USURA. CUANDO EN AMPARO DIRECTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO NO COMBATIÓ EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SOBRE EL ANÁLISIS DE USURA, CORRESPONDE DECLARAR INOPERANTES SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SALVO EL CASO EN QUE SE PRESENTE UN SUPUESTO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE DIVERSO AL PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 261/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día treinta de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 261/2022, denunciada por la Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, entre el criterio del órgano que preside, emitido en el amparo directo 394/2021 y el del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 507/2019; en contra del diverso criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en el amparo directo (civil) 705/2019.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en dilucidar si procede suplir la queja deficiente en los conceptos de violación cuando se advierta que, pese al análisis efectuado por la autoridad responsable sobre si la tasa de interés pactada en un pagaré es usuraria, aún subsiste ese fenómeno.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 69/2022 emitido por la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, recibido por conducto del MINTERSCJN y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós,(1) la Magistrada presidenta de dicho Tribunal Colegiado de Circuito denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el criterio emitido por el Tribunal Colegiado de su adscripción, al resolver el amparo directo 394/2021, con similar criterio el que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito en el amparo directo civil 507/2019, asunto del que derivó la tesis aislada V.3o.C.T.19 C (10a.); en contra del criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en el amparo directo civil 705/2019, asunto del que emanó la tesis aislada XVII.2o.7 C (10a.).
2. Trámite de la denuncia. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós,(2) admitió a trámite la denuncia de la contradicción de criterios. Asimismo, solicitó a la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, remitiera en versión digitalizada del original o en su caso, copia certificada de la ejecutoria o bien, la versión electrónica del amparo directo civil 507/2019 de su índice, así como la versión digitalizada del original del proveído, e informara si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente. Además, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, informara si el criterio sustentado en el amparo directo civil 705/2019 de su índice, se encontraba vigente.
3. Asimismo, ordenó la remisión de los autos, para su estudio, a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, integrante de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, a fin de que la presidenta de la Sala a la que se encuentra adscrita, proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
4. Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós,(3) la Ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidos los autos de la contradicción de criterios, determinó el avocamiento de la Sala, envió los autos a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informara a la brevedad a la presidencia, si ya había causado ejecutoria la sentencia emitida en el amparo directo 394/2021 de su índice.
5. Informes de vigencia de criterios en contradicción. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós,(4) la Ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, informando que estaba vigente el criterio sostenido en el amparo directo 507/2019 y que se robusteció, posteriormente, con lo decidido por el amparo directo 529/2020.
6. Posteriormente, mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós,(5) se agregó el oficio 6580/2022 y anexo remitido vía MINTERSCJN por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y se tuvo al Tribunal Colegiado informando que la sentencia dictada en el amparo directo 394/2021, se tuvo por consentida al no haberse interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución que la tuvo por cumplida.
7. Finalmente, mediante acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós,(6) se agregaron a los autos el oficio 6844/2022 y anexos, remitidos vía MINTERSCJN por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, se tuvo al Tribunal Colegiado citado informando que estaba vigente el criterio sostenido en el amparo directo 705/2019 de su índice, remitiendo copia digitalizada de la sentencia dictada en ese asunto. En consecuencia, al advertirse que estaba debidamente integrado el asunto, se enviaron los autos a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
II. COMPETENCIA
8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como por los artículos 226, fracción II, 227, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos.(7) No se advierte que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en que se resolvió el amparo directo 394/2021.
IV. PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
10. La metodología para abordar el análisis sobre la existencia de la contradicción de criterios entre tribunales (Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito) debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales.
11. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales. De ahí que para determinar si existe o no una contradicción de criterios debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad.(8)
12. Por ello, en las contradicciones de criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, debe avocarse a reducir al máximo cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
13. En esa guisa, para determinar la existencia de una contradicción de criterios es preciso que se cumplan con los siguientes requisitos:(9)
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que sea.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
14. Además, la circunstancia de que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no constituyan jurisprudencia, no es obstáculo para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata pues, a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios distintos, al resolver sobre un mismo punto de derecho.(10)
15. Tampoco es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(11)
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
16. A continuación, se realizará una síntesis de las principales consideraciones sostenidas por los tribunales contendientes.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 394/2021.
