DERECHOS. LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOM E.N.R.) POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO CONSTITUYE UN SERVICIO SUSCEPTIBLE DE GENERAR EL COBRO DE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 19 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN N. SILVA MEZA Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTARON EN CONTRA: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, EDUARDO MEDINA MORA I., OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: CARLOS ENRIQUE MENDOZA PONCE.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al diecinueve de mayo de dos mil quince.
VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 96/2014, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 227/2013, 108/2013 y 416/2013; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficios presentados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce, signados por el subsecretario de Acuerdos de la Segunda Sala, los Ministros que la integran denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por la Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 227/2013, y el emitido por la propia Segunda Sala, al pronunciar sentencia en los amparos en revisión 108/2013 y 416/2013.
SEGUNDO.-Por auto del veintisiete de marzo de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, y ordenó formar y registrar el expediente número 96/2014. Asimismo, determinó que se requirieran ciertos informes y documentos a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala y turnara el asunto al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
TERCERO.-Una vez que la contradicción de tesis quedó integrada se ordenó remitir los autos al Ministro ponente.
Posteriormente, en auto de ocho de enero de dos mil quince emitido por el Ministro presidente de este Alto Tribunal, se determinó returnar el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente desde el tres de abril de dos mil trece; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Federal, y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Ministros integrantes de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO.-Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es pertinente tener en cuenta las consideraciones en que se sustentan.
En ese sentido, cabe señalar que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diecinueve de junio de dos mil trece, por tres votos a favor (Ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo) y dos en contra (Ministros Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea), el amparo en revisión 227/2013, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, sostuvo en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"V. Consideraciones y fundamentos.-21. Problemática a resolver. Esta Primera Sala considera que en el caso el problema a resolver consiste en determinar si el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos es inconstitucional, al prever una contribución que transgrede los principios de proporcionalidad y equidad en materia tributaria. De ese modo, las preguntas que se deben responder son las siguientes: • ¿Está facultada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas?.-• ¿Es el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos violatorio del principio de proporcionalidad tributaria?.-• ¿Es el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos violatorio del principio de equidad tributaria?.-22. Por cuestión de método, las argumentaciones planteadas por la persona moral quejosa serán analizadas en un orden distinto y en apartados diferentes a aquel en que fueron expuestas.-23. Primera cuestión: ¿Está facultada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas? ... 36. Consideraciones de la sentencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte estima que, como lo aduce la recurrente en su escrito de agravios, el Juez de Distrito que conoció del juicio de amparo desestimó los argumentos del concepto de violación sintetizados con anterioridad sin dar mayor explicación sobre la causa de inoperancia, limitándose a sostener que era ‘el Estado’ quien prestaba los servicios de vigilancia y que la impetrante de garantías partía de una premisa falsa. Por lo anterior, esta Sala procede a realizar el estudio de los argumentos de inconstitucionalidad correspondientes.-37. Los argumentos de la quejosa vertidos en el único concepto de violación y que fueron sintetizados en los párrafos precedentes, resultan infundados, en atención a las siguientes consideraciones: 38. De la lectura de los argumentos del concepto de violación y del escrito de agravios de la quejosa, se desprende que ésta hace depender la inconstitucionalidad del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos de una alegada disociación entre el órgano que cobra el pago del derecho (la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y el órgano que realiza las funciones de vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.-39. En primer lugar, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima pertinente señalar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creado por ley publicada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación. La comisión es el órgano desconcentrado regulador de las entidades integrantes del sistema financiero mexicano y tiene como objetivo procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero. Al ser el órgano regulador del sistema financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está facultada para supervisar y regular a las personas físicas y morales que realizan actividades propias del sistema financiero. Lo anterior de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.-40. El artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito dispone que el otorgamiento de crédito, así como la celebración de arrendamiento y factoraje financiero podrá realizarse en forma habitual y profesional por cualquier persona sin necesidad de autorización del Gobierno Federal. El propio artículo dispone que aquellas sociedades anónimas que contemplen en su objeto social la realización habitual y profesional de las actividades mencionadas se denominarán ‘sociedades financieras de objeto múltiple’ y se considerarán entidades financieras.-41. Las sociedades financieras de objeto múltiple se dividen en aquellas que son ‘reguladas’ (87-B, fracción I) y aquellas que son ‘no reguladas’ (87-B, fracción II). Las primeras se distinguen por mantener vínculos patrimoniales con instituciones de crédito o con sociedades de grupos financieros de los que formen parte instituciones de crédito.-42. En el caso que nos ocupa, la empresa quejosa fue constituida como sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, el dieciséis de junio de dos mil nueve mediante escritura pública número catorce mil ciento cincuenta y cuatro, otorgada ante la fe del lic. ************, notario público número ************ en el Estado de Sinaloa.-43. De conformidad con los artículos 56, 57 y 87-B, último párrafo, de la ley mencionada, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es el órgano facultado para supervisar a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, exclusivamente en lo relativo al cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento, así como de las disposiciones generales que de éste deriven. Para verificar el cumplimiento con lo previsto en el artículo 95 Bis, la comisión puede realizar visitas de inspección para lo cual deberá tener acceso a los libros, registros y documentos sobre las operaciones que las sociedades financieras realicen.-‘Artículo 56. ...’ (se transcribió).-‘Artículo 57. ...’ (se transcribió).-‘Artículo 87-B. ...’ (se transcribió).-44. De lo anterior se desprende que, contrario a lo señalado por la empresa recurrente, la multicitada comisión, como órgano regulador del sistema financiero, tiene la facultad para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 95 Bis, al cual se refiere el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos.-45. No obsta a las conclusiones anteriores el que propio (sic) artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, disponga que los reportes de las sociedades financieras serán presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta está facultada para requerir y recabar información relacionada con los actos, operaciones y servicios de las sociedades financieras que nos ocupan, toda vez que ello no implica que sea la propia Secretaría de Estado el único órgano facultado para vigilar las operaciones de las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. La interpretación sistemática de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aunado a la naturaleza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lleva a concluir que, corresponde a la comisión la verificación del cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 95 Bis.-46. Así, la inconstitucionalidad del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos no puede alegarse a partir de una disociación entre el órgano que cobra el pago del derecho y el órgano que realiza las funciones de vigilancia, por no existir dicha disociación y por estar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores facultada por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito para vigilar que las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas cumplan con lo dispuesto en el artículo 95 Bis del mencionado ordenamiento.-47. Resulta también infundado el argumento de la empresa quejosa, relativo a que el derecho previsto en el numeral impugnado comenzó a ser obligatorio a partir del primero de enero de dos mil doce, mientras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no tenía facultades de supervisión respecto de las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas hasta doscientos cuarenta días naturales posteriores a la publicación del Decreto por el que se reformó la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicado el tres de agosto de dos mil once.-48. Lo anterior, toda vez que el artículo segundo transitorio del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de agosto de dos mil once, dispone: ‘Artículo Segundo. ...’ (se transcribió).-49. De la lectura del artículo transcrito, se desprende que las facultades conferidas a la comisión en materia de centros cambiarios y transmisores de dinero no fueron actualizadas hasta doscientos cuarenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto (cuatro de agosto de dos mil once). Sin embargo, el referido artículo segundo transitorio no dispone nada en relación a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, razón por la cual se concluye que las facultades de la comisión respecto de dichas entidades entraron en vigor junto con el resto del contenido del decreto de referencia (cuatro de agosto de dos mil once).-50. En consecuencia, se estima infundado el argumento de la quejosa relativo a que la entrada en vigor de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para prestar el ‘servicio’ por el cual se realiza el pago del derecho previsto por el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, fue posterior a la entrada en vigor de la obligación de realizar dicho pago.-51. Así, al haber resultado infundados los argumentos de la sociedad financiera recurrente, relativos a que a la fecha de entrada en vigor del derecho combatido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no tenía facultades de supervisión, es innecesario el análisis de los argumentos planteados por la autoridad en la revisión adhesiva, toda vez que en este aspecto, la determinación adoptada es favorable a sus intereses.-52. Segunda cuestión: ¿Es el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos violatorio del principio de proporcionalidad tributaria?... .-71. Consideraciones de la sentencia. Esta Primera Sala estima que los planteamientos vertidos por la quejosa recurrente relativos a que el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, es violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria, resultan esencialmente fundados, en virtud de las siguientes consideraciones.-72. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal o del Estado, así como del Municipio en que residan, de la forma proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. Es decir, se impone a los mexicanos la obligación de contribuir a los gastos del Estado; asimismo, se prevén los principios tributarios que deberán cumplir todas las contribuciones, como lo son de legalidad, equidad, proporcionalidad y destino al gasto público.-73. En ese sentido, conforme al artículo 2, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, son derechos las contribuciones establecidas en ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación.-74. Por su parte, el artículo 1 de la Ley Federal de Derechos, entre otras cuestiones, dispone que los derechos que establece dicho ordenamiento jurídico, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en dicha ley; precisándose, además, que también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.-75. Asimismo, dicho ordenamiento dispone que los derechos por la prestación de servicios que aquél establece, deberán estar relacionados con el costo total del servicio, incluso el financiero, salvo en el caso de que dichos cobros tengan un carácter racionalizador del servicio.-76. De lo anterior, se desprende que los derechos como contribuciones, en términos generales, pueden tener como hipótesis de causación en primer lugar el uso o goce de los bienes del dominio público de la Federación, y en segundo término la recepción de servicios prestados por el Estado en sus funciones de derecho público. De ahí que para su estudio, se ha efectuado la distinción entre ambos tipos de derechos, pues en cada caso la forma de cumplir los mandatos constitucionales establecidos por el artículo 31, fracción IV, contará con características particulares.-77. Ahora bien, en el presente asunto, cobra relevancia el segundo de los supuestos señalados. En efecto, los derechos por servicios cuentan con diversas peculiaridades derivadas de la naturaleza jurídica del tipo de contribución, como del servicio mismo que en cada supuesto se actualice.-78. En este sentido, el primer requisito que se establece en la ley para el cobro de los derechos generados por la recepción de un servicio es que éste sea prestado por el Estado en sus funciones de derecho público. Asimismo, la ley establece una excepción tratándose de servicios prestados por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la propia ley.-79. En estas hipótesis, en un sentido amplio, el hecho generador de la contribución consiste en la prestación de un servicio por parte del Estado como sujeto de derecho público. De esta forma, lo que dispara el cobro del derecho respectivo e individualiza la obligación en la esfera jurídica del contribuyente es la recepción del servicio prestado por la autoridad dentro de la esfera del derecho público.-80. Ahora bien, los derechos cobrados con motivo de la prestación de un servicio, cuentan con distintas particularidades que de cierta forma delimitan su naturaleza jurídica. Así, en varias ocasiones tanto el Pleno como las Salas de esta Suprema Corte, han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el tema que nos ocupa.-81. En relación con los derechos por servicios, el Pleno de este Alto Tribunal examinó la evolución de la jurisprudencia sustentada al efecto, lo cual se desprende de la tesis jurisprudencial 41/96 siguiente: ‘DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA.’.-82. Luego, una vez establecido que los derechos son una especie de contribuciones, este Alto Tribunal también precisó que su causa se encuentra en la recepción de una actividad de la administración, cuya característica principal es que constituye una actuación individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual surge una relación singularizada entre el receptor y el ente estatal, lo que justifica la imposición.-83. Más adelante, el Pleno de este Alto Tribunal, definió a los derechos por servicios de la siguiente manera, al emitir la jurisprudencia 2/98, cuyo rubro es el siguiente: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.’.-84. Así, ha quedado establecido por Nuestro Máximo Tribunal que para analizar la proporcionalidad y equidad de la disposición normativa que establece un derecho, se debe atender a distintos elementos que los que se consideran tradicionalmente para analizar la constitucionalidad de un impuesto. En este orden de ideas, es necesario también tomar en cuenta lo dispuesto en la jurisprudencia 3/98, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al efecto señala, lo siguiente: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.’.-85. En tal sentido, es claro que debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera el pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable, resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la que
en términos generales- la cuota no puede contener elementos ajenos al servicio prestado, porque daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en cantidades diversas; por tanto, el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no para derechos, pues para éstos debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio.-86. En este orden de ideas, resulta conveniente tener presente que tanto el Tribunal Pleno como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la naturaleza de distintos derechos cobrados por el Estado, debido a la prestación de servicios a los particulares, construyendo una doctrina jurisprudencial que ha delimitado la naturaleza de éstos atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso concreto.-87. En el presente asunto, la contribución que se reclama, es un derecho generado a partir de un actuar del Estado, consistente en la verificación del cabal cumplimiento de las obligaciones de las personas morales constituidas como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, contenidas en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Dicha supervisión representa una actividad de la autoridad orientada a la vigilancia y el control sobre este tipo de sociedades relacionada con la protección de los intereses de los usuarios de los servicios financieros proporcionados por éstas, así como de la sociedad.-88. Ahora bien, en lo relativo a los argumentos de la quejosa recurrente, orientados a controvertir que esta actividad constituya un servicio por el cual deba imponerse el cobro de un derecho, debe estimarse que en efecto, asiste razón a la inconforme. Lo anterior, pues en este caso en particular -de acuerdo con la delimitación jurisprudencial de la naturaleza jurídica de los derechos cobrados por la prestación de servicios emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación- no puede estimarse que se legitime el cobro del derecho impugnado, en virtud de que propiamente no puede afirmarse que exista un servicio correlativo que le dé lugar a la imposición.-89. Se arriba a la conclusión anterior tomando en cuenta, en primer término, lo resuelto por el Tribunal Pleno en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil doce, dentro de la contradicción de tesis 312/2010, de la cual derivó el siguiente criterio jurisprudencial: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. EL ARTÍCULO 19-E, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009).’.-90. En dicha contradicción de tesis, el Pleno analizó la razonabilidad de la determinación de las cuotas relativas a servicios en materia de radio y televisión, para lo cual, efectuó la distinción entre la autorización del programa y la supervisión de los concursos efectuados en los mismos. De tal manera consideró que la obtención del permiso o autorización para llevar a cabo el programa de concurso debía tasarse de manera distinta que la supervisión efectuada sobre éste. De ese modo distinguió entre servicios simples y complejos.-91. En este tenor, los servicios simples son aquéllos en los que el Estado, para la prestación del servicio eroga costos directos y constantes, que no se ven modificados debido al objeto del servicio, pues sus actividades son siempre las mismas. Por otra parte, los complejos se llevan a cabo mediante actos que varían en función del objeto del servicio.-92. Así, se concluyó que la autorización del programa de concurso debía tener una cuota fija y que el monto correspondiente a la supervisión llevada a cabo sobre dicho permiso, debía variar en atención a la intensidad en el uso o graduación reflejado en el supuesto de causación.-93. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido parámetros que es necesario atender para poder determinar si un derecho cumple con los requisitos constitucionales de proporcionalidad y equidad. A la luz de lo anterior, se han realizado distinciones de acuerdo con la clase de servicio de que se trata en cada caso.-94. De tal manera, al analizar planteamientos similares sobre la constitucionalidad del pago de derechos por la supervisión de permisos para la distribución, transporte, autoconsumo y almacenamiento de gas licuado de petróleo, esta Sala concluyó que el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Derechos respeta la garantía de proporcionalidad tributaria.-95. En efecto, al resolver el amparo en revisión 908/2010, se estimó que la supervisión realizada sobre los permisos referidos es proporcional por atender a elementos objetivos que reflejan el costo que tiene para el Estado verificar que las condiciones para las cuales se otorgó al particular la autorización para llevar a cabo las actividades especificadas en materia de gas licuado de petróleo, sea efectuada de manera correcta, por tratarse de un bien destinado al servicio público. Asimismo, que los factores para individualizar su costo resultan razonables atendiendo a las actividades desplegadas por la autoridad y el objeto de la contribución.-96. La parte relativa de la ejecutoria en comento, señala lo siguiente: ... .-97. En adición a lo anterior, en la sentencia de mérito, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció también en lo relativo a los costos directos producidos por la supervisión de los permisos mencionados, en los siguientes términos: ... .-98. Por otra parte, en similares términos, esta Sala -en el amparo en revisión 27/2011- se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del artículo 56, fracción II, inciso e), de la Ley Federal de Derechos, en el sentido de que éste no viola la garantía de proporcionalidad tributaria al prever la obligación de los contribuyentes de pagar anualmente derechos por el servicio de supervisión de permisos de energía eléctrica, atendiendo a los megawatts autorizados, para lo cual el legislador estableció una cuota mayor a más megawatts autorizados. Ello, pues dicho derecho se genera al otorgar un permiso de energía eléctrica, ya que al tratarse de un bien, cuyo fin es destinado a un servicio público, es necesario verificar que se atienda al uso y a las condiciones de infraestructura necesarias que van modificándose para hacer más eficiente la generación de energía eléctrica, y así atender al fin para el cual se otorga ese tipo de permisos.-99. Sin embargo, en el asunto que nos ocupa, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, y por la autoridad en su recurso de revisión adhesiva, no puede estimarse que el ejercicio de las facultades de la autoridad en materia de supervisión y vigilancia, con respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas para las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se trate de un auténtico servicio. Lo anterior debido a que en el particular no existe una prestación que, en sí misma, justifique el cobro de un derecho.-100. En efecto, en el presente caso, no nos encontramos frente al establecimiento de una condición necesaria para el desarrollo de una actividad para la cual deba el Estado otorgar un permiso o autorización, así como tampoco se supedita el acceso al mismo derivado del cumplimiento de las condiciones sujetas a revisión. De modo que del ejercicio de estas facultades de la autoridad, no deriva un beneficio susceptible de ser apreciado dentro de la esfera jurídica del gobernado. Es decir, con la actuación de la autoridad no se obtiene una consecuencia real y efectiva en la persona sujeta a la contribución señalada.-101. A diferencia de los asuntos en los que se analizó la constitucionalidad del cobro de derechos por la supervisión efectuada sobre los permisionarios que llevan a cabo diversas actividades en materia de gas licuado de petróleo, así como en aquellas personas que celebran concursos autorizados en programas de radio y televisión, en el derecho que se analiza en este asunto, no se advierte la existencia de una prestación individualizada en beneficio de la sociedad revisada que amerite el cobro de la contribución que se estudia. Ello, toda vez que -precisamente al tratarse de entidades no reguladas- para el ejercicio de sus actividades, las sociedades financieras de objeto múltiple no requieren de permisos o autorizaciones especiales para llevar a cabo las cuestiones previstas en su objeto social.-102. En este tenor, las personas que quieran realizar, a manera de ejemplo, las actividades relatadas con anterioridad -es decir, la distribución, transporte, autoconsumo y almacenamiento de gas licuado de petróleo, generación de energía eléctrica, así como la celebración de concursos en programas de radio o televisión- conocen que deben contar con una autorización o permiso para llevarlas a cabo y que sobre éstos, se deberá llevar a cabo una supervisión necesaria para el desarrollo de la cuestión sobre la cual versó el consentimiento estatal, y por tal servicio de supervisión deberán pagar un derecho.-103. Por lo tanto, la supervisión sobre las sociedades financieras de objeto múltiple, no reguladas, referidas con el objeto de que cumplan con los requisitos dispuestos en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26318-dde53be4/derechos-la-supervision-de-los-centros-cambiarios-transmisores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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