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Modo: Corpus Pro

ACCESO A CARGOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD. LA OBLIGACIÓN IMPUESTA A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DE PAGAR CON SU PECULIO LAS PRIMAS DE LAS FIANZAS QUE GARANTICEN LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE SU ENCARGO VULNERA ESE DERECHO. BENEFICIOS PENALES Y PRELIBERACIONALES. LA NORMA LOCAL QUE CONDICIONA SU OTORGAMIENTO A QUE QUEDE RESARCIDO O GARANTIZADO EL INTERÉS FISCAL VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA NORMA QUE NO ESTABLECE COBRO POR LAS SOLICITUDES DERIVADAS DE SU EJERCICIO Y SÓLO PREVÉ LA RECUPERACIÓN DEL COSTO DE ENVÍO, RESPETA EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD QUE LO RIGE. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA NORMA QUE PREVÉ EL COBRO POR LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS VIOLA EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD QUE LO RIGE. DERECHOS MUNICIPALES POR EXPEDICIÓN DE COPIAS Y CERTIFICACIONES. SUPUESTOS EN LOS QUE LAS CUOTAS RELATIVAS VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTO ADICIONAL. LAS NORMAS QUE LO PREVÉN, CUYO OBJETO CONSISTE EN GRAVAR LA REALIZACIÓN DE PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y PRODUCTOS MUNICIPALES, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN MATERIA PENAL. LO VULNERA LA NORMA QUE ESTABLECE RESPONSABILIDAD SÓLO AL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA PERSONA MORAL POR LA COMISIÓN DE DELITOS FISCALES, CON INDEPENDENCIA DE LA QUE PUDIERAN TENER LOS SOCIOS. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LO VULNERA LA NORMA QUE SUSPENDE LOS DERECHOS LABORALES DE SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE LES IMPUTE LA COMISIÓN DE UN DELITO FISCAL ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. LO VULNERA LA NORMA QUE ESTABLECE RESPONSABILIDAD CONJUNTA DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES POR NO PRESENTAR EN TIEMPO LA CUENTA PÚBLICA AL CONGRESO DEL ESTADO. PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y REINSERCIÓN SOCIAL. LA NORMA QUE PREVÉ COMO SANCIÓN LA INHABILITACIÓN DEFINITIVA POR LA COMISIÓN DE DELITOS FISCALES TRANSGREDE AQUELLOS PRINCIPIOS. SUPLETORIEDAD EN MATERIA PROCESAL PENAL. LA NORMA QUE PREVÉ LA APLICACIÓN DE UN ORDENAMIENTO PROCESAL PENAL LOCAL ABROGADO POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. I. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. "LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY" QUE PREVÉ COMO REQUISITO EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, PARA SER NOMBRADO EN UN EMPLEO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA EN EL SERVICIO PÚBLICO, DEBEN SER RAZONABLES Y NO DISCRIMINATORIAS, Y RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, MÉRITO Y CAPACIDAD. II. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE "PAGAR DE SU PECULIO LAS PRIMAS RELATIVAS A LAS FIANZAS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIERE INCURRIR EN EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO", GENERA UN TRATO DISCRIMINATORIO PARA ACCEDER AL CARGO, PUES ESTABLECE UNA RESTRICCIÓN MOTIVADA EN LA CONDICIÓN ECONÓMICA DE LAS PERSONAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 275, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO NÚMERO 734 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD O INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA NORMA QUE SANCIONA AL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO, A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y AL TESORERO, POR NO PRESENTAR EN TIEMPO LA CUENTA PÚBLICA AL CONGRESO LOCAL, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 384, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NÚMERO 734 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. DELITOS FISCALES. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ QUE CUANDO EL DELITO SE COMETA POR MEDIO DE UNA PERSONA MORAL, EL RESPONSABLE SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE LOS SOCIOS TENGAN EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO, VIOLA EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD, EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL, PUES IMPONE UNA RESPONSABILIDAD PENAL DIRECTA E INCONDICIONADA AL REPRESENTANTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 97, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NÚMERO 734 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. DELITOS FISCALES. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ LA INHABILITACIÓN DEFINITIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO POR SU COMISIÓN CONSTITUYE UNA PENA EXCESIVA Y DESPROPORCIONADA, AL NO ESTABLECER PARÁMETROS NORMATIVOS PARA INDIVIDUALIZARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 101, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "O DEFINITIVAMENTE,", DEL CÓDIGO NÚMERO 734 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. DELITOS FISCALES. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES CON MOTIVO DE LA MERA EXISTENCIA DE UN AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO —O SU EQUIVALENTE, A QUE HACE REFERENCIA LA NORMA IMPUGNADA, EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN— CONSTITUYE UNA SANCIÓN ANTICIPADA QUE TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, PORQUE SE IMPONE UNA CONSECUENCIA GRAVOSA SIN HABERSE DETERMINADO LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO NÚMERO 734 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. DELITOS FISCALES. LA NORMA LOCAL QUE ESTABLECE QUE LA PERSONA CONDENADA POR ESTOS DELITOS GOZARÁ DE LOS BENEFICIOS QUE SE ESTABLECEN EN EL CÓDIGO PENAL LOCAL, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE EL INTERÉS FISCAL HA QUEDADO RESARCIDO O GARANTIZADO PLENAMENTE, ES VIOLATORIA DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO NÚMERO 734 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. SUPLETORIEDAD DE NORMAS LOCALES EN MATERIA PENAL. LA PREVISIÓN LEGAL QUE REMITE DE MANERA SUPLETORIA A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES REMITE A UN ORDENAMIENTO QUE FUE ABROGADO CON LA EMISIÓN, PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 106, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES" DEL CÓDIGO NÚMERO 734 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. IMPUESTOS ADICIONALES. LOS QUE TIENEN COMO BASE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES A QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO EL CONTRIBUYENTE DESATIENDEN SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA Y, POR ENDE, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL NO DENOTAR UNA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA POR PARTE DEL CAUSANTE (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 170 A 174 DEL CÓDIGO NÚMERO 734 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). X. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN COBROS POR ESTE SERVICIO SON DESPROPORCIONADAS CUANDO NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 195, PRIMER PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LOS CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS EN HOJAS DE MAYOR DIMENSIÓN O MAYOR NÚMERO DE RENGLONES CAUSARÁN DOBLE CUOTA", Y 225, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO NÚMERO 734 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA CUOTA POR LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS DE LOS QUE DEBA SACARSE COPIA, CUANDO EL INTERESADO NO PROPORCIONE DATOS EXACTOS PARA SU LOCALIZACIÓN, POR CADA AÑO QUE COMPRENDA LA BÚSQUEDA, ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, PUES NO PUEDE COBRARSE LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN O SU REPRODUCCIÓN CUANDO EL INTERESADO PROPORCIONE LOS MEDIOS RESPECTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN V, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NÚMERO 734 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS Y EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTAN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 97, PÁRRAFO ÚLTIMO, 100, 101, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O DEFINITIVAMENTE", 102, 106, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES", DEL 170 AL 174, 195, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LOS CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS EN HOJAS DE MAYOR DIMENSIÓN O MAYOR NÚMERO DE RENGLONES CAUSARÁN DOBLE CUOTA", 225, FRACCIONES I, II Y V, PÁRRAFO TERCERO, 275, FRACCIÓN IV, Y 384, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO NÚMERO 734 HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 157/2024. · Registro digital (IUS): 34024
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-29
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.11.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 157/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversas disposiciones del Código Número 734 Hacendario para el Municipio de Tlapacoyan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, expedido mediante Decreto publicado oficialmente el veintidós de agosto de dos mil veinticuatro.

