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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA LA SUBDIVISIÓN Y FUSIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS O URBANOS. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, Y 69, FRACCIÓN III, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MISMO MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, QUE PREVÉN DIVERSAS TARIFAS EN ATENCIÓN AL NÚMERO DE METROS CUADRADOS DEL TERRENO, NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2018. · Registro digital (IUS): 28672
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-05-31
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCO
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, Pág. 1678.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 23 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN, ROBERTO LARA HERNÁNDEZ, ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO Y GUSTAVO ROQUE LEYVA. PONENTE: ROBERTO LARA HERNÁNDEZ. SECRETARIA. MARTHA PATRICIA AGUILAR BURGOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(1) 41-Bis(2) y 41-Ter, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; toda vez que se dirime una posible contradicción de tesis entre el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, actuando en auxilio de aquél, pues la competencia para conocer de las contradicciones de tesis, atiende al Circuito del tribunal auxiliado y, en este caso, debe considerarse que las decisiones tomadas corresponden a un mismo Circuito, pues se estima que el Tribunal Auxiliar, sólo en ese supuesto, pertenece al Circuito del tribunal auxiliado y lo que se busca con la contradicción de tesis es homologar los criterios de un Circuito determinado y evitar que se decidan cuestiones distintas en casos similares.

Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."(4)

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

TERCERO.—Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dan origen a la denuncia de contradicción de tesis, son:

A. En la resolución emitida el dieciséis de agosto de dos mil trece en el amparo en revisión 254/2013, los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por unanimidad de votos, determinaron lo siguiente:(5)

"...

"19. En su primer concepto de agravio, el inconforme aduce que la sentencia impugnada se encuentra sustentada en cuestiones hipotéticas, pues en los autos no quedó demostrado que se hubieran llevado a cabo ‘situaciones distintas’ a la emisión de autorizaciones relativas a la fusión, subdivisión y relotificación del predio.

"20. Esto es, el recurrente afirma que el resolutor federal dio por hecho que la autoridad realizó el despliegue de actividades para emitir las autorizaciones, con base en el simple hecho de que la ley así lo señala.

"21. Agrega que el a quo sustentó su determinación en la constante alusión a frases como: ‘despliegue técnico y humano’, ‘costos asociados a recursos humanos, materiales y financieros’, entre otras; es decir, resolvió tomando en cuenta únicamente cuestiones fácticas no comprobadas o no realizadas de manera efectiva.

"22. Asevera que las autoridades en ningún momento exhibieron pruebas que llevarán a concluir que se realizaron diversas actividades que la ley señala.

"23. Asimismo, dice que para apoyar su fallo, el a quo transcribió una serie de artículos en donde se imponen algunas obligaciones para la autoridad, siendo que dichas obligaciones son simplemente verificaciones estrictamente oculares, no técnicas.

"24. Refiere que de los preceptos invocados por el resolutor federal se observa que la gran cantidad de trabajo queda conferida al particular que solicite la fusión, subdivisión y relotificación de predios; en tanto que las cuestiones de carácter técnico corresponden a un órgano distinto de la autoridad, tal como lo dispone el artículo 1123 del Código Municipal de Aguascalientes.

"25. Estos argumentos son ineficaces.

"26. En efecto, como se precisó, el ahora inconforme acudió al juicio de amparo reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 23, fracciones III y IV, y 26, fracción I, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Aguascalientes correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil trece, que disponen:

"‘Artículo 23. Por la calificación y revisión de la procedencia de la solicitud, así como la expedición de las constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística, por informe de compatibilidad urbanística sin acreditar propiedad, subdivisión y fusión de predios, al momento en que se realice el ingreso ante la ventanilla única multitrámite de la solicitud correspondiente, se causará y pagarán los derechos que se calcularán conforme a lo que a continuación se establece, debiendo pagarse la cantidad que resulte mayor entre la cuota mínima establecida para cada caso o la que se determine aplicando la tarifa al número de metros cuadrados, en cada caso:

"‘...

