USURA. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA IMPOSIBILITA ELIMINAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RESPECTO DE LOS HECHOS ANTERIORES A LA COSA JUZGADA, PERO SÍ PERMITE ANULAR LOS INTERESES USURARIOS GENERADOS DESPUÉS DE ÉSTA, PARA REDUCIRLOS A UNA TASA EQUITATIVA Y ASÍ LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE EL CITADO PRINCIPIO, LOS DE COSA JUZGADA Y DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA, DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. USURA. EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CABE ESTABLECER UNA SOLUCIÓN EQUITATIVA QUE ARMONICE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y EL DERECHO DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA.
USURA. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA IMPOSIBILITA ELIMINAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RESPECTO DE LOS HECHOS ANTERIORES A LA COSA JUZGADA, PERO SÍ PERMITE ANULAR LOS INTERESES USURARIOS GENERADOS DESPUÉS DE ÉSTA, PARA REDUCIRLOS A UNA TASA EQUITATIVA Y ASÍ LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE EL CITADO PRINCIPIO, LOS DE COSA JUZGADA Y DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA, DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.
USURA. EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CABE ESTABLECER UNA SOLUCIÓN EQUITATIVA QUE ARMONICE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y EL DERECHO DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA.
AMPARO EN REVISIÓN 234/2014. 6 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. SECRETARIA: CINTHIA MONSERRAT ORTEGA MONDRAGÓN.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Estudio del asunto.
I. Calificación de los agravios.
En el caso no procede suplir la deficiencia de la queja, al no actualizarse ninguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo.
Por tanto, este tribunal procede al análisis de los agravios, los que se califican de fundados pero ineficaces en atención a las consideraciones que enseguida se exponen.
II. Agravios fundados pero ineficaces.
• Los agravios identificados con los incisos d), e) y f) son fundados pero ineficaces, en los que se alega que el secretario encargado del despacho no analizó los criterios jurisprudenciales en los cuales se dispone que debe estudiarse de oficio los intereses usurarios.
Agravios que de conformidad con la técnica jurídica serán estudiados de forma conjunta debido a su estrecha relación temática, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo.
Son fundados los agravios de mérito, porque en su escrito de nueve de junio de dos mil catorce, formuló alegatos al que anexó copias de las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), de títulos y subtítulos siguientes:
"PAGARÉ, EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]."
"PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE."
En principio, los alegatos no forman parte de la litis en el juicio de amparo, en atención al criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, conforme a la jurisprudencia P./J. 27/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 80, agosto de 1994, materia común, página 14, de rubro y texto siguientes:
"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, ‘así como los demás razonamientos de las partes’, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos."
Pero, aunque en sus conceptos de violación no invocó las jurisprudencias que presentó mediante escrito de nueve de junio de dos mil catorce, en vía de alegatos la empresa quejosa ahora recurrente **********, tenían que ser atendidas por el Juez de Distrito, en términos del Acuerdo General Número 19/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) en el considerando séptimo que dispone que se considerará de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial a partir del lunes hábil siguiente, al día en que la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional sea ingresada en el Semanario Judicial de la Federación.
Por la fecha de publicación de las jurisprudencias y la fecha de la interlocutoria reclamada la autoridad responsable no pudo aplicar el contenido de las jurisprudencias 1a./J. 47/2014 (10a.) y 1a./J. 46/2014 (10a.): "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE." y "PAGARÉ, EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].", al momento de dictar la interlocutoria reclamada.
Y por esa misma temporalidad en atención a la fecha de la presentación de la demanda el quejoso tampoco podía invocar su aplicación en los conceptos de violación de su demanda de amparo.