Problemas jurídicos que se plantean:

1. ¿La norma que impone a los servidores públicos la obligación de otorgar una fianza que garantice el pago de las responsabilidades en que pudieren incurrir en el desempeño de su encargo, viola los artículos 1º y 35, fracción VI, de la Constitución Federal, al establecer un requisito discriminatorio que no se relaciona con las cualidades necesarias para acceder y ejercer un cargo público, sino con la capacidad económica de las personas?

2. ¿La norma que establece que cometerán el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, el Presidente del Ayuntamiento, los integrantes de la Comisión de Hacienda y el Tesorero, por no presentar en tiempo la cuenta pública al Congreso local, viola el derecho a la seguridad jurídica y el principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad, consagrados en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal?

3. ¿La norma que impone responsabilidad por delitos fiscales al representante legal de una persona moral, con independencia de la que pudieran tener los socios, viola el principio de culpabilidad, la seguridad jurídica y el principio de legalidad en materia penal, reconocidos en los artículos 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Federal?

4. ¿La norma que establece como sanción la inhabilitación definitiva, viola el principio de proporcionalidad de las penas, la reinserción social y la libertad de trabajo, consagrados en los artículos 5o. 18 y 22 de la Constitución Federal?

5. ¿La norma que prevé la suspensión de derechos labores de servidores públicos a quienes se les impute la comisión de un delito fiscal y estén sujetos a proceso, partir del momento en que se les dicte auto de formal prisión, viola los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14, 16 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal?

6. ¿La norma que establece que la persona condenada por delitos fiscales gozará de los beneficios que se prevén en el Código Penal local, siempre y cuando se acredite que el interés fiscal ha quedado resarcido o garantizado plenamente, viola el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, garantizados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 73, fracción XXI, inciso c), de ese Magno Ordenamiento, por regular lo relativo a la ejecución de las penas que es competencia exclusiva de la Federación?

7. ¿La norma que prevé la supletoriedad del Código de Procedimientos Penales local, viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, garantizados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 73, fracción XXI, inciso c), de ese Magno Ordenamiento, pues remite a un ordenamiento que fue abrogado con la emisión, publicación y vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, competencia exclusiva del Congreso de la Unión?

8. ¿Las normas impugnadas que regulan un impuesto adicional sobre impuestos, derechos y productos municipales, viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al no atender a la capacidad contributiva del sujeto pasivo?

9. ¿Las normas que establecen cobros por servicios de expedición de copias, certificados o certificaciones de documentos, no relacionados con el derecho de acceso a la información, violan el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, por no guardar una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio?

10. ¿Las normas que prevén cobros por la expedición de copias simples, certificadas, impresiones, así como información grabada en dispositivo de almacenamiento informático o disco compacto, relacionadas con el derecho de acceso a la información, violan el principio de gratuidad que rige en el acceso a la información, consagrado en el artículo 6o. de la Constitución Federal?

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 157/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante “CNDH”), en contra de diversas disposiciones del Código Número 734 Hacendario para el Municipio de Tlapacoyan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, expedido mediante Decreto publicado oficialmente el veintidós de agosto de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio depositado a través del buzón judicial el veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la CNDH, por conducto de su Presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:

“III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.

Artículos 97, último párrafo, 100, 101, en la porción normativa ‘o definitivamente’, 102, 106, en la porción normativa ‘y de Procedimientos Penales’, 170, 171, 172, 173, 174, 195, primer párrafo, en la porción normativa ‘los certificados o copias certificadas en hojas de mayor dimensión o mayor número de renglones causarán doble cuota’, 225, fracciones I y II, así como V, último párrafo, 275, fracción IV, y 384, segundo párrafo, del Código Número 734 Hacendario para el Municipio de Tlapacoyan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, expedido mediante Decreto publicado el 22 de agosto de 2024 en la Gaceta Oficial de esa entidad federativa.”.

