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Modo: Corpus Pro

USURA. EL ANÁLISIS DE SU ACTUALIZACIÓN DEBE REALIZARSE AUN CUANDO LA ACCIÓN INTENTADA NO SEA LA REDUCCIÓN DE LOS INTERESES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1049/2022. (CUADERNO AUXILIAR 824/2023) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA · Registro digital (IUS): 32827
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-11-15
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.1233.

AMPARO DIRECTO 1049/2022 (CUADERNO AUXILIAR 824/2023) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 11 DE OCTUBRE DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: PABLO QUIÑONES RODRÍGUEZ. PONENTE: MARISOL BARAJAS CRUZ. SECRETARIO: JORGE ARISTÓTELES VERA MARTÍNEZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, correspondiente a la sesión de once de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS para resolver el juicio de amparo directo ********** del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, promovido por **********, por medio de su apoderado legal **********, en contra de la resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, dictada por la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en el toca de apelación número **********, relativo al recurso interpuesto en contra de la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo del Primer Distrito Judicial en el Estado de Campeche, en el expediente número **********; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de demanda.

1. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós,(1) ante la Oficialía de Partes de la Sala Civil-Mercantil del Tribunal superior de justicia en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, **********, por medio de su apoderado legal **********, promovió juicio de amparo directo contra el acto que estimó violatorio de los derechos humanos previstos en los artículos 1, 14, 16 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las autoridades que enseguida se especifican:

"3. AUTORIDAD RESPONSABLE:

Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, Campeche.

4. ACTO RECLAMADO.

La sentencia de fecha 9 de junio de 2022, dictada en los autos del toca civil número ********** que se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto por conducto de mi asesor técnico el licenciado **********, contra la sentencia definitiva de fecha 7 de diciembre de 2021, pronunciada por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, en el expediente número **********, relativo al juicio ordinario civil de declaración de nulidad absoluta, promovida por **********, apoderado legal de **********, en contra de **********."

SEGUNDO. Admisión y trámite por el tribunal auxiliado.

2. En proveído de trece de julio de dos mil veintidós,(2) el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, a quien le correspondió conocer del asunto por razón de turno, registró la demanda con el número ********** y la admitió a trámite; asimismo, dio intervención al agente del ministerio público de su adscripción; se reconoció a **********, como tercero interesado, y se concedió a las partes el plazo de quince días para presentar alegatos o promover amparo adhesivo.

TERCERO. Turno en el tribunal colegiado auxiliado.

3. En auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós,(3) se turnó el asunto a la ponencia "C", para la elaboración del proyecto de resolución, de conformidad con el artículo 183 de la Ley de Amparo.

CUARTO. Remisión y radicación del asunto en el Tribunal Colegiado Auxiliar.

4. Previo trámite realizado por el órgano jurisdiccional auxiliado, por auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, ordenó remitir el presente asunto a este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en esta ciudad, el que, por acuerdo de presidencia de siete de septiembre siguiente, lo tuvo por recibido, lo registró bajo el número de cuaderno auxiliar **********, y lo turnó a la ponencia a cargo de la magistrada Marisol Barajas Cruz para la elaboración del proyecto de resolución, en términos del artículo 183 de la Ley de Amparo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia.

5. Este tribunal colegiado es competente para conocer y resolver este asunto, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso c) y VI, de la Constitución Federal; 170, fracción I, de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 27/2008 y 66/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de junio y el trece de noviembre de dos mil ocho; el primero por el que se creó el Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, y los órganos jurisdiccionales que lo integran, entre los que se encuentra este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con jurisdicción en toda la República y competencia mixta; y el segundo, relativo al inicio de sus funciones; así como el oficio SECNO/STCCNO/893/2023, de treinta de agosto de dos mil veintitrés, signados por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que informa, que continúa el apoyo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en Campeche, Campeche, librado con motivo de lo decidido por la Comisión en comento, en la que se aprobó el punto de acuerdo 153/2023 en el que determinó lo siguiente: "Continúa el auxilio al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en Campeche, Campeche, por parte del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz."

SEGUNDO. Existencia del acto reclamado.

6. Es cierto el acto reclamado, por así haberlo reconocido la autoridad responsable en su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias del toca **********, y del expediente **********, remitidos como sustento de su constitucionalidad, a los cuales se concede valor probatorio pleno, con apoyo en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su precepto 2o.

7. Es aplicable, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, materia común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."

TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo.

