USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 284/2015. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, TERCER, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 22 DE FEBRERO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(3) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema que, por su materia corresponde a la especialidad de la Primera Sala.
Cabe precisar, que no pasa inadvertido que en la contradicción de tesis que nos ocupa, participan tres Tribunales Colegiados del Primer Circuito, especializados en la materia civil.
En efecto, en la presente contradicción de tesis se encuentran contendiendo el Tercer Tribunal Colegiado, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos especializados en Materia Civil en el Primer Circuito.
Ahora bien, aunque lo anterior podría motivar la incompetencia de esta Primera Sala para conocer de la contradicción de tesis que pudiera suscitarse entre dichos órganos jurisdiccionales, ya que el competente para conocer de dicha contradicción lo sería el Pleno de Circuito en Materia Civil del Primer Circuito, esta Primera Sala considera que no se deben remitir los autos al mencionado Pleno de Circuito para que conozca de la contradicción de tesis entre los órganos mencionados.
Lo anterior obedece al hecho de que en la contradicción de tesis que nos ocupa, también participan Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, situación que motiva que esta Primera Sala tenga competencia para resolver la contradicción de criterios que se suscita entre los órganos contendientes, pues como se verá más adelante, aun cuando en estricto derecho no pudiera conocer de la contradicción de criterios que surge entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Décimo Segundo y Décimo Tercer Tribunales Colegiados en la misma materia y Circuito, si está obligada a resolver la contradicción de criterios que se suscita entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con los diversos Tribunales Colegiados del Cuarto, Décimo Sexto, Vigésimo Séptimo y Trigésimo Circuito, además también debe resolver la contradicción se (sic) suscita entre los antes mencionados y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, razón por la que se estima que, en el caso a estudio, esta Primera Sala sí resulta competente para resolver la presente contradicción.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar como jurisprudencia, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos.
I. Origen del recurso de revisión 57/2015, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y criterio que en él se sostiene:
**********, contra **********, promovió juicio ejecutivo mercantil, y seguida la secuela procesal se dictó sentencia definitiva el cuatro de marzo de dos mil catorce, en la que se resolvió lo siguiente:
"PRIMERO.-Ha sido procedente la vía ejecutiva mercantil en donde la parte actora **********, promoviendo por conducto de su endosatario en procuración, acreditó su acción y la parte **********, no justificaron sus excepciones y defensas hechas valer, en consecuencia:
"SEGUNDO.-Se condena al demandado **********, al pago de la cantidad de $********** (**********), por concepto de suerte principal, a favor de la parte actora ********** o a quien sus derechos represente.
"TERCERO.-Se condena al demandado, al pago de los intereses moratorios a razón del ********** por ciento mensual, lo anterior desde la fecha de vencimiento del título de crédito, es decir, del ocho de mayo de dos mil doce hasta la total solución del presente asunto, mismos que deberán de ser cuantificados mediante el incidente respectivo en ejecución de sentencia.
"CUARTO.-El pago de las anteriores condenas las deberá realizar el demandado **********, en forma voluntaria dentro del improrrogable término de cinco días, contados a partir de que la presente sentencia cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, apercibido que en caso de no hacerlo se procederá al trance y remate del bien mueble embargado y con su producto pago al actor.
"QUINTO.-Por encontrarse el presente asunto dentro de los supuestos señalados por la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, se condena al enjuiciado al pago de gastos y costas causadas en la presente instancia, a razón del 10% (diez por ciento) sobre el monto del negocio, y toda vez que por el momento no es posible determinar dicho monto líquido, deberá determinarse por vía incidental en ejecución de sentencia ..."
En ejecución de sentencia, por escrito presentado el treinta de junio de dos mil catorce, la actora promovió incidente de liquidación de intereses, que se admitió por auto de cuatro de julio siguiente. Seguida la tramitación de dicho incidente, por interlocutoria de siete de agosto de dos mil catorce, se aprobó la incidencia planteada, y se condenó al demandado al pago por concepto de intereses.
En contra de esa determinación, la parte quejosa promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y el cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado.
Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó con el número ********** y concedió el amparo solicitado.
- Criterio. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo lo siguiente:
"Los anteriores argumentos son fundados.
"Lo fundado de dichos argumentos radica en que aun cuando el quejoso no hubiera combatido los fundamentos del fallo reclamado, el juzgador tenía la obligación de analizar de oficio si los intereses fijados eran usurarios o no.
