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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL EN PSIQUIATRÍA FORENSE. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE ORDENAR OFICIOSAMENTE SU DESAHOGO CUANDO ADVIERTA QUE LA MUJER ACUSADA DE HOMICIDIO SUFRIÓ VIOLENCIA DE GÉNERO POR LA VÍCTIMA, A EFECTO DE CONOCER EL ESTADO MENTAL DE AQUÉLLA AL MOMENTO DE LOS HECHOS, VIOLA DERECHOS HUMANOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 276/2013. · Registro digital (IUS): 24759
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-01-10
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Pág. 3148.

AMPARO DIRECTO 276/2013. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ACUÑA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Previo al análisis del presente asunto, resulta importante realizar la interdependencia de derechos humanos que se actualiza en el caso concreto.

El punto central de la interdependencia de derechos humanos, es que al analizar un caso, en los órganos con funciones jurisdiccionales deberán tenerse en consideración los derechos que se alegan violados y, además, deben analizarse aquellos otros que: 1) también resultan afectados debido a la violación a los derechos inicialmente alegados; y 2) que sin haber sido directamente violentados, son condición necesaria para el respeto, protección y garantía de los derechos violados.

El aspecto central del principio de interdependencia es que resulta necesario conocer la forma en que los derechos se sostienen unos a otros.

El principio de interdependencia.(1)

Los derechos humanos son interdependientes en tanto que establecen relaciones recíprocas entre ellos. La interdependencia señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos. La interdependencia comprende, por lo menos, un par de relaciones donde: a) un derecho depende de otro(s) derecho(s) para existir, y b) dos derechos (o grupos de derechos) son mutuamente dependientes para su realización. En este sentido, el respeto, garantía, protección y promoción de un derecho tendrá impacto en los otros y/o viceversa.

De tal forma, la protección del derecho de adecuada defensa no puede quedar al margen de una revisión de otros derechos condicionantes como el debido proceso y las garantías judiciales.

Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable consistentes en la causa penal **********, obran las declaraciones de la quejosa **********(2), quien precisó la forma en que la ahora occisa, con uso de violencia, le impuso la cópula desde el dos mil nueve, lo que se corroboró con el dictamen en materia de psicología(3), de trece de octubre de dos mil once, suscrito por la licenciada **********, respecto de la quejosa, quien llegó a las siguientes conclusiones:

"Con base en los resultados de la entrevista, aplicación de pruebas psicológicas, observación de actitudes y conductas practicados a **********, así como del análisis de antecedentes en el presente caso de estudio, se concluye lo siguiente: 1) Sujeto femenino alerta, orientado en tiempo, lugar, situación y persona. No se observan alteraciones en lenguaje, sensopercepción y funcionalidad. Su memoria se encuentra conservada, con capacidad de juicio y autoeterocrítico normales, su tono emocional es depresivo y ansioso, congruente con la situación que experimenta. 2) Es emocionalmente estable, es introvertida, pasiva, influenciable y dependiente. Con baja autoestima y dificultad para expresar sus afectos y experiencias íntimas a causa de una educación basada en el sometimiento. 3) Por lo anterior, se concluye que la procesada presenta una condición psicológica dentro de la normalidad, dado que los dos resultados de la valoración no se desprenden síntomas que indiquen la presencia de alteraciones mentales, cognitivas o conductuales, por lo tanto y tomando en consideración que presenta secuelas psicológicas y emocionales de victimización sexual, tales como culpa, asco, vergüenza, tristeza, confusión y baja autoestima, así como síntomas de estrés agudo y prolongado que le ha generado depresión y ansiedad; mismos que por congruencia de su discurso y tono emocional que imprime se atribuyen a la reiterada violencia física, psicológica, emocional y sexual que refiere haber sufrido contra su voluntad por parte de la hoy occisa ********** de ********** años de edad, tornándose que una víctima que temía en demasía a su agresora a quien describe como una persona violenta, emocionalmente inestable, manipuladora y conflictiva. Probablemente erotómana quien la rebasa considerablemente en edad y, por lo tanto, en experiencia para lograr el sometimiento de la víctima; tales abusos se tornaron en una realidad intolerable para la víctima, lo que detona en un estado de emoción violenta al momento de verse obligada a sostener relaciones sexuales lésbicas con la hoy occisa contra su voluntad, ser humillada, maltratada y verse en la necesidad de luchar por preservar su vida y proteger la de sus familiares; siendo rebasada por la situación, es incapaz de regular su conducta de manera normal al momento de ocurrir los hechos que se le imputan, concluyéndose que se encontraba en un estado de emoción violenta ajena a su voluntad y control."

Situación que vulnera sus derechos fundamentales y actualiza los mecanismos de protección establecidos en los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano y la ley secundaria; señalados al inicio de este considerando, bajo el rubro de "consideraciones previas".

