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PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. INMEDIACIÓN. ESTE PRINCIPIO NO IMPIDE REVISAR SU RACIONALIDAD EN CUANTO A LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES AL JUICIO, YA SEA EN LOS RECURSOS DE ALZADA O EN EL JUICIO DE AMPARO, COMO CUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS, AL DERECHO DE MOTIVACIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 191/2014. · Registro digital (IUS): 25888
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-10-09
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Pág. 3581.

PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.

AMPARO DIRECTO 191/2014. 6 DE MARZO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS EN CUANTO A LA PLENA RESPONSABILIDAD PENAL; UNANIMIDAD DE VOTOS EN CUANTO A LA DEMOSTRACIÓN DEL DELITO Y EN RELACIÓN CON EL TEMA CONTENIDO EN ESTA TESIS. DISIDENTE: MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA. PONENTE: JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL. SECRETARIA: ROSALBA SALAZAR LUJÁN.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-A título de conceptos de violación, la parte quejosa expresa, de manera reiterada y profusa, esencialmente que:

1. Se realizó una ilegal valoración de la prueba circunstancial, pues no se integra legalmente, dado que la Sala responsable no precisó cuál es el hecho indiciario que se obtiene de cada uno de los datos de prueba existentes en el juicio oral y de qué manera se ven adminiculados o complementados para arribar a la conclusión de que todos en su conjunto demuestran, de manera plena, el delito imputado al quejoso y su responsabilidad en la comisión del mismo, dado que para la utilización de tal probanza, el juzgador debe exponer los razonamientos que haya tenido en cuenta para valorar jurídicamente las pruebas, en razón de que es indispensable un cuidadoso examen y valoración, siendo insuficiente su sola referencia, empleando para ello las reglas de la lógica, la experiencia y el conocimiento científico y de las cosas, mas no autoriza la conjetura o sospecha sino que exige una deducción racional; por ende, debe ser aplicada única y exclusivamente en los casos que existan hechos debidamente acreditados que no sean pruebas directas, sin que el juzgador pueda suplir la insuficiencia de pruebas con base en indicios no probados o infiriendo hechos o circunstancias que al final no resulten verídicos.

1.1. La Sala responsable no hizo una correcta integración y acreditación de la prueba de indicios o circunstancial, debido a que de los indicios analizados no se desprenden las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos que se le atribuyen como coautor del delito de homicidio calificado, ya que no está acreditado en forma alguna que haya golpeado a la menor víctima de manera intencional o dolosa, así como tampoco que le propinó el golpe en la cabeza que motivó que dicha menor fuera intervenida quirúrgicamente y la sola sospecha del maltrato infantil en forma alguna prueba su responsabilidad en la comisión del injusto, sino que exige una deducción racional para fundar el juicio de valor en la prueba circunstancial, a más de que tampoco está acreditado el maltrato ni el codominio funcional en los hechos materia de la acusación, de ahí que la sentencia reclamada no está fundada ni motivada; sin que sea óbice que la responsable sostenga su criterio en una resolución emitida por un Tribunal Colegiado en la que se tuvo por acreditado el dolo con la prueba circunstancial, porque el presente caso reviste distintos matices, desarrollo de los hechos y material probatorio, máxime que existe jurisprudencia del Más Alto Tribunal en el sentido de que no le está permitido al juzgador presumir su existencia, sino que debe estar plenamente probado y que tampoco incide que para la acreditación del delito de que se trata y su responsabilidad en la comisión, la responsable adujera que resultan fundamentales los resultados de los elementos probatorios que reseñó, analizó, dijo haber valorado y señaló que arrojaron la certeza y actualización de los requisitos de ley para dictar sentencia condenatoria en su contra.