Ver cuotas y tarifas 1

"‘Artículo 26. Por la revisión y autorización de solicitudes de relotificación de predios y por los levantamientos topográficos de predios o áreas que se soliciten a la Secretaría de Desarrollo Urbano, se causarán y pagarán los derechos que se calcularán conforme a lo que a continuación se establece, debiendo pagarse la cantidad que resulte mayor entre la cuota mínima establecida para cada caso o la que se determine aplicando la tarifa al número de metros cuadrados, en cada caso:

Ver cuotas y tarifas 2

"27. Los motivos sustanciales de la petición de inconstitucionalidad se hicieron consistir en la violación de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, porque, según se dijo, para otorgar la autorización de subdivisión, fusión y relotificación de predios urbanos o rústicos se introdujo al cálculo de la contribución un objeto ajeno, refiriéndose a la superficie de metros cuadrados, que nada tiene que ver con la misma, además de dar un trato desigual a quienes se encuentran en condiciones similares, porque el servicio de autorización es idéntico para todas las personas que lo solicitan.

"28. Los aspectos resaltados por el resolutor federal para declarar infundados los conceptos de violación, como se indicó en párrafos anteriores, consistieron medularmente en lo siguiente:

"- Que la actividad que debe desarrollar la autoridad administrativa para estar en posibilidad de prestar el servicio público de trato (subdivisión, fusión, y relotificación de predios) sí guarda relación con el costo de este servicio.

"- Que la cuantificación del importe con base en los metros cuadrados del predio que será objeto de subdivisión, fusión y relotificación está justificado en la medida de que la autoridad debe efectuar ciertos actos a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Código Urbano y demás disposiciones jurídicas aplicables, en cuanto a los procesos de urbanización hasta su municipalización.

"- Que el servicio público prestado por la administración pública no se limita sólo a la simple autorización para la subdivisión, fusión y relotificación de predios, sino que éste comprende además un despliegue técnico que requiere realizar la autoridad a efecto de dictaminar si el uso del suelo se ajusta o no a los planes de desarrollo y determinar si no se afectan zonas de protección, tales como áreas naturales, ecológicas e históricas, así como la prestación de servicios, entre otros.

"- Que en ese tenor, es dable afirmar que es acorde al principio de proporcionalidad tributaria el elemento consistente en ‘metro cuadrado’ de la subdivisión, fusión y relotificación del predio de que se trate, pues incide directamente en el costo del servicio que presta el ente público y atiende a la necesaria correlación entre éste y el monto de la cuota.

"- Que por otro lado, en relación con el elemento referente al tipo de predio a subdividir, fusionar o relotificar, también incide en el costo que representa para el Estado la prestación del servicio, pues éste comprende el previo despliegue técnico que requiere realizar el órgano del Estado para verificar si la subdivisión o fusión propuesta satisface el cúmulo de condiciones que han quedado precisadas, así como para efectuar los estudios necesarios y emitir el dictamen correspondiente, por lo que entonces resulta lógico inferir que el tipo de predio en que se realizará dicha actividad, necesariamente se relaciona con el costo que representa para el Estado la prestación del servicio.

"- 29. Los resumidos argumentos llevaron al a quo a considerar que como el servicio comprendido en los numerales combatidos de inconstitucionalidad no se limita a la autorización, sino que comprende el despliegue técnico para estar en aptitud de expedir autorizaciones para la subdivisión, fusión y lotificación de predios, por lo que es necesario llevar a cabo acciones distintas a la elaboración, revisión y entrega del documento, las cuales se traducen en diversos costos asociados a recursos humanos, materiales y financieros, cuyo número se determinará conforme a la dimensión, complejidad del proyecto, análisis y valoración de las medidas de seguridad que deban satisfacerse, lo cual implica una mayor o menor actividad del Estado.

"30. Ahora bien, como premisa de este estudio se estima necesario puntualizar que de acuerdo con la doctrina, los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos.

"31. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

"32. Por tanto, en las contribuciones denominadas derechos, el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación, Estado o Municipio, mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo.

"33. Conforme a lo anterior, los derechos respetan los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y la prestación del servicio, y cuando se da un trato igual a los que reciben servicios análogos.

"34. Tiene aplicación la jurisprudencia 2/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41 del Tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.—Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: ‘las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten’, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos."