Antecedentes. Mediante escrito de demanda presentado el tres de febrero de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, Luis Felipe Osorio Fernández, como representante legal de Financiamiento Productivo Empresarial, Sociedad Anónima de Capital Variable, SOFOM Entidades No Reguladas, promovió juicio ejecutivo mercantil oral en contra de Ruth Pérez Guerrero, a quien reclamó las siguientes prestaciones:
"I. El pago de la suma de dinero que asciende a la cantidad de $490,150.00 (cuatrocientos noventa mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, cantidad que se desprende del pagaré suscrito a favor de mi mandante, mismo que es base de la presente acción, el cual fue suscrito por la ahora demandada la C. Ruth Pérez Guerrero, y que se describe en los puntos de hechos de la presente demanda.
"II. El pago de los intereses ordinarios sobre el monto total del pagaré, a la tasa anualizada del 48 % más el impuesto al valor agregado (IVA) los cuales serían pagaderos cada treinta (30) días conjuntamente con el capital.
"III. El pago de los intereses moratorios causados desde la fecha en que no se pagó el documento base de la acción (pagaré), hasta la total solución del presente juicio, habiendo pactado de manera voluntaria las partes un interés a la tasa que resulta de multiplicar la tasa ordinaria por el factor 2.5, y toda vez que el pagaré no fue pagado en sus términos, procedente resulta el cobro del mismo.
"IV. El pago de los gastos y costas que se originen con la tramitación del presente juicio hasta la total culminación del mismo." (foja 2 del expediente de origen).
Seguido el juicio bajo el expediente 284/2021, el tres de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente que culminó con los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERO.—Esta autoridad ha sido competente para conocer del presente juicio.
"SEGUNDO.—La parte actora Luis Felipe Osorio Fernández por su representación, probó la acción planteada; la demandada probó parcialmente su excepción de usura.
"TERCERO.—Se condena a la demandada a pagar a la parte actora por su representación, la cantidad de cuatrocientos noventa mil ciento cincuenta pesos moneda nacional, por concepto de suerte principal.
"CUARTO.—Se condena a la demandada al pago de intereses ordinarios a razón 4 % (cuatro por ciento) mensual, desde la fecha de la suscripción del pagaré, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo.
"QUINTO.—Se condena a la demandada al pago de intereses moratorios a razón del 8.51 por ciento sobre el saldo insoluto desde el quince de junio de dos mil veintiuno, hasta que se verifique el pago del adeudo.
"SEXTO.—La condena impuesta deberá cumplirla la deudora dentro del término de tres días contados a partir del siguiente en que cause ejecutoria la presente resolución, y de no efectuarse el pago en los términos decretados, hágase trance y remate de los bienes que se lleguen a embargar, a efecto de que con su producto se pague al acreedor.
"SÉPTIMO.—Se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas, previa su regulación."
La sentencia fue reclamada por la demandada Ruth Pérez Guerrero por derecho propio, en amparo directo, el cual fue registrado bajo el expediente 394/2021. La sentencia respectiva fue emitida el veintiuno de abril de dos mil veintidós, culminando con el punto resolutivo siguiente:
"ÚNICO.—Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Ruth Pérez Guerrero, respecto del acto que reclama, por su propio derecho, a la Juez Décimo Especializada en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, el cual hace consistir en la sentencia de tres de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 284/2021, relativo a un juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por la parte tercera interesada."
Criterio. El Tribunal Colegiado de Circuito adujo que, la peticionaria del amparo se dolió de la figura jurídica de la usura, como fenómeno de explotación del hombre y consideró inoperante, en parte y, sustancialmente fundado, en otra, sus conceptos de violación.