8. El juicio de amparo se promovió en tiempo, ya que la sentencia impugnada se notificó a la parte quejosa el quince de junio de dos mil veintidós,(4) que surtió efectos el día hábil siguiente al de su publicación, en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del diecisiete de junio al siete de julio de dos mil veintidós, sin que deban considerarse los días dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de junio y dos y tres de julio del mismo año, por ser inhábiles de conformidad con lo establecido por los artículos 19 de la Ley de Amparo,(5) 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

9. Lo anterior, tal como se desprende de la gráfica siguiente:

Ver gráfica

CUARTO. Legitimación para promover el amparo directo.

10. El amparo directo fue promovido por quien cuenta con legitimación, pues se trata de **********, que es la quejosa en el presente juicio y actora en el juicio de origen, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I, de la Ley de Amparo y 1o., párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.

11. Además, el presente amparo fue promovido por conducto de su apoderado legal **********, personalidad que le fue reconocida en el juicio de origen en auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte.(6)

QUINTO. Omisión de transcripciones.

12. En atención a que es potestad de los tribunales colegiados de circuito realizar o no la transcripción de la sentencia controvertida y de los conceptos de violación o agravios, en el caso no se transcribirán los conceptos de violación expresados por el recurrente; máxime que no existe ninguna disposición legal que obligue a este órgano jurisdiccional a realizar ello y que junto con esta resolución se ha entregado a los integrantes del pleno de este tribunal colegiado, copia certificada de la sentencia recurrida y de los conceptos de violación correspondientes.

13. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página ochocientos treinta del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de voz:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

SEXTO. Antecedentes del acto reclamado.

14. Para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente destacar que de las constancias del toca **********, del índice de la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, y del expediente **********, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, destaca lo siguiente:

- El dos de agosto de dos mil siete, ante la fe del licenciado **********, Notario Público número treinta y cuatro en el Estado de Campeche, se celebró contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, entre el señor ********** en su calidad de acreedor y ********** en su calidad de deudora, por la cantidad de **********, donde ésta se obligó a pagar en un plazo no mayor a un año, iniciando dicho término el dos de agosto de dos mil siete, y concluyendo el primero de agosto de dos mil ocho, pactando como cláusula penal el pago de un interés moratorio del cinco por ciento mensual, habiendo constituido hipoteca sobre un predio propiedad de la deudora ubicado en la **********.

- Por escrito de veintiocho de enero de dos mil veinte,(7) se tuvo a **********, por conducto de su apoderado legal, promoviendo juicio ordinario civil de nulidad absoluta de contrato en contra de **********, con relación al contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria de dos de agosto de dos mil siete, argumentando que contiene interés remuneratorio usurero y objeto ilícito, misma que por razón de turno correspondió conocer al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo del Primer Distrito Judicial en el Estado de Campeche, quien lo registró con el número **********; y por proveído de veinte de febrero de dos mil veinte(8) la admitió a trámite.

- La parte demandada no dio contestación a la demanda ni opuso excepciones.

- Por auto de doce de octubre de dos mil veinte,(9) se abrió el juicio ordinario civil a prueba por el término de treinta días donde las partes presentaron las que a su derecho convino para probar su respectivo dicho.

- El siete de diciembre de dos mil veintiuno,(10) el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, resolvió en definitiva el expediente **********, relativo al juicio ordinario civil de nulidad absoluta de escritura, concluyendo que no se acreditaron los elementos de la acción intentada, por lo que se declaró improcedente el juicio y se absolvió al demandado de todas las prestaciones demandadas.

- Por escrito interpuesto el diez de enero de dos mil veintidós,(11) **********, asesor técnico de **********, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, del cual por razón de turno correspondió conocer a la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, quien lo registró con el número **********, y lo admitió a trámite.

- En fecha nueve de junio de dos mil veintidós, se resolvió el recurso de apelación mencionado, en el cual la sala determinó declarar inoperantes los agravios expuestos por **********, asesor técnico del apoderado legal de la parte actora, ya que se consideró que lo mencionado por el recurrente resultan ser simples manifestaciones que no combaten lo determinado en la sentencia, pues en ellos el disidente se limitó a narrar los mismos argumentos que hizo valer en los hechos de la demanda al promover el juicio de nulidad de contrato, sin que lo expresado controvirtiera lo expuesto por el juzgador de conocimiento, en el sentido de que la parte actora no probó que el objeto del contrato sea ilícito, que se encuentra fuera del convenio por una disposición legal o que sea contrario a las leyes.

15. La anterior, constituye la sentencia recamada en el presente juicio de amparo.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación.

16. Como punto de partida se precisa que se plasmarán los motivos de disenso que constituyan la esencia de lo pretendido, sin que la total relación de los argumentos implique que se incumpla con los postulados de administrar justicia en forma completa, como lo exige el artículo 17 constitucional.