"En el caso, nos encontramos en la ejecución de la sentencia definitiva, dictada en un juicio ejecutivo mercantil, en la cual se determinó el derecho de la actora para percibir el pago de la suerte principal e intereses moratorios, y procede analizar de oficio si los intereses son usurarios o no.
"Por tanto, como en el juicio de amparo no hay reenvío, este órgano colegiado realiza el análisis de los argumentos en relación con los intereses usurarios.
"En el incidente de liquidación de intereses cuyo monto resulta notoriamente excesivo y, por ende, usurario, se encuentran involucrados dos puntos a tratar, que son la usura y la cosa juzgada, por lo que resulta indispensable realizar las consideraciones siguientes:
"a) Análisis de los intereses usurarios en forma oficiosa
"El artículo 217 de la Ley de Amparo obliga a este Tribunal Colegiado a aplicar la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 402, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materias constitucional y civil «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas», de rubro y contenido siguientes:
"‘PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.’ [se transcribe]
"La hipótesis contenida en el texto de la tesis de jurisprudencia que ha quedado transcrita, se refiere en inhibir alguna condición usuraria al pactarse en una relación jurídica el pago de un interés, sea como ganancia lícita o como sanción por el incumplimiento, pues nadie tiene derecho a obtener un provecho propio y de modo abusivo sobre el patrimonio de otra persona.
"b) La cosa juzgada
"Existe una necesidad lógica jurídica de que las controversias no queden sin determinación firme, inamovible, inmutable e inalterable, o sea, que debe haber una resolución jurisdiccional que decida el fondo del litigio, que ya no pueda ser impugnable en ninguna otra instancia ordinaria o extraordinaria (recursos o medios de defensa ordinarios e incluso el juicio de amparo en la vía directa o indirecta); asimismo, que no pueda cuestionarse el hecho juzgado, en un juicio posterior, lo que justifica y da lugar a la existencia de la cosa juzgada formal y material.
"La cosa juzgada formal y material tiene como características la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la inalterabilidad por las cuales una sentencia firme no es susceptible de modificarse en exceso ni en menoscabo, por lo que ya no puede alterarse por una resolución posterior.
"En ese contexto, el problema de armonizar la prohibición de la usura y el efecto de la cosa juzgada se presenta ordinariamente cuando existe una sentencia que condenó al pago de intereses que puede ser tildado de usurario ante el Juez del juicio natural, en apelación o en los conceptos de violación en la vía de amparo indirecto, o que sea advertida oficiosamente por el órgano de amparo en primera o segunda instancias por aparecer como una cuestión evidente o notoria.
"De manera que sea necesario determinar, si ante la existencia de la cosa juzgada que condena al pago de un interés excesivo que pueda ser calificado sin esfuerzo alguno como usurario, por ser notoria la desproporción, deba ejecutarse al deudor y obligarlo al pago forzoso, incluso con el remate de sus bienes, o si puede invocarse el derecho del deudor a que se reduzca el interés usurario a una tasa equitativa, siempre que este tema no haya sido resuelto de manera expresa en la sentencia que constituya cosa juzgada, porque no puede haber dos o más pronunciamientos sobre un mismo hecho o una misma cuestión jurídica.
"c) El principio de prohibición de la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, que establece el artículo 21.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Planteamiento
"A) La prohibición de la usura
"El artículo 21.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente:
"‘Artículo 21. Derecho a la propiedad privada. ... 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.’
"Esta disposición que tiene su origen en una fuente de derecho internacional forma parte de nuestro sistema jurídico, acorde a lo que establecen los artículos 1o. y 133 de la Constitución.
"La norma general es que queda prohibida cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, y una de éstas es la usura en virtud de la cual un acreedor se enriquece de manera excesiva y abusiva con los frutos civiles que produce el capital que prestó a su deudor.
"d) La firmeza de la cosa juzgada no debe prevalecer sobre el derecho derivado de la prohibición de la usura.
"Es necesario que la sentencia que ha causado estado conserve la calidad de inmutabilidad e inalterabilidad en cuanto a los hechos juzgados, puesto que la existencia de la obligación sobre los hechos probados en juicio ya no podría juzgarse en un segundo juicio, porque, con pretender lo contrario, quedaría en un estado de indefensión la persona que obtuvo sentencia favorable, y provocaría la inseguridad jurídica, con absoluta falta de certeza y confianza en las instituciones.
"Sin embargo, en la etapa de ejecución y liquidación de la sentencia que tiene la categoría de cosa juzgada formal y material, puede advertirse que se produce la lesión a un derecho humano y que una vez identificado, motiva una determinación expresa sobre los límites de la prevalencia de esa institución de la cosa juzgada por la obligación que tiene la autoridad de amparo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que México sea parte, acorde a lo que dispone el artículo primero constitucional.