"35. En esta línea de pensamiento, devienen infundados los argumentos del recurrente en los que sostiene que la autorización para la subdivisión, fusión o relotificación de terrenos se limita a la autorización respectiva, o en su caso, a simples verificaciones oculares y no técnicas de la autoridad administrativa; toda vez que, como de manera adecuada lo expuso el resolutor del amparo, del contenido de los artículos 1123 del Código Municipal y del 278 al 281 del Código Urbano «abrogado» se obtiene que ello implica un despliegue de la autoridad municipal, previo a la autorización, que consiste en comprobar mediante dictamen técnico que emita la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado Municipal para verificar si el uso del suelo se ajusta a los lineamientos del Programa de Desarrollo Urbano, además que no se afecten las áreas naturales protegidas, zonas arboladas y de valores naturales, zonas y monumentos de patrimonio cultural, las medidas del lote tipo autorizado en la zona y las características del fraccionamiento, el equilibrio de la densidad de la población y de los coeficientes de construcción y ocupación de los predios, la imagen urbana y la zonificación primaria y secundaria que marquen los programas de desarrollo urbano.

"36. Los artículos en comento son del tenor siguiente:

"‘Artículo 1123. Las autorizaciones de subdivisión, fusión y relotificación de predios deberán apegarse a lo siguiente:

"‘I. Toda subdivisión, fusión y relotificación de terrenos deberá de observar lo estipulado en el título sexto, capítulo IV del Código Urbano;

"‘II. Sólo se autorizará el 10% de subdivisiones y relotificaciones de predios con respecto al total de lotes autorizados originalmente, en los fraccionamientos, colonias o barrios habitacionales urbanos, siempre y cuando no se sature o afecte la capacidad instalada, en cuanto al equipamiento e infraestructura existentes de las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje; y del resultado no resulte una fracción menor al lote tipo del fraccionamiento al cual corresponda, o a la zona establecida en el Programa de Desarrollo Urbano respectivo.

"‘Lo anterior se comprobará, mediante previo dictamen técnico que emita la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, mismo que deberá presentar el peticionario con la solicitud de subdivisión o relotificación, y

"‘III. Tratándose de subdivisiones de predios para uso comercial, cualquiera de las fracciones resultantes no deberá ser menor a los 50 metros cuadrados y su frente deberá tener como mínimo 5 metros.

"‘IV. Las solicitudes de subdivisiones de predios que no cumplan con lo señalado en el Código Urbano y en este Código Municipal serán improcedentes y, por tanto, deberán negarse por la secretaría, salvo lo mencionado a continuación:

"‘A. Subdivisiones de inmuebles que materialmente se hayan dado antes de la entrada en vigor de la Ley de Fraccionamiento, Relotificación, Subdivisión y Fusión de Terrenos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de abril de 1983;

"‘B. La situación de hecho antes referida, se deberá comprobar fehacientemente a la Secretaría por parte del solicitante, a través de los medios adecuados, incluso se deberá acreditar que las construcciones correspondientes cuentan con servicios totalmente independientes de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, y

"‘C. Si el inmueble materia de la solicitud se ubica en un ejido, el peticionario para el efecto de que proceda la misma, deberá comprobar a la Secretaría, que la finca tiene una antigüedad mayor a los diez años, contados a partir de la fecha de su solicitud. Desde luego para estos trámites se deberá tomar en cuenta lo previsto en la legislación agraria.

"‘D. Tratándose de subdivisiones de predios que se ubiquen dentro de una comunidad en el área rural, cualquiera de las fracciones resultantes no deberá ser menor a los 200 metros cuadrados y su frente deberá tener como mínimo 6 metros o en su caso lo que indique el esquema de desarrollo de dicha comunidad.

"‘E. En condominios no se permitirá subdividir ni fusionar los predios.

"‘F. Tratándose de subdivisiones en predios ubicados en fraccionamientos especiales de tipo campestre, éstas se autorizarán siempre y cuando no se modifiquen o altere el lote tipo de la zona y el frente que no sea menor de 25 metros.

"‘G Tratándose de subdivisiones en predios rústicos se permite únicamente el 5% de construcción para casa habitación y/o bodegas de implementos agrícolas, con una densidad máxima de una vivienda por hectárea.

