DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR. EL ARTÍCULO 60, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 64/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Presentación de la denuncia. Por escrito acordado el treinta de abril de dos mil veinticinco, en este pleno, ********** ********** ********** **********, persona autorizada de la parte quejosa recurrente en el amparo indirecto 117/2023 del cual surgió el amparo en revisión 18/2024 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, del que deriva uno de los criterios contendientes.
2. Criterios denunciados. La posible de contradicción de criterios se denunció entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el amparo en revisión 554/2023, en sesión de uno de febrero de dos mil veinticuatro y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito al fallar el amparo en revisión 18/2024, en sesión de nueve de mayo de dos mil veinticuatro.
3. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de treinta de abril de dos mil veinticinco, se radicó el asunto con el número de expediente 64/2025, con el tema: "determinar si el uso de un elemento, como lo es el tipo de vehículo, en la determinación de la cuota tributaria de los derechos regulados en el artículo 60, fracción I, relativos a los derechos por servicios de control vehicular por dotación inicial de placas, reposición, canje o replaqueo, es violatorio del principio de proporcionalidad y legalidad tributaria", y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda.
4. Informes. Los informes solicitados en el auto de radicación de la contradicción se recibieron de la siguiente manera:
• El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante oficio 3897/2025 de siete de mayo de dos mil veinticinco, informó que su criterio sigue vigente.
• El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, por oficio 5952 de doce de mayo de dos mil veinticinco, informó que su criterio sigue vigente.
• La Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, por oficio DGCCST/X/368/06/2025 de once de junio de dos mil veinticinco, informó que no hay contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el tema en disputa.
5. Nueva integración del pleno regional. Mediante acuerdo de trece de mayo de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez integra este pleno regional –en sustitución de la Magistrada Silvia Cerón Fernández–.
6. Nueva integración del pleno regional. Mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado Ernesto Martínez Andreu integra este pleno regional –en sustitución del Magistrado José Patricio González Loyola Pérez–.
7. Nueva integración del pleno regional. Mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que fueron designadas para integrar este pleno regional las Magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Petriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza, con efectos a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco y se returnó el asunto a la última de las nombradas.
8. Confirmación de turno. Por acuerdo de uno de julio de dos mil veinticinco, según constancia de autos.
9. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.
I. Competencia
10. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el mismo medio oficial de difusión el trece y dieciséis de enero y el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; respectivamente, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes a los Circuitos Octavo y Vigésimo Quinto, comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
11. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló ********** ********** ********** **********,(5) persona autorizada de la parte quejosa en el amparo indirecto 117/2023 y recurrente en el amparo en revisión 18/2024 del citado tribunal colegiado, que es uno de los criterios contendientes.
12. Sobre la legitimación del señalado autorizado para presentar la denuncia es aplicable, por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008,(6) en la que se analizó el artículo 27 de la abrogada Ley de Amparo, de contenido similar al artículo 12 del ordenamiento jurídico vigente, que dice así:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros.
III. Criterios denunciados
13. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 554/2023, derivó de un amparo indirecto en el que una persona física reclamó, entre otros actos, la discusión, aprobación, promulgación, expedición y aplicación de los artículos 13 al 17, 60, en su apartado A, fracción I, en su número 1 y fracción II, en su número 1, de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango, así como sus consecuencias.
14. El Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, el veintiocho de junio de dos mil veintitrés determinó sobreseer y conceder el amparo; Inconforme, el Gobernador del Estado de Durango interpuso recurso de revisión, cuya resolución constituye el criterio denunciado como contradictorio, mismo que se emitió en sesión de uno de febrero de dos mil veinticuatro, en lo que interesa, bajo las siguientes consideraciones:
OCTAVO. Tópicos que no son materia del presente recurso de revisión. Previo al estudio de los agravios, se destaca que en el considerando tercero de la sentencia recurrida, denominado "inexistencia de los actos reclamados", la jueza de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto, respecto del acto de ejecución relativo al cobro, atribuido a las responsables, al considerar que ese acto no puede ser imputado a dichas autoridades, toda vez que se acreditó que fue la parte quejosa quien se autoaplicó los preceptos que reclamó en la instancia constitucional, y por ello, el cumplimiento de la norma no les puede ser atribuido.
Ahora bien, es de precisar que la parte procesal a quien pudiera perjudicar la anterior consideración –parte quejosa–, no interpuso recurso de revisión. (...)
En consecuencia, debe quedar intocado ese aspecto (...)
Por otra parte, es de señalar que en el considerando séptimo del fallo constitucional, en relación con el octavo, la jueza de amparo procedió a otorgar la concesión del amparo respecto de las contribuciones accesorias contenidas del artículo 13 al 16, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, al señalar que las mismas adolecen del mismo vicio de inconstitucionalidad del que declaró inconstitucional –artículo 60, fracciones I y II, en sus respectivos incisos 1)–, porque guardan una relación indisociable con la aplicación de éste.