17. Orienta lo antes expuesto, la tesis 1a. CVIII/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, mayo de 2007, materia constitucional, página 793, con registro digital 172517, que dice:

"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional, como las de prontitud y expeditez, y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente."

18. En el primer concepto de violación aduce la parte inconforme que al analizar el agravio tercero, la sala lo declaró inoperante, tergiversando su análisis, violando el contenido del numeral 483 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, al no resolver los puntos litigiosos expuestos en el recurso de apelación, ya que la valoración de los documentos aportados en el juicio fue indebida, debido a que los artículos 361 y 362 del mencionado código establecen que los documentos aportados en el juicio y no objetados por la contraria, hacen prueba plena y que por consecuencia se acreditan los elementos de la acción de nulidad planteada, por ende la sentencia es incongruente ya que no existe suplencia de la queja en favor del demandado.

19. En el segundo motivo de disenso, alega la inconforme que el estudio de los agravios cuarto y quinto es deficiente al no tomar en cuenta las actuaciones que obran en el expediente, aun cuando no hayan sido ofrecidas como prueba y que de conformidad con el artículo 483 del código procesal de la entidad, las sentencias deben ser claras, precias y congruentes y que el diverso numeral 474 establece que los jueces, según la naturaleza de los hechos y de las pruebas, apreciarán en justicia las presunciones legales.

20. En el tercer concepto de violación asevera la quejosa que el estudio de los agravios primero y segundo es indebido al estimarlos genéricos, ya que de la lectura de los motivos de disenso se aprecia que sí se combatió con argumentos pertinentes, lo determinado en la sentencia de primera instancia ya que lo planteado fue que nada se dijo de los hechos y artículos que sirvieron para instar la acción de origen.

21. Agrega que el juez debió analizar el pacto de intereses por usureros, por ser una figura que está proscrita, aspecto del que el a quo no se ocupó, por consecuencia no existe la inoperancia referida por la sala responsable.

22. Sostiene que en ejercicio del control de convencionalidad el juez primario debió resolver sobre el tema de la usura.

23. En el cuarto motivo de disenso, la inconforme invoca los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, 21 de la Convención sobre Derechos Humanos (sic), reiterando que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes.

24. Sostiene que los agravios no fueron atendidos debidamente, ya que en ambas instancias se planteó que los intereses pactados en el contrato cuya nulidad demandó son usureros y por ende su objeto es ilícito, aspecto respecto del cual no se dijo nada, y por lo tanto no se cumple uno de los requisitos de validez en el pacto, y agrega que el pago de conceptos ilícitos y usureros fue cubierto, procediendo su reembolso.

25. Reitera que debió ejercerse el control de convencionalidad, invocando también el caso Almonacid contra Chile, refiriendo que la corte interamericana ha hecho alusión a dicha figura al resolver el caso Radilla Pacheco, expresando que ese criterio se reiteró en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México. Finalmente invoca el principio pro homine. 26. Los argumentos sintetizados, analizados en su conjunto, son fundados.

27. En la demanda inicial se observa que se reclamó la nulidad absoluta del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria de dos de agosto de dos mil siete, argumentando la actora que dicho pacto contiene interés remuneratorio usurero y objeto ilícito, exponiendo en el capítulo de "hechos" que se estipuló una cláusula penal de pago por concepto de interés a razón del cinco por ciento mensual.

28. Previa secuela procesal, el juez de primera instancia resolvió que la parte actora no acreditó con las probanzas ofrecidas que el objeto del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria sea ilícito, refiriendo que si bien los intereses que resulten usureros pueden reducirse prudencialmente, esa no fue la acción intentada y por tanto no era materia de la litis, ya que lo que se pretendía era la nulidad del contrato.

29. Ahora, aun cuando sea cierto que la nulidad del contrato y la reducción de intereses en él pactados puedan concebirse como prestaciones distintas, no debe soslayarse que en su demanda civil la demandante aquí quejosa sí refirió la posible actualización de la usura respecto de los intereses.

30. Al respecto, en parte de sus agravios la recurrente aquí quejosa expresó que no debió pasarse por alto el cobro de los intereses excesivos aduciendo que son usureros y que es indebido que el a quo no hubiere estudiado lo conducente.

31. Argumentos que la sala responsable declaró inoperantes al considerar que no se combatieron las consideraciones de la sentencia de primera instancia.