"‘H. Tratándose de subdivisiones en predios urbanos y rústicos no se autorizarán cuando los predios no tengan acceso directo a una vía pública autorizada.

"‘I. Asimismo en predios rústicos deberá tener como mínimo un paso de servicios no menor a 12 metros de ancho.

"‘J. Los frentes mínimos en predios rústicos tendrán una dimensión no menor de 30 metros hacia una vía pública o camino legalmente constituido.

"‘K. Todas las vialidades y accesos que se determine en las subdivisiones en predios urbanos y rústicos, se considerarán como una vía pública autorizada, siempre y cuando cuente con los servicios de agua potable, energía eléctrica y drenaje.

"‘Tratándose de subdivisión la introducción de servicios urbanos y obras de urbanización, correrá por cuenta del enajenante, será requisito indispensable haber obtenido la constancia de terminación de obras de urbanización para proceder a la venta de predios y al trámite de construcción de fincas en los mismos.

"‘L. Toda fusión o subdivisión de predios deberá protocolizarse mediante escritura pública, en un plazo no mayor a tres años contados a partir de su autorización, debiéndose notificar dicha protocolización al Ayuntamiento, en caso contrario quedará sin efectos dicha autorización.

"‘M. Asimismo el Ayuntamiento deberá presentar ante la Dirección General de Catastro del Estado, las manifestaciones de predio correspondientes a cada una de las fracciones resultantes de una subdivisión o la manifestación de predio del terreno resultante de una fusión.

"‘N. En caso que el Ayuntamiento tenga conocimiento de que existe una discontinuidad geológica en los predios que se pretendan fusionar o subdividir, deberá referirlo en la autorización respectiva.’

"‘Artículo 278. La autorización de fraccionamientos, relotificaciones, fusiones y subdivisiones de terrenos urbanos o rústicos en el Estado, se otorgará siempre y cuando no se afecten:

"‘I. Las áreas naturales protegidas;

"‘II. Zonas arboladas y de valores naturales;

"‘III. Zonas y monumentos del patrimonio cultural;

"‘IV. Las medidas del lote tipo autorizado en la zona y las características del fraccionamiento;

"‘V. El equilibrio de la densidad de población y de los coeficientes de construcción y ocupación de los predios;

"‘VI. La imagen urbana; y

"‘VII. La zonificación primaria y secundaria que marquen los Programas de Desarrollo Urbano.’

"‘Artículo 278 Bis. La autorización para subdividir, fraccionar y construir desarrollos especiales o condominios sólo podrá otorgarse si el propietario cubre el costo al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado de lo que erogó por la apertura, ampliación o prolongación de calles o vías públicas y generación de infraestructura que se hubiera realizado en dichos terrenos en términos del presente código. Dicho valor será actualizado por el Colegio de Valuadores y, en su caso, podrá enterarse a la autoridad respectiva hasta que se urbanice o se transfiera la propiedad, siempre y cuando se otorgue garantía, en términos del artículo 452 del presente código, al momento en que se expida dicha autorización.

"‘El propietario quedará exento de dicha obligación si el terreno es propiedad del Gobierno del Estado, de los Municipios o de las instituciones gubernamentales, si el predio es menor a 3000 metros cuadrados o si al momento de generarse la infraestructura a que se refiere el párrafo anterior enteró los gastos correspondientes al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado en términos de la legislación aplicable.’

"‘Artículo 279. Los estudios, dictámenes o acuerdos para autorizar los correspondientes fraccionamientos, relotificaciones, fusiones y subdivisiones de áreas y predios deberán ser compatibles con lo dispuesto en los diversos Programas de Desarrollo Urbano.’

"‘Artículo 280. El fraccionamiento, fusión y subdivisión de terrenos ejidales y comunales se regirán por la Ley Agraria y demás disposiciones jurídicas aplicables.’

"‘Artículo 281. El establecimiento de zonas de urbanización ejidal y la regularización de la tenencia de la tierra de bienes ejidales o comunales deberán ajustarse en lo conducente a la Ley Agraria, a la Ley General de Asentamientos Humanos, a este código y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

"‘Cuando el fraccionamiento o subdivisión de terrenos ejidales tengan por objeto incorporarse al desarrollo urbano de algún centro de población no ejidal, o se ubiquen dichos terrenos en las áreas de reserva, se aplicarán las disposiciones de este título como si se tratara de propiedad privada.’

"37. Dicho en otras palabras, como los artículos 23 y 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes establecen que los derechos por la autorización para división, subdivisión, lotificación y relotificación de predios rústicos o urbanos se cubrirán aplicando diversas tarifas según los metros cuadrados del predio, no violan los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, porque atiende al objeto real del servicio público que conlleva la expedición de tal autorización, específicamente lo dispuesto en los transcritos artículos 1123 del Código Municipal y del 278 al 281 del Código Urbano «abrogado», de los que se puede advertir el despliegue técnico que debe realizar la autoridad municipal para verificar mediante dictamen si el uso del suelo pretendido por el solicitante se ajusta a los Programas de Desarrollo Urbano, así como el recorrido que debe efectuar con el propósito de cerciorarse que no se afecten tanto áreas naturales protegidas, zonas arboladas y de valores naturales, zonas y monumentos de patrimonio cultural, las medidas del lote tipo autorizado en la zona y las características del fraccionamiento, el equilibrio de la densidad de la población y de los coeficientes de construcción y ocupación de los predios, la imagen urbana y la zonificación primaria y secundaria que marquen los Programas de Desarrollo Urbano.

"38. En esa tesitura, los artículos 23 y 26 invocados, para realizar el cálculo de los derechos correspondientes otorga un trato equitativo a los contribuyentes, ya que la cuota del tributo a pagar será la misma cuando la autorización respectiva se base en un despliegue técnico de igual magnitud, por tratarse de terrenos de idéntica extensión, y será diversa cuando conlleve a la verificación de superficies de distinta extensión.

"39. Por otra parte, como lo expuso el a quo, el referido precepto también resulta proporcional, ya que mientras más sea el número de metros del inmueble, mayor será el despliegue técnico de la autoridad municipal y, por ende, el monto de la contribución a enterar por dicho rubro. ..."

B. Por su parte, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en la resolución dictada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 92/2018 (cuaderno auxiliar 402/2018), por unanimidad de votos, sustentaron lo siguiente:(6)

"...

"Los resumidos argumentos resultan sustancialmente fundados.

"En efecto, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé los principios de proporcionalidad y equidad en todo tipo de contribuciones que deban de cubrir los ciudadanos que se encuentren dentro de los supuestos de una norma tributaria.

"En ese contexto, el artículo 71(7) de la Ley de Hacienda para el Estado de Aguascalientes, define los derechos –tributarios– como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.

"Asimismo, los artículos 72 y 73(8) de la Ley de Hacienda para el Estado de Aguascalientes establecen que el sujeto contribuyente debe pagar los derechos:

"a) Por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado; y,

"b) Por recibir los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, de conformidad con las tarifas que al efecto señale la Ley de Ingresos del Estado.

"Cabe precisar, que la norma aquí reclamada, se ubica en este último supuesto, al estar vinculada con el pago de derechos por el costo total del servicio prestado por el Estado.

"Sobre este supuesto normativo, en relación con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 34, fracción IV, constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo:

"1. Que si bien se define a los derechos por servicios, como las contribuciones establecidas en la ley a cambio de los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, que modificó lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el cual en su artículo 3o. los definía como ‘las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio’, y se suprimió el vocablo ‘contraprestación’; subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la tarifa.

"Esto porque entre el costo del servicio y el monto de la tarifa, continúa una íntima relación, al grado de que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio.

"2. La correspondencia entre ambos términos: servicio y tarifa, no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en razón del interés de los particulares.

"3. Por tanto, los principios tributarios de proporcionalidad y equidad se cumplen en los derechos por servicios, cuando el monto de la tarifa guarda congruencia razonable con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio prestado, además de que el costo debe ser igual para los que reciben idéntico servicio.

"Estas directrices obedecen a que el objeto real de la actividad pública se traduce

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28672-204ff4ff/derechos-por-la-autorizacion-para-la-subdivision-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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