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La CNDH considera que las normas que combate son contrarias a los artículos 1o, 14, 16, 18, 20, apartado B, fracción I, 22, 31, fracción IV, y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8.2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 14.2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:

• PRIMERO. El artículo 275, fracción IV, impugnado, establece que los servidores públicos que recauden, manejen, custodien o administren fondos o valores de la propiedad municipal o al cuidado del Ayuntamiento, deberán pagar de su peculio las primas relativas a las fianzas suficientes que garanticen el pago de las responsabilidades en que pudiere incurrir en el desempeño de su encargo.

Dicha disposición vulnera diversos derechos humanos, ya que para acceder y continuar desempeñando esos puestos se deberá contar con capacidad económica para poder otorgar la fianza requerida; además, el orden jurídico de la entidad ya establece faltas administrativas y delitos, así como sus respectivas sanciones, para inhibir conductas ilícitas relacionadas con el manejo de recursos públicos, por lo que el precepto constituye una exigencia injustificada a cargo de las personas servidoras públicas.

El hecho de que el artículo impugnado, al establecer la obligación de pagar una fianza a costa de la persona respectiva, en realidad está previendo un requisito insoslayable para poder acceder al cargo público y permanecer en él.

La Constitución General, en su artículo 35, fracción VI, establece el derecho de las personas ciudadanas para ser nombradas a cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. De manera que, por disposición constitucional, para el acceso a cualquier cargo en el servicio público no se pueden exigir más requisitos que aquellos que estén plenamente destinados a garantizar que las personas cuenten con las habilidades, conocimientos o destrezas necesarias para el adecuado desempeño de las funciones que tendrá a su cargo.

Incluso, al interpretar el concepto de “calidad” contenido en el artículo 35 constitucional, ese Alto Tribunal ha sostenido que se refiere a las características de una persona que revelen el perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el empleo o comisión que se le asigne, esto es, que se refiere a cuestiones que son inherentes a la persona y no así a aspectos extrínsecos de ella.

Por tanto, cuando el legislador defina en sus leyes las calidades necesarias para que una persona pueda ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público, deberá ser cuidadoso en que los requisitos que establezca estén directamente relacionadas con el perfil idóneo para el desempeño de la respectiva función, lo que exige de criterios objetivos y razonables que eviten discriminar, sin debida justificación, a quienes potencialmente tengan las calificaciones, capacidades o competencias (aptitudes, conocimientos, habilidades, valores, experiencia y destrezas) necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia el empleo o comisión.

No obstante, la norma impugnada establece una exigencia que no está enfocada estrictamente a que las personas servidoras públicas que tengan a su cargo recaudar, manejar, custodiar o administrar fondos o valores de la propiedad municipal o al cuidado del Ayuntamiento, cuenten con las calidades necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones, sino que se trata de un requisito extrínseco que se centra en que esas personas, independientemente de sus aptitudes, cuenten con capacidad económica para pagar una fianza por cualquier responsabilidad administrativa que se les pudiera imputar.

El precepto cuestionado establece como condición para el acceso a cargos públicos contar con capacidad económica que permite realizar un pago que garantice las posibles responsabilidades administrativas en las que incurran, por lo que, en caso de no contar con esos recursos, no podrán acceder a los cargos respectivos, ni tampoco permanecer en ellos, al ser el pago de la fianza una obligación ineludible.

Por tanto, dicha condición o exigencia para el acceso a cargos públicos se constituye como un requisito discriminatorio o injustificado, ya que carece de justificación constitucional, pues no se relaciona de ninguna manera con las cualidades necesarias para el adecuado desempeño de las funciones correspondientes, sino que se sustenta en una situación económica que sitúa en desventaja a aquellas personas que no tengan capacidad económica para pagar a su costa la fianza respectiva.

Incluso, el vicio de inconstitucionalidad denunciado no se supera aun suponiendo que la norma tuviera como finalidad la protección del patrimonio municipal frente a posibles conductas irregulares de los servidores públicos que intervengan en el manejo de la hacienda pública, pues esa situación ya se encuentra regulada por la Constitución Federal al establecer un sistema de responsabilidades de los servidores públicos, así como en las leyes reglamentarias de la materia.