En razón de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido por la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer(4) (CEDAW, por sus siglas en inglés), en cuyo preámbulo se enfatiza la dignidad de la persona e igualdad de derechos entre hombres y mujeres; por tanto, la necesidad de modificar los roles tradicionales que han desempeñado en la sociedad y la familia.

Define a la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales <artículo 1>. Los Estados se comprometen a asumir políticas para eliminar la discriminación contra la mujer, medidas legislativas que la prohíban y sancionen; establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer por los tribunales; abstenerse de incurrir en prácticas de discriminación y velar porque las instituciones públicas actúen de acuerdo con ello <artículo 2, incisos b, c y d>.

Además, adoptar las medidas apropiadas (en todas las esferas) para garantizar a las mujeres el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales <artículo 3>. Modificar los patrones socioculturales para eliminar prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en ideas de superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos y de cualquier concepto estereotipado de papeles masculino y femenino, en todos los niveles y formas de enseñanza <artículos 5-a y 10-c>.

Una vez vinculados con la "CEDAW" los Estados partes deben modificar su legislación y sus políticas nacionales para ajustar su marco normativo a los términos de la convención. Asimismo, se crea un órgano de vigilancia del tratado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, encargado de vigilar, a través de informes periódicos, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados miembros de la convención.(5)

El Comité ha asumido la práctica de emitir recomendaciones generales, que revisten el carácter de interpretación auténtica del contenido de la convención, procuran definir con mayor precisión las obligaciones de los Estados y la sustancia de los derechos establecidos en ella.(6)

La violencia contra la mujer incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad.

Además, el Estado también es responsable de los actos de violencia contra las mujeres perpetrados por particulares en tanto no adopte medidas con la diligencia debida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar actos de violencia e indemnizar a las víctimas.(7)

Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)(8), es el primer instrumento internacional creado específicamente para tratar el tema de violencia de género. En el preámbulo se establece que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y constituye una violación de derechos humanos y las libertades fundamentales, que limita total o parcialmente su goce o ejercicio.(9) Establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia <artículo 3>, entendiendo por ésta, cualquier acción o conducta basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento (físico, sexual o psicológico), que se produzca en el ámbito público o privado <artículo 1>, dentro de la familia, unidad doméstica o cualquier relación interpersonal y que sea tolerada o perpetrada por el Estado o sus agentes <artículo 2>.

Reconoce a las mujeres el goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, entre otros, acceso a un recurso jurisdiccional sencillo y rápido contra actos que violen sus derechos <artículo 4>.

La finalidad de la convención, al referirse a las "prácticas", es que aun cuando éstas, consideradas en forma aislada, no tengan la intención de discriminar o producir violencia, sí generen ese resultado (se produzca, permita o tolere la violencia). La incorporación de las esferas privada y pública, es de gran relevancia, porque tradicionalmente existió una separación radical que trascendió a la poca o nula defensa de los derechos humanos que se violaban en el seno familiar o por particulares.(10)

La violencia contra las mujeres adquiere una dimensión institucional, cuando los órganos del Estado incorporan a sus procesos visiones estereotipadas sobre las mujeres y adoptan prácticas que coartan o limitan el ejercicio de sus derechos y libertades,(11) o bien, se abstienen de ejercer sus facultades para prevenir o corregir actos de violencia.

En general, puede decirse que los estereotipos que se tienen respecto a las mujeres son "una visión o idea preconcebida generalizada de atributos o características que los integrantes de un grupo particular poseen o deberían llevar a la práctica".(12) Estas ideas preconcebidas y generalizadas, tienen un componente claramente discriminatorio al ignorar las características individuales y presumir que otras son mandatorios para las personas que pertenecen a determinado grupo; v.gr. las ideas que consideran que los hombres son siempre físicamente más fuertes que las mujeres.(13) Considerar que todas las personas debemos comportarnos de determinada manera e ignorar las necesidades, deseos, habilidades y circunstancias particulares, resulta perjudicial tanto para los hombres como para las mujeres ya que al romper el estereotipo, "surge una reprobación social por ese tipo de conducta".(14)

La Corte Interamericana ha señalado que es posible asociar la subordinación de la mujer a "prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial".(15)

El caso de la violación sexual es un buen ejemplo de cómo los estereotipos y los mitos han primado en la forma como el derecho ha respondido ante este crimen. Entre ellos,(16) se encuentra la idea de que la violación sexual sólo es cometida por extraños; la definición de la figura de los agresores como enfermos mentales y la idea de que las mujeres denuncian haber sido abusadas sexualmente por venganza o celos.

Otros estereotipos -vinculados al tema del consentimiento- tienen como sustrato la idea de que sólo las mujeres vírgenes y "honestas" pueden ser violadas y no aquellas con amplia experiencia sexual o cuya vestimenta y comportamiento puedan interpretarse como incitadores de la agresión. A esto se une la exigencia de una resistencia física constante por parte de la víctima para considerar que se trata de un acto sexual no consentido.

