DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVÉN UN PORCENTAJE ADICIONAL APLICABLE A LA TARIFA DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y LOS AVISOS QUE PREVÉN EL PORCENTAJE ADICIONAL APLICABLE A LA TARIFA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 283/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO, VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: TANIA ALVAREZ ESCORZA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Ver cuadro 1
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en el momento de la denuncia, pues la formuló la persona titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos en revisión 191/2021 y 270/2022, en sesiones de nueve de diciembre de dos mil veintiuno y de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, respectivamente.
4. Criterio del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el amparo en revisión 172/2020, en sesión de siete de mayo de dos mil veintiuno.
5. Criterio del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al decidir el amparo en revisión 85/2023, en sesión de once de octubre de dos mil veintitrés.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
6. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
7. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por los Tribunales Colegiados Sexto y Vigésimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar, en su orden, los amparos en revisión 191/2021 y 270/2022 y el 85/2023, y el sustentado por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito y materia al decidir el amparo en revisión 172/2020.
8. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 191/2021, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características del asunto analizado en el amparo en revisión 191/2021
9. El propio Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 270/2022, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características del asunto analizado en el amparo en revisión 270/2022
10. De estas ejecutorias derivó la tesis I.6o.A.4 A (11a.),(7) de rubro y texto siguientes:
DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. EL "AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 35 % ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", AL PREVER UN SOBRECOSTO EN SU PAGO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
Hechos: Una usuaria del servicio de suministro de agua para uso doméstico en la Ciudad de México promovió juicio de amparo indirecto contra el mencionado aviso, publicado en la Gaceta Oficial local el 17 de enero de 2020, al estimar que viola el principio de igualdad por imponer una cuota adicional en el pago de derechos por ese servicio, únicamente en perjuicio de los usuarios que tienen sus inmuebles en determinadas colonias.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el "Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35 % adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México", al prever un sobrecosto en el pago de los derechos por el servicio de suministro de agua potable para los usuarios que se encuentren en las colonias enlistadas, que hayan excedido el consumo de agua dentro del periodo indicado, no viola el principio de igualdad.
Justificación: Lo anterior, porque el aviso reclamado no tiene relevancia impositiva en el pago de los derechos por el servicio de suministro de agua, pues no constituye un ajuste a su estructura, diseño o monto; más bien se trata de un fin extrafiscal que tiene por objeto inhibir el consumo excesivo de agua, por lo que los planteamientos en su contra no pueden analizarse a la luz de los principios de justicia fiscal, sino en atención al diverso de igualdad. En consecuencia, el aviso reclamado supera el test de igualdad, debido al objetivo que persigue y porque impulsa a los habitantes de la ciudad a hacer uso racional y consciente del agua. Además, la distinción de trato entre colonias no resulta caprichosa ni arbitraria, pues el sobrecosto solo se aplica a las que son consideradas de clasificación alta, aspecto que se determina tomando como referencia el Índice de Desarrollo Económico que prevé el propio código fiscal de la entidad, siendo relevante destacar que si no se excede el consumo de agua en los periodos indicados, a pesar de que el inmueble del usuario se encuentre en alguna de las colonias enlistadas, no será aplicable la cuota adicional mencionada, lo que evidencia la proporcionalidad de la medida.
11. El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características del asunto analizado por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
12. De esta ejecutoria derivó la tesis I.21o.A.1 A (11a.),(8) de rubro y texto siguientes:
DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA" Y EL "AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 17 DE ENERO DE 2020, RESPECTIVAMENTE, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.
Hechos: Un particular promovió juicio de amparo indirecto en contra del artículo trigésimo transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7o. de la Ley de Justicia Administrativa" y del "Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México", publicados en la Gaceta Oficial local el 23 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020, respectivamente, al estimar que transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad; no obstante, el Juez de Distrito le negó el amparo e, inconforme, interpuso recurso de revisión.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo transitorio y el aviso mencionados violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Justificación: Lo anterior es así, pues si bien es cierto que, en apariencia, el artículo trigésimo transitorio citado atiende al consumo excesivo de los 60,000 litros de agua para el pago del 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda por los derechos por el suministro de agua, también lo es que al aplicarse en función del lugar donde se encuentren los inmuebles, es decir, de las colonias enlistadas en el aviso señalado, se da un tratamiento desigual a quienes reciben un mismo servicio, pues en el cálculo de la contraprestación por este no se deben considerar otros factores que no indiquen a cuánto asciende, como lo es la colonia en la que se encuentra el inmueble, pues ello es independiente de la actividad administrativa que se lleva a cabo para prestar ese servicio. No obstante, en las disposiciones reclamadas el aumento de la tarifa no solo deriva del incremento del consumo de los 60,000 litros de agua, sino de acuerdo con el lugar donde se ubique el inmueble, lo que es un elemento extraño a la cuantificación de la contraprestación analizada y que, se insiste, solamente debe ser en función de la prestación del servicio hidráulico y del consumo de los litros de agua.