Es así, porque en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo(8) y el Acuerdo General Número 19/2013 los criterios que anexó la sociedad quejosa a su ocurso de alegatos no podía exhibirlos antes de la presentación de la demanda de amparo, pero ya eran obligatorios para el juzgador al momento de resolver, dado que la demanda de amparo indirecto se presentó el cuatro de junio de dos mil catorce, y la publicación de los criterios que invocó la quejosa fueron posteriores a la presentación de la demanda de mérito, por tanto, correspondía al órgano jurisdiccional pronunciarse en torno a su aplicabilidad o inaplicabilidad al caso concreto, independientemente de que la quejosa esgrimiera o no algún razonamiento al respecto. Lo que, en la especie, no aconteció pues el secretario encargado del despacho no hizo referencia a los criterios invocados.
Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 130/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, materia común, página 262 de rubro y texto siguientes:
"TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.-El artículo 196 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla. De este modo, cuando la quejosa transcribe en su demanda de garantías una tesis aislada o jurisprudencial, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste deberá verificar su existencia y, si es jurisprudencia, determinar si es aplicable, supuesto en el cual deberá resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o alguna que no le resulte obligatoria, precisar si se acoge al referido criterio o externar las razones por las cuales se separa de él; lo anterior, independientemente de que la quejosa hubiere razonado o justificado su aplicabilidad al caso concreto. Sostener lo contrario podría llevar al extremo de que un órgano jurisdiccional dejara de observar la jurisprudencia que le resulte obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la quejosa no justificó su aplicabilidad al caso concreto, lo que evidentemente va en contra del sistema jurisprudencial previsto en dicha ley, cuyo propósito fundamental es brindar seguridad jurídica a los gobernados."
Ante esa omisión en que incurrió el secretario encargado del despacho, por ministerio de ley, en términos de lo establecido por el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar el tópico indicado.
• En términos del artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional reasume jurisdicción.
Para el debido análisis de la aplicabilidad de esas jurisprudencias cabe precisar los siguientes antecedentes:
1. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil nueve, ante la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ********** (ahora tercero interesado), promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de ********** (quejosa), demanda de la que tocó conocer por razón de turno al Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
2. Sustanciado que fue el procedimiento de mérito en todas sus etapas procesales, el once de diciembre de dos mil nueve, el a quo responsable dictó sentencia, en la que determinó procedente la vía propuesta por la actora ********** y condenó a **********, por la cantidad de $**********, por concepto de suerte principal; más el pago de los intereses moratorios causados.
3. Cosa juzgada: Inconforme con la sentencia la ahora recurrente interpuso recurso de apelación del cual tocó conocer a la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca **********, de su índice, quien mediante resolución dictada el diez de marzo de dos mil diez, determinó confirmar la sentencia impugnada y condenó a la apelante al pago de las costas judiciales.(9) Sentencia que constituye cosa juzgada.
4. Incidente de liquidación de intereses: Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, el diez de febrero de dos mil catorce, la ahora tercero interesada promovió incidente de liquidación de intereses relativo a los intereses moratorios, el cual fue admitido por el Juez de mérito dándose la oportunidad de contestar a la ahora recurrente la cual produjo su contestación el diecisiete de febrero de dos mil catorce.
5. Interlocutoria reclamada: Seguido el procedimiento incidental de mérito, con fecha tres de marzo de dos mil catorce, el a quo del conocimiento dictó sentencia interlocutoria, en la que declaró procedente el incidente de liquidación relativo a los intereses moratorios reclamados por ********** ahora tercero interesada y aprobó la cantidad de $********** por concepto de intereses moratorios generados a partir del ocho de septiembre de dos mil trece al ocho de febrero de dos mil catorce.
6. Apelación: Inconforme con la anterior resolución la demandada incidentista **********, promovió recurso de apelación del cual tocó conocer a la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca **********, de su índice, dictando la sentencia correspondiente, el trece de mayo de dos mil catorce, en la que confirmó la sentencia interlocutoria de fecha tres de marzo de dos mil catorce.(10)
7. Amparo indirecto: En fecha cuatro de junio de dos mil catorce, **********, promovió juicio de amparo indirecto, del cual conoció el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal con el número ********** y mediante sentencia de treinta de julio de dos mil catorce, resolvió negar el amparo solicitado.
