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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE UN POLÍGONO DE ACTUACIÓN. EL ARTÍCULO 242, PÁRRAFOS PRIMERO Y QUINTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE LOS PREVÉ, AL ESTABLECER CUOTAS DIFERENCIADAS POR SERVICIOS IDÉNTICOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE UN POLÍGONO DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 242, PÁRRAFOS PRIMERO Y QUINTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SE CAUSAN POR LA ANOTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA CONSTITUCIÓN DE LA SUPERFICIE EN LOS LIBROS DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 37/2023. · Registro digital (IUS): 31732
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-09-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo III, Pág.3255.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 37/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: TANIA ÁLVAREZ ESCORZA.

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1o., fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente; por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados pertenecientes al Primer Circuito, correspondientes a la Región Centro-Norte, con jurisdicción en la materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que emitió uno de los criterios contendientes.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 386/2021, por unanimidad de votos, en sesión de nueve de junio de dos mil veintidós.

4. Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 352/2021, por mayoría de votos, en sesión de seis de abril de dos mil veintidós.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los Tribunales Colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 386/2021 y el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 352/2021.

7. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

8. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

9. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales contendientes, a partir de una exposición argumentativa, decidieron sobre si el artículo 242, párrafos primero y quinto, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vulnera o no los principios de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el diverso 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que los derechos por la inscripción de la constitución de un polígono de actuación se cubrirán conforme a una cuota de 4 al millar, que debe aplicarse sobre el valor comercial por metro cuadrado de la superficie del predio integrante del polígono, con base en el avalúo comercial elaborado por persona autorizada.

10. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios contendientes, porque ambos tribunales analizaron la normatividad aplicable al polígono de actuación.

11. Sin embargo, se produjo entre ellos un diferendo en los criterios interpretativos adoptados pues el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que el precepto legal en cita vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, dado que su objeto sólo consiste en el registro del polígono de actuación; mientras que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que no los viola, porque su objeto comprende el registro del polígono de actuación y la resolución que lo aprueba.

12. Del contraste entre las consideraciones sustentadas en las resoluciones, se obtiene que ante el planteamiento de casos similares, los tribunales contendientes le dieron un tratamiento diferente.

13. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe como primer pregunta la siguiente: ¿Cuál es el objeto de causación del derecho previsto en el artículo 242, párrafos primero y quinto, del Código Fiscal de la Ciudad de México, relativo a los polígonos de actuación? y, definido el objeto del gravamen, como segunda interrogante ¿el precepto que establece el pago de ese derecho vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria?

14. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 386/2021, y el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 352/2021.

15. Importa destacar que no pasan inadvertidas las tesis de jurisprudencia P./J. 121/2007,(5) y P./J. 95/2009,(6) de rubros y textos siguientes:

"SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no necesariamente deben corresponder con exactitud matemática al costo del servicio recibido, sí deben fijarse en relación con el mismo."

"DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero."

16. En estas tesis jurisprudenciales, el Pleno del Máximo Tribunal determinó que las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

17. No obstante, en el caso, la controversia a dilucidar radica en identificar cuál es el objeto de causación del derecho que en particular se combatió en los juicios que conocieron los tribunales contendientes, para luego establecer si la norma es violatoria de los principios mencionados, por lo cual es existente la contradicción de criterios denunciada.

V. Estudio

18. Para dar respuesta a la pregunta ¿cuál es el objeto de causación del derecho previsto en el artículo 242, párrafos primero y quinto, del Código Fiscal de la Ciudad de México, relativo a los polígonos de actuación? debe establecerse que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a los gobernados la obligación de contribuir al gasto público del Estado, de manera proporcional y equitativa, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes respectivas, como se desprende de la siguiente transcripción:

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"...

"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

19. Conforme al artículo 9, fracción III, del Código Fiscal de la Ciudad de México, los derechos son una especie de contribuciones que se entienden como las contraprestaciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Ciudad de México, con excepción de las concesiones o los permisos, así como por recibir los servicios que presta la entidad en sus funciones de derecho público, con las excepciones que el propio texto prevé.(7)

20. En el caso, el artículo 242, párrafos primero y quinto, del Código Fiscal de la Ciudad de México prevé el pago del derecho por la inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la constitución de polígonos de actuación realizados con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a solicitud de particulares propietarios de los predios o inmuebles involucrados, y establece que el derecho respectivo se cubrirá conforme a una cuota de 4 al millar, que se aplicará sobre el valor comercial por metro cuadrado de la superficie del o los predios que integren al polígono, con base en el o los avalúos comerciales elaborados por la persona autorizada o registrada ante la autoridad fiscal, como se aprecia de la transcripción siguiente:

"Artículo 242. Por la inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de las Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano y Cambios de Uso del Suelo, Constitución de Polígonos de Actuación, Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano y determinación del límite de zonas señalados en los Programas Territoriales y Parciales de Desarrollo Urbano, efectuados a solicitud de los propietarios de los predios o inmuebles involucrados, se cubrirán los derechos de inscripción ante la Tesorería, conforme a una cuota de 4 al millar, en la forma descrita a continuación:

"...

"Por la inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la constitución de polígonos de actuación realizados con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, efectuados a solicitud de particulares propietarios de los predios o inmuebles involucrados, se cubrirán los derechos correspondientes ante la Tesorería, conforme a una cuota de 4 al millar, que se aplicará sobre el valor comercial por m2 de la superficie del (los) predio(s) que integre(n) al polígono, con base en el (los) avalúo(s) comercial(es) elaborado(s) por la persona autorizada o registrada ante la autoridad fiscal."

21. Ahora, importa señalar que para identificar el objeto del derecho, de acuerdo con un criterio antiguo del Alto Tribunal,(8) no basta atender a su denominación, pues es preciso desentrañar su naturaleza.

22. De acuerdo con el texto del precepto en cita, estos derechos se causan por la inscripción de diversos actos en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, el cual está regulado en los artículos 3, fracciones XXVIII y XXX; 7, fracción XXIV; 9, fracción I; 10, 11, primer párrafo, y 13 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal –hoy Ciudad de México–, como una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad, integrada por un titular, supervisores registrales, registradores y certificadores, que realizará las inscripciones en un plazo de quince días siguientes a la publicación del acto en la Gaceta local, las cuales serán de observancia obligatoria; así se desprende de su texto que a continuación se transcribe:

"Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

"...

"XXVIII. Registro de Planes y Programas: El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, adscrito de la Secretaría;

"...

"XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda."

"Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las siguientes:

"...

"XXIV. Operar el Registro de Planes y Programas; inscribir en el mismo dichos planes y programas, así como aquellos actos o resoluciones administrativas o judiciales que establezca esta Ley y su reglamento. Integrar el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, solicitando a las dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Federal y del Distrito Federal, el apoyo que para ello requiera."

"Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad administrativa de la Secretaría que tiene por objeto:

"I. Inscribir y resguardar los planes, programas y demás instrumentos de planeación del desarrollo urbano del Distrito Federal, así como aquellos actos y proyectos de diseño urbano que incidan en el territorio del Distrito Federal."

"Artículo 10. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano realizará las inscripciones a que se refiere el artículo anterior, dentro de los quince días naturales siguientes a su publicación, en su caso, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

"Las modificaciones a los programas serán notificadas al Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano por la autoridad responsable de su autorización, a efecto de que sean inscritas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la notificación correspondiente."

"Artículo 11. Las inscripciones contenidas en el Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano son obligatorias para autoridades y particulares y sólo podrán ser modificadas por determinación de las autoridades competentes para autorizar modificaciones a los programas y aquellos actos o programas incidan que (sic) en el territorio del Distrito Federal."

"Artículo 13. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, estará integrado por un titular, supervisores registrales, registradores y certificadores.

"El titular será designado por el titular de la Secretaría y su nombramiento será publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal."

23. El Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal –hoy Ciudad de México– también se ocupa del referido registro al establecer en su artículo 17, fracción VI, inciso d), que corresponde a la Dirección General de Administración Urbana, por sí o por conducto del propio registro, inscribir en libros los polígonos de actuación, como se advierte de lo siguiente:

"Artículo 17. Corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección General de Administración Urbana por sí o por conducto del Registro de los Planes y Programas:

"...

"VI. Inscribir en libros:

"...

"d) Polígonos de Actuación y sus modificaciones."

24. Sobre los polígonos de actuación, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece la obligación de las autoridades de promover la elaboración de polígonos de actuación para el crecimiento, mejoramiento y conservación de los centros de población, conjuntos urbanos y barrios integrales, bajo sistemas de actuación pública o privada, que incluirán el reagrupamiento de predios; así lo disponen sus artículos 41, 85 y 86, que se reproducen a continuación:

"Artículo 41. Las entidades federativas y los Municipios promoverán la elaboración de programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.

