Corpus
Modo: Corpus Pro

JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL. PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL (MIXTO/ESCRITO). DEBE SUSTANCIARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE MARZO DE 2014 (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO). PROCESOS PENALES INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE MARZO DE 2014, SÓLO LES SON APLICABLES A AQUÉLLOS (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2016. · Registro digital (IUS): 27416
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-10-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo III, Pág. 1501.

JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.

PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL (MIXTO/ESCRITO). DEBE SUSTANCIARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE MARZO DE 2014 (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO).

PROCESOS PENALES INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE MARZO DE 2014, SÓLO LES SON APLICABLES A AQUÉLLOS (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER, LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ, JOSÉ PABLO PÉREZ VILLALBA E IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. DISIDENTES: OLGA ESTREVER ESCAMILLA, SILVIA CARRASCO CORONA, MIGUEL ÁNGEL MEDÉCIGO RODRÍGUEZ Y CARLOS HUGO LUNA RAMOS. PONENTE: LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ. SECRETARIO: RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA.

CONSIDERANDO:

I. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para resolver el presente asunto en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 9, 17, 27 y 33 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; dado que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito.

II. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

III. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(1) definió una metodología -que seguiremos- para determinar la existencia de una contradicción de tesis, atendiendo a la finalidad de la unificación de criterios más allá de las particularidades de cada caso; así, estaremos en ese supuesto si se cumplen las condiciones siguientes:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Así, a fin de analizar los puntos anteriores y verificar la existencia de la contradicción de tesis, se considera necesario traer a cuenta las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:

i. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 9/2016:

"CONSIDERANDO:

"PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito tiene atribución constitucional y legal para dirimir el conflicto competencial, conforme a los preceptos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se suscitó entre un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad y un Juez Penal del fuero común de la misma capital; ámbito territorial en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción.

"No es obstáculo el hecho de que el Juez Federal no hubiese aceptado la competencia declinada por estimar que carecía de ella por razón de sistema de justicia penal, dado que cuando se inició la averiguación previa condigna, ya se encontraban en funciones los Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en los Reclusorios Oriente, Sur y Norte; amén de que jurídicamente se encontraba impedido para plantear directamente competencia a favor de diverso órgano jurisdiccional, como podría ser un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en esta ciudad.

"Así, esa situación no se traduce en que el presente conflicto competencial se suscite entre dos Jueces de Distrito y, por ende, que quien lo deba elucidar sea un Tribunal Unitario en Materia Penal de este Primer Circuito,(2) pues lo cierto es que la génesis del asunto se retrotrae hasta la declinatoria planteada por el Juzgado Trigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, por razón de fuero, quien luego de resolver la situación jurídica del inculpado, reclasificó la conducta por la que se ejerció acción penal (con detenido) y estimó carecer de competencia, toda vez que el delito que estimó actualizado estaba previsto en una ley federal.

"En esa tesitura, es patente que el asunto que nos ocupa es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos del punto cuarto, fracción II, del preinvocado Acuerdo General Plenario «Número» 5/2013, en relación con el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,3 ya que involucra una cuestión foral, o sea, entre un tribunal de la Federación y otro de la Ciudad de México, y no sólo el pronunciamiento del Juez de Distrito en el sentido de que, por razón de sistema, el competente sería un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en la Ciudad de México.

"SEGUNDO. La Juez Trigésimo Séptimo Penal de esta metrópoli, a efecto de declinar competencia, consideró:

"‘...-Ciudad de México, a veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis (2016).-VISTA esta causa penal, para resolver la situación jurídica que en lo sucesivo deberá observar ********** en la partida **********, instruida en su contra, por el delito que el Ministerio Público denominó posesión de documentos auténticos para el pago de bienes y servicios sin consentimiento de quien está facultado para ello (sic), que se dice cometido en agravio de la sociedad; y estando dentro del plazo constitucional, a que se refiere el artículo 297 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (sic), se procede a ello, y;-RESULTANDO: 1.-Mediante pliego de consignación de dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016), se ejerció acción penal en contra del referido indiciado, al considerarlo probable responsable en la comisión del delito de posesión de documentos auténticos para el pago de bienes y servicios sin consentimiento de quien está facultado para ello (sic). Por oficio de la misma fecha, la Dirección de Turno de Consignaciones Penales y Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (sic), remitió a este órgano jurisdiccional la averiguación previa ********** (con detenido) la cual fue radicada bajo el número de partida **********.-2.-Al haber sido detenido el indiciado por (cuasi) flagrancia se ordenó su puesta a disposición en este H. Juzgado, en el interior del Reclusorio Preventivo Norte de esta ciudad.-3.-En la misma fecha se ratificó de legal la detención que sufrió durante la indagatoria y rindió su declaración preparatoria, quedando el asunto en condiciones para resolverse, y;-CONSIDERANDO: PRIMERO.-Competencia. Aunque en el caso a estudio, se trata de una consignación ministerial con detenido que conforme al artículo 449 del Código de Procedimientos Penales (sic) en el caso de que este juzgado no resultara competente para conocer del tema, se vería precisado a resolver la situación jurídica según se precisará (sic) a continuación; no obstante se realiza la siguiente declaratoria para dar mayor certeza jurídica. Este juzgado, de acuerdo al planteamiento ministerial, aparece competente para resolver el presente asunto, en razón de la materia, grado, territorio y quántum de la pena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 11, 446 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (sic), 1, 2 y 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (sic), por tratarse de un hecho ocurrido en el perímetro de la delegación **********, de esta ciudad; tipificado por la ley sustantiva penal como delito grave, del que previene para su conocimiento esta juzgadora del ramo penal del Distrito Federal (sic) por ministerio de ley, cometido dentro de su jurisdicción.-SEGUNDO.-Hecho concreto. El agente del Ministerio Público consignador en su correspondiente pliego, consideró al indiciado probable responsable en la comisión del delito referido, imputándole la realización del siguiente hecho concreto:-El 17 de mayo de 2016, siendo las 14:00 horas, el testigo de hechos **********, quien presta sus servicios como cajero en el banco ********** y se encuentra adscrito a la sucursal ubicada en **********, **********, colonia **********, delegación **********, se encontraba desempeñando sus labores en la caja 3, momento en el que se presentó el indiciado **********, quien le solicitó que le cambiara un cheque, y le hizo entrega del cheque número **********, de fecha 2 de mayo de 2016, expedido por **********, perteneciente de la cuenta **********, registrada a favor de la persona moral **********, cuenta que se encuentra registrada en la sucursal bancaria **********, en el que aparece como librador ********** por el importe de $60,000.00, mismo que presentaba un endoso en propiedad a favor del indiciado, conteniendo los datos generales del activo, asimismo le entregó su identificación siendo una licencia de conducir, una vez que tuvo el cajero en su poder los documentos señalados, procedió a verificar la autenticidad del cheque, así como que los rasgos fisonómicos de la identificación coincidieran con el indiciado, por lo que una vez verificado los candados de seguridad del cheque y que el mismo no presentaba anomalía alguna comenzó a revisar su caja a efecto de saber si le alcanzaba el efectivo para hacer pagadero el cheque, no sin antes informarle a la supervisora de cajas de nombre **********, que iba a hacer pagadero el cheque número ********** de fecha 2 de mayo de 2016, de **********, de la empresa **********, por la cantidad de $60,000.00 pesos, lo anterior, en virtud de que dicho título cumplía con las normas de seguridad y se estaba realizando el tramite conforme a la normatividad del banco, pero su jefa le manifestó que se esperara que iban a localizar al titular de la cuenta para corroborar que efectivamente este (sic) había expedido el cheque y al observar al indiciado la supervisora le indicó que el indiciado se parecía a una persona de la cual tenían una alerta con el antecedente de cobrar cheques robados, por lo que de inmediato dieron aviso al área de seguridad del banco informándoles que una