CASACIÓN. EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES OBLIGA A QUE EL TRIBUNAL ANALICE DE OFICIO TANTO EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO AL INCULPADO COMO LA SENTENCIA IMPUGNADA PARA CONSTATAR SI EXISTE VIOLACIÓN O NO DE AQUELLOS QUE TUVIERA QUE REPARAR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). CASACIÓN. EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE DICHO RECURSO ESTÁ OBLIGADO A EXAMINAR TANTO LO ACAECIDO EN EL PROCESO COMO LA DECISIÓN RECURRIDA EN SU INTEGRIDAD, NO OBSTANTE QUE EL INCONFORME SE HUBIERA PRONUNCIADO SÓLO POR UNO DE LOS ASPECTOS DE LA SENTENCIA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).
AMPARO DIRECTO 325/2011. **********. 23 DE FEBRERO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESÚS MARTÍNEZ CALDERÓN. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
En efecto, de la parte resolutiva de la sentencia que recayó al recurso de casación se advierte que la Sala colegiada resolvió lo siguiente:
"... Por lo anterior y ante lo jurídicamente consumado, no procede nulificar la sentencia impugnada, ni la audiencia de debate, pues incluso la Sala colegiada examinó la totalidad de los registros audiovisuales y demás actuaciones escritas, sin encontrar agravios que vulneren derechos fundamentales del sentenciado."
La autoridad responsable para llegar a la anterior determinación únicamente se concretó a dar contestación a los motivos de disenso formulados en el recurso de casación por el defensor particular del ahora quejoso; sin embargo, omitió:
a) El estudio oficioso de la demostración del delito cuya comisión se le atribuye, como de la responsabilidad penal del peticionario del amparo respecto al ilícito por el que se le sentenció, conforme a la teoría del caso planteada por cada una de las partes.
b) El análisis integral y exhaustivo del material probatorio de cargo y de descargo.
c) Precisar las razones motivadas que apuntan estimar legal la aplicación de la sana crítica, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia, reglas de la lógica, el principio de contradicción, el de tercero excluido, el de razón suficiente y el de identidad.
d) El estudio oficioso relativo a la individualización de la pena privativa de libertad y pecuniaria, así como la negativa de los beneficios que el tribunal de juicio oral abordó en su sentencia.
La exposición que antecede, respecto de la cual se abundará líneas más adelante, pone de manifiesto la ilegalidad de la sentencia que se examina, puesto que la Sala de casación, por una parte restringió el recurso a lo esgrimido vía agravios por el inconforme, omitiendo abordar en forma oficiosa los diversos aspectos del proceso como de la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral.
En principio, el Tribunal de Casación expuso:
"... Cabe acotar que el medio de impugnación tiene por objeto examinar, en los términos de los artículos 408, 419 y 420 del Código Procesal Penal, en función de los específicos conceptos de agravio expresados por los recurrentes y, en su caso, de posibles violaciones a derechos fundamentales que pudieran advertirse de oficio a favor del imputado, si el Tribunal de Juicio Oral, al emitir sentencia, trastocó el sistema normativo. Así, con fundamento en los numerales 408 y 428 del Código de Procedimientos Penales, la Sala de casación sólo se ocupará de los motivos de disenso expresamente señalados por los recurrentes, dado que como se anotó inmediatamente antes, el examen de los agravios se efectúa bajo el principio de estricto derecho".
Tal forma de proceder se aparta del marco legal que rige el nuevo sistema de justicia penal acusatorio vigente en esta entidad federativa, porque un análisis sistemático de las normas que lo integran permite establecer que el Tribunal de Casación no sólo está facultado, sino que se encuentra obligado a examinar tanto lo acaecido en el proceso como la decisión recurrida en su integridad, independientemente de que la parte inconforme se hubiere pronunciado, verbigracia, sólo por uno de los aspectos de la sentencia, habida cuenta que el legislador ordinario le confirió potestad para hacer valer y reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales; encomienda que no podría cumplirse si se estimara legal la posibilidad de omitir el análisis de los aspectos destacados.
Antes de continuar, se estima conveniente acotar que si bien es cierto que conforme con la interpretación que de manera reiterada ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los alcances del numeral 133 de la Constitución Federal, sólo el Poder Judicial Federal puede calificar la constitucionalidad de los actos de autoridad a través del juicio de amparo, en atención a que, en términos generales, ese dispositivo establece expresamente la supremacía constitucional y un orden jerárquico de los ordenamientos en nuestro sistema legal. Además, en su parte final consigna la obligación para los Jueces de los Estados de respetar la Constitución Federal, leyes federales y tratados, con preferencia a las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones y leyes locales; también es verdad que en el Estado de Chihuahua, se encuentran vigentes diversas normas que autorizan el ejercicio del llamado control difuso de la Constitución por parte de la Sala de casación, fuera del procedimiento previsto por los artículos 103 y 107 de la Carta Magna.
Lo anterior se desprende del contenido de diversos dispositivos del Código de Procedimientos Penales, que dicen:
"Artículo 1. Finalidad del proceso.