En el caso, se estima que el precepto impugnado es discriminatorio con base en la categoría sospechosa consistente en la condición económica de las personas, pues solo podrán acceder y permanecer en los cargos públicos respectivos quienes cuenten con la capacidad económica suficiente para garantizar la probable responsabilidad administrativa en la que pudieran incurrir a través de una fianza, mientras que quienes no puedan cubrirla, no podrán ocupar dichos empleos, por lo que es evidente que se está condicionando el acceso a esos empleos por cuestiones económicas.

De ahí que se considere como una categoría sospechosa el supuesto previsto en la norma impugnada, por lo que procedería analizarla a la luz de un escrutinio estricto de constitucionalidad.

En el caso, el precepto impugnado podría cumplir con una finalidad constitucionalmente imperiosa, en tanto exigir a las personas servidoras públicas que tengan como obligación pagar a su costa las fianzas que garanticen las posibles responsabilidades en las que pudieran incurrir en el desempeño de sus funciones, busca proteger el patrimonio del Municipio en términos de los artículos 115 y 134 constitucionales, a fin de evitar algún menoscabo al patrimonio municipal.

Por otra parte, la medida esté vinculada con la finalidad imperiosa, pues a través de la fianza podría asegurarse la recuperación de los recursos que pudieron haber sido objeto de un inadecuado desempeño o ejecución.

Sin embargo, la medida no es la menos restrictiva posible, pues tal previsión se puede lograr a través de otros medios menos gravosos, sea la adecuada y eficaz implementación de los órganos fiscalizadores o de auditorías competentes, así como del sistema de responsabilidades administrativas, e incluso, mediante la imposición de penas por la comisión de delitos.

Por lo tanto, existen, cuando menos, medidas estatales menos gravosas a la prevista en la norma impugnada, que se imponen cuando ya se tiene certeza de que la persona es responsable de alguna conducta antijurídica previo procedimiento aplicable y no antes de acceder a un cargo público o bajo la sola presunción de que “puede en el futuro” cometer una posible infracción.

En contraste, la norma impugnada prejuzga que las personas que sean contratadas invariablemente llevarán a cabo conductas ilícitas que afecten a la hacienda pública, razón por la que se les exige el pago de una fianza para poder aspirar al cargo respectivo, a fin de evitar una posible afectación.

También las autoridades competentes pudieran optar por establecer otros mecanismos financieros, como la conformación de fondos de dinero público, tendentes a cumplir el mismo objetivo.

En suma, existen medidas menos restrictivas encaminadas a cumplir con la finalidad constitucional que evitarían la exclusión injustificada para el acceso a cargos públicos relacionados con recaudar, manejar, custodiar o administrar fondos o valores de la propiedad municipal o al cuidado del Ayuntamiento.

Por tanto, el precepto impugnado es discriminatorio por generar una diferenciación injustificada, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para acceder a los cargos públicos municipales respectivos, por motivo de su condición económica, pues dicha distinción tiene como efecto obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a cargos públicos en igualdad de condiciones que los demás. Por tanto, tal exigencia no se justifica con una base objetiva y debe ser invalidada.

El Pleno de ese Alto Tribunal al resolver la controversia constitucional 38/2003, examinó el artículo 271, fracción IV, del Código Hacendario para el Municipio de Veracruz, concluyendo que resultaba inconstitucional en virtud de que incluía un requisito no exigido por la Constitución que esencialmente se limita a requerir que el gobernado tenga las calidades necesarias para desempeñar en forma eficaz el encargo público que se le concede y que, además no puede considerarse acorde con los principios de eficiencia, mérito y capacidad para el acceso a la función pública, que derivan de los artículos 113 y 123, fracción VII, de la Constitución Federal, puesto que la condición económica y la posibilidad de cubrir una fianza no es revelador de aquellos.

• SEGUNDO. El artículo 384, segundo párrafo, impugnado, establece que cometerán el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, el Presidente del Ayuntamiento, los integrantes de la Comisión de Hacienda y el Tesorero, por no presentar en tiempo la cuenta pública al Congreso local.