persona se había presentado a cobrar un cheque y que se parecía a una persona que habían enviado una alarma por cobrar cheques robados, indicándole al testigo ********** que siguiera atendiendo al indiciado y que hiciera tiempo, minutos después les confirmaron que efectivamente se trataba de la misma persona, manifestándole el testigo al imputado que tenía que esperar ya que tenían que confirmar con el titular de la cuenta ya que se trataba de una cantidad elevada y tenían que tomar las medidas necesarias, respondiéndole el indiciado que llevaba prisa, indicándole que sólo se demoraría unos minutos, permaneciendo el indiciado frente a la caja, dirigiéndose el testigo de nueva cuenta con su jefa para preguntarle que (sic) iba a hacer y ésta le dijo que realizara el corte de caja, por lo que de inmediato procede a llevar a cabo dicho corte, instante en el que se presentó el denunciante ********** y les manifestó que el cheque que entregó el indiciado para su pago era de su propiedad y que al revisar su chequera personal le faltaba el cheque **********, y que él nunca lo había librado, y que en su chequera se encuentra desprendido totalmente y arriban, (sic) motivo por el cual solicitaron el apoyo de unos policías, los cuales se presentaron momentos después a la sucursal bancaria manifestándoles lo sucedido y éstos detuvieron al indiciado y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.-PREVISIÓN: Tal hecho, el agente del Ministerio Público consignador, determinó que se encontraba previsto en los siguientes numerales del Código Penal para el Distrito Federal (sic): 1.-Posesión de documentos auténticos para el pago de bienes y servicios, sin consentimiento de quien está facultado para ello. Se encuentra previsto en el artículo 336, fracción III (hipótesis de posea documentos auténticos para el pago de bienes y servicios sin consentimiento de quien está facultado para ello).-2.-Respecto de la conducta desplegada, encuadra en lo dispuesto en los artículos 15 (acción), con relación a lo dispuesto en el artículo 18 (hipótesis: las acciones delictivas solamente pueden realizarse dolosa...), en concordancia con lo estatuido en el párrafo segundo del mismo numeral (hipótesis de: obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico, quiere su realización).-3.-Con relación a la forma de intervención del agente del delito: señaló el numeral 22 (son responsables del delito), fracción I (hipótesis: de quienes lo realicen por sí).-4.-En cuanto a la manera en que fue dañado el bien jurídico tutelado: invocó la fracción II del numeral 17 (delito permanente: cuando se viola el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo).-Numerales todos del Código Penal para el Distrito Federal (sic).-SANCIÓN: Asimismo, tal comportamiento delictivo se encuentra sancionado:-En cuanto al tipo básico de posesión de documentos auténticos para el pago de bienes y servicios, sin consentimiento de quien está facultado para ello: en el párrafo primero del artículo 336 (prisión de tres a nueve años y de cien a cinco mil días multa) del Código Penal para el Distrito Federal (sic).-En este orden de ideas, del análisis del pedimento del funcionario adscrito a la institución que por mandato del artículo 21 constitucional, es la encargada de la persecución e investigación de los delitos, se desprende que finaliza su pretensión punitiva solicitando se le dicte auto de formal prisión al inculpado de mérito.-TERCERO. Acervo probatorio.-Para estar en aptitud de determinar, de acuerdo con los lineamientos señalados en el precepto 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (sic), si se encuentra acreditado o no el cuerpo del delito de posesión de documentos auténticos para el pago de bienes y servicios, sin consentimiento de quien está facultado para ello, es necesario hacer un análisis y ponderación de los siguientes medios de prueba conducentes:-1.-Las declaraciones ministeriales de las siguientes personas: a) El testigo de hechos ********** (fojas 2-4).-b) El denunciante ********** (fojas 6-8).-c) El remitente ********** (fojas 9-12).-d) El inculpado ********** (fojas 91-92), así como la declaración preparatoria que rindiera ante esta autoridad (fojas 123-125).-2.-Los dictámenes consistentes en: a) Los certificados médicos realizados con motivo de la valoración del justiciable por los peritos médicos (fojas 84 y 93).-b) El dictamen de grafoscopia (fojas 50-57).-3.-Las constancias ministeriales consistentes en:-a) Formato de puesta a disposición del Ministerio Público (foja 18).-b) La fe de cheque e identificación (foja 45).