AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. PREVIO A VERIFICAR QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA SU PROCEDENCIA, DEBE ANALIZARSE SI EL NUEVO ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL PUES, DE NO SER ASÍ, DEBE DESECHARSE DE PLANO. FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO.
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. PREVIO A VERIFICAR QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA SU PROCEDENCIA, DEBE ANALIZARSE SI EL NUEVO ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL PUES, DE NO SER ASÍ, DEBE DESECHARSE DE PLANO.
FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO.
QUEJA 45/2018. 19 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. PONENTE: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO. SECRETARIA: LILIANA ELIZABETH SEGURA ESQUIVEL.
CONSIDERANDO:
IV.—Decisión de este tribunal. Los agravios hechos valer por el hoy recurrente son infundados en parte, e inoperantes en lo restante, por las siguientes consideraciones.
En principio, es dable puntualizar que los actos reclamados inicialmente en el juicio biinstancial mediante demanda de amparo son:
"Lo hago consistir en el auto de fecha de dos de febrero de dos mil dieciocho dictado por el C. Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Unidad de Gestión Número 7, bajo la carpeta judicial número: 007/044/2017, ante el cual el Ministerio Público solicita el cierre de la investigación complementaria mediante escrito de fecha 31 de enero del 2018 y este a su ves (sic) acuerda dicho cierre de investigación mediante acuerdo de fecha 02 de febrero del 2017. ..." (lo resaltado es nuestro)
Atribuidos al Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia, Unidad de Gestión Número 7, así como al agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón 3, Unidad Tres con Detenido, ambas de la Ciudad de México.
Ahora bien, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en comento, por proveído de trece de febrero del año en curso, admitió a trámite la demanda, la registró bajo el número 93/2018-III, solicitó los informes justificados a las aludidas autoridades y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
Posteriormente, el uno de marzo, el hoy recurrente presentó escrito mediante el cual pretendió ampliar su demanda, señalando como acto reclamado:
"Lo hago consistir en el auto de fecha 22 de febrero del año 2018 dictado por la primera autoridad señalada como responsable por medio del cual acuerda de conformidad con la acusación que vierte en mi contra la segunda autoridad señalada como responsable a través de su escrito de fecha 21 de febrero del año 2018 en la carpeta judicial número 007/044/2017 y del cual la tercer autoridad señalada como responsable debe de tener conocimiento pleno para que le cause perjuicio la sentencia que se dicta de fondo en el presente juicio de garantías. ..." (lo resaltado es nuestro)
Atribuidos al Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia, Unidad de Gestión Número 7, así como al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Proceso Sur de la Unidad de Estrategias Procesales de la Procuraduría General de Justicia y procurador General de Justicia, todas de la Ciudad de México.
Sin embargo, el Juez Federal, mediante auto de dos siguiente (auto hoy recurrido), desechó de plano la ampliación de la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII (no afecta interés jurídico), de la Ley de Amparo,(3) en concordancia con lo establecido en la fracción I del artículo 5o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna.
Para arribar a dicha determinación, el juzgador de Distrito apuntó que el acto por el cual se formuló la acusación en contra del justiciable de mérito, no es un acto que vulnere la esfera de derechos de éste, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, pues dicho acto es derivado de una facultad discrecional concedida al Ministerio Público como autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público, y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con el objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o no de un hecho que la ley señala como delito, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Determinación que se estima acertada, por las siguientes consideraciones:
Previo a asentar las razones de dicha aseveración, es importante hacer hincapié en que el hoy recurrente, al ser el imputado en un procedimiento penal, per se, tiene interés jurídico para impugnar las determinaciones dictadas en el mismo, precisamente por ser el titular de derechos subjetivos (libertad personal, defensa adecuada, tutela judicial efectiva, acceso a la jurisdicción), que podrían resultar afectados de manera personal y directa; sin embargo, en el caso concreto, el acto reclamado en el juicio biinstancial no causa perjuicio alguno al interés jurídico del quejoso, como se expondrá a continuación.
Ahora bien, es dable señalar que el acto por el que se pretende ampliar la demanda de amparo es factible que se analice con base en el artículo 113(4) de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, el juzgador federal tiene la obligación de verificar si dicho acto es susceptible de control constitucional y, de no ser así, desecharla de plano cuando se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara una causal de improcedencia, pues es indiscutible que, en el supuesto de admitirse la ampliación de la demanda y de sustanciarse el procedimiento, el Juez de Distrito, al dictar la sentencia respectiva, la conclusión sería exactamente la misma que tuvo al momento de tener a la vista el escrito de ampliación de la demanda de amparo, a pesar de las probanzas que se hubieran allegado al juicio, por lo que, no sería posible arribar a una convicción diversa.
De ahí que, previo a verificar que se cumplen los requisitos que señala el ordinal 111 de la ley de la materia,(5) respecto a la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo, es indispensable que el Juez constitucional analice si el acto por el que pretende ampliarse la demanda es susceptible de ser contrarrestado, o anulado mediante el juicio de amparo, para así justificar la procedencia del mismo, pues de lo contrario, admitir el acto por el que pretende ampliarse la demanda, sólo partiendo del hecho de que se reúnen las exigencias que marca el aludido artículo 111, cuando el juzgador de amparo tiene la certeza y plena convicción de que contra dicho acto no es procedente instar el juicio biinstancial, ello no llevaría a ningún fin jurídicamente práctico, pues la determinación sería la misma al momento de dictar sentencia.
Sin que lo anterior atente contra los principios de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y defensa adecuada, pues el hecho de que el Juez de amparo deseche la ampliación de la demanda no implica la denegación de justicia; por tanto, el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, aun cuando le es desfavorable, pues ello no significa que lo deje en estado de indefensión, pues no debe perderse de vista que deben seguirse ciertas formalidades en el procedimiento, entre las cuales el legislador previó las causas de improcedencia y los motivos de sobreseimiento (como acontece en el caso concreto).
De ahí que, quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23,(6) que este tribunal comparte, de rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA."
Puntualizado lo anterior, se analiza la causa de improcedencia por la que el órgano constitucional desechó de plano la ampliación de la demanda.
En principio, es necesario plasmar el contenido del numeral 21 constitucional, en específico, sus primeros tres párrafos:
"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
"El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
"La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial."
Ahora, es importante destacar que previo a la reforma del mes de junio de dos mil ocho, el citado precepto establecía tres principios fundamentales:
• El Ministerio Público tenía el monopolio de la investigación del hecho punible y de la responsabilidad de sus autores;
• Gozaba, a su vez, del poder exclusivo de valorar los resultados de la averiguación previa y determinar si quedaba acreditada o no la probable responsabilidad de la persona al comprobarse los elementos del tipo penal; y,
• El propio Ministerio Público detentaba la facultad de ejercer la acción penal ante las autoridades judiciales competentes e instar su actuación jurisdiccional (consignación).
No obstante, existe salvedad tratándose del ejercicio de la investigación, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene tal facultad, en caso de incumplimiento de una sentencia de amparo, según el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.(7)
Actualmente, con motivo de la aludida reforma, se modificó o moduló parcialmente el principio del monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público, pues añadió el supuesto de ejercicio de la acción penal por parte de los particulares.
Así, la Representación Social conserva, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados y para instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal y la remisión de la averiguación previa, o bien, de la carpeta de investigación a la autoridad competente, según sea el caso.
Ahora bien, no debe perderse de vista que el procedimiento penal de corte acusatorio comprende tres etapas, como así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en su artículo 211:
"I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:
"a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación, e
"b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;
"II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y
"III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento.
"La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación.
"El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme."
De lo transcrito, se advierte que el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a juicio, siendo esta diligencia la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento.
Por ende, tratándose del acto de acusación, es necesario destacar las diferencias que existen entre los sistemas procesales inquisitivo o mixto y el actual acusatorio y adversarial, como así lo definió nuestro Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 1/2017, esto es:
• En el anterior sistema, en las denominadas conclusiones se acotaba la pretensión punitiva y éstas eran propuestas con base en el resultado de las pruebas desahogadas en el juicio;
• En el nuevo sistema la formulación de acusación abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de la prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral.
Por ello, la pretensión punitiva queda acotada en los términos del auto de apertura al juicio oral que emite el Juez.
Con lo anterior, se estableció que el poder para ejercer el inicio de la acción penal no es optativo desde el punto de vista constitucional, sino un principio obligatorio que sólo admite dos modulaciones, como se dijo: por una parte, la facultad que detenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en términos del referido artículo 107, fracción XVI, constitucional y, por otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por parte de particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos que se regulen en la normatividad secundaria.
En esa tesitura, es dable señalar que la acusación que formula el órgano técnico es un imperativo constitucional (con excepción de las hipótesis apuntadas en líneas precedentes), la cual, una vez presentada ante el Juez de Control, éste la notifica a las partes,(8) sin que ello implique algún pronunciamiento por parte del juzgador en cuanto a si procede o no la misma y mucho menos la imposición de penas, pues su única función es tutelar el debido proceso, fungiendo como rector del mismo.
Por ende, se insiste, el acto de acusación por parte del Ministerio Público sólo da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual se llevará a cabo el ofrecimiento de la prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual, de ninguna manera, propicia afectación o lesión alguna a los derechos o intereses del quejoso que deba ser reparada en el juicio biinstancial, como así lo apuntó el Juez Federal.
Máxime que, lejos de causar algún perjuicio al hoy recurrente, crea seguridad y certeza jurídica, en cuanto a la decisión asumida por el órgano de investigación, así como del curso del proceso, para que así aquél pueda proteger sus derechos.
En consecuencia, no es factible ampliar la demanda de amparo contra dicho acto, al no ser procedente la acción constitucional; por tanto, los agravios hechos valer por el inconforme en este sentido son infundados por las razones asentadas a lo largo del presente considerando.
Sin que lo anterior atente contra los principios de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y defensa adecuada, pues el hecho de que el Juez de amparo deseche la ampliación de la demanda, no implica la denegación de justicia; por tanto, el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ya que si bien le es desfavorable, ello no significa que lo deje en estado de indefensión, puesto que deben seguirse ciertas formalidades en el procedimiento, entre las cuales, el legislador previó las causas de improcedencia y motivos de sobreseimiento (como acontece en el caso concreto).
De ahí que quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23,(9) que este tribunal comparte, de rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA."
Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.),(10) de título y subtítulo: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES."
Finalmente, son inoperantes los motivos de inconformidad en cuanto a que no se glosaron a la carpeta de investigación los ocursos en los que el quejoso solicitaba la admisión de datos de prueba, sin que a su vez se haya acordado sobre su admisión o negativa, por lo que la Representación Social actuó de mala fe, al cerrar la investigación complementaria y, además, formular acusación en su contra, pues ello está viciado de ilicitud; ello, porque por no ser materia de la litis, esto es, no atacan las consideraciones en que se basó el Juez para desechar la ampliación de la demanda pues, en parte, van encaminados al fondo del asunto.
En ese orden de ideas, lo procedente es declarar infundado el presente recurso.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Se declara infundado el recurso de queja.
Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Miguel Enrique Sánchez Frías (presidente) y Horacio Armando Hernández Orozco (ponente) en contra del voto del Magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio.
En términos de lo previsto en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
________________
3. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."
4. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."
5. "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:
"I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;
"II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley.
"En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda."
6. Emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio 2006, página 921.
7. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.
"Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.
"No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional."
8. "Artículo 336. Notificación de la acusación
"Una vez presentada la acusación, el Juez de Control ordenará su notificación a las partes al día siguiente. Con dicha notificación se les entregará copia de la acusación."
9. Emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio 2006, página 921.
10. Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, página 906.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28015-6c59fee7/ampliacion-de-la-demanda-de-amparo-previo-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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