Dicha disposición es contraria al derecho de seguridad jurídica y al principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad, pues de la consulta al Código Penal veracruzano no se advierte ningún tipo penal aplicable exactamente a la conducta descrita, lo que implica que la autoridad competente tendrá un amplio margen de arbitrariedad al aplicar la norma.

De la consulta a la legislación penal veracruzana vigente se advierte que no existe un tipo penal único y taxativo en el que se regule el delito de “abuso de autoridad incumplimiento del deber legal”, como lo refiere la norma impugnada, sino que existen dos tipos penales distintos para cada conducta.

Efectivamente, el Código Penal local, acorde con los artículos 317, 318, 319 y 320, actualmente no contiene un tipo penal único de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, por lo que no existe descripción típica específica y taxativa de ese delito, sino que se establecen dos conductas distintas: una relativa al delito de abuso de autoridad y otra referente al incumplimiento de un deber legal.

Sobre esas bases, se considera que, toda vez que la remisión hecha por el legislador veracruzano en la norma impugnada tiene que ser interpretada a la luz de los dos tipos penales a los que se refiere la torna inconstitucional, en tanto que no existe el tipo penal único y exactamente aplicable a la conducta que refiere, causando incertidumbre jurídica a las personas destinatarias.

Cabe recordar que el artículo 24, párrafo tercero, de la Constitución Federal, dispone que: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.”, del cual se desprende la garantía de exacta aplicación de la ley penal, la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, prohibición que recoge el diverso principio penal que se enuncia como nulla poena sine lege.

Además, el alcance de la garantía de exacta aplicación de la ley penal, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que obliga al legislador a emitir normas claras en las que se precise la consecuencia jurídica de la comisión de un ilícito a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del respectivo juzgador.

Por tanto, la norma en combate es violatoria del derecho a la seguridad jurídica y del principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad, toda vez que: 1) la remisión a diverso ordenamiento resulta inexacta en tanto que no existe un tipo penal único y taxativo que se adecue a la conducta que se pretende sancionar. En todo caso ninguno de los verbos rectores del delito de abuso de autoridad vigente encuadra con la conducta punible consistente en no presentar en tiempo la cuenta pública en que incurran los servidores públicos a que se refiere la norma impugnada; y 2) la norma sanciona únicamente a ciertos sujetos por el cargo que ostenta si cometen la conducta prohibida, desconociendo que en el procedimiento de rendición de cuentas participan diversos servidores públicos a los que se les pudiera atribuir la conducta que se pretende sancionar.

En el Código Penal veracruzano no se advierte alguna hipótesis que sea exactamente aplicable para sancionar lo que la norma prohíbe. De hecho, se observa que la ratio del delito de abuso de autoridad, conforme a sus artículos 317 y 318, tiene como objetivo sancionar a aquellos servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones y aprovechándose de esa situación, lleven a cabo acciones u omisiones que les dejen un beneficio propio o ajeno, por lo que de ninguna manera se podría sancionar la conducta prevista en la norma impugnada, pues no existe una relación lógica entre las conductas sancionadas. Dicha situación se repite al analizar los artículos 319 y 320 del Código Penal local en los que se prevé el delito de incumplimiento del deber legal, pues ninguna de las conductas que sancionan pueden ser aplicables de manera exacta y taxativa al hecho de presentar extemporáneamente la cuenta pública del Congreso local.

Los artículos del Código Penal referidos a los que podría remitir la norma en combate establecen tipos penales genéricos en los que puede encuadrar cualquier conducta de incumplimiento en los deberes de las funciones de cualquier servidor público, en tanto que el Código Hacendario combatido precisa una conducta que no concuerda con dicha generalidad, pues sólo está dirigido a determinados servidores públicos del Municipio.