8. Esa sentencia es la materia del recurso de revisión que ahora se resuelve.
Los hechos narrados permiten establecer dos premisas fundamentales:
1. Que existe cosa juzgada en relación con la determinación de la condena relativa al monto de la deuda principal e intereses; y,
2. Que la actualización de los intereses, es la materia de análisis en esta instancia de revisión.
La jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", reconoce que está prohibida la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, lo que implica como derecho humano fundamental, la reducción del interés a una tasa racional y equitativa como necesario fruto civil del dinero. La jurisprudencia de mérito obliga a realizar un estudio oficioso de la tasa de interés para determinar si es usuraria o no.
También se tiene en cuenta que con fecha diez de marzo de dos mil diez, la Sala responsable en el toca ********** formado con motivo del recurso de apelación promovido por la parte demandada, ahora recurrente **********, en contra de la sentencia que resolvió el fondo, confirmó la resolución apelada, en la cual se resolvió que la hoy recurrente debía pagar los intereses moratorios a su contraparte a razón del uno punto cinco por ciento (1.5%) mensual. Y tal sentencia es cosa juzgada, porque la sentencia de segunda instancia causó ejecutoria por ministerio de ley, en términos del artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.(11)
Que constituya cosa juzgada significa que ya no se puede modificar ni revocar por recurso ordinario alguno, lo que la caracteriza como inimpugnable, y tampoco pueda alterarse en su sustancia, por lo que se vuelve inmutable e inatacable.
En este contexto, es dable hacer un análisis de ponderación entre el principio de cosa juzgada y el de prohibición de la usura.
Colisión entre el derecho que es cosa juzgada y el principio de prohibición de la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre que establece el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
III. Planteamiento.
A) De la prohibición de la usura.
El artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente:
"Artículo 21. Derecho a la propiedad privada.
"...
"3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley."
Esta disposición que tiene su origen en una fuente de derecho internacional, forma parte de nuestro sistema jurídico, acorde con lo que establecen los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La norma general es que queda prohibida cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, y una de éstas es la usura por virtud de la cual un acreedor se enriquece de manera excesiva y abusiva con los frutos civiles que produce el capital que prestó a su deudor.
B) De la cosa juzgada.
Hay una necesidad lógica jurídica de que las controversias no queden sin determinación firme, inamovible, inmutable e inalterable o sea, que debe haber una resolución jurisdiccional que decida el fondo del litigio, que ya no pueda ser impugnable en ninguna otra instancia ordinaria o extraordinaria (recursos o medios de defensa ordinarios e incluso el juicio de amparo en la vía directa o indirecta); asimismo, que no pueda cuestionarse el hecho juzgado, en un juicio posterior, lo que justifica y da lugar a la existencia de la cosa juzgada formal y material.
La cosa juzgada formal y material tiene como características la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la inalterabilidad por las cuales una sentencia firme no es susceptible de modificarse en exceso ni en menoscabo, por lo que ya no puede alterarse por una resolución posterior.
En ese contexto, el problema de armonizar la prohibición de la usura y el efecto de la cosa juzgada se presenta ordinariamente cuando existe una sentencia que condenó al pago de intereses que puede ser tildado de usurario ante el Juez del juicio natural, en apelación o en los conceptos de violación en la vía de amparo indirecto o que sea advertida oficiosamente por el órgano de amparo en primera o segunda instancias por aparecer como una cuestión evidente o notoria.
De manera que sea necesario determinar si ante la existencia de la cosa juzgada que condena al pago de un interés excesivo que pueda ser calificado sin esfuerzo alguno como usurario, por ser notoria la desproporción, deba ejecutarse al deudor y obligarlo al pago forzoso, incluso, con el remate de sus bienes, o si puede invocarse el derecho del deudor a que se reduzca el interés usurario a una tasa equitativa, siempre que este tema no haya sido resuelto de manera expresa en la sentencia que constituya cosa juzgada, porque no puede haber dos o más pronunciamientos sobre un mismo hecho o una misma cuestión jurídica.