-Previo al estudio del fondo del presente asunto, conviene señalar que en la actualidad, ante la constante preocupación del Estado Mexicano por delinear un sistema penal garantista, estimo necesario incluir en el marco jurídico el contenido de las normas establecidas en tratados internacionales ratificados por México, buscando con ello que la esencia de éstos se reflejen no sólo en el plano formal, sino también en el plano material, por lo tanto, es preocupación de esta juzgadora que estos esfuerzos encuentren eco en la decisión que ahora se emite y se manifiesten ampliamente sus efectos en el plano material, de esta manera, lo que se busca es que la emisión de la presente resolución (que definirá una situación jurídica) no se traduzca únicamente como trámite o estadística, sino que lleve ínsito el respeto a los derechos humanos y que ponen aún más en un plano de igualdad los derechos de toda persona imputada y de la víctima u ofendida, buscando con ello que no se vulneren valores fundamentales de la persona. Bajo esta concepción, el marco que rige la valoración y análisis de las probanzas en autos son en principio, la norma fundamental del Estado Mexicano que a partir del diez (10) de junio de dos mil once (2011), estableció: «... artículo 1o.» (lo transcribe).-Por lo que en el presente estudio se observan, al armonizar con la Constitución, derechos humanos de las partes (es decir, tanto del inculpado como de las víctimas), que son recogidos en diversos instrumentos internacionales, de los que México es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José Costa Rica, que México suscribió; la que en su artículo 8 se establece: (lo reproduce).-Mismo tratado que en su artículo 24 señala: (lo transcribe).-Además se considera también lo previsto en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del que también México es parte, donde en su artículo 9, a la letra reza: (lo copia).-En este tenor, el artículo 14 del mismo instrumento aduce: (lo transcribe).-Dispositivos que armonizan con el marco jurídico que se establece en la legislación penal y procesal penal del Distrito Federal (sic), bajo cuyos lineamientos se realizaron las actuaciones del presente asunto, y que en el análisis que se realiza en este estadio se toman en cuenta al justipreciar cada una de las pruebas que fueron aportadas durante la fase de investigación.-Resulta necesario hacer hincapié, que en todo momento se han observado y respetado los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, los cuales son acordes a los principios de derecho internacional general y derecho internacional de los derechos humanos, instaurados en instrumentos internacionales a los cuales nuestro país se ha adherido, ajustando sus propios ordenamientos jurídicos para hacerlos semejantes con las obligaciones adquiridas, velando siempre por la protección a los derechos humanos de la persona sujeto a un proceso, ya que desde el primer momento en que fue detenido el ahora indiciado **********, se derivó en virtud de la imputación que existía en su contra por el testigo ********** y el denunciante **********, en los términos ya expuestos por el órgano consignador.-Por otra parte, se advierte que el ilícito materia de la causa se encuentra sancionado con pena privativa de libertad en los términos establecidos, lo que originó que fuera presentado ante el órgano persecutor de los delitos, el cual, como se aprecia en el sumario, ejerció acción penal dentro del término concedido por la ley, poniéndolo de inmediato a disposición de este juzgado, tal y como se constata a través de la calificación de la legal retención y detención, esto tras reunir los requisitos de la ley. Asimismo, desde un primer momento, este juzgado como órgano independiente e imparcial dio trato igualitario al hoy indiciado, permitiéndole (además de lograr comunicación efectiva con sus familiares, facilitándole el aparato telefónico de este órgano jurisdiccional) hacer uso del derecho inherente a su persona de ser oído públicamente con justicia, para así dar inicio al examen de la imputación que existía en su contra, lo que se constata a través de la diligencia de declaración preparatoria, en donde una vez que fue puesto a disposición de este juzgado, encontrándose tras la reja de prácticas, se procedió en audiencia pública a tomarle su versión de los hechos debidamente asistido de su defensor, con las formalidades legales, haciéndole de su conocimiento nuevamente la imputación que existía en su contra, así como de todos y cada uno de los derechos que el artículo 20 constitucional le confiere, en especial a una defensa adecuada, sin que en el presente caso pudiera obtener su libertad caucional, en razón de estar en presencia de delito calificado como grave por la ley; dando así inicio al análisis de la imputación existente en su contra, por lo que se procederá, en lo conducente a resolver dentro del plazo constitucional, respecto de su situación jurídica que en lo conducente guardará y en su caso, se analizará respecto de la legalidad de la prisión preventiva sujetándolo a proceso tras existir los elementos suficientes para acreditar su probable responsabilidad en la comisión de tal evento atribuido; siendo emitida dicha resolución en el tiempo conferido por ley como se demuestra con el presente fallo, acusado que fuera tratado de forma humana durante el tiempo que ha permanecido privado de su libertad, desprendiéndose de autos que atento a lo establecido en dichos numerales, en el presente caso no se advierte entonces, que se hayan violentado los derechos humanos del indiciado de mérito, pues en todo momento se actuó conforme a derecho, haciendo evidente