• Aclaró que, al resolver, entre otros, los juicios de amparo directo 50/2021 y 317/2020, en sesiones plenarias de doce de agosto y dos de diciembre de dos mil veintiuno, respectivamente, sostuvo el criterio de que si la autoridad responsable redujo prudencialmente lo pactado por las partes, conforme a los parámetros guía establecidos por el Máximo Tribunal del país y, tal actuar no es combatido en la vía de amparo, los conceptos de violación conducentes resultarían inoperantes.
• Dicha determinación, incluso, se apoyó en la tesis aislada XVII.2o.7 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro:
"USURA. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REDUJO PRUDENCIALMENTE LA TASA DE INTERÉS PACTADA POR LAS PARTES, EN ACATAMIENTO A LOS PARÁMETROS GUÍA ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES RELATIVAS, DEBEN CALIFICARSE COMO INOPERANTES, AUN CUANDO SE ALEGUE VULNERACIÓN AL DERECHO HUMANO DE PROPIEDAD EN FORMA GENÉRICA."
• Sin embargo, en una nueva reflexión, el Tribunal Colegiado de Circuito abandonó tal criterio, para considerar que operaba la suplencia de la queja deficiente en tratándose de la determinación relativa al fenómeno de la usura, de acuerdo con los lineamientos que, sobre ese tópico, ha establecido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que debe hacerse el estudio correspondiente, de oficio, por la autoridad de instancia e incluso por el órgano de control constitucional; y así, aun cuando la autoridad responsable haya realizado la reducción prudencial de la tasa de interés correspondiente, si la fijada continúa siendo usuraria, procede suplir la deficiencia de la queja de los conceptos de violación.
• Coincidió con lo que había expuesto la Jueza responsable, sobre la tasa ordinaria pactada, a razón del cuatro por ciento (4 %) mensual, y que había sustentado acorde a los razonamientos siguientes:
a. La tasa de interés interbancaria de equilibrio publicada en la página del Banco de México, a la fecha de suscripción del título fundatorio, ascendía al ocho punto cincuenta y uno por ciento (8.51 %) mensual.
b. Sobre esa base, si en el mencionado documento se había pactado, como tasa ordinaria, el cuatro por ciento mensual (4 %) y ésta no superaba el mencionado referente, por lo que era innegable que no se estaba frente al fenómeno de la usura.
• Pero, cuando procedió al estudio de la otra parte de los conceptos de violación, relacionada con la misma figura legal, en atiente a los intereses moratorios, los consideró sustancialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.
• Al respecto, citó la tesis V.3o.C.T.19 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, que compartió, de rubro:
"USURA. A FIN DE GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS, PROCEDE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SE ADVIERTA QUE, PESE A LA REDUCCIÓN EFECTUADA POR LA RESPONSABLE, LOS INTERESES AÚN SON USURARIOS."
• Tuvo presente que, sobre el particular, la Juez responsable señaló:
a. La tasa moratoria se obtendría de multiplicar la diversa ordinaria (4 %) por dos punto cinco (2.5), la que arrojaba un total del diez por ciento mensual (10 %).
b. La mencionada prestación accesoria superaba la tasa de interés interbancaria de equilibrio a la fecha de suscripción del título fundatorio, es decir, el ocho punto cincuenta y un por ciento (8.51 %), la que, a su parecer, se erigía en usuraria, de modo que debía reducirse prudencialmente a dicho tope.
• A consideración del Tribunal Colegiado, la mencionada reducción jurisdiccional resultó indiciariamente usuraria si se ponderaba que, una vez anualizada (doce meses), ascendía al ciento dos punto doce por ciento (102.12 %) de la suerte principal.
• Adujo que, conforme al artículo 1o. constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger los derechos humanos consagrados en dicha Carta Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
• Que uno de esos derechos tutelados es el de la propiedad privada, siendo la prohibición de la explotación del hombre por el hombre en su modalidad de usura, una de las maneras de garantizar su ejercicio.