Es de precisar que la parte a quien pudiera perjudicar la anterior consideración, no manifiesta inconformidad en contra de dicho tópico.
En consecuencia, queda subsistente ese aspecto por no ser materia del recurso (...)
NOVENO. Incongruencia de la sentencia advertida oficiosamente por este Tribunal. Toda vez que el dictado de las resoluciones de amparo y su correcta formulación es un aspecto de orden público, y que corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación corregir las incongruencias que se adviertan al momento de analizar la legalidad de las determinaciones dictadas en los amparos indirectos, con fundamento en el artículo 76, de la Ley de Amparo, este órgano judicial procede a reparar una inconsistencia de que adolece la sentencia que se revisa. (...)
La inconsistencia que se advierte estriba en que el fallo constitucional precisó como parte de la litis, entre otro, el contenido del artículo 17, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, pero omitió considerarlo como parte del análisis en su estudio y de los efectos resueltos.
Ciertamente, acontece lo anterior porque en el considerando segundo de la sentencia sujeta a revisión, la jueza de Distrito indicó como actos reclamados por la parte quejosa, los siguientes:
"[...] La aprobación, expedición, promulgación, expedición y aplicación de los artículos 60, apartado A), fracción I, número 1 y fracción II, número 1, así como los diversos 13 al 17 de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango, relativos al pago de las contribuciones de servicio de control vehicular y fomento a la educación [...]".
Luego, en el considerando cuarto, tuvo como ciertos los actos reclamados del Gobernador y del Congreso, ambos del Estado de Durango, pues dijo, que así lo habían manifestado en su informe justificado; sin que posteriormente, se resolviera sobre dicho precepto legal. (...)
Sin embargo, al analizar en su conjunto el tópico de la inconstitucionalidad de los preceptos que contemplan el Impuesto para el Fomento de la Educación –de acuerdo a lo reclamado por la parte impetrante–, la jueza de Distrito únicamente especificó la inconstitucionalidad de los artículos 13, 14, 15 y 16, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, omitiendo pronunciarse en relación con la porción normativa en comento.
En efecto, la juzgadora de amparo, al analizar los preceptos legales tildados de inconstitucionales relativos al concepto accesorio en comento –Impuesto para el Fomento de la Educación–, declaró su inconstitucionalidad, al precisar que fueron aplicados como consecuencia directa e inmediata del cobro efectuado con apoyo en el numeral declarado inconstitucional, esto es el diverso 60, apartado A), fracción I, número 1 y fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango.
Entonces, dicha premisa rige también, para el precepto respecto del cual se omitió incluir en el estudio y los efectos, pues el artículo 17, de la ley en cita, es parte de un conjunto sistemático de preceptos legales que fueron reclamados por la parte impetrante en su demanda de amparo, y por ello debe declararse su inconstitucionalidad al haberse aplicado en relación directa con motivo del cobro de control vehicular que está contemplado en el artículo declarado inconstitucional por parte de la juez de amparo en el fallo.
En este sentido, debe resolverse que la concesión del amparo también alcanza al artículo 17, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, por lo que en vía de consecuencia debe incluirse en los efectos del fallo constitucional.
DÉCIMO. Precisiones que constituyen las premisas para el pronunciamiento de este órgano colegiado.
1. Acto de aplicación.
Conforme a las documentales exhibidas en autos, los actos de aplicación reclamados se materializaron en: (...)
DECIMOPRIMERO. Decisión judicial atinente al fondo del asunto. En consideración de este Tribunal, los puntos de agravio planteados por el Titular del Ejecutivo Estatal de Durango, devienen en una parte infundados y en otra ineficaces, y uno de ellos fundado, por lo que lo procedente será declarar que en la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida.
En principio de este apartado, resulta oportuno establecer las consideraciones que tomó en cuenta la jurisdicente de Distrito para resolver la inconstitucionalidad de la norma reclamada, por lo que al efecto se pasan a precisar: (...)
Teniendo en cuenta las precisiones del fallo recurrido en relación con los conceptos de agravio expuestos y su calificación, este Tribunal procede en primer término a desarrollar los razonamientos jurídicos por los cuales sostiene que los agravios son infundados e ineficaces; y, posteriormente, el tópico fundado, para así proceder a modificar los efectos de la concesión otorgada. (...)
DE LO INFUNDADO E INEFICAZ DE LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE.
Precisado lo anterior, procede establecer que el argumento identificado con el número romano i], deviene ineficaz, en virtud de que contrario a lo manifestado por la recurrente, cuando en el juicio de amparo el examen se centra en la ley reclamada, no es necesario el estudio pormenorizado de las razones que la autoridad legislativa responsable exponga en su informe justificado para avalar la constitucionalidad de sus actos, en tanto que los fundamentos y motivos de una ley deben encontrarse plasmados o desprenderse de su contenido y contexto, y no pueden ser externados, suplidos o enmendados, a través de las argumentaciones contenidas en el informe justificado de las autoridades responsables.
