SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE DECRETARLO DE OFICIO, DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O QUE VIOLE DERECHOS SUSTANTIVOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
AMPARO EN REVISIÓN 24/2021. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE Y ENCARGADO DEL ENGROSE: VÍCTORINO ROJAS RIVERA. SECRETARIO: FRANCISCO RENÉ CHAVARRÍA ALANIZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Actualización de una causal de improcedencia de oficio. No se analizarán los agravios hechos valer por el inconforme ni los lineamientos que sustentan la resolución recurrida respecto del sobreseimiento decretado en el considerando quinto de la resolución recurrida, ni la negativa del amparo por lo que ve a los actos reclamados al Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Tepic, Nayarit consistentes en:
1. La omisión de sobreseer de manera oficiosa en la causa penal ********** (antes **********), del índice del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Tepic, Nayarit.
2. El auto de ocho de enero de dos mil veinte, dictado en la causa penal ********** (antes **********), en el que se recibió el escrito de acusación signado por el agente del Ministerio Público y se tuvo ésta por formulada, en el que, además, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia intermedia en aquella causa penal –por el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo–.
3. La resolución dictada en la audiencia de siete de febrero, dentro de la causa penal ********** en cita, relativa al recurso de revocación presentado en contra del auto de ocho de enero de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por presentada la acusación en contra del quejoso.
Se afirma lo destacado en párrafos que preceden, dado que del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, que establecen:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte."
A efecto de demostrar tal aserto, es preciso destacar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015 y explicar qué debe entenderse, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, por "actos de imposible reparación", estableció que el artículo 107 de la Ley de Amparo contiene dos señalamientos que permiten comprender el alcance de la citada expresión:
a) El primero, contenido en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y,
b) El segundo, contemplado en su fracción V, que norma el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos.
Con base en esas disposiciones, se determinó que por "actos de imposible reparación" se debían entender aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Federal, o bien, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Asimismo, se dijo que sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva –la cual, de actualizarse, no necesariamente llega a trascender al resultado del fallo–.
Tomando en cuenta lo anterior, se establecieron dos condiciones para calificar la aludida imposibilidad: 1) que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que se indicó, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que éstos revistan la categoría de sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza meramente formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento –momento en el que sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva–.
Tales consideraciones quedaron plasmadas en las tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)(9) y P./J. 1/2016 (10a.),(10) de rubros:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."
"CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."
Ahora, de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a los discos compactos, así como de los informes justificados que obran en el juicio de amparo, se advierte que en acuerdo de ocho de enero de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibido el escrito de acusación; además, ordenó dar el trámite correspondiente, es decir, notificar a las partes con el mismo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia; en contra de lo anterior, en audiencia llevada el siete de febrero de dos mil veinte, la defensa del quejoso interpuso el recurso de revocación, el cual, en la misma diligencia, fue declarado improcedente y, por tanto, no se sobreseyó de forma oficiosa en el proceso penal, como así lo pretendía la parte quejosa.
Entonces, ha de considerarse que los actos reclamados(11) guardan una estrecha vinculación con la fase escrita de la etapa intermedia pues, en principio, en el auto de ocho de enero de dos mil veinte se tuvo por recibido el escrito de acusación y se ordenó correr traslado con el mismo a las partes –previa declaratoria de cerrada la etapa de investigación complementaria–.
Ahora, conforme con lo dispuesto en los artículos 324 y 325(12) del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público cuenta con el plazo de quince días para formular la acusación y, de no cumplir con dicha obligación, el Juez de Control pondrá el hecho en conocimiento del procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días.
Por ello, dichos actos –cuya naturaleza es meramente procesal– ya son parte de la etapa intermedia la cual, según el numeral 334(13) de la codificación procesal en cita, inicia precisamente con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; frente a ella, se encuentra la fase oral de dicha etapa, que inicia con la celebración de dicha diligencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio.
Además, en términos del dispositivo legal en cita, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio.
Asimismo, se advierte que a partir del artículo 338 del código procesal invocado, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, es que la víctima u ofendido podrán, mediante escrito, constituirse como coadyuvantes en el proceso, señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección; ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios para implementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado, solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto.
Luego, según lo previsto en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al Juez de Control, podrá señalar los vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y, si lo consideran pertinente, requerir su corrección, ofrecer los medios de prueba que pretendan se desahoguen en el juicio, solicitar la acumulación o separación de acusaciones y manifestarse sobre los acuerdos probatorios.
El numeral en cita también prevé que el escrito del acusado o su defensor (sic) deberá ser notificado al Ministerio Público y al coadyuvante, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación.
El Juez de Control, en el mismo auto que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia –circunstancia que se cumplió en el caso a estudio–, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días naturales a partir de presentada la acusación. Además, previa celebración de la audiencia intermedia, el Juez de Control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir hasta por diez días la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento (artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
Ya en el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su defensor; acto seguido, las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan (artículo 344 del código procesal nacional).
Ahora, tal como se anunció, la etapa intermedia que se describe concluye con el auto de apertura a juicio.