• En este tenor, aseveró que los Jueces de instancia o, en su defecto, los tribunales de alzada –en los casos en que proceda la apelación– deben analizar ex officio si los intereses pactados por los contratantes constituyen o no usura, atento a los parámetros objetivos y al elemento subjetivo a los cuales hizo mención la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 350/2013 y, de considerarlos usurarios, reducir prudencialmente la tasa de interés pactada. • De esa manera, en caso de que el juzgador responsable omitiera estudiar la posible actualización de usura o, aun haciéndolo, si el Tribunal Colegiado de Circuito advertía, indiciariamente, un pacto usurario en la fijación de la tasa mencionada, debía conceder el amparo, para el efecto de que la autoridad responsable reparara la violación apuntada y cumpliera con el principio de exhaustividad por medio de dicho análisis, al tenor de los parámetros establecidos en las jurisprudencias 46/2014 y 47/2014, de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal. Sin que ello implicara que el tribunal se pronunciara sobre la invalidez o validez de que tal porcentaje fuera usurario, en razón de que ello sería materia de fondo que correspondería a la responsable.
• Agregó que dicho estudio a efectuar por la autoridad responsable, lo debía realizar con libertad de jurisdicción, para esclarecer si los intereses constituían o no usura. Precisó que era la innecesaria actualización de todos los parámetros-guía objetivos y del elemento subjetivo, para concluir la existencia de la explotación del hombre por el hombre, en su modalidad de usura.
• Mencionó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, ha sostenido el criterio de que el referente financiero conocido como el Costo Anual Total (CAT), que reportara el valor más alto para operaciones similares y correspondiera a la fecha más próxima a la suscripción del título de crédito respectivo, constituye un parámetro financiero de naturaleza activa que informa cuál es el costo de un crédito para los clientes o usuarios del crédito.
• Adujo el tribunal que, al respecto, cobraba relevancia la jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.), emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
"USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO."
• Precisó el tribunal que, al haber advertido un indicio de que la tasa relativa al interés moratorio resultaba usuraria, procedía conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Juez Décimo Especializada en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla: 1) dejara insubsistente la sentencia reclamada, y 2) pronunciara otra en la que, por un lado, reiterara las consideraciones que tuvo para tener por acreditada la acción, así como para condenar al pago de los intereses ordinarios a razón de la tasa pactada y, por otro lado, tomando en cuenta el parámetro financiero antes mencionado (CAT) analizara si, en el caso, emergía el fenómeno de la usura, en cuanto a la diversa tasa moratoria pactada, resolviendo con libertad de jurisdicción, lo que en derecho correspondiera.
B. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo civil 507/2019.
Antecedentes: Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles de Hermosillo, Sonora, Arturo Peñuñuri Encinas, por derecho propio, promovió juicio ejecutivo mercantil, en contra de Virgen Lucía Dessens Coronado, reclamándole el pago de la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como suerte principal, más el pago de intereses moratorios, derivados de la suscripción de un pagaré, entre otras prestaciones.
• El once de junio de dos mil diecinueve, el Juez responsable dictó sentencia al tenor de los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERO.—Este juzgador es y ha sido competente para conocer y decidir sobre el presente juicio, así como la vía elegida para la tramitación de éste fue la correcta.
"SEGUNDO.—El actor Arturo Peñuñuri Encinas, por su propio derecho, acreditó todos y cada uno de los extremos de la acción cambiaria directa que en vía ejecutiva mercantil ejercitó en contra de la C. Virgen Lucía Dessens Coronado, como obligada principal, quien no logró acreditar sus excepciones opuestas; en consecuencia:
"TERCERO.—Se condena a la aludida demandada Virgen Lucía Dessens Coronado, a cubrir en favor del actor Arturo Peñuñuri Encinas, la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal.