"Dichos programas parciales serán regulados por la legislación estatal y podrán integrar los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en materias tales como: centros históricos, Movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, entre otras."

"Artículo 85. Los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios podrán declarar polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o estratégico de inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o privada, de acuerdo a los objetivos previstos en dichos instrumentos. Los actos de aprovechamiento urbano deberán llevarse a cabo, tanto por las autoridades como por los propietarios y poseedores del suelo, conforme a tales declaratorias y siempre ajustándose a las determinaciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano aplicables.

"En la legislación estatal en la materia, se establecerán los mecanismos de adquisición directa por vías de derecho público o privado o mediante enajenación en subasta pública del suelo comprendido en la declaratoria, para los casos en que los propietarios no tengan capacidad o se nieguen a ejecutar las acciones urbanísticas señaladas en los plazos establecidos, asegurando el desarrollo de los proyectos."

"Artículo 86. Para la ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano, las entidades federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales, podrán promover ante propietarios e inversionistas la integración de la propiedad requerida mediante el reagrupamiento de predios, en los términos de las leyes locales relativas. Los predios reagrupados podrán conformar polígonos de actuación a fin de lograr un Desarrollo Urbano integrado y podrán aprovechar los incentivos y facilidades contempladas en esta Ley para la ocupación y aprovechamiento de áreas, polígonos y predios baldíos, subutilizados y mostrencos.

"Una vez ejecutada la Acción Urbanística, los propietarios e inversionistas procederán a recuperar la parte alícuota que les corresponda, pudiendo ser en tierra, edificaciones o en numerario, de acuerdo a los convenios que al efecto se celebren."

25. Por otra parte, el artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal –ahora Ciudad de México– precisa que su objeto consiste en establecer las bases de la política urbana de la entidad, mediante la regulación del ordenamiento territorial y contemplando la protección de los derechos a la ciudad, el crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la propiedad urbana.

26. Conforme al diverso 48 de la ley en cita, el ordenamiento territorial comprende el conjunto de disposiciones orientadas a establecer la relación entre la zonificación y los usos, destinos y reservas del suelo, los asentamientos humanos, las actividades de los habitantes y las normas de ordenación, así como las disposiciones en materia de construcciones, de paisaje urbano y de equipamiento urbano.

27. La planeación y ordenamiento del desarrollo urbano se rige por lo establecido en los ordenamientos jurídicos a que se refiere el artículo 33 de la ley de materia, a saber, el Programa General, los Programas Delegacionales y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano(9) que, en términos generales, constituyen instrumentos para orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la ciudad, determinando la política, estrategia y acciones a seguir para la consecución de tales fines.

28. La ejecución de los instrumentos de planeación puede llevarse a cabo a través de diversos mecanismos, entre los cuales están los sistemas de actuación, las áreas de actuación y los polígonos de actuación.

29. A los sistemas, a los polígonos de actuación y a las áreas de actuación se refiere la ley cuando prevé la realización concertada de acciones entre diversos agentes públicos y/o privados tendientes al desarrollo urbano, según se desprende de los artículos 50 del título cuarto, "Del ordenamiento territorial", 76 del capítulo primero, "De los polígonos de actuación" y 77 a 81 del capítulo segundo, "De los sistemas de actuación", ambos del título quinto "De la ejecución de los instrumentos de planeación" de la ley mencionada, que disponen lo siguiente:

"Título cuarto

"Del ordenamiento territorial

"Artículo 50. Dentro de las áreas de actuación, podrán establecerse polígonos de actuación, ajustándose a los Programas y a las determinaciones de los órganos centrales de la Administración Pública que resulten competentes conforme a esta ley.

"El reglamento establecerá el número, objeto y denominación de las áreas de actuación, entre las cuales se encontrarán:

"I. En suelo urbano:

"a) Áreas con potencial de desarrollo;

"b) Áreas con potencial de mejoramiento;

"c) Áreas con potencial de reciclamiento;

"d) Áreas de conservación patrimonial; y,

"e) Áreas de integración metropolitana;

"II. En suelo de conservación:

"a) Áreas de rescate ecológico;

"b) Áreas de preservación ecológica;

"c) Áreas de producción rural y agroindustrial;

"d) Áreas de transición;

"e) Áreas de conservación patrimonial; y,

"f) Las determinadas en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal."

"Título quinto.