"Es en la etapa de ejecución donde puede advertirse que ha existido un pronunciamiento con calidad de cosa juzgada que ha tenido por materia un derecho humano, e incluso, que ha sido afectado por la determinación judicial, sin haberse cuestionado en su momento.
"Por tanto, si se trata de un derecho humano que es absoluto y no se extingue, mientras la ejecución no está consumada y consentida, cabe establecer una solución equitativa que armonice ambos derechos, por lo que la resolución determinará total respetabilidad a la cosa juzgada respecto de los hechos juzgados hasta el momento en que tal sentencia o convenio adquirió la calidad de cosa juzgada; y que el derecho humano correlativo de la prohibición de la usura sea protegido, respetado y garantizado respecto de la usura generada después de ese momento y que pretenda liquidarse en ejecución de sentencia.
"Así, oficiosamente podrá reducirse el interés usurario generado después de que causó estado, pero no podría alterarse la cosa juzgada respecto del hecho materia de la litis que fue resuelto y sobre intereses que sean anteriores al momento en que causó estado o se declaró que causó estado o ya han sido pagados, porque con el pago queda en evidencia que el patrimonio del deudor ha podido soportar ese interés excesivo, y ya está en el patrimonio del acreedor.
"Se trata no de establecer la convencionalidad de los preceptos que regulan la institución de la cosa juzgada, porque ésta no aparece como notoriamente inconvencional y, por el contrario, sí es racional y tiene un fin constitucionalmente válido, así como es idónea para el objeto que se persigue, que es la seguridad jurídica.
"En cambio, lo que ocurre es que después de que se ha producido la cosa juzgada, continúa la etapa de ejecución y producirá material y necesariamente la afectación al derecho humano que deriva de la prohibición de la usura.
"Ante esa afectación que produce la ejecución de la cosa juzgada y que indudablemente afecta el derecho humano, surge la necesidad para el órgano de amparo de determinar qué debe prevalecer: la institución de la cosa juzgada que justificaría la legalidad de la ejecución o el derecho humano a no ser explotado y empobrecerse por la usura.
"La obligación de tutelar y actuar oficiosamente para la protección de los derechos humanos, respetar y garantizarlos, hace posible estudiar la existencia de la usura, y de actualizarse, reducir el interés usurario a una tasa equitativa.
"De modo que en la etapa de ejecución de sentencia se produce una colisión entre el principio de seguridad jurídica, que comprende a la cosa juzgada, y el derecho humano consistente en que no se puede permitir el enriquecimiento del acreedor a través de la explotación del patrimonio del deudor.
"La solución propuesta a la disyuntiva planteada tiene en cuenta que la cosa juzgada y la prohibición de volver a seguir un juicio por el mismo hecho, tiene su fundamento en los artículos 14, 17 y 22 constitucionales; mientras que la prohibición de la usura tiene su fundamento legal tanto en el artículo 2395 del Código Civil Federal, como en el artículo 21.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Con ese origen y por su objeto de tutela, la prohibición de la usura constituye un derecho humano incorporado al sistema jurídico mexicano por lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución y de la máxima jerarquía, con fundamento en el artículo 1o. constitucional, sin que los artículos 14, 17 y 22 de la propia Constitución Mexicana contengan una restricción expresa que haga incompatible ese derecho humano que se tutela a través de prohibir y sancionar la usura, con alguna disposición constitucional.
"Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 202, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas», de rubro y texto siguientes:
"‘DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.’ [se transcribe]
"Asimismo, no hay duda sobre que la usura incide gravemente en la dignidad de la persona, porque afecta ruinosamente a su patrimonio y es una forma de explotación del hombre por el hombre.
"La característica del derecho humano es que es inherente a la dignidad humana, por lo que no se extingue mientras permanezca viva la persona e incluso por afectar el patrimonio trascienda a su muerte y continúa el efecto sobre el patrimonio de la sucesión.
"Por esa subsistencia o permanencia del derecho humano, inherente a la dignidad de la persona, es absoluta e indisponible. Y en la usura, lo que se sanciona con nulidad es la tasa en los puntos del porcentaje que excedan a una racional y equitativa. La afectación al patrimonio del deudor se produce tanto respecto del periodo anterior a la existencia de la cosa juzgada, como en el periodo posterior.