"CUARTO.—Se condena a la demandada a cubrir a favor del actor, los intereses moratorios causados y que se sigan causando hasta la total solución del adeudo, en los términos respectivamente establecidos en la última parte del considerando ‘VIII’, en el presente fallo.
"QUINTO.—Se condena a la citada demandada en favor del actor al pago de los gastos y costas originados con motivo de la tramitación del presente juicio, previa su legal regulación en la vía incidental.
"SEXTO.—En caso de no darse cumplimiento voluntario al presente fallo dentro del término de cinco días, una vez que quede firme, hágase trance y remate de los bienes embargados o que se embarguen del patrimonio de la demandada, y con su producto páguese al actor las prestaciones reclamadas, y en caso de existir remanente, devuélvase a la demandada."
• La anterior sentencia fue reclamada por la demandada Virgen Lucía Dessens Coronado, en amparo directo, el cual fue registrado bajo el expediente 507/2019. La sentencia respectiva fue emitida el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve culminando con el punto resolutivo siguiente:
"ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a Virgen Lucía Dessens Coronado, contra la sentencia definitiva de once de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en el expediente 1680/2017, por los motivos y para los efectos precisados en el párrafo ciento veinte de esta ejecutoria."
Criterio: El Tribunal Colegiado de Circuito, en lo conducente, adujo que con la finalidad de robustecer que, en el asunto, procedía aplicar la institución jurídica de la suplencia de la queja deficiente, estimó oportuno realizar las precisiones siguientes.
• Hizo alusión a que esta Primera Sala estableció en la tesis aislada 1a. CXCIII/2015 (10a.), que constituye un abuso del hombre por el hombre, cualquier tipo de explotación, tales como la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzados o la propia usura, cuya práctica se encuentra proscrita en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
• Destacó que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
• La obligación de proteger consistía en que el Estado debe evitar que terceras personas obstaculicen o impidan el acceso de derechos; esta obligación conllevaba, básicamente, que el Estado realizara conductas positivas para proteger los derechos humanos. Tal obligación se contemplaba, implícitamente, en el artículo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Aludió que, la obligación de garantizar se traducía en el deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifestara el ejercicio del poder público, de manera tal que fueran capaces de asegurar, jurídicamente, el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Y que lo anterior, se podía lograr, por ejemplo, a través del Poder Judicial, cuyos órganos tienen la obligación de asegurar que los gobernados gocen de sus derechos humanos restituyéndolos en casos de violación.
• Mencionó que el principio de universalidad refería que todos los derechos humanos son universales e inalienables, pues todas las personas los poseen y no podían renunciar voluntariamente a ellos, ni éstos podían ser usurpados por otras.
• Añadió que, el principio de interdependencia exigía que, en la medida en que se disfrutara de un derecho en particular o un grupo de derechos, se gozaría de otro derecho o grupo de derechos. Y, a la inversa, en tanto se violara un derecho o grupo de derechos, se estaría violando otro derecho o grupo de derechos.
• Por su parte, el principio de indivisibilidad establecía que un derecho humano no podía catalogarse, exclusivamente, dentro de una clasificación, pues podía ser que una prerrogativa de índole patrimonial impactara en otros derechos como la vida o la libertad de trabajo.
• Mencionó que, mientras que la progresividad de los derechos humanos, como principio, atiende a la constante evolución de tratar de incrementar la protección de un derecho, sin desconocer otro o establecer la preferencia de protección de un derecho sobre otro en el caso concreto, sin que ello implique desconocimiento de derecho humano alguno.
• Enseguida, el Tribunal Colegiado aplicó la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, esto en lo que atañe al tema de la usura, porque advirtió que existió contra el quejoso una violación evidente que lo dejó sin defensa, por haberse afectado derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
• Precisó que esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 386/2014 estableció que, cuando en un asunto el Juez del conocimiento (o en su caso la alzada), no se pronuncie respecto de la posible configuración de usura tratándose del cobro de intereses derivado del imp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31374-915cb6e6/usura-cuando-en-amparo-directo-el-tribunal-colegiado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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