1.2. Tampoco está acreditada la coautoría, habida cuenta que la autoridad responsable no precisó de qué manera se dio esa participación concreta en forma particular en cuanto a los hechos materia de la acusación y cuál fue su conducta delictuosa, siendo incorrecto que sostenga que su actuar doloso deriva de las circunstancias en que la menor víctima presentó varias alteraciones de salud y las contradicciones en la información proporcionada al personal médico del hospital en que se internó a la menor víctima, en cuanto a los detalles personales y de su domicilio, mayormente cuando la propia responsable estableció que no se determinó con exactitud el momento de la producción de dichas lesiones, aunado a que no existe prueba que acredite que realmente quería la muerte de su menor hija, entonces no se acreditan el dolo en su conducta, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por consiguiente tampoco aceptó los resultados de tales hechos.

1.3. La Sala responsable no señala cómo es que tuvo por cierta y acreditada una conducta pasiva de su parte y que no hizo nada para evitar que su coacusada causara daños a la pasivo, ya que omite indicar cómo es que arribó a tal conclusión, máxime que no se desahogó prueba que acreditara que vio a dicha coacusada agredir en la cabeza a la menor y no lo impidió, teniendo así el codominio de los hechos, pues todo fue conjeturado por dicha responsable, así como que en el caso existió un acuerdo tácito concomitante, dado que no expuso las razones por las que lo consideró así, máxime que la propia responsable consideró que la investigación del Ministerio Público no fue lo suficientemente amplia, dado que omitió una real indagación en cuanto al entorno de la menor y su cuidado; que no se practicaron estudios psicológicos a los progenitores, ni entrevistas a los familiares y amistades, empero de manera incongruente señaló que la comprobación de los hechos de la acusación y su responsabilidad penal se acreditaron con la prueba de indicios, sin exponer cómo se integra.

1.4. La sentencia resulta incongruente, también porque se asentó que no se encuentran precisadas con mayor claridad las particularidades en que se cometió el delito, tales como si las lesiones se produjeron mediante un golpe o maltrato, si se empleó algún instrumento o fue con las manos de los activos o cuál de éstos ejecutó la conducta material y cuál contribuyó asumiendo una actitud de aceptación que motivó al otro a continuar con su conducta agresiva, así como que en el caso particular no existen testigos presenciales ni se conocen los detalles de lo que realmente ocurrió, sin que por ello se vulneraran los derechos fundamentales del ahora quejoso, siendo por lo anterior, evidente tal violación.

1.5. No se tuvo en cuenta que se llevó a la menor víctima a que recibiera atención médica al percatarse de su estado de salud alterado y que estuvieron pendientes de su convalecencia, así como que a su ingreso al hospital presentaba un estado normal general en su integridad física, que llevó a la trabajadora social de dicho hospital a un domicilio cierto y que ésta no encontró nada irregular en ese domicilio; que no tiene antecedentes penales ni siquiera policiacos, además de que ambos progenitores se presentaron ante la fiscalía voluntariamente para dar seguimiento a la investigación, pues pudo haber huido si se sentía culpable de alguna conducta ilícita, mas no fue así, aunado a que la propia autoridad responsable admitió el alto riesgo que implicó la intervención quirúrgica que se le practicó a la menor víctima.

1.6. La sentencia reclamada es incorrecta al confirmar la actualización de las hipótesis previstas en los artículos 125 y 126 del Código Penal del Estado de Chihuahua y la imposición conjunta de la pena de prisión que cada precepto establece, porque no existe prueba, ni siquiera indiciaria, que acredite la materialidad del delito de homicidio previsto en el numeral 123 del citado ordenamiento legal, dado que no se precisa de qué manera se tiene por cierto y acreditado que en el caso concreto alguien privó de la vida a la menor víctima al causarle lesiones que alteraron su salud física y que luego produjeron su muerte, al no justificar la fiscalía que se causaron tales lesiones con el ánimo o intención de privar de la vida a dicha menor y así causarle la muerte en términos de lo establecido por el artículo 124 del citado código y que el fiscal no fundó ni motivó legalmente su acusación, pues jamás precisó de qué manera los hechos materia de tal acusación encuadran en las hipótesis legales que mencionó ni se refirió a las agravantes del delito y cómo es que se demostraron; por el contrario, en sus alegatos de apertura señaló que tales hechos los acreditaría a través de la prueba indiciaria, lo cual tampoco hizo en forma alguna.