Ahora bien, estos estereotipos se refuerzan, además, en documentos académicos tal como ejemplifica Di Corleto, con este texto de Soler que -al momento de hablar de la violación sexual- señala: "... para que se configurara el delito de violación el autor debía vencer una resistencia ‘seria y constante’ y que no debe confundirse la verdadera violencia -que generalmente dejará en las ropas y el cuerpo de la víctima otras señales que la del acto sexual mismo- con la discreta energía con que el varón vence el pudor de la doncella que, en realidad, desea y consiente".(17)

La violencia contra las mujeres, por tanto, es un ejemplo de violencia de género que ha sido tardíamente reconocida por el derecho y que necesita una respuesta integral por parte del Estado lo cual, sin duda, debe ser considerado como un elemento básico y una preocupación específica en el diseño de una política criminal.

En los artículos 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se enumeran como motivos prohibidos de discriminación "la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social" [el destacado es nuestro].

La Corte Interamericana ha señalado que los tratados de derechos humanos como la convención, son "instrumentos vivos", cuya interpretación debe ser acorde con la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales.(18)

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que la discriminación varía según el contexto y evoluciona con el tiempo. Por tanto, la discriminación basada en "otra condición social" exige un planteamiento flexible que incluya otras formas de trato diferencial que no puedan justificarse de forma razonable y objetiva y tengan un carácter comparable a los motivos expresos reconocidos en el artículo 2, numeral 2. Estos motivos adicionales se reconocen generalmente cuando reflejan la experiencia de grupos sociales vulnerables que han sido marginados en el pasado o que lo son en la actualidad.(19)

Tanto la Corte Europea como el Comité de Derechos Humanos han decidido una serie de casos en los cuales se alega la diferencia de trato con base en la orientación sexual. Dichos casos se han referido tanto a la aplicación de sanciones penales y disciplinarias, como a la falta de reconocimiento de derechos de los cuales sí son titulares las personas heterosexuales tanto en la dimensión individual de su vida como en la dimensión de pareja. En dichos casos, ambos organismos han establecido de manera consistente que la orientación sexual se encuentra comprendida dentro de las cláusulas prohibidas de discriminación de los tratados internacionales respectivos.(20)

Entre los criterios considerados para llegar a estas medidas se han utilizado: la marginación y exclusión histórica a la cual han estado sometidas las personas homosexuales; la inmutabilidad de la orientación sexual, entendiendo por inmutabilidad una característica difícil de controlar de la cual una persona no puede separarse a riesgo de sacrificar su identidad; y la irrazonabilidad manifiesta de un reparto de cargas sociales con base en la orientación sexual.

Las personas que se apartan de la sexualidad socialmente valorada son víctimas de situaciones de discriminación social y jurídica a un punto tal que la forma en que se estructura la hostilidad hacia quienes integran minorías sexuales ha meritado su comparación con la del racismo.

Con base en la experiencia reseñada, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció recientemente que la "orientación sexual" es un motivo implícito de discriminación comprendido en la categoría de "cualquier otra condición social".(21)

Argumentos que inclusive fueron reiterados por la Corte Interamericana en la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil doce, al resolver el "Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile"(22), pues expuso lo siguiente:

"...

"1. Derecho a la igualdad y a la no discriminación

"78. La Corte ha establecido que el artículo 1.1 de la convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades ahí reconocidos ‘sin discriminación alguna’. Es decir, cualquiera que sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la convención es per se incompatible con la misma.

"79. Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico.

"80. Además, el tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias.

"81. La Convención Americana, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no contiene una definición explícita del concepto de ‘discriminación’. Tomando como base las definiciones de discriminación establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el artículo 1.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante ‘Comité de Derechos Humanos’) ha definido la discriminación como: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.

"82. La Corte reitera que, mientras la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar ‘sin discriminación’ los derechos contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a ‘igual protección de la ley’. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana.

"2. La orientación sexual como categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana

"83. La Corte ha establecido, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

"84. En este sentido, al interpretar la expresión ‘cualquier otra condición social’ del artículo 1.1 de la convención, debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano.

"85. Los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo. Por el contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la inclusión del término ‘otra condición social’ para incorporar así a otras categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas. La expresión ‘cualquier otra condición social’ del artículo 1.1 de la convención debe ser interpretada por la Corte, en consecuencia, en la perspectiva de la opción más favorable a la persona y de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo.

"86. Al respecto, en el Sistema Interamericano, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (en adelante ‘OEA’) ha aprobado desde 2008 en sus sesiones anuales cuatro resoluciones sucesivas respecto a la protección de las personas contra tratos discriminatorios basados en su orientación sexual e identidad de género, mediante las cuales se ha exigido la adopción de medidas concretas para una protección eficaz contra actos discriminatorios.