"Sin embargo, el principio de seguridad jurídica también es de gran entidad, lo que imposibilita anular los efectos de la sentencia en cuanto a los hechos anteriores a la cosa juzgada, o anular aquellos intereses que están liquidados y que ya están firmes; pero que sí permite la anulación de los intereses usurarios generados después de la cosa juzgada y que son materia de liquidación por el periodo respectivo en el acto reclamado; para reducirlos a una tasa equitativa; con lo cual se logra un equilibrio entre los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y de prohibición de la usura.
"Con esta solución que implica elegir la aplicación de normas y principios jurídicos ya reseñados, se privilegia el principio de interpretación establecido en el artículo primero constitucional, que obliga a elegir la norma o principio que otorga a la persona afectada la protección más amplia, ante la posibilidad de interpretar y aplicar ambos principios de la manera más favorable a la persona.
"La firmeza de la cosa juzgada no puede ni debe prevalecer sobre el derecho derivado de la prohibición de la usura, respecto de los intereses generados con posterioridad a la cosa juzgada y procederá la reducción a una tasa equitativa, respecto al periodo de liquidación que sea materia del acto reclamado.
"Por otra parte, los derechos humanos o fundamentales constituyen una serie de derechos inherentes a la dignidad humana que son reconocidos en el artículo primero constitucional, lo que implica que existan antes, y el Estado solamente los reconoce.
"De ahí que se protege un derecho fundamental relativo a conservar el derecho de propiedad o el patrimonio frente a la usura, que es una forma de explotación del hombre por el hombre.
"Por tanto, el monto de los intereses es el precio que se paga por el alquiler del dinero que se recibe a título de préstamo, es el fruto civil al que tiene derecho el dueño del dinero y, por ende, es la cantidad que debe pagar una persona por el uso del dinero tomado en préstamo.
"Para poder determinarlo, es menester conocer tres elementos fundamentales: capital, tasa de interés y el tiempo o plazo.
"El dinero es el medio de cambio de curso legal, el cual tiene, entre otras, la característica que puede ganar, perder o cambiar de valor con el transcurso del tiempo, debido a la inflación.
"Por ello, se considera justificado que un capital que se invierte o presta deba acrecentarse en el tiempo para contrarrestar los efectos negativos inflacionarios para conservar el poder adquisitivo del dinero.
"De acuerdo con las anteriores definiciones, la usura puede considerarse como la fijación en una relación contractual, de intereses excesivos o desproporcionados, que establecen una ventaja patrimonial en favor del acreedor por el cobro, precisamente, de un interés superior a las tasas máximas de intereses permitidas en el mercado, esto es, superiores a los establecidos por los usos y costumbres mercantiles o por los establecidos como máximos por el sistema bancario de un determinado lugar aunque no necesariamente esté probado en la lesión civil, a través del abuso del apuro económico, o bien, de la ignorancia de la persona a cargo de quien se impone dicho interés excesivo, que recibe el nombre de deudor.
"e) Consecuencias jurídicas legales de la cosa juzgada
"El derecho humano por su naturaleza es oponible en cualquier tiempo, y desde luego que hay unos que tienen una protección mayor como la vida, la integridad personal y la libertad.
"En cambio, el derecho a que se restrinja un interés usurario incide en el patrimonio y habrá supuestos de una evidente consecuencia ruinosa para el deudor; aunque ya exista cosa juzgada al respecto, e incluso ya se haya podido ejecutar.
"Por tanto, es necesario establecer un límite prudente y equitativo a la ejecución de la cosa juzgada que todavía no está consentida y consumada, y que puede ser materia de análisis de fondo en sede de amparo, por el contenido del acto jurisdiccional que tiene por materia ese interés.
"Por esos valores en juego, la limitación a la usura rige para los actos judiciales que todavía no están definidos en sentencia constitucional y respecto de los cuales exista una cosa juzgada firme, por lo que la declaración de usura se limita al periodo de ejecución donde se esté aplicando el interés usurario.
"Consecuentemente, este análisis del interés usurario no podía tomar el alcance de generar un derecho a favor del deudor a obtener la devolución de aquellos intereses que aunque sean usurarios estén constituidos por estar firmes.
"Lo afirmado es así, porque el hecho de que no se haya efectuado un análisis de usura antes de la condena y durante su ejecución, no implica que, con posterioridad, se haga el reclamo de lo que ya se pagó dado que al no ser en esos momentos se encuentra consentida la usura.
"Es así, porque ‘de lo contrario’ sería grave que en la etapa de ejecución de sentencia una vez que se hizo el pago se cuestionara lo concerniente a que se aplicó un interés usurario e indebido, lo que no podría ser procedente.
