, llevó a cabo el trámite(23) ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, para el pago de derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad del contrato de compraventa celebrado por el quejoso mediante escritura pública **********, de treinta y uno de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $**********, lo cual se corrobora con el recibo de pago(24) (versión impresa del comprobante fiscal digital), registrado con el número de folio **********, de veintiséis de agosto de dos mil trece, expedido por la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, que ampara la liquidación de los derechos de registro de propiedad.
7. La parte quejosa adujo que entre los días cinco y nueve de febrero de dos mil quince, tuvo conocimiento de la aplicación de las normas en las que se sustenta el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de los derechos por Registro Público de la Propiedad, última data en la que, finalmente, se le notificó la respuesta(25) (contenida en el oficio **********) a diversas solicitudes que presentó ante el titular de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y al titular de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en la que se le informó de las contribuciones que en su calidad de propietario pagó con motivo de la compraventa formalizada mediante escritura pública **********, de treinta y uno de octubre de dos mil doce; razón por la cual promovieron la demanda de amparo relativa al presente asunto, en la que señaló que se violan en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Estudio. Como se advierte de los agravios sintetizados, el recurrente se duele, en esencia, de que en la sentencia respectiva, se haya considerado que la demanda de amparo se presentó extemporáneamente, al sostenerse que tuvo conocimiento de las normas impugnadas, a partir de la firma de la escritura pública ********** (treinta y uno de octubre de dos mil doce) en la que se contiene el contrato de compraventa de la propiedad que celebró esa recurrente como compradora y que, por ende, a partir del día siguiente a la firma respectiva debió promover el juicio de amparo dentro del plazo genérico de quince días en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, ya que el referido plazo debe computarse a partir del momento en que la parte quejosa tuvo conocimiento de la aplicación de las normas impugnadas.
Para abordar el análisis respectivo, resulta relevante precisar que la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación, está condicionada a la procedencia del referido juicio contra dicho acto de aplicación, por lo que el juzgador de amparo podrá pronunciarse válidamente sobre la constitucionalidad de las normas generales impugnadas, siempre y cuando no se actualice una causa que afecte la procedencia del juicio respectivo contra el acto de aplicación de aquéllas. Esta conclusión se sustenta, entre otras, en la tesis jurisprudencial de rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.—Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, tesis 2a./J. 71/2000, página 235).
Ante ello, al analizar la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación, es importante distinguir entre los aspectos de procedencia de ese juicio en contra del acto en el que se sostiene, se concretó lo previsto en las normas, controvertidas y los diversos aspectos de procedencia relacionados con la impugnación de estas últimas.
En ese orden de ideas, cuando se impugnan en amparo normas generales con motivo de su acto de aplicación, el primer aspecto que debe abordarse por orden lógico es el relativo a la procedencia del juicio de amparo contra el acto que se señala como aquel en el que se concretaron las normas generales cuya constitucionalidad se impugna, pues aun cuando en el referido acto sí se concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en las normas impugnadas e, incluso, se trate del primer acto de aplicación, si la demanda respectiva se presenta en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente a aquel en que tuvo lugar el acto de aplicación, el juicio será improcedente respecto de éste y, en consecuencia, en relación con las normas concretadas por primera vez en dicho acto.
Incluso, al abordar el estudio de procedencia del amparo contra una norma impugnada con motivo de su aplicación, debe distinguirse entre la oportunidad de la demanda contra este último y la posibilidad de controvertir la respectiva norma general con motivo de un posterior acto de aplicación, cuando el primero en el que tuvo lugar se realizó en forma implícita o tácita.
En el primer caso, se trata de un problema relacionado con el plazo para acudir al juicio de amparo contra un determinado acto de aplicación de una norma general, en la inteligencia de que si la demanda se presenta fuera del plazo respectivo, el juicio será improcedente respecto del acto de aplicación de la norma impugnada y, en vía de consecuencia, respecto de esta última. En cambio, el amparo que se promueve contra un acto de aplicación de una norma general, en el cual se acredita que previamente el quejoso ya había resentido en su esfera jurídica las consecuencias de lo previsto en aquélla, el amparo será improcedente respecto de la norma impugnada, sólo si se acredita plenamente que –en el acto de aplicación previo–, se hizo de su conocimiento a plenitud que esa precisa norma general sirvió de sustento a la afectación correspondiente.