Conforme a lo expuesto se advierte, primero, que la cuestión que se dilucida en la etapa intermedia está relacionada con la formulación de la acusación, el consecuente ofrecimiento y admisión de los medios de prueba y la depuración de los hechos controvertidos, con base en los cuales cada una de las partes contendientes sostendrá su teoría del caso.
En este sentido, si el quejoso señaló como uno de los actos reclamados, en lo medular, la declaración de improcedencia del recurso de revocación interpuesto en audiencia de siete de febrero de dos mil veinte –el cual se hizo valer en contra del auto de ocho de enero de dos mil veinte, en el que se tuvo por recibido el escrito de acusación y el cual, según el quejoso, se presentó de forma extemporánea, es decir, después de los quince días referidos se ordenó correr traslado a las partes con el mismo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia–, es inconcuso que los efectos que produce dicho acto están relacionados con el plazo que tiene el representante social para presentar el escrito de acusación y, en su caso, de haberlo realizado de manera extemporánea, el Juez de Control, como garante del proceso penal, podrá actuar en consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 325 de la codificación procesal en comento, es decir, dará vista con dicha situación al superior jerárquico del agente social para que se pronuncie al respecto, lo cual –hasta ese momento– no acarrea una afectación material de derechos, puesto que el acto en mención no impide el libre ejercicio de alguno de ellos en forma presente.
Se afirma lo anterior, porque según lo estipulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos indicados con antelación, una vez que fenece esa fase escrita de la etapa intermedia, el Juez de Control puede celebrar una audiencia anterior a la intermedia, en la cual escuche a la defensa en relación con alguna solicitud de diferimiento, lo que podrá acordar de conformidad hasta por un máximo de diez días.
Situación que en el caso es relevante porque, en este momento, en su caso, dicha parte puede manifestar las excepciones que considere oportunas ante el Juez de Control, previo a la celebración de la audiencia intermedia, esto es, es una primera oportunidad para exponer cualquier irregularidad que hubiere ocurrido posterior a la formulación de la acusación, pero antes de la audiencia intermedia que pudiera poner en peligro los principios de igualdad procesal y de contradicción.
Aun en el supuesto de que no se llevara a cabo esta audiencia anterior, en la cual pudiera acordarse de conformidad un diferimiento por diez días, ya en el desarrollo de la audiencia intermedia el Juez de Control escuchará a las partes, teniendo la obligación de cerciorarse que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio y, en caso de controversia, abrirá debate entre ellas y resolverá lo procedente (artículo 344, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales).Ésta es una segunda oportunidad para analizar cualquier vulneración a los principios citados de igualdad procesal y de contradicción.
Finalmente, al cierre de la audiencia intermedia el Juez de Control dictará el auto de apertura a juicio oral, en los términos anunciados en párrafos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo ésta una resolución terminal de la fase en comento, en la cual pudiera repararse cualquier afectación que advirtiera en su perjuicio el acusado o su defensa que, incluso, de estimarse contraria a los derechos fundamentales, incluyendo los principios de igualdad procesal y de contradicción, podría controvertirse a través del juicio de amparo indirecto, momento en el cual se podrían analizar todas las violaciones formales que se hubieren cometido en la tramitación de dicha fase y que hubieran trascendido a ella.
Con lo anterior, se desprende que los derechos involucrados con el acto reclamado no revisten la categoría de sustantivos, sino de adjetivos, cuya afectación, además, no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la fase intermedia, en la cual se ubica el procedimiento –momento en el que sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva– y, como en el caso, podría ser hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral.
Ahora, en el caso de que el agente del Ministerio Público no presentara en el plazo referido su escrito de acusación, para efectos del juicio de amparo, la acción constitucional debe encontrarse configurada, necesariamente, al momento de la presentación de la demanda –en este caso, que hubiere transcurrido el plazo sin que el superior jerárquico del agente del Ministerio Público presentara escrito alguno en torno a la falta del documento de acusación–, pero no es válido que dicha configuración –en cuanto a elementos constitutivos y requisitos de procedencia, como lo referido– sobrevenga durante la tramitación del juicio, es decir, que hubiere transcurrido el plazo sin que se hubiere presentado el escrito de referencia.(14)
En ese sentido, el acto de acusación por el Ministerio Público sólo da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual, como se dijo, se llevarán a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos sustantivos del quejoso que deba ser reparada en el juicio biinstancial.
Al respecto, se comparte la tesis I.1o.P.113 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Libro 57, Tomo III, agosto de 2018, página 2603, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2017752, de rubro y texto siguientes:
"FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. El procedimiento penal de corte acusatorio comprende tres etapas. Así, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 211 establece que el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a juicio, siendo esta diligencia la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, si se trata del acto de acusación, existen diferencias entre los sistemas procesales inquisitivo o mixto y el actual acusatorio y adversarial, esto es, en el anterior sistema, en las denominadas conclusiones se acotaba la pretensión punitiva y éstas eran propuestas con base en el resultado de las pruebas desahogadas en el juicio; en tanto que en el nuevo sistema, la formulación de la acusación abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Por ello, la pretensión punitiva queda acotada en los términos del auto de apertura al juicio oral que emite el Juez, esto es, la acusación que formula el órgano técnico es un imperativo constitucional (con sus excepciones: la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por la otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos regulados en la normatividad secundaria), la cual, una vez presentada ante el Juez de Control, éste la notifica a las partes, sin que ello implique algún pronunciamiento por el juzgador en cuanto a si ésta procede o no y, mucho menos, la imposición de penas, pues su única función es tutelar el debido proceso, fungiendo como rector de éste. Por ende, el acto de acusación por el Ministerio Público sólo da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual, como se dijo, se llevarán a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual, de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos o intereses del quejoso que deba ser reparada en el juicio biinstancial, por lo que ante la falta de interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo."
En estas condiciones, si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), que solamente podrán ser analizadas en amparo directo aquellas violaciones que se hubieren cometido en la audiencia de juicio oral y no en etapas previas, como lo son la inicial y la intermedia, ello no indica que, a contrario sensu, en contra de todas las determinaciones dictadas en la fase inicial e intermedia proceda el juicio de amparo indirecto, puesto que éste tiene sus propias reglas de procedencia, en los términos previstos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, dentro de las cuales se incluye que el acto reclamado pueda ser considerado como de imposible reparación, según lo dispone su propia fracción V.
Por ello, en todo caso, como ya se dijo, si el acto reclamado genera consecuencias de índole procesal, al no producir una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento.
Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2018868, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 175, del tenor siguiente:
"VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide –investigación, intermedia y juicio– cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el Juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable."
Sobre todo, porque la privación de la libertad del quejoso no es producto jurídico del desechamiento del recurso de revocación y menos de la omisión de sobreseer en la causa penal de la que derivan los actos reclamados sino, en su caso, es una consecuencia directa e inmediata de la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, en audiencia de siete de diciembre de dos mil diecinueve, en el proceso penal indicado, pero la cual no constituyó acto reclamado en el juicio de amparo indirecto.
En ese contexto, deviene inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados por la parte quejosa no constituyen actos de imposible reparación.
Conclusión. Ante la actualización de la causal de improcedencia invocada, procede modificar la sentencia recurrida, para ahora confirmar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y, a la vez, revocar la negativa del amparo respecto de los actos consistentes en la omisión de sobreseer de manera oficiosa en la causa penal ********** (antes **********); el auto de ocho de enero de dos mil veinte y la resolución dictada en audiencia de siete de febrero del mismo año, del proceso penal en cita, relativa al recurso de revocación presentado en contra del auto referido, mediante el cual se tuvo por presentada la acusación, todos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Tepic, Nayarit, para ahora también sobreseer por éstos.
Por lo expuesto y fundado se resuelve, conforme a los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO.—Se modifica la sentencia recurrida.
SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos atribuidos al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit y del Juez de Control, consistentes en los periodos vacacionales de invierno, del diez al veinte de diciembre de dos mil diecinueve y del ocho al treinta de enero de dos mil veinte, así como por la omisión de sobreseer de manera oficiosa en la causa penal en cita y la resolución dictada en audiencia de siete de febrero de dos mil veinte, dentro de la misma, relativa al recurso de revocación interpuesto contra el auto de ocho de enero de dos mil veinte.
Notifíquese; publíquese; anótese en el libro de registro correspondiente; remítanse al juzgado de origen los autos que fueron enviados para la resolución de este asunto y, en su oportunidad, archívese como total y definitivamente concluido.
Así lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Juan García Orozco y Víctorino Rojas Rivera, con voto en contra del Magistrado Enrique Zayas Roldán, siendo presidente de este tribunal el primero de los mencionados y ponente el segundo de ellos.
En términos de lo previsto en los artículos 60 a 62 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), P./J. 1/2016 (10a.) y 1a./J. 74/2018 (10a.) y aislada I.1o.P.113 P (10a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas, 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas, 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas y 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas, respectivamente.
La ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 377/2013 y la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2015 citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 8, Tomo I, julio de 2014, página 6 y 31, Tomo I, junio de 2016, página 5, con números de registro digital: 25143 y 26392, respectivamente.
________________
9. Décima Época, con número de registro digital: 2006589. Instancia: Pleno. Materia: Común. Tesis: P./J. 37/2014 (10a.). Tipo: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39.
10. Décima Época, con número de registro digital: 2011428. Instancia: Pleno. Materia: Común. Tesis: P./J. 1/2016 (10a.). Tipo: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Tomo I, abril de 2016, página 15.
11. Descritos en párrafos que preceden.
12. "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria.
"Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá:
"I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;
"II. Solicitar la suspensión del proceso, o
"III. Formular acusación."
"Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo.
"Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de Control pondrá el hecho en conocimiento del procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de Control ordenará el sobreseimiento."
13. "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia.
"La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio.
"Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio."
14. Al respecto véase, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 120/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federació
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30424-1027be08/sobreseimiento-en-la-causa-penal-en-el-sistema · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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