Corpus
Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR SERVICIOS. EL ARTÍCULO 19-E, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009). DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 312/2010. · Registro digital (IUS): 24314
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Pág. 58.

DERECHOS POR SERVICIOS. EL ARTÍCULO 19-E, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 312/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: PAOLA YABER CORONADO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veinticinco de septiembre de dos mil doce.

VISTOS, Y;

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio 529-III-DACLD-(MHMS)-22053, de veintiséis de agosto de dos mil diez, el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del presidente de la República, denunció ante este Alto Tribunal la posible contradicción de criterios, sustentados entre la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, respectivamente, los amparos en revisión 2223/2009 y 354/2010.

SEGUNDO. Por proveído de primero de septiembre de dos mil diez, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó dar trámite a la contradicción de tesis y agregar copias certificadas de las ejecutorias en pugna, a efecto de integrar debidamente el expediente, así como dar vista al procurador general de la República, por el término de treinta días, para que manifestara lo que a su representación conviniera.

TERCERO. Por acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil diez, se ordenó corregir la carátula y tener por denunciantes a los Ministros integrantes de la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, en virtud de que, al fallar el amparo en revisión 354/2010, el siete de junio de dos mil diez, se denunció contradicción de tesis, al no compartir el criterio de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en el diverso 2223/2009, respecto de la interpretación al artículo 19-E, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Derechos, vigente en el ejercicio de fiscal de dos mil nueve.

CUARTO. Mediante proveído de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, en atención a lo acordado por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión privada el veintisiete de septiembre del mismo mes y año, se turnó el expediente a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

QUINTO. Por oficio número DGC/DCC/1039/2010, de fecha veintiuno de octubre de dos mil diez, el agente del Ministerio Público formuló pedimento, en el que confirmó la existencia de la contradicción de tesis y se pronunció en el sentido de que el precepto reclamado transgredía la garantía de proporcionalidad tributaria, por lo que debía prevalecer el criterio sostenido por la Primera Sala de este Alto Tribunal.

SEXTO. El martes catorce de febrero de dos mil doce, el Ministro presidente Silva Meza sometió a la estimación del Tribunal Pleno los considerandos primero al cuarto del proyecto de sentencia para resolver la contradicción de tesis 312/2010, los que fueron aprobados por unanimidad; por su parte, la votación del quinto considerando en el que se propuso la solución al planteamiento jurídico de contradicción no alcanzó la mayoría, por lo que se determinó desechar el proyecto y returnar el asunto a un Ministro de la mayoría.

SÉPTIMO. Por acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil doce, se acordó returnar el expediente al Ministro Sergio A. Valls Hernández, para efecto de actuar como ponente de dicho asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Federal, 197, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General Plenario Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, tercer párrafo, constitucional y 197, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que fue denunciada por los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 354/2010, al pronunciarse en el último considerando de la ejecutoria en términos contrarios a los sostenidos por la Primera Sala de dicho tribunal, en el amparo en revisión 2223/2009.

Lo anterior, ya que los artículos citados en el párrafo precedente establecen que cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los Ministros que las integren, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse.

TERCERO. Para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer, constituye un presupuesto necesario determinar si existe la contradicción de criterios denunciada.

Tal como lo sostuvo este Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión del treinta de abril de dos mil nueve, por unanimidad de diez votos, para que se dé una contradicción de tesis es indispensable que dos órganos jurisdiccionales, sobre un mismo punto de derecho, adopten criterios jurídicos discrepantes a través de argumentaciones de índole lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia determinada.

Al respecto, debe precisarse que con el sistema de contradicción de tesis establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo se persigue acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios de los órganos jurisdiccionales terminales, al resolver un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que unifique el criterio que deberá observarse en lo subsecuente para resolver asuntos similares o iguales a los que motivaron la denuncia respectiva.

En esa tesitura, a efecto de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que habrá de prevalecer, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por las Salas de este Alto Tribunal en las resoluciones respectivas.

I. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El día diez de febrero de dos mil diez, al resolver el amparo en revisión 2223/2009, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"DÉCIMO SEGUNDO. El planteamiento que quedó sintetizado en el inciso c) del numeral 1 del considerando octavo de esta ejecutoria, a través del cual la parte quejosa, en esencia, señaló que la determinación de la contribución que se tilda de inconstitucional se lleva a cabo bajo la mecánica de hora o fracción, lo que implica que se efectúa el cobro de la tarifa completa por cada hora que transcurra en la supervisión del programa de concurso, así como también por cada fracción de tiempo que, sin abarcar una hora completa, también se lleve a cabo la supervisión; de modo que la forma en que está regulado el pago de los derechos en el artículo 19-E, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Derechos implica para el contribuyente una actividad del Estado, sin que ésta se haya llevado a cabo, resulta fundado en atención a las siguientes consideraciones: El multicitado artículo 19-E, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Derechos, textualmente establece: ‘Artículo 19-E. Por los servicios en materia de televisión, cada concesionario o permisionario pagará el derecho de televisión, conforme a las siguientes cuotas: ... II. Tratándose de programas de concurso: ... b) Por la supervisión de programa de concurso por cada hora o fracción, se pagarán las siguientes cuotas: 5. Horario ordinario de servicio $750.00. 6. Fuera de horario ordinario de servicio $1,050.00. Para los efectos de este inciso, se entiende como horario ordinario de servicio el comprendido de las 9:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes.’. De dicho precepto jurídico se desprende que, por los servicios en materia de televisión, cada concesionario o permisionario cubrirá el derecho de televisión, por la supervisión de programas de concurso, pagando una cuota de setecientos cincuenta pesos, en los casos en que la supervisión se realice en el horario ordinario de labores, y de un mil cincuenta pesos cuando la supervisión se efectúe fuera de ese horario, por cada hora o fracción. Ahora bien, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que el numeral en comento establezca que el cobro del derecho de supervisión de los programas de concurso se haga por hora o fracción, cobrándose exactamente la misma cuota en uno y otro caso, provoca que el artículo 19-E, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Derechos transgreda la garantía de proporcionalidad que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, en virtud de que si el pago de los derechos debe estar en proporción con el costo del servicio prestado, el hecho de que se deba pagar al Estado exactamente la misma cantidad por el servicio prestado por horas completas que por fracciones de éstas, provoca que se entere una cantidad superior a aquella que abarque la supervisión del programa de concurso y, por ende, que no se contribuya al gasto público en forma proporcional. Ello obedece a que si los derechos deben estar en función del costo que tiene para el Estado prestar el servicio, no existe razón alguna por la que el permisionario o concesionario del servicio de televisión tenga que pagar exactamente la misma cuota por horas completas que por fracciones de éstas, ya que en este último caso, al no prestarse el servicio por hora completa, ese tiempo en que no se está prestando un servicio, no le está costando al Estado. A manera de ejemplo, piénsese en el caso en que el interventor de la Secretaría de Gobernación lleva a cabo la supervisión de un programa de concurso y éste dura sesenta y un minutos, es decir, una hora y un minuto, en horario ordinario de labores, de modo que el permisionario o concesionario tendría que pagar $1,500.00 por el servicio de supervisión, equivalente a dos horas de servicio (ciento veinte minutos), cuando en realidad únicamente se le prestó el servicio por una hora y un minuto; de modo que no resulta constitucional el que se le esté cobrando al permisionario o concesionario el derecho por servicios que no está recibiendo, máxime que durante esos cincuenta y nueve minutos restantes el Estado no está desplegando actividad alguna que le represente un costo. Por tanto, si este Alto Tribunal ha definido en diversos precedentes que la proporcionalidad tributaria en materia de derechos debe estar medida en función del costo que tiene para el Estado prestar el servicio de que se trate, no existe razón alguna para que se le cobre a los permisionarios o concesionarios la misma cantidad por hora o por fracción, ya que no tiene el mismo costo para el Estado prestar el servicio por horas completas que por fracciones de éstas, lo que revela que el artículo 19-E, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Derechos, al establecer el mismo cobro por hora o fracción, resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis aislada P. XLVIII/94, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 83, noviembre de 1994, página 33, y que es del tenor literal siguiente: ‘DERECHOS FISCALES. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y QUE TRASCIENDE TANTO AL COSTO COMO A OTROS ELEMENTOS.’ (se transcribe). En virtud de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, respecto de los actos de aplicación presente y futura del artículo 19-E, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Derechos, hasta en tanto se modifique, derogue o pierda su vigencia, pues al haberse declarado la inconstitucionalidad de esa porción normativa, la misma ya no podría válidamente serle aplicada a la peticionaria de garantías."

II. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El siete de julio de dos mil diez, al resolver el amparo en revisión 354/2010, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"... Conforme a la normativa invocada y reseñada, válidamente se puede advertir que las funciones inherentes a la supervisión de programas de concursos en televisión constituye un servicio público que presta el Estado por conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, en donde dicho ente requiere de una estructura administrativa, operativa y funcional que tenga la aptitud de prestar el servicio indicado en el momento en que lo requieran los particulares, esto es, el costo del servicio no conlleva exclusiva y necesariamente sólo la permanencia del supervisor en el momento preciso de la celebración del concurso, sino que conlleva más que eso en la prestación del servicio. Cabe precisar que, tratándose de las diferentes cuotas previstas por la ley, es claro que corresponden a situaciones de hecho diversas, dado que es un hecho notorio que el costo por la prestación de un servicio en un horario ordinario no será el mismo que uno prestado fuera de dicho horario, en virtud de que comprende jornadas en las cuales el personal no se encuentra en sus oficinas y, por ende, la autoridad tiene que disponer de las medidas necesarias para realizar la supervisión fuera del horario normal de labores, lo cual lleva incluido un costo, que el legislador determinó reflejarlo objetivamente en el cobro del derecho correspondiente. ... Tal como se puede advertir de lo hasta aquí analizado, la prestación del servicio de supervisión requiere un proceso previo de preparación y uno posterior de entrega de resultados, los cuales permiten establecer con certeza que la prestación del servicio no puede limitarse exclusivamente al mero acto formal de supervisión realizado durante el desarrollo del concurso y que el costo de dicho servicio sólo comprende al supervisor y la papelería utilizada, como infundadamente lo pretende la parte quejosa. Por el contrario, la prestación del servicio tiene un contenido material y humano que comprende aspectos inherentes a una estructura y actividades que se engloban en el acto de supervisión, los cuales tienen un costo para el Estado calculado en función de la hora como elemento que sirve de parámetro para individualizar, así que será el mismo costo del servicio de una hora completa que una fracción de ésta, ya que en el momento que se requiera por parte del particular la utilización de dicho servicio éste se encuentra disponible, lo que sin lugar a dudas representa un costo para el Estado, y el cual válidamente se puede reflejar en el derecho previsto en la ley de la materia. Atento a lo anterior, el artículo 19-E de la Ley Federal de Derechos, inciso b), no viola el principio de proporcionalidad contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer el pago del derecho relativo atendiendo a la hora o fracción que lo provoca, toda vez que dicha unidad de medida sí permite que guarde relación con el costo que para el Estado representa llevar a cabo la supervisión relativa, esto es, existe una congruencia razonable con el costo real que le representa a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación por la prestación del servicio de mérito. Se afirma lo anterior, ya que con independencia del tiempo que dure el servicio en las instalaciones del particular que presta el Estado, ya que esa unidad de medida sólo es el parámetro para individualizar el costo, por lo cual de ahí será posible establecer su costo en función de los conceptos que engloba el acto de supervisión y, por tanto, el monto que el concesionario o permisionario del servicio de televisión debe pagar por la supervisión de programas de concursos, toda vez que el costo que le representa al Estado prestar el servicio sólo exige que guarde proporción con lo que le cuesta al Estado, pero sin que se llegue al desmedido interés de la quejosa de que el derecho deba corresponder con exactitud matemática al sueldo del supervisor y la papelería usada, en virtud de que, como se ha demostrado, el costo comprende otros conceptos y actos que permiten el acto de supervisión y respecto de los cuales sí debe fijarse dicho costo. Importa destacar que el Máximo Tribunal de Justicia del País ha sostenido que, tratándose de los derechos, para cumplir con el principio constitucional de proporcionalidad, el monto de las tarifas o cuotas de los servicios debe fijarse siempre en atención al costo del servicio prestado; de tal manera que si en el caso particular, el numeral 19-E, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Derechos prevé que el derecho de supervisión se causará por hora o fracción, ello no lo hace de manera alguna inconstitucional, puesto que existe la posibilidad de que el derecho respectivo guarde proporción con lo que le cuesta al Estado prestar el servicio, sin que el derecho deba corresponder con exactitud numérica con el costo del servicio, ni mucho menos atender al derecho común o laboral para fijarlo, pero sí establecerse en función del costo integrado. Apoya dicha aseveración la jurisprudencia número 11/97, sustentada por el Tribunal Pleno, visible a página 111 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época, de rubro y contenido siguientes: ‘VIDEOGRAMAS, DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN DE SU REPRODUCCIÓN. EL ARTÍCULO 19-E, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO AL COBRO QUE PREVIENE, ES INCONSTITUCIONAL POR VIOLAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.’. Sirve de referencia, por corresponder a un asunto similar, la tesis aislada de la Primera Sala de este Alto Tribunal número 1a. CXCII/2007, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, página 381, que dice: ‘DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL. EL ARTÍCULO 85-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). En ese tenor, es evidente que el hecho de que el legislador hubiera establecido como base del derecho de supervisión de programas de concurso una unidad de tiempo, no implica de ninguna manera que el artículo 19-E, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Derechos por sí mismo violente el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, en todo caso, dependerá de la forma en que está establecida la cuota respectiva, dado que la unidad de medida ‘hora’ es representativa de lo que significa al Estado el costo del servicio, con independencia de si se trata de la hora completa o una fracción de ésta. ... Ahora bien, por cuanto hace al concepto de violación en que la quejosa se duele de que no se distingue el pago de derecho por supervisión correspondiente a una hora y el correspondiente a una fracción de hora, a pesar de que el servicio por supervisión se preste por una fracción de hora y se cobra la hora completa de dicho servicio, transgrediendo así el principio de proporcionalidad tributaria. Tal planteamiento es infundado, en virtud de que el dispositivo de mérito dispone que tratándose de los servicios en materia de televisión, cada concesionario o permisionario cubrirá el derecho de televisión, por la supervisión de programas de concurso, pagando una cuota de setecientos cincuenta pesos, en los casos en que la supervisión se realice en el horario ordinario de labores y de un mil cincuenta pesos cuando la supervisión se efectúe fuera de ese horario, por cada hora o fracción. Como cuestión de entendimiento, habrá de tenerse en consideración que supervisar, conforme al Diccionario de la Lengua Española significa: ‘Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros’, es decir, se observa el trabajo que una diversa persona o grupo de éstas lleva a cabo, y califica si es que éste se desarrolla de la manera legalmente correspondiente y correcta previamente acordada. En ese tenor, importa destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto que la imposición de la cuota de derechos por hora o fracción es violatoria de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, cuando la prestación del servicio de que se trate no constituya un acto continuo ni reiterado minuto a minuto, ya que, de ser así, no habría correlación alguna entre la cantidad a enterar y el costo que para el Estado signifique la prestación del servicio, tal como se advierte de la tesis aislada número XVII/96, del Tribunal Pleno, visible a página 167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Época, del rubro y textos siguientes: ‘DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN DE SEÑALES DE TRANSMISIÓN DEL EXTRANJERO A MÉXICO. EL PRECEPTO DE LA LEY FEDERAL QUE LOS ESTABLECE POR HORA O FRACCIÓN, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV CONSTITUCIONAL.’. Empero, en el caso particular, se observa un servicio por supervisión, el que atendiendo a su real significado y naturaleza -precisado en párrafos que anteceden- se realiza de manera continuada, esto es, se prolonga durante un periodo indeterminado de tiempo transcurriendo el programa de concursos a supervisar, llenando el acta relativa y haciendo la acotación respectiva ante la autoridad administrativa que corresponda y el posterior informe del supervisor, por tanto, tratándose de un derecho que se paga en función de una presencia, de la estructura permanente que permite la intervención de la Secretaría de Gobernación en los programas de concurso en el momento en que lo solicite el particular, se establece una tarifa tomando como parámetro el lapso de tiempo de una hora y por fracción de ésta, lo que es suficientemente razonable, dado que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares; de ahí que para el Estado el cálculo del costo del servicio se configura en función de una base uniforme con la finalidad de que se cubra dicha cuota por esa clase de servicios, siempre atendiendo a la naturaleza del servicio y lo que éste conlleva; de ahí que no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es oportuno destacar que la unidad de medida se encuentra dentro de las atribuciones del legislador para la configuración del elemento que considere adecuado para fijar un parámetro; así, la unidad de medida se establece atendiendo a la naturaleza del servicio (una vez que el referente temporal ha sido aceptado), aunado a que parece razonable el periodo de la hora para utilizarse como base imponible del derecho, en la medida que su fijación es razonablemente de fácil determinación para los particulares y las autoridades, con lo que tienen certeza del derecho generado. Es cierto que el elemento hora pudiera ser fraccionado en minutos o, incluso, en segundos, pero ello no implica necesariamente que el costo del Estado por la prestación del servicio necesariamente pueda dividirse en minutos o segundos, en virtud de las razones expresadas en los párrafos precedentes, además que exigir del legislador que el único elemento adecuado fuera la unidad mínima de medición, esto es, tomando el segundo como referente, incidiría en su facultad de libre configuración, en razón de que en todos los casos tendría que sujetarse a la unidad mínima permitida tratándose de medidas, cuando ello no es factible en todas las hipótesis, sino que, atendiendo al supuesto correspondiente, es que se fija la ‘hora’ por el legislador como el más adecuado. Entonces, la unidad de tiempo establecida obedece a fines prácticos y dentro de las atribuciones discrecionales del legislador, en razón de que si la hora es aceptada como un elemento que permite establecer una relación de costo-servicio de una actividad que, por lo general, se proyecta en relación con la referida unidad de tiempo, y que el costo del servicio resulta aproximado en relación con dicha unidad de tiempo, no puede concluirse que la prestación del servicio genere un mayor o menor costo por el hecho de que el servicio se preste en un lapso menor a la hora, por mínimo que éste sea, ya que, en todo caso, lo que el legislador está estableciendo es un costo uniforme para dicho servicio, es decir, al Estado le cuesta lo mismo la prestación del servicio de una fracción de hora (por mínima que sea), que la hora completa; por tanto, el cobro se concibe a partir de una base y sobre ésta misma se adecuarán los supuestos en que no se abarque en su totalidad el servicio de que se trata. Lo anterior, considerando primordialmente que los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los particulares que utilizan un servicio público y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional. En la materia de derechos no puede sujetarse al estricto criterio de la equivalencia rigurosa y, por ello, se habla de que lo que el particular debe pagar por ellos corresponda aproximadamente al costo del servicio prestado, de la adecuada proporción entre el servicio público y la cuantía del derecho, y de una razonable o prudente o discreta proporcionalidad entre ambos términos."

De las consideraciones transcritas con anterioridad se desprende, en esencia, lo siguiente:

I. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Al pronunciarse en el amparo en revisión 2223/2009, la Primera Sala resolvió que el artículo 19-E, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Derechos transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria, al disponer el cobro de la tarifa completa por cada hora que transcurra en la supervisión de programas de concurso, así como también por cada fracción de tiempo, sin abarcar una hora completa.

Ello, ya que el hecho de que se deba pagar al Estado exactamente la misma cantidad por el servicio prestado por horas completas que por fracciones de éstas, provoca que se entere una cantidad superior a aquella que abarca la supervisión del programa de concurso y, por ende, que el pago de los derechos no sea en proporción al costo del servicio prestado.

Lo anterior es así, señala la Primera Sala, toda vez que, al no prestarse el servicio por hora completa, ese tiempo en que no se está prestando un servicio no le está costando al Estado, de modo que resulta inconstitucional el que se le esté cobrando al permisionario o concesionario el derecho por servicios que no está recibiendo ni generando un costo.

En este orden de ideas, la Primera Sala concluye que si este Alto Tribunal ha definido en diversos precedentes que la proporcionalidad tributaria en materia de derechos debe estar medida en función del costo que tiene para el Estado prestar el servicio de que se trate, no existe razón alguna para que se le cobre a los permisionarios o concesionarios la misma cantidad por hora o por fracción, ya que no tiene el mismo costo para el Estado prestar el servicio por horas completas que por fracciones de éstas.

II. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo reclamado, la Segunda Sala analizó el servicio de supervisión de programas de concurso en televisión que presta el Estado, y determinó que se requiere de una estructura administrativa, operativa y funcional que tenga la aptitud de prestar el servicio indicado, de modo que el costo del servicio no conlleva exclusiva y necesariamente sólo a la permanencia del supervisor en el momento preciso de la celebración del concurso, sino que existe una serie de actos diversos.

Por ello, señaló que el tiempo que dure el servicio que presta el Estado en las instalaciones del particular no es reflejo exacto del costo que genera la supervisión al Estado, pues el costo comprende otros conceptos y actos distintos a la presencia del supervisor en las instalaciones, que permiten el acto de supervisión y respecto de los cuales sí debe fijarse dicho costo.

Así, toda vez que este Máximo Tribunal de Justicia ha sostenido que, tratándose de los derechos, el monto de las cuotas debe fijarse siempre en atención al costo del servicio prestado -para cumplir con el principio de proporcionalidad tributaria-, debe existir una congruencia razonable entre el costo real y el cobro que se hace del servicio, sin que se llegue al desmedido interés de que el derecho deba corresponder con exactitud matemática al costo que genera al Estado.

Bajo este contexto, al ser la hora el elemento que sirve de parámetro para individualizar los costos materiales y humanos que engloban el acto de supervisión, al disponer el artículo el cobro de la tarifa completa por cada fracción de tiempo, ello no lo hace de manera alguna inconstitucional,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24314-e901c0ad/derechos-por-servicios-el-articulo-19-e-fraccion-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.