Por otra parte, el artículo impugnado establece una responsabilidad conjunta (Presidente Municipal, integrantes de la Comisión de Hacienda y el Tesorero Municipal), sin individualizar a quienes efectivamente resulten responsables de ese hecho.

La norma imposibilita sancionar a los demás servidores públicos que intervienen en el procedimiento de elaboración y envío de la cuenta pública al Congreso local y que pudieran ocasionar, por su omisión o retardo, la presentación extemporánea de ese documento.

Por tanto, se concluye que el artículo 384, segundo párrafo, del Código Hacendario impugnado, es inconstitucional por violentar el principio de exacta aplicación de la ley penal y de la garantía de seguridad jurídica.

Por consideraciones similares, al resolver la controversia constitucional 38/2003, el Pleno de ese Alto Tribunal declaró la invalidez del entonces artículo 379 del Código Hacendario del Municipio de Veracruz, al considerar que transgredía el principio de exacta aplicación de la ley penal, al establecer que de no presentar en tiempo la cuenta pública al Congreso, el Presidente Municipal, los integrantes de la Comisión de Hacienda y el Tesorero, serán penalmente responsables por el delito de abuso de autoridad o incumplimiento del deber legal, en virtud de que el legislador abarcó en una responsabilidad conjunta a varios servidores públicos de un Municipio, sin tomar en cuenta que en esa conducta pueden participar servidores públicos diversos.

• TERCERO. El artículo 97, último párrafo, impugnado, dispone que cuando se cometa algún delito fiscal por una persona moral, el responsable será su representante legal, independientemente de la responsabilidad que los socios tengan en la comisión del ilícito.

Dicha norma es contraria al principio de culpabilidad en materia penal, porque ante la comisión de un delito fiscal por medio de una persona moral, será sancionada su representante, independientemente de si tuvo o no alguna participación en el hecho por el que se le acusa, es decir, sin que exista un juicio de reprochabilidad por una conducta que efectivamente hubiera realizado.

Además, la norma tampoco es acorde con el sistema aplicable para la responsabilidad penal tratándose de personas morales o jurídicas, regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que también es contraria al derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Del contenido de la norma impugnada se desprende que el legislador local precisó las reglas para determinar el grado de culpabilidad del sujeto activo ante la comisión de algún delito fiscal previsto en el Código analizado.

De los supuestos previstos en la norma combatida se advierte que serán responsables de la comisión de algún delito fiscal previsto en esa codificación, en diferentes grados de participación tratándose de personas físicas: a) el autor material, b) el autor intelectual, y c) coautoría o complicidad.

Sin embargo, llama la atención que, en el último párrafo del artículo en análisis, el legislador local haya establecido la regla general y absoluta consistente en que “cuando el delito se cometa por medio de una persona moral, el responsable será el representante legal de ésta (sic), independientemente de la responsabilidad que los socios tengan en la comisión del ilícito.”

Dicha disposición es violatoria del principio de culpabilidad en materia penal, pues en todos aquellos supuestos en los que una persona moral lleve a cabo algún delito fiscal previsto en la codificación hacendaria local, será sancionada la persona que funge como su representante, sin importar si tuvo algún grado de participación o no, lo que se traduce en una habilitación para imponer una sanción a una persona que no tuvo relación con el hecho delictivo y que, por consiguiente, no se sancione a aquellas que sí intervinieron directamente en la comisión del ilícito.

Dicha regla tampoco es acorde con el sistema aplicable para la responsabilidad penal tratándose de personas morales o jurídicas, regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 421, 422, 423, 424 y 425, lo que genera incertidumbre jurídica, pues en la entidad veracruzana, conforme a la norma impugnada, aplicará una regla absoluta y distinta al resto de los Estados del país.

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se cometa algún hecho delictivo por parte de una persona jurídica, se deberá investigar si el hecho fue efectivamente cometido por la persona moral propiamente o por quienes presten sus servicios en ella, como lo sería la persona representante. Además, la legislación es cuidadosa en no equiparar ni homologar las responsabilidades penales de las personas morales con aquellas imputables a las personas físicas que participen en la ejecución del delito, en función de que cada una de ellas responde por los hechos cometidos.