En este sentido resulta inoperante el argumento de la recurrente, pues la juzgadora federal no tenía la obligación de pronunciarse en forma detallada, en relación a las consideraciones jurídicas esgrimidas por las responsables en su informe justificado, porque éstas no conforman parte integrante de la litis constitucional en el juicio de amparo indirecto.
Para sostener tal afirmación, resulta importante referir que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 23/2002-PL ya se ocupó de establecer cómo se integra la litis en el juicio de amparo y el papel que en ésta juega el informe justificado (...)
(...) resultó claro que la litis del amparo se encuentra determinada por los conceptos de violación y el acto reclamado, ya que la rendición del informe justificado por parte de las autoridades responsables no es determinante para fijar la controversia, sin perjuicio de que su contenido pueda dar la pauta al quejoso de ampliar su demanda de amparo, al aparecer la intervención de otras autoridades o nuevos actos no reclamados, o bien al ofrecimiento de pruebas supervenientes resultado de argumentos o elementos novedosos aportados por la autoridad en el informe.
Desde esta perspectiva se evidencia lo inoperante de la vertiente del agravio en estudio, porque como se dijo con antelación, el juez de amparo debe examinar la litis constitucional partiendo del análisis de los conceptos de violación y del acto reclamado, de forma que resultara innecesario el estudio pormenorizado de las razones que la autoridad responsable exponga en su informe justificado para avalar la constitucionalidad de sus actos.
Resulta aplicable a lo anterior, el criterio judicial 2a. CXXVI/98, con registro digital 195146, de la Segunda Sala, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y uno, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON LOS QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE EXAMEN DE LAS RAZONES EXPUESTAS POR LA AUTORIDAD LEGISLATIVA EN SU INFORME JUSTIFICADO." (se transcribe)
Por lo que respecta a los argumentos sintetizados en los incisos con números romanos ii], iii], iv], vi], vii] y viii], devienen infundados.
En principio, se procede al análisis de los argumentos vertidos por la recurrente, encaminados a establecer que la contribución de derechos de control vehicular relativa a las cuotas previstas en los ordenamientos hacendarios controvertidos, respetan el principio de proporcionalidad y equidad tributaria.
Dichos argumentos son infundados, en virtud de que contrario a lo que sostienen, este Tribunal observa, como lo sostuvo la Juzgadora Federal, que el artículo 60, fracciones I y II, en sus respectivos incisos 1), de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, adolece de un vicio de inconstitucionalidad que vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, que contempla el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se explica.
El contenido normativo del artículo reclamado como inconstitucional, es el siguiente: (se transcribe)
Dichos argumentos son infundados, porque contrario a lo expuesto por la autoridad recurrente, el artículo 60, de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango, es violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna que establece lo siguiente: (se transcribe) El precepto constitucional transcrito establece que todo ciudadano debe contribuir para los gastos públicos en forma proporcional y equitativa.
La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos.
El principio de equidad contempla la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera.
Para efectos de la resolución del presente asunto, es menester analizar dichos principios, a la luz de las contribuciones denominadas "derechos". (...)
En efecto, el artículo 13, del Código Fiscal del Estado de Durango, clasifica las contribuciones en impuestos, derechos y aportaciones especiales (...)
El citado numeral, en la fracción II, define los derechos como las contribuciones establecidas en ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta éste en sus funciones de derecho público.
Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó en la jurisprudencia P./J. 1/98, que los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV, del artículo 31, constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos". (...)
Luego, en la diversa jurisprudencia P./J. 2/98, el Pleno del Alto Tribunal determinó que tratándose de los derechos por servicios, su proporcionalidad y equidad se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, de suerte que no puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta al de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad.
Ello obedece a que, los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, operan con un sistema distinto al de los impuestos, ya que de acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y a la legislación tributaria, por derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación; mientras que por impuestos se entienden las contribuciones establecidas en la ley a cargo a las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. (...)
En ese contexto jurisprudencial, tratándose de los derechos tributarios, la proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.
Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclamó el artículo 60, de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango, vigente en el ejercicio fiscal dos mil veintitrés (...)
(...) tratándose de los vehículos automotores contemplados en el precepto legal reclamado, el servicio prestado por el Estado es el mismo; y no obstante ello, se contemplan cuotas distintas a pagar atendiendo al tipo de vehículo respecto del cual se solicita el servicio.