"De la ejecución de los instrumentos de planeación

"Capítulo primero

"De los polígonos de actuación

"Artículo 76. La ejecución de los Programas estará a cargo de las autoridades competentes con arreglo a la presente ley y al reglamento.

"La ejecución de los programas se podrá llevar a cabo mediante la constitución de polígonos de actuación. En los polígonos de actuación, para la ejecución de proyectos específicos, se podrá aplicar la relotificación y, en su caso, relocalizar los usos y destinos del suelo dentro del mismo polígono, conforme a lo dispuesto en el reglamento. Asimismo, se podrán constituir servidumbres legales sobre el inmueble, conforme a las disposiciones de derecho común vigentes.

"Los polígonos de actuación se pueden constituir:

"I. Por un predio o dos o más predios colindantes, en cuyo caso será necesario presentar una manifestación ante la Secretaría, por parte del o los propietarios del o los inmuebles ubicados en el mismo, así como por el perito en desarrollo urbano; y,

"II. Por dos o más predios no colindantes, en cuyo caso deberán ser autorizados por la Secretaría, por medio de un dictamen."

"Capítulo segundo

"De los sistemas de actuación

"Artículo 77. La administración pública promoverá y apoyará equitativamente la participación social y privada en los proyectos estratégicos urbanos; en proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos, habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y turísticos; en el reciclamiento y rehabilitación de vivienda, especialmente la de interés social y popular; en la determinación de espacios públicos, del paisaje urbano, del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural; en la regeneración y conservación de los elementos naturales del Distrito Federal; en la prevención, control y atención de riesgos, contingencias naturales y urbanas.

"Asimismo, respetará y apoyará las diversas formas de organización, tradicionales y propias de las comunidades, en los pueblos, barrios y colonias de la ciudad, para que participen en el desarrollo urbano bajo cualquier forma de asociación prevista por la ley."

"Artículo 78. Para la aplicación de los Programas, se podrán adoptar sistemas de actuación social, privada o por cooperación en polígonos de actuación, los que serán autorizados por la Secretaría, la que los coordinará y establecerá las formas de cooperación para la concertación de acciones. Los acuerdos por los que se aprueben los sistemas de actuación se inscribirán en el Registro de Planes y Programas.

"Los propietarios de los inmuebles ubicados en un área de actuación pueden solicitar a la Secretaría la constitución de un polígono de actuación y la aplicación de los sistemas de actuación social, privada o por cooperación, lo cual se acordará conforme a lo que determine el reglamento. Cuando el polígono se determine por la Secretaría, directamente, los particulares podrán proponer el sistema de actuación por cooperación; en caso de que incumplan con las obligaciones que asuman, la Administración Pública podrá intervenir, mediante convenio, para la conclusión del proyecto.

"Cuando se lleven a cabo proyectos impulsados por el sector social en relotificaciones, conjuntos y polígonos de actuación, la Administración Pública brindará estímulos para que puedan realizarse las obras de infraestructura y equipamiento urbano, así como prestarse los servicios públicos que se requieran."

"Artículo 79. Para la ejecución de los programas por los sistemas de actuación social, privada o de cooperación, los propietarios o poseedores a título de dueño de los predios, ubicados en un área de actuación, podrán asociarse entre sí, o con la Administración Pública, incluso cuando los terrenos sean de un solo propietario, a través de la Secretaría, mediante cualquiera de las figuras que establezca la legislación, civil o mercantil, vigente en el Distrito Federal."

"Artículo 80. La transmisión a la Administración Pública de los terrenos destinados a equipamiento o infraestructura urbana será en pleno dominio y libre de gravámenes; las obras o instalaciones que se deban ejecutar serán a costa de los propietarios."

"Artículo 81. Para la ejecución de acciones mediante el sistema de actuación por cooperación, en que los propietarios, los poseedores a título de dueño y la Administración Pública participen conjuntamente, se podrá optar por las modalidades que establezca el reglamento."

30. En este contexto, la ley se refiere a la constitución del polígono de actuación, que puede establecerse dentro de las áreas de actuación –integradas por el suelo urbano o el suelo en conservación–, ajustándose a los programas aludidos y a las determinaciones de los órganos centrales de la administración pública que resulten competentes.

31. La fracción XXII del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal –ahora Ciudad de México– define al polígono de actuación como sigue:

"Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

"...

"XXII. Polígono de actuación: Superficie delimitada del suelo integrada por uno o más predios, que se determina en los Programas a solicitu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31732-f7e74996/derechos-por-la-inscripcion-de-un-poligono-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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