"El proceso penal tiene por objeto establecer la verdad histórica, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas.
"Se entenderá por derechos fundamentales a los reconocidos en las Constituciones Federal y Local, en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en las leyes que de aquéllas emanen."
"Artículo 401. Agravio.
"Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en el reproche de los defectos que causan la afectación.
"El imputado podrá impugnar una decisión judicial aunque haya contribuido a provocar el vicio, en los casos en que se lesionen derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal o en tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano."
"Artículo 403. Operatividad de los agravios.
"Los motivos de agravio serán operantes si, además de ser fundados, la modificación o revocación de la resolución impugnada no implica la violación de derechos de la parte que obtuvo."
"Artículo 421. Efectos de la interposición del recurso.
"La interposición del recurso de casación suspende los efectos de la sentencia condenatoria recurrida.
"Interpuesto el recurso, no podrán invocarse nuevas causales de casación; sin embargo, el tribunal podrá hacer valer y reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales."
"Artículo 424. Motivos de casación de la sentencia.
"La sentencia será motivo de casación cuando:
"I. Violara, en lo que atañe al fondo de la cuestión debatida, un derecho fundamental o la garantía de legalidad. ..."
Luego, es evidente que a través de un medio de control de legalidad, dicha autoridad del orden común fue dotada de facultades para calificar la actuación de las autoridades judiciales, bajo la consideración de que resultan violatorios de derechos fundamentales.
Ahora, si se toma en cuenta que la Sala responsable no puede abstenerse de aplicar las leyes locales, es dable concluir que se encontraba constreñida a examinar en su contexto el fallo impugnado, así como el procedimiento seguido en contra del peticionario de garantías, pues sólo de ese modo estaría en aptitud de constatar la existencia o inexistencia de violaciones a derechos fundamentales; habida cuenta que solamente el examen exhaustivo del actuar del Tribunal de Juicio Oral permite salvaguardar los derechos del imputado cuya defensa se haya realizado en forma deficiente.
Cabe destacar que la potestad otorgada a la Sala de casación de hacer valer y reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales, encierra la posibilidad de examinar cuestiones no propuestas por el recurrente en sus agravios, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba realizar el estudio correspondiente.
Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia visible en la red jurídica nacional intranet, que se ubica con los siguientes datos: Registro IUS 170008. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242, tesis 2a./J. 26/2008. Jurisprudencia, Materia(s): Común, que a la letra dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente."
De igual modo, deviene aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 689 del Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al Juez de Distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el Juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al Juez de control o Juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor."
No es obstáculo para concluir en el sentido apuntado, lo previsto en los ordinales 400, 408 y 421 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que dicen:
"Artículo 400. Condiciones de interposición.
"Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este código, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida."
"Artículo 408. Competencia.
"El tribunal que conociere de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales."
"Artículo 421. Efectos de la interposición del recurso.
"La interposición del recurso de casación suspende los efectos de la sentencia condenatoria recurrida.
"Interpuesto el recurso, no podrán invocarse nuevas causales de casación; sin embargo, el tribunal podrá hacer valer y reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales."
De lo destacado en los numerales transcritos, pudiera pensarse que dan pauta para considerar a la alzada de estricto derecho o litis cerrada. Sin embargo, ello no es así, pues los reproducidos numerales deben interpretarse en forma concordante o sistemática con el ordinal 1o. del citado cuerpo de leyes que preceptúa:
"Artículo 1. Finalidad del proceso.
"El proceso penal tiene por objeto establecer la verdad histórica, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas.
"Se entenderá por derechos fundamentales a los reconocidos en las Constituciones Federal y Local, en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y en las leyes que de aquéllas emanen."
En la apuntada tesitura, resulta dable afirmar que el precitado respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, obliga al estudio oficioso del tema de la responsabilidad penal del imputado, por más que sólo se hubiese impugnado la nulidad de una parte del fallo, esto es, la demostración de los elementos del delito, no así la responsabilidad penal ni la individualización de la pena, es decir, que no la hubiese censurado el inconforme en la casación, toda vez que la suplencia de la queja se contiene implícita en los artículos 20, fracción V y 21 constitucionales, en el sentido de que la acción penal y la carga de ésta corresponde al Ministerio Público, excepción hecha en el marco constitucional contenida en el segundo párrafo del numeral citado en último término, relativa a los casos en que los particulares puedan ejercer la acción penal ante la autoridad judicial, la cual no se encuentra regulada. Así, el justiciable en la comisión de un delito, no tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado quien debe probar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del imputado.
Por lo anterior, no efectuar el citado estudio oficioso, significaría apartarse de los principios constitucionales que rigen el debido proceso legal, porque el fin último que persigue la referida garantía es evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo, o en situación que afecte gravemente sus defensas.
Por tanto, los indicados dispositivos legales (400, 408 y 421 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua), no deben constituir una limitante de las garantías individuales de defensa, audiencia y debido proceso contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente, debe destacarse que a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de dos mil once, se sumó la "interpretación conforme o integradora" al artículo 1o. del Pacto Federal, acorde con la cual todos los órganos del Estado deben interpretar los derechos constitucionales de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos y sus interpretaciones autorizadas, emanadas de órganos de protección (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos, etcétera).