13. El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características del asunto analizado por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
14. De esta relatoría se desprende, esencialmente, lo siguiente:
Ver resumen de relatoria
15. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios en los términos que se explican a continuación:
16. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales contendientes decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la determinación de un juzgado de distrito en un juicio de amparo indirecto en el cual se reclamó un artículo transitorio de un decreto de reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México –el trigésimo transitorio en algunos casos y el vigésimo quinto transitorio en otro–, así como el aviso respectivo mediante el cual se da a conocer la lista de colonias cuyos usuarios con uso doméstico que durante el primer, segundo y tercer bimestres del año registren un consumo superior a los sesenta mil litros, deberán pagar un treinta y cinco por ciento adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México.(9)
17. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierten puntos de toque entre los criterios de los tribunales colegiados porque todos se pronunciaron sobre la constitucionalidad del artículo transitorio y del aviso reclamado, al prever el pago de un porcentaje adicional respecto a la tarifa que corresponda por derechos por suministro de agua proporcionados por la Ciudad de México, aplicable solo a los usuarios de ciertas colonias con uso doméstico que durante el primer, segundo y tercer bimestres del año registren un consumo superior a los sesenta mil litros.
18. No es óbice a esta determinación que los tribunales contendientes hayan examinado artículos transitorios distintos de decretos cuya denominación y fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México también es diversa, así como avisos con idéntica denominación pero publicados en el citado medio de difusión oficial en fechas disímiles, pues como se constata con el cuadro siguiente, el contenido de las disposiciones transitorias es esencialmente igual y como se verá a detalle más adelante, el del aviso también lo es:
Ver cuadro 2
19. Es aplicable, en su contenido substancial, la tesis 1a. LXI/2012 (10a.),(10) de rubro y texto siguientes:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ABORDARON EL ESTUDIO DEL TEMA, CON BASE EN UN PRECEPTO DE IGUAL CONTENIDO JURÍDICO PARA LEGISLACIONES DE DISTINTOS ESTADOS. Cuando al examinar una contradicción de tesis se advierte que los tribunales colegiados pertenecientes a distintos circuitos hicieron el ejercicio interpretativo de una disposición en el ámbito de sus respectivas legislaciones, no procede declararla inexistente por esa sola circunstancia, siempre y cuando los preceptos en análisis sean de igual contenido jurídico; motivo por el cual, ante la divergencia de criterios, lo conducente es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la tesis que debe prevalecer.
20. Sin embargo, se produjeron entre ellos dos diferendos: el primero en relación con el principio conforme al cual debe examinarse la constitucionalidad de la disposición transitoria y del aviso reclamados, pues mientras dos tribunales la analizaron a la luz del de igualdad, el otro lo hizo con el tamiz de los de proporcionalidad y equidad tributarios; y el segundo, sobre si la disposición transitoria vulnera el principio aplicable.
21. Importa aclarar que este último diferendo, relativo a la constitucionalidad de la disposición transitoria, no alcanza a la del aviso ya mencionado, toda vez que los tribunales colegiados que lo examinaron –el Sexto y el Vigésimo Tercero– sostuvieron el mismo criterio, mientras que el otro tribunal –el Vigésimo Primero– no analizó los vicios propios que le fueron atribuidos, sino que simplemente hizo extensivo a dicho aviso el amparo concedido respecto de la disposición transitoria.
22. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿A la luz de cuál principio debe analizarse el reclamo del artículo transitorio –trigésimo o vigésimo quinto– del decreto de reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México y del Aviso por el cual se da a conocer la lista de colonias cuyos usuarios con uso doméstico que durante el primero, segundo y tercer bimestres del año registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México?