l cumplimiento por parte del órgano ministerial, en relación a lo establecido en el artículo 271 de la ley procesal de la materia; en efecto, es como se arriba a la fundada determinación, de que en el presente caso no se violentaron de manera alguna sus derechos, establecidos además en los tratados internacionales aquí analizados. Por tanto, estamos en condiciones de afirmar que en el presente procedimiento se han respetado cabalmente los principios que rigen la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión a nivel internacional, permitiendo por tanto, a este órgano jurisdiccional, entrar al estudio del cuerpo del delito que motiva la presente causa, que se consideró perpetrado en contra de la sociedad, hechos que fueron denunciados por ********** y **********, y establecer si efectivamente se encuentra acreditada o no la probable responsabilidad penal del citado inculpado en su comisión; debiéndose hacer hincapié al encausado de mérito, que tendrá derecho a recurrir ante un tribunal superior para que este decida sobre la legalidad de la presente resolución, en caso de encontrarse inconforme con la misma.-Además al entrar al estudio de las constancias de la causa, se atenderá cabalmente lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, con relación al numeral 72, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (sic), en el sentido de fundar y motivar el presente fallo citando al respecto los preceptos legales aplicables, al caso concreto, entre ellos, los inherentes al tipo penal referido; además de lo establecido en los artículos 245, 246, 250, 253, 254, 255, 261 y 286, del ordenamiento adjetivo penal, que se refieren al valor jurídico de la prueba; el ordinal 122, que, por su parte, establece reglas generales para acreditar el cuerpo delito de que se trata, así como el párrafo tercero del dispositivo 122 de la ley procesal penal, inherente a la demostración probable responsabilidad penal de una persona en su comisión; sino que, además, se atenderán los motivos por los cuales se estiman acreditadas todas y cada una de las hipótesis normativas, con lo cual como se ha reiterado, se dará cabal cumplimiento a la garantía de legalidad consagrada en el mencionado numeral 16 del Pacto Constitucional, que establece que todo acto de autoridad debe de estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse con puntualidad las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se hubieren tenido en consideración para emitir el acto; siendo necesario también que haya adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto, se configuren las hipótesis normativas; tal y como así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis de jurisprudencia «FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.», (señala datos de localización y texto).-CUARTO.-Estudio para constatar si se encuentra o no acreditado el cuerpo del delito básico de posesión de documentos auténticos para el pago de bienes y servicios sin consentimiento de quien está facultado para ello (sic), perpetrado en agravio de la sociedad. Esta juzgadora en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 246, y una vez valorado el acervo probatorio referido en el considerando que antecede, de conformidad con los lineamientos establecidos en los artículos: 245 (prueba indiciaria), 254 (prueba pericial), 255 (prueba testimonial), 261 (prueba indiciaria) y 286 (diligencias ministeriales y de policía de investigación), dispositivos todos ellos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (sic), concluye que hasta este momento procesal no es apto para tener por acreditado el cuerpo del delito básico de posesión de documentos auténticos para el pago de bienes y servicios sin consentimiento de quien está facultado para ello (sic), contemplado en el artículo 336, fracción III, (sic) ello en atención a que del cúmulo de probanzas vertidas en la indagatoria e inclusive de la propia narrativa de hechos que realiza el agente del Ministerio Público, se desprende una conducta diversa a la propuesta por dicho representante social, pues debemos tomar en cuenta que el ilícito de posesión de documentos auténticos para el pago de bienes y servicios sin consentimiento de quien está facultado para ello (sic), bajo la hipótesis que señala el Ministerio Público, requiere para su configuración, que se acredite primeramente el verbo rector de dicho ilícito penal, esto es, deberá configurarse una conducta de acción relativa precisamente a los actos de posesión que tenga el agente del delito sobre el documento base de la acción; por ello, analizado que ha sido con detenimiento el material probatorio que obra en el sumario, tenemos que efectivamente el indiciado poseía el documento; sin embargo, de acuerdo a los medios probatorios que, hasta este momento, obran en la presente causa y de acuerdo a la mecánica de hechos expuesta por el agente del Ministerio Público como se verá a continuación, esta juzgadora advierte que el indiciado **********, cometió una conducta típica distinta a la señalada por el órgano persecutor en su pliego de consignación, lo anterior, porque la conducta realizada por el indiciado no sólo se limitó a poseer (como lo manifestó el instituto técnico), sino que utilizó el documento -cheque- (circunstancia que sí opera como se verá), ya que lo presentó ante el denunciante el testigo ********** quien en lo conducente manifestó: ‘... se presentó ante su caja la número 3, el hoy imputado quien dijo llamarse **********... quien le solicita le cambiara un cheque, para enseguida hacerme entrega de un cheque expedido por **********, perteneciente de la cuenta **********, registrada a favor de la persona moral ********** y misma cuenta que se encuentra registrada en la sucursal bancaria **********, mismo cheque en el que aparece como librador la señora ********** por el importe de $60,000.00 (sesenta mil pesos), cheque expedido en fecha 02 de mayo del año 2016 y el cual en su parte posterior se le apreció una firma ilegible supuestamente de la señora **********, endoso en propiedad a favor del señor ********** y del cual ya también se encontraban plasmados en este cheque los datos del cobrador registrando como domicilio calle avenida (sic) número ********** en la colonia **********, delegación **********, código postal ********** y teléfono **********, y juntamente con el cheque también me entregó su identificación, siendo una licencia de conducir tipo A, con número de folio **********, expedida por la Secretaria (sic) de Movilidad, es por lo que corresponde a mis funciones, procedí verificar la autenticidad del cheque así como la identificación que exhibió el imputado, verificando que los rasgos fisionómicos de la persona que deseaba cambiar el cheque si coincidían con la identificación que me había exhibido, aunado a ello dice el dicente que al revisar el cheque se da cuenta que tenía los candados de seguridad, por lo que no vio ninguna anomalía y empecé a revisar mi caja a efecto de saber si me alcanzaba el efectivo para hacer pagadero el cheque y acto seguido el dicente se levanta de su lugar y se dirige con su supervisor de cajas de nombre **********, quien es la cajera principal, a quien le informa que iba a hacer pagadero un cheque que le habían exhibido por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) ya que para mí el cheque cumplía con las normas de segurid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27416-da7f52a2/jueces-especializados-en-el-sistema-penal-acusatorio-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.