"Por otra parte, el legislador no previó una solución específica para el evento de que una sentencia condenara a un interés usurario y la prohibición de ejecutarla en esos términos; por ello, es dable que cuando no existió un análisis de los intereses usurarios antes de la condena y en la ejecución de oficio se advierta que son usurarios, no es permisible que se apliquen de esa forma, sin que con ello se trastoque el privilegio de certeza y seguridad jurídica de la cosa juzgada, porque su reducción versa sobre el periodo de ejecución y no sobre lo que constituyó cosa juzgada.
"De no estimar tal criterio, entonces, se llegaría al absurdo de que en la sentencia constitucional el juzgador sí puede realizar su análisis oficioso, y en caso de ser excesivos, ordenar su reducción, sin poder hacer un análisis en la ejecución cuando no existió un análisis constitucional.
"Máxime que el Juez es el rector del procedimiento y tiene facultades de analizar oficiosamente la planilla que se presente en el incidente de liquidación, con el objeto de perfeccionar los detalles relativos a las condenas que no pudieron cuantificarse en el fallo y que son indispensables para exigir su ejecución, es por lo que en ese periodo sí puede efectuarse la reducción oficiosa de los intereses que se consideren usurarios.
"Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"‘PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA.’ [se transcribe]
"f) Parámetros legales para establecer si el pacto de intereses resulta usurario
"Sobre el tema, este órgano colegiado emitió el siguiente criterio pendiente de publicarse:
"‘USURA. ES VÁLIDO ACUDIR A LAS TASAS DE INTERÉS FIJADAS POR EL BANCO DE MÉXICO, PARA ESTABLECER SI LAS PACTADAS POR LAS PARTES SON DESPROPORCIONALES O NO.’ [se transcribe]
"En dicho criterio, se hace alusión a los parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés, sin que pueda servir como base el interés legal, dado que no atiende al valor real del dinero ni al rendimiento que puede generar; además, que dicho porcentaje, al ser fijo, no atiende a variaciones del mercado; por tanto, es válido acudir a las tasas de interés fijadas por el Banco de México para establecer si las tasas fijadas por las partes son desproporcionadas o no.
"En el caso, la tasa de intereses moratorios pactada en el pagaré del que deriva el incidente de liquidación de intereses, es del 12% (doce por ciento) mensual, a partir de que incurrió en mora, lo que implica que será un 120% (ciento veinte por ciento anual), lo que excede en algunos puntos a la tasa efectiva promedio ponderada que se genera por el uso de tarjeta de crédito para los clientes no totaleros.
"El adeudo contraído deriva de un título de crédito, por lo que es válido acudir a las tasas de interés fijadas por las instituciones bancarias que regula el Banco de México, para reducir ese monto del interés a ese parámetro general que rige para las operaciones bancarias, en tanto que hay una política pública de regulación de los factores que inciden en la inflación y en el desarrollo económico sano del país.
"Es así, porque el riesgo asumido por el acreedor al entregar la suma consignada en un pagaré, se equipara al que se toma al emitir una tarjeta de crédito; tasa que se estima adecuada para retribuir al acreedor de una ganancia lícita.
"Para determinar si la tasa es excesiva o no, puede tomarse como base los indicadores existentes y cercanos a la fecha en la que se suscribió el pagaré base de la acción que fue el siete de marzo de dos mil doce, con base en la tasa efectiva promedio ponderada que se genera por el uso de tarjeta de crédito para los clientes no totaleros publicada por el Banco de México promedio en el mes siguiente que es abril de dos mil doce, fue de 41.6% (cuarenta y uno punto seis por ciento anual), que mensualmente equivale a 3.46% (tres punto cuarenta y seis por ciento mensual), para determinar la tasa que debe ser cubierta.
"Información que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, misma que se obtiene de la página de Internet del Banco de México, y que hace prueba plena en razón de que es un organismo público que regula los indicadores básicos de las tarjetas de crédito, y toda vez que lo que se pretende determinar es el interés que corresponde fijar por el retardo en el pago de un préstamo.
"Entonces, en ejercicio de esa facultad oficiosa que obliga a determinar si un interés pactado es usurario o no, por notoriamente excesivo por el monto apreciado sin mayor reflexión e indagación, resulta que en el caso, en el título de crédito se pactó el interés moratorio del 12% (doce por ciento) mensual, lo que en un año suma la cantidad de 120% (ciento veinte por ciento), lo que se considera notoriamente excesivo, dado que dicho porcentaje analizado rebasan por mucho el indicador del promedio ponderado de la tasa de interés efec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27288-7a300862/usura-su-analisis-encuentra-limite-en-la-institucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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