23. Además, por los términos en que fueron resueltos los asuntos de origen, se suscita otra interrogante que debe contestarse, a saber: ¿El artículo transitorio reclamado, al prever el pago de un porcentaje adicional respecto a la tarifa que corresponda por derechos por suministro de agua proporcionados por la Ciudad de México, solo respecto de los usuarios de ciertas colonias con uso doméstico que durante el primero, segundo y tercer bimestres del año registren un consumo superior a los sesenta mil litros, vulnera los principios de justicia tributaria aplicables?(11)
24. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por los Tribunales Colegiados Sexto y Vigésimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar, en su orden, los amparos en revisión 191/2021 y 270/2022 y el 85/2023, y el sustentado por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito y materia al decidir el amparo en revisión 172/2020.
25. Tampoco es obstáculo para la existencia de la contienda que los artículos transitorios y avisos examinados por los tribunales hayan perdido vigencia, por corresponder, los primeros, a los ejercicios fiscales dos mil veinte y dos mil veintiuno –artículo trigésimo transitorio– y al de dos mil veintidós –artículo vigésimo quinto transitorio–, y los segundos a los publicados en los ejercicios fiscales dos mil veinte y dos mil veintidós, pues el criterio que prevalezca al resolver este asunto será útil para decidir asuntos pendientes relacionados con el tema.
26. Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2003(12) de contenido siguiente:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción.
27. Además, es un hecho notorio(13) para este pleno regional que disposiciones transitorias con contenido similar a los que en este asunto se examinan han sido expedidos para años subsiguientes, como se aprecia a continuación:
Ver normatividad
28. En este escenario, se robustece la conveniencia de resolver la contradicción de criterios al tenor de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2000,(14) que a continuación se reproduce: CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquellos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica.
29. También es aplicable la tesis P. VIII/2001(15) que dice lo siguiente:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI ESTA NO MODIFICÓ SU ESENCIA. No es dable concluir que es inexistente una contradicción de tesis, cuando la norma legal que interpretaron los tribunales y que los llevó a conclusiones discrepantes, sufre una reforma que solo modificó en parte la terminología empleada, pero no la esencia del precepto, en tanto que se entiende que si el contenido sustancial se mantiene, subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a través del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
30. Desde luego, no pasa inadvertido que dos de los tribunales colegiados contendientes examinaron otros temas.
31. En efecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 191/2021, confirmó la decisión del juzgado de sobreseer en el juicio por no haber acreditado, algunas de la personas quejosas, el acto de aplicación; mientras que en el diverso 270/2022 se refirió a las causas de improcedencia estudiadas por el juzgado de distrito relacionadas con el reclamo de la publicación del aviso y con la falta de interés jurídico de la persona quejosa, pero al respecto no realizó un estudio propio, sino que estimó firme la determinación adoptada en relación con ambos aspectos sobre la premisa de que esta no fue controvertida en el recurso.
32. Por su lado, el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito examinó el planteamiento relativo a si el juzgado de distrito estudió el artículo transitorio y el aviso reclamados como un sistema normativo cuando en realidad son disposiciones autónomas y, en relación con el agravio en el que la parte recurrente manifestó que el aviso reclamado tiene sustento en el índice de desarrollo, determinó que no le correspondía a esta la defensa de la constitucionalidad de dicho aviso por ser un acto que no emitió.
33. Sin embargo, en relación con los tópicos mencionados no hay contradicción porque solo fueron analizados por uno de los tribunales.
V. Estudio(16)
34. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a los gobernados la obligación de contribuir al gasto público del Estado, de manera proporcional y equitativa, según lo dispongan las leyes respectivas.(17)
35. De acuerdo con la jurisprudencia del Alto Tribunal, de esta disposición constitucional derivan los siguientes principios que rigen en materia tributaria:
a. Las contribuciones deben estar establecidas en una ley.
b. Las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas.
c. El Estado tiene la obligación de destinar las contribuciones al gasto público de la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios.
36. Por lo que ve al principio de proporcionalidad tributaria, ha sostenido que radica en que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o de la manifestación de riqueza gravada, como se advierte de los siguientes criterios:
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no solo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.(18)
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida esta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.(19)
37. Siguiendo esta línea argumentativa, el Máximo Tribunal también ha sentado que para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, entendida esta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias deben ser medidas en función de esa riqueza.
38. De lo anterior se desprende que la proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción; así se observa de la siguiente transcripción:
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Este radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida esta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33068-e972af6a/derechos-por-el-servicio-de-suministro-de-agua · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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