El precepto citado dice:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
De ahí que si el Tribunal de Casación del Estado de Chihuahua advierte alguna violación procesal que haya dejado sin defensa al sentenciado, debe interpretar los citados numerales conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, aun en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles.
Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2010, consultable en el IUS de la Red Jurídica Nacional, que aparece con el registro 163,300, visible a página 646, Tomo XXXII, diciembre de 2010, Segunda Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN. La aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. Así, el Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico."
Ciertamente, si la garantía de debido proceso legal contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas en su defensa y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas, ello se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional.
En congruencia con lo anterior, parafraseando a **********, autor de La Casación, Control del Juicio de Hecho, Rubinzal-Culzoni Editores, páginas 24 y 69, debemos decir lo siguiente:
"Que la garantía del debido proceso no permite decidir de modo arbitrario o absurdo, sino respetando el principio de legalidad, condición necesaria para la validez de las sentencias judiciales que contengan la justificación razonable del juicio de hecho y del juicio de derecho. Respetar el principio de legalidad en la sentencia significa, ante todo, decidir con fundamento en una apreciación racional y verdadera de los hechos. Porque de una conclusión errada sobre los hechos litigiosos lógicamente derivará, sin más, una errónea aplicación del derecho.
"Por ello, la justificación del juicio de hecho en la motivación de las sentencias no es cosa que pueda ser menos importante que la justificación del juicio de derecho. A los justiciables hay que tutelarles efectivamente. Y es al emitir el juicio de hecho cuando el ejercicio de la jurisdicción alcanza su mayor significación."
También sobre el tema, cabe precisar que el doctrinario **********, en la Enciclopedia Jurídica Mexicana II C, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México 2002, páginas 98 a 100, define como casación, lo siguiente:
"Casación. I (Del francés cassation, derivada del verbo casser, anular, y a su vez del latín quassare, sacudir violentamente, romper.) El medio de impugnación que se traduce en el recurso de carácter extraordinario a través del cual se examina la legalidad de la actividad del Juez en el procedimiento y en la sentencia que de ser acogido, puede producir el efecto de anular el fallo respectivo, ya sea para reponer el citado procedimiento o con el propósito de que se pronuncie una nueva sentencia de fondo."
Retomando, según se desprende de los artículos 419, 423 y 424 del Código de Procedimientos Penales del Estado, la casación constituye un sistema mixto en cuanto su objeto, porque el tribunal puede invalidar:
• La audiencia de debate de juicio oral, o
• La sentencia o resolución de sobreseimiento dictada en dicha audiencia, cuando hubiere quebranto a las formalidades esenciales del procedimiento o infracción a la legalidad en la formación de las resoluciones aludidas.
Esta duplicidad en que puede ser ejecutada la actividad jurisdiccional del Tribunal de Casación, permite a los recurrentes enderezar sus motivos de agravio en contra del juicio y también de la sentencia; de ahí que los efectos de la casación se encuentran justificados de acuerdo a su objeto, ya que la causal de anulación en los casos en que así se decida, puede invalidar la audiencia de debate de juicio oral, o la sentencia o resolución de sobreseimiento dictada en dicha audiencia, cuando hubiere quebranto a las formalidades esenciales del procedimiento o infracción a la legalidad en la formación de las resoluciones aludidas (artículo 423 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua); pero en otros casos es posible decretar la invalidez de la sentencia y, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, determinar si pronuncia directamente una resolución de reemplazo (artículo 424 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua).
Así, la materia del recurso, conforme lo dispone el artículo 428 del Código de Procedimientos Penales del Estado, obliga al Tribunal de Casación a exponer los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su decisión y pronunciarse sobre todas las cuestiones controvertidas, salvo que se acogiere el recurso con base en alguna causal que fuere suficiente para anular la sentencia.
La exigencia de garantizar un proceso penal en el que se cumpla la seguridad jurídica, impone al ejercicio de la actividad jurisdiccional cierto grado de control o límite racional oficioso a las decisiones que adopte en relación con la situación procesal del reo.
Tal exigencia, además de estar establecida en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 14 constitucional, deviene de la obligación que asumió el Estado Mexicano al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual, en la parte que interesa, dice lo siguiente:
"Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
"San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969
"Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
"Preámbulo
"Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
"Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
"Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;
"Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y
"Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,
"Han convenido en lo siguiente:
"Parte I. Deberes de los Estados y Derechos Protegidos
"Capítulo I. Enumeración de deberes
"Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
"1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
"2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
"Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno
"Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. ...
"...
"Artículo 8. Garantías Judiciales
"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
"a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
"b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
"c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
"d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
"e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
"f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
"g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
"h) derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior. ...
"...
"Artículo 25. Protección Judicial
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
"2. Los Estados Partes se comprometen:
"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23461-eb75f4f2/casacion-el-respeto-irrestricto-a-los-derechos-fundamentales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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