En esa virtud, debe tomarse en cuenta que el acto de aplicación que puede tenerse como el primero y, por ende, ser objeto de impugnación en el juicio de amparo, es el que causa un perjuicio cierto al quejoso, pues los actos de aplicación que no causan perjuicio o bien en los que no se realiza la aplicación expresa de una norma general, válidamente no pueden considerarse como un primer acto que impida posteriormente acudir al amparo a impugnar aquélla con motivo de un posterior acto de aplicación, lo que no obsta para que los actos de aplicación implícita puedan servir de base para impugnar en amparo la normativa respectiva, pero como un criterio en beneficio de los quejosos que con base en el análisis del acto correspondiente puedan determinar qué normativa les fue aplicada tácita o implícitamente, siendo aplicables los criterios contenidos en las tesis de rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS.—Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada.". (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, tesis P./J. 30/96, página 58).
"AMPARO CONTRA NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. PROCEDE CONTRA EL ACTO EN QUE SE APLIQUEN EXPRESAMENTE, AUNQUE CON ANTERIORIDAD SE HAYAN APLICADO IMPLÍCITAMENTE.—Si bien el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 30/96, con el rubro ‘INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS.’ ha sostenido, en beneficio del quejoso, que constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funde en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente; sin embargo, esto no puede interpretarse en su perjuicio cuando la autoridad, sin fundar ni motivar el acto, aplica implícitamente el precepto, porque el desconocimiento específico de la norma en que se basa, impide que se tenga la certeza de la disposición u ordenamiento que se aplica, lo que afecta la defensa del gobernado, puesto que al ignorar los preceptos en que se funda, no está en posibilidad de combatir adecuadamente esa actuación.". (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, julio de 1998, tesis 2a. XCVII/98, página 211).
En ese contexto, dado que en este asunto la parte quejosa acude al amparo para impugnar diversas normas generales que le fueron aplicadas con motivo del pago de los tributos correspondientes por conducto de un notario público, conviene precisar cuáles son los principales criterios jurisprudenciales relacionados con la determinación sobre cuándo se actualiza el acto de aplicación de normas generales tributarias, y en qué momento se inicia el plazo para impugnar en amparo dicho acto de aplicación, bien sea que se realice por el propio quejoso, por una autoridad o por un tercero en auxilio de la administración.
Es decir, en el caso concreto, para resolver la problemática relativa a cuándo inicia el plazo de quince días para promover el juicio de amparo contra leyes tributarias municipales que regulan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y los derechos por la inscripción del respectivo testimonio notarial en el Registro Público de la Propiedad, con motivo del acto por virtud del cual un notario público "retiene" o recauda los referidos tributos, es necesario atender a la distinción entre la procedencia de ese juicio constitucional contra el acto de aplicación de la regulación que rige esos tributos y la del amparo contra esa precisa regulación.
Al respecto, si bien lo ordinario es que el acto de aplicación de una norma general provenga de la actuación de un órgano del Estado, especialmente cuando actúa investido de imperio, lo cierto es que en ocasiones los sujetos directamente vinculados a cumplir con lo establecido en ésta o terceros que actúan como auxiliares de la administración, deben llevar a cabo la aplicación de lo que disponga aquélla, pues de lo contrario incurrirán en un acto ilícito, lo que permite sostener que esos actos de aplicación son realizados en perjuicio del sujeto de aquélla, bien sea directamente por éste o por un tercero, por lo que atendiendo a este tipo de situaciones que especialmente se presentan en la aplicación de las normas generales tributarias, la jurisprudencia de este Alto Tribunal desde la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación,(26) ha reconocido que el acto de aplicación que permite acudir al juicio de amparo para impugnar una norma general, puede acontecer tanto en actos realizados por el quejoso como por un tercero que actúa en auxilio de la administración tributaria.
Incluso, resulta relevante distinguir, en el último supuesto mencionado, es decir, en el caso de los actos de aplicación realizados por un tercero, entre el acto de aplicación en el que es indispensable la voluntad del contribuyente para realizar el pago respecti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28711-8569291d/amparo-contra-leyes-tributarias-cuando-se-promueve-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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