1.7. Por lo anterior, suplió de oficio la acusación del Ministerio Público, en contravención a los principios de carga probatoria y congruencia jurídica y se basa para tener por acreditados los hechos de la acusación y su responsabilidad en una argumentación demostrativa a través de una prueba indiciaria o circunstancial.

1.8. Que la Sala responsable confirma que deben imponérsele las condenas que establecen los artículos 125 y 126 del Código Penal del Estado de Chihuahua, pero no expone cuáles fueron las distintas conductas que desplegó, ni precisa cuál de las agravantes es de mayor entidad o por qué es dable imponer tales agravantes, siendo en todo caso, aplicable la pena que prevé el primero de los numerales, mas no la que alude el 126, toda vez que, salvo el voto en contra de uno de los Magistrados integrantes de dicha responsable, se estaría aplicando una doble pena y no es suficiente para sostener dicha sentencia la argumentación basada en el hecho de que existen criterios de diversa Sala de casación y en una resolución del amparo directo en revisión que determinó que ese numeral no es inconstitucional, por lo que es contrario a derecho y a sus garantías, que la responsable no haya analizado y tomado en cuenta que también, de estimarse que no existiera en su caso una falta total de responsabilidad penal, de un correcto análisis y estudio total de las constancias y pruebas de autos, se desprende una insuficiencia de pruebas que lleguen a establecer dudas sobre dicha responsabilidad; por tanto, debió absolvérsele, dado que se actualiza a su favor el principio in dubio pro reo.

Son infundados los resumidos conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por las razones y consideraciones que enseguida se exponen:

El artículo 20, apartado A, fracciones I a X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"A. De los principios generales:

"I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

"II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;

"III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

"IV. El juicio se celebrará ante un Juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

"V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

"VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución.

"VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

"VIII. El Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

"IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

"X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio."

Este precepto constitucional, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, establece que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, destacando que en el trabajo legislativo que culminó con la reforma en comento, se precisó que la oralidad es la principal herramienta para materializar esos principios, la cual tiene como finalidad abandonar el sistema de formación de un expediente físico y suplantarlo por una metodología de audiencias en las que se hacen las peticiones y se exponen las consideraciones para dirimir las controversias entre las partes.

En el caso, importa señalar que de las fracciones I, II y V transcritas con anterioridad, se advierte claramente la intención del Constituyente Permanente de precisar los principios generales que rigen a todo el proceso penal con independencia de la forma en la que éste culmine, es decir, si concluye con el juicio oral, de forma anticipada o mediante un procedimiento abreviado, estableciendo que el objeto que persigue el proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; además, que la valoración de las pruebas deberá realizarse directamente por el Juez de manera libre y lógica; específicamente, se precisa que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal, teniendo las partes igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente.

Asimismo, la fracción VIII dispone el estándar de prueba para la condena, que no es otro sino la convicción motivada para la condena, lo cual, según el propio Constituyente (reflejado en el trabajo legislativo), no se trata de una convicción íntima, sino de aquella que pueda ser justificada a partir de los elementos fácticos que el Ministerio Público logre probar.

Lo anterior se confirma con lo señalado en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, que forma parte del procedimiento legislativo que culminó con la reforma al texto constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, que en su parte conducente dice:

"... Un elemento clave para alcanzar la plena realización del objeto de esta reforma es crear las bases para un modelo procesal de corte plenamente acusatorio, disciplinado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación e imparcialidad.-Una de las características más importantes del proceso de corte acusatorio es la estricta separación que debe existir entre el órgano de investigación y de persecución con el de jurisdicción. Dicho principio está ya reconocido por el artículo 21 constitucional y también por el 18 por lo que hace al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, sin embargo, nuestra tradición legislativa configuró un proceso mixto que se alejó de este importante principio. Por este motivo, el primer párrafo del artículo 20 constitucional reafirma la naturaleza acusatoria del proceso.... La metodología de audiencias, propia de este nuevo proceso, implica que las decisiones judiciales, sobre todo si afectan derechos, se adopten siempre frente a las partes, una vez que se les ha dado la oportunidad de contradecir la prueba y de ser escuchadas. Así pues, la oralidad no es una característica únicamente del juicio, sino de todo el proceso en general, incluidas las etapas preparatorias del juicio. Queda a salvo, por supuesto, la posibilidad de que el Ministerio Público solicite, sin presencia del imputado o su defensor, órdenes de aprehensión, cateo, intervención de comunicaciones privadas y reserva de actuaciones, entre otras diligencias que por su naturaleza requieran sigilo.-Estructura del artículo 20... apartado A. Principios del proceso.-La fracción I prevé el objeto del proceso penal que no es sino el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y que el daño sea reparado.-Además de lo ya expuesto sobre la metodología de audiencias cabe indicar que los principios del proceso penal no sólo son aplicables al juicio propiamente dicho, sino a todas las audiencias en las que con inmediación de las partes se debata prueba. La fracción II de este apartado establece los principios de inmediación y de libre valoración de la prueba.-El principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba que son vertidos en un proceso y que servirán para la toma de decisiones preliminares en el proceso y la determinación de la responsabilidad penal de una persona, sean presenciados sin mediaciones o intermediarios por el Juez en una audiencia, de modo tal que éste esté en aptitud de determinar, previa una valoración libre de la prueba ofrecida, la decisión en cuestión. Este método eleva enormemente la calidad de la información con la que se toma la decisión, toda vez que además de permitir un contacto directo con la fuente de prueba, la resolución se adopta después de escuchar a las dos partes.-El principio de libre valoración de la prueba es el que se asume para la toma de decisiones. Se adopta este principio porque los otros sistemas que han sido reconocidos históricamente para la valoración de la prueba en el derecho moderno, son notoriamente ineficaces para garantizar el carácter racional de la actividad jurisdiccional. En efecto, el sistema de la íntima convicción es propio de los sistemas en los que los juzgadores de hecho y los de derecho están separados, es decir, en aquellos sistemas que prevén el juicio por jurado. En esas tradiciones, el jurado no está obligado a motivar sus decisiones. Tal no será el caso en México, puesto que las decisiones de hecho serán adoptadas por Jueces profesionales que estarán obligados a fundar y motivar sus decisiones, tal como lo ordena ya el artículo 16 constitucional. ...En la fracción V se dispone un principio fundamental del proceso acusatorio que consiste en que el onus probandi corresponde a la parte acusadora y al principio de igualdad entre partes.-La fracción VI dispone la prohibición de que el juzgador tenga contacto con alguna de las partes sin que esté presente la otra. La idea de este planteamiento es nuevamente evitar que el Juez sólo tenga información unilateral y que ello sesgue su criterio. Por supuesto se exceptúan de este dispositivo aquellas diligencias que solicite el Ministerio Público y que sean necesarias para garantizar la efectividad de la investigación.-La fracción VII señala que una vez iniciado el proceso penal, se podrá decretar su terminación anticipada, si el inculpado no se opone, en las condiciones que establezca la ley para tal efecto. En caso de que admita su participación en el delito, aunado a que existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez deberá citar a audiencia para dictar sentencia. Se remite a la ley para establecer los beneficios que podrán otorgarse por ello.-La fracción VIII dispone el estándar de prueba para la condena, que no es otro sino la convicción motivada para la condena. No se trata, como ya se expresó con anterioridad, de una convicción íntima, sino de aquella que pueda ser justificada a partir de los elementos fácticos que el Ministerio Público logre probar... Finalmente, la fracción X dispone que todos los principios detallados en líneas que anteceden, deberán observarse también en las audiencias preliminares al juicio..."

Con lo que se tiene que la reforma procesal penal tiene como finalidad que con la aplicación de dichos principios se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado.

En otro tenor, en relación con la valoración de la prueba, los artículos 20 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado disponen, el primero, que las pruebas serán valoradas por los Jueces según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; y el segundo, que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, deben hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida, considerando en su caso, los elementos de prueba, que por cualquier medio fueron desahogados durante la audiencia de debate de juicio oral y que la valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, esa motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

Por su parte, el artículo 374 del ordenamiento legal en mención, preceptúa que nadie podrá ser condenado por algún delito, sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se haya cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él haya correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley y que el tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral, sin que pueda condenarse a una persona con el solo mérito de su propia declaración.