"87. Respecto a la inclusión de la orientación sexual como categoría de discriminación prohibida, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la orientación sexual es ‘otra condición’ mencionada en el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante ‘Convenio Europeo’), el cual prohíbe tratos discriminatorios. En particular, en el Caso Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal, el Tribunal Europeo concluyó que la orientación sexual es un concepto que se encuentra cubierto por el artículo 14 del Convenio Europeo. Además, reiteró que el listado de categorías que se realiza en dicho artículo es ilustrativo y no exhaustivo. Asimismo, en el Caso Clift vs. Reino Unido, el Tribunal Europeo reiteró que la orientación sexual, como una de las categorías que puede ser incluida bajo ‘otra condición’, es otro ejemplo específico de los que se encuentran en dicho listado, que son consideradas como características personales en el sentido que son innatas o inherentes a la persona.

"88. En el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han calificado la orientación sexual como una de las categorías de discriminación prohibida consideradas en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos indicó en el caso Toonen vs. Australia que la referencia a la categoría ‘sexo’ incluiría la orientación sexual de las personas.

"Igualmente, el Comité de Derechos Humanos ha expresado su preocupación frente a diversas situaciones discriminatorias relacionadas con la orientación sexual de las personas, lo cual ha sido expresado reiteradamente en sus observaciones finales a los informes presentados por los Estados.

"89. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determinó que la orientación sexual puede ser enmarcada bajo ‘otra condición social’. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han realizado referencias en el marco de sus observaciones generales y recomendaciones, respecto a la inclusión de la orientación sexual como una de las categorías prohibidas de discriminación.

"90. El 22 de diciembre de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la ‘Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género’, reafirmando el ‘principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género’. Asimismo, el 22 de marzo de 2011 fue presentada, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la ‘Declaración conjunta para poner alto a los actos de violencia, y a las violaciones de derechos humanos dirigidas contra las personas por su orientación sexual e identidad de género’. El 15 de junio de 2011 este mismo consejo aprobó una resolución sobre ‘derechos humanos, orientación sexual e identidad de género’ en la que se expresó la ‘grave preocupación por los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, [cometidos] contra personas por su orientación sexual e identidad de género’. La prohibición de discriminación por orientación sexual ha sido resaltada también en numerosos informes de los relatores especiales de Naciones Unidas.

"91. Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas (supra párrs. 83 a 90), la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la convención. Por ello está proscrita por la convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.

"...

"3. Diferencia de trato basada en la orientación sexual

"94. El tribunal resalta que para comprobar que una diferenciación de trato ha sido utilizada en una decisión particular, no es necesario que la totalidad de dicha decisión esté basada ‘fundamental y únicamente’ en la orientación sexual de la persona, pues basta con constatar que de manera explícita o implícita se tuvo en cuenta hasta cierto grado la orientación sexual de la persona para adoptar una determinada decisión.

..." (Se quitaron las notas al pie).

En el orden nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé diversas medidas para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida.(23)

Define a la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.(24)

Asimismo, define al agresor, como la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres.(25)

Ahora bien, debe decirse que no solamente la violencia hacia la mujer por parte de un hombre es una violación a un derecho humano, sino también la violencia hecha por una mujer hacia otra del mismo sexo. Según la organización "ALDARTE, Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales"(26), se denomina violencia intragénero a aquella que en sus diferentes formas se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo constituyendo al igual que en la violencia del hombre dirigida hacia la mujer un ejercicio de poder siendo el objetivo de la persona que abusa dominar y controlar a su víctima.(27)

En atención a lo anterior, los instrumentos reseñados brindan un panorama de los deberes mínimos de los Estados frente a un grupo en situación de vulnerabilidad, a saber, las mujeres; establecen un modelo a seguir en la protección y defensa de sus intereses habitualmente afectados. En consecuencia, al tener la pasivo la calidad de mujer, es dable concluir que se está ante una "obligación reforzada".

Uno de los compromisos fundamentales de la "CEDAW" y la Convención Belém do Pará, es garantizar a las mujeres el acceso efectivo a instrumentos jurisdiccionales eficaces para prevenir, investigar y sancionar actos de discriminación y violencia.

Obligación que carecería de sentido si las autoridades del Estado no actuaran diligentemente en el cumplimiento de ese cometido, pues las prácticas y costumbres pueden tener como resultado la limitación en el goce y ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres.

El caso "María Da Penha Fernández contra Brasil", es paradigmático en cuanto a la inacción de las autoridades frente a las manifestaciones de violencia sufridas por una mujer que soportó agresiones físicas de su esposo durante quince años que incluyeron una tentativa a privarla de la vida, lo que provocó

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24759-ea9298f7/prueba-pericial-en-psiquiatria-forense-la-omision-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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