C) De la usura de la persona como fuente del derecho humano.
La dignidad humana, la sola existencia de la persona es suficiente para atribuirle un mínimo de derechos que garanticen su vida, libertad y patrimonio.
Desde el derecho romano queda claro que el no nacido tiene derechos civiles con la condición de que nazca vivo y viable; el nasciturus(12) como concepto civil antiguo pone de manifiesto la clara intención de tutelar a través de una norma jurídica a la persona que todavía no ha nacido, pero que nace viable y se marca un lapso que permite establecer esa presunción de viabilidad y transmitirlo a su muerte, para poder atribuirle el derecho a adquirir un patrimonio.
Desde la perspectiva de la norma penal con el delito de aborto se pretendió tutelar el derecho a la vida del concebido y previó determinadas excepciones que permiten a la mujer embarazada disponer libre y voluntariamente del producto de la concepción.
El derecho humano es inherente a la dignidad humana, por lo que acompaña a la persona hasta su muerte e, incluso, su cuerpo después de muerto merece protección (no a la disposición de órganos sin la libre y expresa voluntad de la propia persona); se trata de derechos que permanecen, se gozan y disfrutan por su titular de modo absoluto e indisponible, so pena de nulidad y su disposición por contrato, estará sancionado con nulidad relativa en el caso de la usura, y en otros casos con nulidad absoluta o inexistencia si se pacta sobre la vida o libertad, nombre, etcétera.
La cosa juzgada es una institución procesal fundamental del sistema jurídico mexicano que concreta una garantía de seguridad jurídica que es, a su vez, uno de los objetos que justifica la existencia del Estado.(13)
Al lado de la justicia, el derecho de seguridad jurídica permite que la solución jurisdiccional a través de la sentencia que se pronuncia en un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, vincule a las partes respecto de un litigio, sobre principios de imparcialidad, completitud y eficacia.
Es necesario que los litigios tengan una solución que resulte inmutable e inalterable para las partes que han intervenido en el litigio y que dependiendo de la naturaleza del derecho que haya sido materia del juicio seguido ante el tribunal previamente establecido, puede tener efectos generales (erga omnes), como ocurre tratándose del derecho real de propiedad o sobre el nombre, estado civil y filiación de las personas.
Estas cualidades de inmutabilidad e inalterabilidad son las que definen a la cosa juzgada, con la cual se impide que exista un segundo juicio respecto de un mismo hecho, salvo algunas materias relacionadas con la materia familiar en temas de guarda y custodia sobre menores y pensión alimenticia, cuyas resoluciones pueden modificarse cuando cambian las circunstancias en que se dictaron, por lo que se trata de excepciones acordes a la naturaleza de los hechos materia de los juicios respectivos y por la misma evolución de las personas involucradas en ese tipo de juicios (artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal).(14)
Otra excepción a la regla general de la cosa juzgada es la que deriva de la procedencia de una acción de nulidad de juicio concluido en dos limitados supuestos (artículo 737 A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal).(15)
No hay duda de que la finalidad de la cosa juzgada es la certeza jurídica y que se trata de un bien jurídico procesal, que se vuelve sustantivo porque con la sentencia ingresa al patrimonio de una de las partes el derecho declarado o constituido a favor del sujeto o persona que activó con su pretensión la actividad jurisdiccional; y en su aspecto negativo, que condenó a otra persona a cumplir forzosamente con la obligación precisada en la sentencia.
Por su contenido la sentencia es el acto jurídico creado por el órgano jurisdiccional competente que, en su parte resolutiva, regida por sus considerados determina la existencia de un derecho y la condena a respetarlo y, por ende, a que la obligación correlativa tenga su cabal cumplimiento.