En otro aspecto, de lo dispuesto en los artículos 419 al 429 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se obtiene, en lo de interés para la resolución del caso concreto, lo siguiente:

• El recurso de casación tiene como objeto invalidar la audiencia de debate de juicio oral o la sentencia por quebranto a las formalidades esenciales del procedimiento o infracción a la legalidad en la formación de la resolución.

• En el escrito de interposición del recurso deben precisarse las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes.

• El tribunal puede hacer valer y reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales.

• El juicio y la sentencia serán motivo de casación cuando en la tramitación de la audiencia de debate de juicio oral se hubieran infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución Federal o Local, o por los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano que se encuentren vigentes, la sentencia se hubiera pronunciado por un tribunal incompetente o que, en los términos de la ley, no garantice su imparcialidad, la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exige la ley, se hubieren violado el derecho de defensa o el de contradicción, en el juicio oral se hubieran violado las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad, oralidad y concentración del juicio, siempre que se vulneren derechos de las partes.

• En estos casos, el tribunal de casación ordenará la celebración de un nuevo juicio, enviando el auto de apertura de juicio oral a un tribunal competente, integrado por un Juez o Jueces distintos a los que intervinieron en el juicio anulado.

• La sentencia será motivo de casación cuando se viole, en lo que atañe al fondo de la cuestión debatida, un derecho fundamental o la garantía de legalidad, carezca de fundamentación, motivación, o no se hubiese pronunciado sobre la reparación del daño, haya tomado en cuenta una prueba ilícita que trascienda al resultado del fallo, no se hubiera respetado el principio de congruencia con la acusación, haya sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada, al apreciar la prueba, no se hubieran observado las reglas de la sana crítica, de la experiencia o de la lógica, o se hubiere falseado el contenido de los medios de prueba o la acción penal esté extinguida.

• En estos casos, el tribunal de casación invalidará la sentencia y, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, determinará si pronuncia directamente una resolución de reemplazo, o si ordena la reposición de la audiencia de debate de juicio oral, en los términos del artículo anterior.

• En la sentencia, el tribunal deberá exponer los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su decisión y pronunciarse sobre todas las cuestiones controvertidas, salvo que acogiere el recurso con base en alguna causal que fuere suficiente para anular la sentencia.

En resumen, el recurso de casación tiene como objeto invalidar la audiencia de debate de juicio oral, la sentencia o resolución de sobreseimiento dictada en dicha audiencia, cuando hubiere quebranto a las formalidades esenciales del procedimiento o infracción a la legalidad en la formación de las resoluciones aludidas.

Entre los efectos del recurso se contempla la facultad de que el tribunal pueda hacer valer y reparar de oficio, en favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales. Como posibles motivos de casación se establece cuando en la tramitación de la audiencia de debate del juicio oral se hubieren infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución Federal o Local, o por los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano que se encuentren vigentes. En los motivos de casación de la sentencia se establece el caso en que exista violación, en lo que atañe al fondo de la cuestión debatida, a un derecho fundamental.

Ahora bien, a efecto de establecer el límite y la materia del recurso de casación, en los casos que el punto de estudio sea la violación a derechos fundamentales consagrados en la Constitución o aquellos derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano que se encuentren vigentes, es necesario acudir a los recientes criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre estos tópicos.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la aplicación del principio pro persona como criterio de interpretación de derechos humanos, es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima. Ese test de argumentación mínima exigida es el siguiente:

a) Pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable;

b) Señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende;

c) Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y,

d) Precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles.

El citado criterio se encuentra consultable en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación «del viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas», con los siguientes datos de localización: Décima Época, registro digital 2007561, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), página 613, que dice:

"PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la so

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25888-2889ee7e/principio-pro-persona-como-criterio-de-interpretacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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