32. Determinación que se estima incorrecta, debido a que el juez de primer grado no analizó la figura de la usura bajo la premisa de que la acción fue la de nulidad absoluta y no la de reducción de intereses, pasando por alto que la acción pudo dar lugar a una nulidad relativa y por ende, analizar si procedía o no reducir los intereses prudencialmente, por tanto, los argumentos vertidos en la apelación en los que alegó la recurrente que no se analizó dicha figura propiciaron que la responsable tuviera la obligación de estudiar la posible actualización de dicha circunstancia, proscrita por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal.

33. Es así, debido a que en la especie el control de usura pueda efectuarse, pues el límite de su análisis se encuentra constreñido a que exista cosa juzgada.

34. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.), Primera Sala. Décima Época. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 28/2017 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 657. Tipo: Jurisprudencia. Registro digital: 2014920, de rubro y texto:

"USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal."

35. Por tanto, si no existe cosa juzgada sobre el tema de la usura, es irrelevante si la reducción de intereses fue o no la acción intentada, debido a que el monto de las tasas pactadas, per se, implica la posibilidad de un análisis oficioso, de acuerdo con los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los que se hará referencia más adelante.

36. En esta tesitura, la mera referencia a la usura de los intereses desde la demanda y en los agravios de apelación debió provocar, en el juez y en la alzada el estudio correspondiente o en su caso la justificación de no efectuarlo, aun cuando no se hubiera hecho valer como pretensión.

37. Es así, pues la regla general en el estudio de la usura es que la autoridad responsable tiene que ejercer un control ex oficio de regularidad constitucional cuando la tasa sea usuraria o bien, exponer que no adquirió convicción sobre la existencia de usura en la tasa de interés y dejar intocada la que pactaron libremente las partes.

38. Por tanto, la falta de estudio acerca de la reducción de intereses por no haberse planteado como acción, derivó en la omisión de estudiar si efectivamente el monto de las tasas pactadas en este asunto podía ser relevante para determinar la existencia de la explotación del hombre por el hombre.

39. Con ello se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, dado que la interpretación de la demanda eludió considerar el argumento sobre la usura, derivado de la impugnación de nulidad, para darle un alcance que llevara a dilucidar si se transgredía o no el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece:

"Artículo 21. Derecho a la propiedad privada.

(...)

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley."

40. En cuanto al tópico de la usura, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un primer criterio, consideró que sólo era viable analizar si se presentó dicha conducta abusiva en el pacto de intereses, cuando ese aspecto había sido esgrimido oportunamente como parte de la litis del juicio de origen.

41. Así lo estableció dicho alto tribunal, en la jurisprudencia de la décima época, registro: 2002817, instancia: Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J 132/2012. Página: 714, de rubro y texto:

"INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE. El orden jurídico nacional sanciona la prohibición de usura de dos maneras; como tipo penal, y como ineficacia (bajo la figura de la lesión). Así, le da un tratamiento distinto dependiendo del ámbito en que ocurra. En ese sentido, y conforme a los artículos 2, 81, 385 y 388, del Código de Comercio; 17, 2230 y 2395 del Código Civil Federal; 79 y 190 de la Ley de Amparo, así como el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se aprecia que, en el ámbito mercantil, el pacto de intereses usurarios (o lesivos) se sanciona otorgando al afectado, a su elección, la posibilidad de accionar la nulidad relativa o la reducción equitativa de las prestaciones (cuanti minoris) y, de manera excepcional, estas acciones se sustituyen, en algunas ocasiones, por la de daños y perjuicios, como en los casos de la compraventa y permuta mercantiles. Luego, debe precisarse que la lesión, al ser la causa de las referidas acciones, debe tener lugar al momento de celebrar el pacto de intereses, al tratarse de una ineficacia de tipo estructural que se da en el momento de la celebración del acto jurídico. En consecuencia, para que se actualice esta figura, se deben comprobar dos requisitos: uno de tipo objetivo, consistente en la desproporción entre las prestaciones estipuladas en el pacto de intereses y otro, de tipo subjetivo, que se traduce en que el referido desequilibrio sea causado por la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del afectado. En esa virtud, y en atención a los principios de equilibrio procesal y litis cerrada que rigen en los juicios mercantiles, regulados en los artículos 1327 del Código de Comercio, y 17 del Código Civil Federal, se advierte que el análisis de los intereses lesivos debe hacerse a petición de parte."

42. Luego, con motivo de la contradicción de tesis 350/2013, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, efectuó una nueva reflexión sobre el tema y emitió las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), visibles en las páginas 400 y 402, del libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que se reproducen a continuación:

"PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL D

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32827-c84f1de6/usura-el-analisis-de-su-actualizacion-debe-realizarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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