Es necesario que la sentencia que ha causado estado conserve la calidad de inmutabilidad e inalterabilidad en cuanto a los hechos juzgados, puesto que la existencia de la obligación sobre los hechos probados en juicio ya no podrían juzgarse en un segundo juicio, porque con pretender lo contrario quedaría en un estado de indefensión la persona que obtuvo sentencia favorable, y provocaría la inseguridad jurídica, con absoluta falta de certeza y confianza en las instituciones.
Sin embargo, en la etapa de ejecución y liquidación de la sentencia que tiene la categoría de cosa juzgada formal y material,(16) puede advertirse que se produce la lesión a un derecho humano y que, una vez identificado, motiva una determinación expresa sobre los límites de la prevalencia de esa institución de la cosa juzgada por la obligación que tiene la autoridad de amparo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales, de los que México sea Parte, acorde con lo que dispone el artículo 1o. constitucional.(17)
Es en la etapa de ejecución donde puede advertirse que ha existido un pronunciamiento con calidad de cosa juzgada que ha tenido por materia un derecho humano e, incluso, que ha sido afectado por la determinación judicial, sin haberse cuestionado en su momento.
Esto es, no formó parte de la litis del juicio resuelto, pero en la vía de amparo y, en su caso, en la instancia de revisión, se impugna el acto jurisdiccional que ejecuta y hace efectiva la condena.
Es en tal instancia en que puede plantearse por la parte afectada o de oficio, que la ejecución o liquidación de la sentencia afecta un derecho humano.
En este supuesto el Juez de amparo con una perspectiva formal podría aplicar mecánicamente la institución procesal de la cosa juzgada y desdeñar o soslayar que hay una afectación del derecho humano.
Pero no se trata propiamente de un tema de interpretar y aplicar una norma procesal que regula la figura de cosa juzgada como lo es el artículo 426(18) del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en un sentido conforme a la Constitución Mexicana, en respeto a la seguridad jurídica que establecen los artículos 14, 17 y 22 y de que prevalezca una interpretación que favorezca de manera más amplia a la persona (principio pro persona vinculado a una interpretación conforme a la Constitución Federal).
En realidad, se trata de un caso en el que entran en colisión el derecho de una persona que goza en su patrimonio de un derecho reconocido en una sentencia que es cosa juzgada formal y material, tutelada claramente en la legislación procesal, ante el derecho de la otra parte que tiene en su patrimonio la prohibición de que la otra obtenga un beneficio económico excesivo a costa de su patrimonio, y que sea tan evidentemente excesivo que pueda ser calificado de usurario, lo que otorga al afectado la posibilidad de que tal perjuicio económico sea disminuido a una obligación racional y equitativa.
Si esa cuestión de usura la hubiese planteado oportunamente habría sido materia de decisión por el órgano jurisdiccional y estaría definida expresamente por lo que ya no podría juzgarse por segunda vez.
Sin embargo, sí no lo hizo y lo plantea hasta la etapa de liquidación de la sentencia, el problema consiste en definir la prevalencia de la cosa juzgada de manera absoluta, frente al derecho a excluir la usura en las relaciones civiles y comerciales originada por préstamos de dinero.
La solución procesal formal sería establecer que es improcedente cuestionar la ejecución porque es una materia que está firme y no se planteó oportunamente como parte de la litis principal y que, por ende, ya no puede cuestionarse porque los incidentes no pueden rebasar, disminuir o de alguna forma alterar la cosa juzgada.
En cambio, tal solución no es tan clara si se atiende a la naturaleza que caracteriza a un derecho humano, que es inherente a la calidad de persona y a su dignidad como tal, y que es algo indispensable para su plena libertad y desarrollo de sus facultades y capacidades; desde tal perspectiva resulta que se trata de un derecho absoluto del cual no puede disponerse por voluntad de la persona ni por resolución judicial, esto es, un verdadero derecho humano es absoluto y permanece inherente a la personalidad jurídica de la persona, en su patrimonio material e inmaterial como la vida, libertad, el nombre, etcétera. (ver artículo 29 constitucional)(19)
Por tanto, si se trata de un derecho humano que es absoluto y no se extingue, mientras la ejecución no está consumada y consentida, cabe establecer una solución equitativa que armonice ambos derechos, por lo que la resolución determinará respetabilidad a la cosa juzgada respecto de los hechos juzgados hasta el momento en que tal sentencia o convenio adquirió la calidad de cosa juzgada; y que el derecho humano correlativo de la prohibición de la usura sea protegido, respetado y garantizado respecto de la usura generada después de ese momento y que pretenda liquidarse en ejecución de sentencia.