Ello, pues la responsabilidad de la persona jurídica es independiente a la de la persona o personas físicas que la conforman, de manera que, a pesar de su íntima conexión, se estaría consecuentemente en presencia de esa vía de imputación objetiva por propia culpabilidad en cada caso.

Dicha situación cobra relevancia, pues en la legislación nacional sí se contempla el principio de culpabilidad para imputar el delito, ya que será responsable aquella persona que efectivamente lo cometió o que tuvo algún grado de participación en su realización. Así, cuando el delito sea cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que la persona jurídica proporcione, ésta será sancionada penalmente, con independencia de la acción penal que pudiera ejercer contra las personas físicas involucradas en el delito.

Lo anterior es más evidente en el artículo 425 del Código Nacional mencionado, pues ahí se establece textualmente que en la sentencia que se dicte el órgano jurisdiccional resolverá lo pertinente a la persona física imputada, con independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica, imponiendo la sanción procedente. Es decir, el órgano jurisdiccional tiene la facultad y obligación de individualizar la sanción atendiendo, entre otras cosas, al grado de reproche entre el sujeto activo y el delito.

Con todo lo anterior, no se desconoce que la persona representante pudiera cometer alguna conducta prevista en el capítulo de delitos fiscales del Código Hacendario, con lo que se haría válidamente acreedor de una sanción penal; sin embargo, en ese caso solo se le podrá imputar la conducta que efectivamente cometió o permitió que se consumara y no por hechos en los que no tuvo ninguna participación, pues de ser así, se estaría vulnerando el principio de culpabilidad.

De cualquier forma, es inconcuso que, conforme a la legislación nacional, la responsabilidad penal de las personas morales o jurídicas no se traslada a las personas físicas que pudieran haber intervenido en la ejecución del delito, pues existe una clara distinción entre las responsabilidades que se imputa a cada una de ellas, al tratarse de delitos distintos.

• CUARTO. El artículo 101, en la porción normativa impugnada, establece la posibilidad de imponer pena de inhabilitación definitiva, aplicable por la comisión de delitos fiscales en los que intervengan o participen auditores, notificadores, técnicos fiscales, contadores, economistas, abogados o peritos, o de alguna otra profesión, o personas que tengan el carácter de autoridad fiscal.

Lo anterior contraviene los artículos 18 y 22 de la Constitución Federal, porque al establecer la posibilidad de imponer como sanción la inhabilitación definitiva, no permite un margen de apreciación para que los operadores jurídicos lleven a cabo la individualización de manera que constituye una pena desproporcionada, absoluta e inflexible, perpetua y vitalicia, al ser una sanción “definitiva” este tiene implicaciones contrarias al principio de reinserción social.

La norma impugnada contraviene la Constitución Federal, ya que establece la posibilidad de que el jugador competente imponga a quienes intervengan o participen en la comisión de delitos fiscales siendo auditores, notificadores, técnicos fiscales, contadores, economistas, abogados o peritos, o de alguna otra profesión, o personas que tengan el carácter de autoridad fiscal, la pena de inhabilitación definitiva para ejercer su profesión o actividad.

Dicha sanción es inconstitucional porque se trata de una pena desproporcionada y excesiva, incompatible con la Norma Fundamental por transgredir el principio de proporcionalidad de las penas, en su vertiente de penas inusitadas, aunado a que impacta negativamente en la reinserción social.

En efecto, la pena de inhabilitación prevista en el artículo impugnado es excesiva y, por ende, inconstitucional, porque da pauta a que una persona cumpla una pena por el resto de su vida. Es decir, la sanción de inhabilitación definitiva coloca a los individuos en una situación de castigo perpetuo, lo que atenta contra su dignidad humana.

Eso es as

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34024-1ba50df2/acceso-a-cargos-publicos-en-condiciones-de-igualdad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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