Entonces, como lo sostuvo la Juzgadora en el fallo recurrido, el precepto legal tildado de inconstitucional no considera el costo que para el Estado representa la realización del servicio que presta, pues toma en cuenta otro elemento que no guarda relación con el costo mencionado, como lo es, el tipo del vehículo automotor, siendo que, tratándose del cobro de derechos, la carga del tributo debe basarse únicamente en el valor que generan las placas y documentos derivados de su registro y refrendo, sin importar el tipo de vehículo de que se trate.
Por consiguiente, es evidente que el precepto legal reclamado introduce un elemento ajeno al costo del servicio, al no contemplar una misma cuota fija para todos aquellos contribuyentes que reciban el mismo servicio, pues atendiendo a la mecánica del tributo, los contribuyentes pagarán una cantidad distinta dependiendo del tipo de vehículo de que se trate. (...)
Así, resulta patente que el precepto legal reclamado no otorga un trato igual a los que reciben servicios análogos, pues las tarifas establecidas por concepto de control vehicular, atienden al tipo de vehículo que se pretende al que se proporcionen las placas y refrendo, originando con ello que por un mismo servicio se causen tarifas distintas. (...)
Es por ello que, ante las precisiones realizadas, este órgano Colegiado estima que los argumentos hechos valer por la autoridad recurrente devienen infundados, pues, contrario a lo esgrimido, el precepto legal en comento sí vulnera los derechos de proporcionalidad y equidad tributarios, que contempla el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contemplar de forma injustificada, para la base del tributo, un elemento ajeno diferenciado, consistente en el tipo de vehículo objeto del control vehicular. (...)
Ahora bien, respecto del argumento sintetizado e identificado con el número romano v], éste es ineficaz, al sostener que las personas quejosas no aportaron prueba alguna para acreditar que los servicios de control vehicular reclamados no ascienden a las cantidades fijadas en la ley cuestionada y, por ende, su desproporcionalidad, siendo que ello le correspondía en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo y de diversos criterios judiciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Conforme lo señalado, se reitera que es ineficaz e insuficiente la manifestación de tales conceptos de agravio, porque para conceder el amparo, la juzgadora tomó consideraciones específicas y concretas determinantes de su decisión, y del análisis integral del recurso resulta que se esgrimen manifestaciones que no las combaten, es decir, que la autoridad recurrente olvidó controvertir directamente los razonamientos de la decisión de la jurisdicente, en particular, porque se observa que el motivo por el cual se declaró la inconstitucionalidad del precepto reclamado, atendió directamente a la circunstancia de contraponerse a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, conforme lo prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así, la cuestión probatoria que alega la recurrente, en el caso particular que se analiza, no resultó una cuestión destacada para el pronunciamiento de la jurisdicente, pues su fallo se centró en el análisis del vicio contenido en la propia norma, esto es, que la porción normativa reclamada introduce un elemento ajeno al costo del servicio, al no contemplar una misma cuota fija para todos aquellos contribuyentes que reciban el mismo servicio; premisa jurídica ésta última, que no se debate a través del punto de agravio que se contesta, de ahí que resulte ineficaz.
En efecto, dicho agravio de ninguna manera controvierte el tema relacionado con que las cuotas establecidas en la norma materia de impugnación atienden a rubros ajenos al mecanismo de cobro de los derechos por control vehicular, es decir, si la autoridad inconforme no atacó los razonamientos esenciales que rigen el sentido del fallo combatido, tenemos que su concepto de agravio deviene inoperante por ineficaz, porque es necesario que se refute el soporte jurídico correspondiente, bajo pena de que en caso contrario esto continuará rigiendo el sentido del mismo. (...)
DE LO PARCIALMENTE FUNDADO DE UNO DE LOS ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE.
Finalmente, resulta parcialmente fundado el agravio sintetizado en el inciso romano ix], en el que el Titular del Ejecutivo del Estado de Durango expone que la jueza federal pasó por alto el contenido de la tesis 2a./J. 29/2012 (10a.), invocada de rubro "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUELLOS.", bajo el argumento de que en la ley combatida sí existe una cantidad mínima general a pagar en el rubro de derechos de control vehicular, cuyo monto equivale a ocho UMAS por dotación de placas y seis (sic) UMAS por refrendo de automotores, de tal manera que los efectos del amparo no debieron ser para liberar al contribuyente de la totalidad del pago. (...)
En este sentido, si bien las fracciones I y II, del inciso A, del artículo 60, de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango, prevén distintas tarifas a cubrir para el pago de derechos de control vehicular y ello fue el fundamento para que la Jueza de Distrito determinara la inconstitucionalidad de la norma en comento, no obstante lo anterior, del contenido de dicha disposición se advierte que la misma sí contempla una cuota mínima, por lo que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado.
Así, al contemplar la norma hacendaria una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce del derecho humano violado sólo implica que las personas quejosas dejen de pagar la tarifa diferenciadora, pero sin relevarlo de la obligación de en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33810-2d9e77b7/derechos-por-servicios-de-control-vehicular-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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