Así, oficiosamente, podrá reducirse el interés usurario generado después de que causó estado, pero no podría alterarse la cosa juzgada respecto del hecho materia de la litis que fue resuelto y sobre intereses que sean anteriores al momento en que causó estado o se declaró que causó estado o ya han sido pagados, porque con el pago queda en evidencia que el patrimonio del deudor ha podido soportar ese interés excesivo, y ya está en el patrimonio del acreedor.
Se trata no de establecer la convencionalidad de los preceptos que regulan la institución de la cosa juzgada, porque ésta no aparece como notoriamente inconvencional y, por el contrario, sí es racional y tiene un fin constitucionalmente válido, así como es idónea para el objeto que se persigue que es la seguridad jurídica.
En cambio, lo que ocurre es que después de que se ha producido la cosa juzgada, continúa la etapa de ejecución y producirá material y necesariamente la afectación al derecho humano que deriva de la prohibición de la usura.
Ante esa afectación que produce la ejecución de la cosa juzgada y que indudablemente afecta el derecho humano, surge la necesidad para el órgano de amparo de determinar qué debe prevalecer: la institución de la cosa juzgada que justificaría la legalidad de la ejecución o el derecho humano a no ser explotado y empobrecerse por la usura.
La obligación de tutelar y actuar oficiosamente para la protección de los derechos humanos, respetar y garantizarlos, hace posible estudiar la existencia de la usura y de actualizarse, reducir el interés usurario a una tasa equitativa.
De modo que en la etapa de ejecución de sentencia se produce una colisión entre el principio de seguridad jurídica, que comprende a la cosa juzgada, y el derecho humano consistente en que no puede permitirse el enriquecimiento del acreedor a través de la explotación del patrimonio del deudor.
La solución propuesta a la disyuntiva planteada tiene en cuenta que la cosa juzgada y la prohibición de volver a seguir un juicio por el mismo hecho, tiene su fundamento en los artículos 14, 17 y 22 constitucionales, mientras que la prohibición de la usura tiene su fundamento legal tanto en el artículo 2395 del Código Civil Federal,(20) como en el artículo 21, numeral 3, de la Conven
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26913-4a9d0b25/usura-el-principio-de-seguridad-juridica-imposibilita-eliminar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- JURISPRUDENCIAS 1a./ J. 46/2014 (10a.) Y 1a./J. 47/2014 (10a.) EMITIDAS POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN ESTÁ CO (AMPARO DIRECTO)
- CASACIÓN. EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES OBLIGA A QUE EL TRIBUNAL ANALICE DE OFICIO TANTO EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO AL INCULPADO COMO LA SENTENCIA IMPUGNADA PAR (AMPARO DIRECTO)
- PROCEDIMIENTOS ESPECIAL U ORDINARIO EN EL JUICIO LABORAL. SUPUESTO EN EL CUAL LA VIOLACIÓN PROCESAL DE SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA INCORRECTA NO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y, P (AMPARO DIRECTO)
- ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDE (2817)
- JURISPRUDENCIA SOBRE NORMAS PROCESALES. SI UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO DICTA LA SENTENCIA QUE SE RECLAMA ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDE (I.7o.P.119 P)
- TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDE (P. LX/98 )
- SUSPENSIÓN EN EL DICTADO DE RESOLUCIONES. LOS PLENOS DE CIRCUITO CARECEN DE FACULTADES PARA DECRETARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS DEL CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRC (PC.III.A.3 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis