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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA EN EL RECURSO DE REVISIÓN RESUELTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUANTO A LOS PLANTEAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y SÓLO RESTA EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO RESPECTO A LOS DE LEGALIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/98. · Registro digital (IUS): 6908
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO).
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, , Pág. 329.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO).

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO FERRER MAC GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 493/96, estableció, en lo conducente, lo siguiente:

"CUARTO.-Inconforme con el fallo anterior, por ocurso presentado el once de noviembre de mil novecientos noventa y dos, la parte quejosa por conducto de su apoderado legal, interpuso en su contra recurso de revisión, en el que por combatirse cuestiones de constitucionalidad fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien por acuerdo del Tribunal en Pleno de fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, pronunciado en el amparo en revisión número 1403/92, en sus puntos resolutivos determinó: ‘PRIMERO.-En la materia de la revisión competencia de este Tribunal Pleno, se modifica la sentencia recurrida.-SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio en relación con los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y sexto de esta ejecutoria.-TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Agrain, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los actos reclamados del Congreso de la Unión, presidente de la República, secretario de Comercio y Fomento Industrial, secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Educación Pública, secretario de Salud, secretario del Trabajo y Previsión Social, secretario de la Defensa Nacional y secretario de Gobernación, consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 2o., 193, 194, 197, 202, 211, fracción V, y 213 de la Ley de Invenciones y Marcas.-CUARTO.-Se reserva jurisdicción en favor del Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en turno, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.’.-Por auto de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y seis, este Tribunal Colegiado se abocó al conocimiento del recurso planteado en cuanto a las cuestiones de legalidad que fueron reservadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ordenando dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.-Por acuerdo de cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, se ordenó turnar los autos al Magistrado relator Abraham S. Marcos Valdés para los efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo, sin embargo, a partir del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete, por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, el Magistrado citado fue sustituido en esta adscripción por el Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, por lo que mediante proveído de diecinueve de mayo del mismo año en curso, se returnó el presente asunto para los propios efectos precisados, sin que en el caso opere la caducidad de la instancia, en virtud de que a juicio de este tribunal, cuando en el recurso de revisión el inconforme simultáneamente esgrima cuestiones de constitucionalidad y de legalidad, si nuestro más Alto Tribunal ya resolvió sobre el aspecto que corresponde a su competencia, y en términos de lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Amparo, remitió el recurso al Tribunal Colegiado correspondiente para que se abocara al estudio de los agravios que legalmente debía conocer, es irrelevante que en este último órgano jurisdiccional hubieren transcurrido más de trescientos días naturales sin que el recurrente presentara promoción alguna y sin que el Tribunal Colegiado se hubiere pronunciado sobre la materia de su competencia, por ser incocuso (sic) que en ese caso en particular, no opera la caducidad de la instancia, establecida en la fracción V del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, en atención a que el recurso ya se encuentra en etapa de resolución, misma que fue iniciada desde que el asunto fue listado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sólo resta su conclusión por el Tribunal Colegiado, sin que jurídicamente sea permisible considerar que se trata de dos recursos diferentes por los diversos aspectos que se plantean."

Las consideraciones antes transcritas, dieron lugar a la tesis XII.2o.14 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos treinta y tres, que textualmente establece:

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA CUANDO EL RECURSO DE REVISIÓN HA SIDO RESUELTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN CUANTO A LOS ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS Y SÓLO RESTA EL ANÁLISIS DE LOS DE LEGALIDAD POR PARTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO CORRESPONDIENTE.-Cuando en el recurso de revisión el inconforme simultáneamente esgrime cuestiones de constitucionalidad y de legalidad, si nuestro más Alto Tribunal ya resolvió sobre el aspecto que corresponde a su competencia, y en términos de lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Amparo, remitió el recurso al Tribunal Colegiado correspondiente para que se abocara al estudio de los agravios que legalmente debía conocer, es irrelevante que en este último órgano jurisdiccional hubieren transcurrido más de trescientos días naturales sin que el recurrente presentara promoción alguna y sin que el Tribunal Colegiado se hubiese pronunciado sobre la materia de su competencia; por ser inconcuso que en ese caso en particular, no opera la caducidad de la instancia, establecida en la fracción V del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, en atención a que el recurso ya se encuentra en etapa de resolución, misma que fue iniciada desde que el asunto fue listado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sólo resta su conclusión por el Tribunal Colegiado, sin que jurídicamente sea permisible considerar que se trata de dos recursos diferentes por los diversos aspectos que se plantean."

QUINTO.-A su vez, la ejecutoria del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito), al resolver el amparo en revisión 266/73, se apoya en las siguientes consideraciones:

"ÚNICO.-Es innecesario el estudio de los agravios y de las consideraciones en que se fundó el Juez de Distrito para negar el amparo al quejoso, dado que en este toca deberá decretarse la caducidad de la instancia.-En efecto, establece el artículo 74, fracción V, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que en los amparos en revisión la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término de trescientos días incluyendo los inhábiles, producirá la caducidad de la instancia, en cuyo caso el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida; ahora bien, en el presente asunto, en el periodo comprendido del diecisiete de julio de mil novecientos setenta y tres, al diecisiete de julio de mil novecientos setenta y cuatro, el recurrente no presentó promoción alguna conforme a la certificación expedida el nueve de enero del año en curso, por el autorizado por el Pleno de este Tribunal Colegiado para expedir la certificación en los casos a que se refiere la citada fracción; además, el catorce de enero del citado año, el recurrente fue legalmente notificado en forma personal por el secretario del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en la ciudad de Piedras Negras, el día catorce de enero del presente año, a virtud del despacho número 8/76 de fecha nueve de enero del año en curso, girado por este tribunal al C. Juez del mencionado juzgado, para que se hiciera saber al recurrente el proveído para que dentro del término de tres días acreditara haber activado el procedimiento en el presente recurso de revisión, en el lapso que comprende la certificación mencionada, sin que lo haya hecho; de donde debe estimarse transcurrió el término de trescientos días de inactividad procesal que señala el dispositivo legal en consulta, lo que trae como consecuencia que se declare la caducidad de la instancia y, por ende, la firmeza de la sentencia recurrida, tomando en cuenta la naturaleza de los actos que se reclaman, cabe agregar que, aun cuando se impugnó la inconstitucionalidad del decreto a que se hizo mérito en el resultando primero de este fallo, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación negó al aquí recurrente la protección federal, y versando este recurso tan sólo por lo que atañe a los vicios propios de la aplicación del citado decreto, no existe obstáculo legal para declarar la caducidad que ha operado."

De las consideraciones contenidas en la ejecutoria transcrita, se produjo la siguiente tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 86, Sexta Parte, página veintinueve, que dice:

"CADUCIDAD EN LA REVISIÓN, PROCEDE DECLARARLA CUANDO PREVIAMENTE SE HA RESUELTO LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN DECRETO, Y SU MATERIA VERSA SOBRE LOS VICIOS PROPIOS DE APLICACIÓN DE AQUÉL.-Cuando en un amparo civil o administrativo en revisión, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre la constitucionalidad de un decreto impugnado y reservó competencia a un Tribunal Colegiado de Circuito para que conociera de los vicios propios de aplicación del citado decreto, no existe impedimento legal para que el tribunal revisor aplique el artículo 74-V de la Ley de Amparo y, por ende, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente produzca la caducidad de la instancia."

SEXTO.-Este Tribunal Pleno considera que sí existe la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 493/96, y el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito), al fallar el juicio de amparo en revisión 266/73.

En efecto, de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 493/96, cuyas consideraciones y tesis aparecen transcritas en el considerando cuarto de la presente sentencia, se advierten los siguientes antecedentes:

1. Alfonso Peñuñuri Armenta, como representante legal de Agrain, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó el veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso de la Unión, presidente de la República, entre otras autoridades, consistentes en la expedición, promulgación y publicación de la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de mil novecientos setenta y seis.

2. El Juez Tercero de Distrito (hoy Quinto) en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, a quien por turno tocó conocer del asunto, dictó sentencia en el juicio de amparo 913/89-1, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y dos, resolviendo sobreseer respecto a ciertos actos y negar el amparo en cuanto a otros.

3. Inconforme con el fallo anterior, la parte quejosa, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a esta Suprema Corte de Justicia.

El Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, en sesión celebrada el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, dictó sentencia en el toca 1403/92, resolviendo modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio; negar el amparo y protección a la quejosa; y reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en turno, para resolver las cuestiones de legalidad hechas valer en el recurso.

4. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que le correspondió conocer del asunto por razón de turno, el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, previo al estudio de los agravios esgrimidos por la parte quejosa sobre las cuestiones de legalidad, consideró que si bien transcurrieron trescientos días naturales sin que el recurrente presentara alguna promoción, no opera la caducidad de la instancia prevista en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, toda vez que el recurso ya se encontraba en etapa de resolución, que se inició desde la fecha en que el asunto fue listado por la Suprema Corte de Justicia, por lo que sólo resta su conclusión por el Tribunal Colegiado, sin que pueda considerarse que se trata de dos recursos distintos por los diversos aspectos de constitucionalidad y legalidad planteados.

Por consiguiente, el Tribunal Colegiado de referencia estudió los agravios respectivos, materia de su competencia, resolviendo confirmar la sentencia recurrida.

Por su parte, de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado de dicho circuito), al resolver el juicio de amparo en revisión 266/73, se desprenden los siguientes antecedentes:

1. José Fernando García Gutiérrez, por su propio derecho, promovió juicio de amparo el diecinueve de julio de mil novecientos setenta y nueve, contra actos del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, entre otras autoridades, consistentes en la expedición, publicación y ejecución del Decreto Número Cincuenta y Siete, publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado de catorce de febrero de mil novecientos sesenta y ocho.

2. El Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Piedras Negras, que conoció del asunto, dictó sentencia el veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y nueve, resolviendo negar el amparo al quejoso.

3. Inconforme con esta resolución, el quejoso, por conducto de su representante legal, interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a la Suprema Corte de Justicia.

El Tribunal Pleno de este Alto Tribunal resolvió confirmar la sentencia recurrida por lo que hace a la constitucionalidad del decreto impugnado y reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito respecto a los vicios propios de la aplicación de dicho decreto.

4. El Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que conoció del toca número 720/69, emitió resolución el seis de febrero de mil novecientos setenta y seis, resolviendo decretar la caducidad de la instancia y dejar firme la sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 74, fracción V, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que transcurrieron más de trescientos días sin que el quejoso recurrente presentara promoción alguna, determinando que no era obstáculo legal para ello la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia en torno a la constitucionalidad del decreto impugnado.

Ahora bien, de los anteriores antecedentes narrados, así como de las consideraciones de las ejecutorias y tesis transcritas en los considerandos cuarto y quinto de la presente sentencia, se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, porque mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en un recurso de revisión resuelto previamente por la Suprema Corte de Justicia en cuanto a los aspectos de constitucionalidad, consideró que a pesar de haber transcurrido trescientos días naturales sin que el recurrente presentara alguna promoción ni existiera actividad del propio órgano jurisdiccional, no puede operar la caducidad de la instancia a que se refiere la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, toda vez que el recurso se encuentra en etapa de resolución, que se inició desde la fecha en que el asunto fue listado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (ahora Primer Tribunal), en cambio, también en un recurso de revisión cuya constitucionalidad fue resuelto previamente por este Alto Tribunal, consideró que procedía declarar la caducidad de la instancia con fundamento en la fracción y artículo referidos de la Ley de Amparo, al haber transcurrido trescientos días naturales sin que el quejoso recurrente presentara promoción alguna.

Tiene aplicación la tesis LIII/95 de este Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, página sesenta y nueve, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado, por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, ni menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

Consecuentemente, la materia de la contradicción de tesis denunciada consiste en determinar si en un juicio de amparo en revisión en que previamente conoció y resolvió la Suprema Corte de Justicia respecto a las cuestiones de constitucionalidad materia de su competencia y que reservó jurisdicción al Tribunal Colegiado, en cuanto a los planteamientos de legalidad, opera o no la caducidad de la instancia a que se refiere la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo.

SÉPTIMO.-Determinada la existencia de la contradicción de tesis denunciada, este órgano colegiado se aboca a determinar cuál es la tesis que debe prevalecer con carácter jurisprudencial y que es la sustentada por este Tribunal Pleno que, sustancialmente, coincide con la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito.

En principio, debe transcribirse lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 83, fracción IV, 84, fracción I, 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción II, 21, fracción II y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

"a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o por el jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;

"b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

"En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno."

Ley de Amparo:

"Artículo 82. En los juicios de amparo no se admitirán más recursos que los de revisión, queja y reclamación."

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia."

"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

"I. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, cuando:

"a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;

"b) Se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional."

"Artículo 85. Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

"...

"II. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable, siempre que no se trate de los casos previstos en la fracción I del artículo 84."

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"...

"II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos:

"a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite, y

"c) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que baste la afirmación del quejoso sobre la existencia de un problema de esa naturaleza."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

"...

"II. Del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos:

"a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o si en la sentencia se establece la interpretación directa de un precepto de la misma en estas materias, y

"b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite."

"Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer:

"...

"IV. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito o por el superior del tribunal responsable en los casos a que se refiere el artículo 85 de la Ley de Amparo, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el sexto párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

De los anteriores preceptos constitucional y legales se desprende, por una parte, la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto en el que se impugne la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en la audiencia constitucional cuando: a) Se hubiese impugnado en la demanda de amparo la inconstitucionalidad de leyes federales, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el presidente de la República o los gobernadores de los Estados; b) Se hubiese establecido u omitido en la sentencia el estudio de la interpretación directa de un precepto de la Carta Magna; c) En los casos de invasión de la esfera de competencias de la Federación, los Estados o el Distrito Federal; y siempre que en todos los supuestos anteriores subsista en el recurso el problema de constitucionalidad o de invasión planteado; y por otra parte, se establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer también del recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto contra la sentencia que pronuncien los Jueces de Distrito en la audiencia constitucional, en los casos que no estén reservados a la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 92. Cuando en la revisión subsistan y concurran materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia y de un Tribunal Colegiado de Circuito, se remitirá el asunto a aquélla.-La Suprema Corte resolverá la revisión exclusivamente en el aspecto que corresponda a su competencia, dejando a salvo la del Tribunal Colegiado de Circuito."

Conforme al precepto reproducido se sigue que si en la demanda de garantías se plantean cuestiones de mera legalidad y otras de constitucionalidad, de competencia tanto de la Suprema Corte de Justicia como de los Tribunales Colegiados de Circuito en los términos ya establecidos, y en el recurso de revisión que se interponga subsiste la concurrencia de ambos aspectos, debe remitirse el recurso respectivo, en primer orden, a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva exclusivamente el planteamiento de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, debiendo reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por lo que respecta a las cuestiones de legalidad que no son de su competencia, excepto en aquellos asuntos que por su interés y trascendencia decida ejercitar la facultad de atracción a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la Carta Magna.

Esta distribución de competencias tuvo su origen en las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete. La parte relativa de la exposición de motivos dice:

"... Manuel Crescencio Rejón inicia la gestación del juicio de amparo, al incorporarlo a la Constitución Yucateca de 16 de mayo de 1841, en la cual procedía contra cualquier ley o acto opuestos a ella o que lesionaran los derechos de los gobernados. Mariano Otero lo incorporó al Acta de Reformas a la Constitución Federal de 1824, promulgado el 21 de mayo de 1847, como un instrumento de tutela de las garantías que se consignan en las leyes secundarias. Entre ambos, apuntaron su doble finalidad: medio de tutela constitucional y forma de control de la legalidad ordinaria.

"En la Constitución de 5 de febrero de 1857, en sus artículos 101 y 102, se consolida el juicio de amparo y se atribuye competencia al Poder Judicial Federal para conocer de actos o disposiciones legales de la autoridad que conculcasen las garantías individuales, que contienen los derechos fundamentales de los individuos, y también para resolver violaciones a la esfera de atribuciones de las autoridades federales y las autoridades locales. El contenido de las leyes secundarias provocó cuestionamientos respecto de la finalidad de control de legalidad del juicio de amparo, pues la Ley de Amparo de 20 de enero de 1869 prohibió expresamente el juicio de amparo promovido en contra de resoluciones judiciales; la Suprema Corte de Justicia reaccionó controvirtiendo este criterio, por estimar que la garantía de legalidad debía gozarla plenamente el individuo respecto de toda clase de procedimientos y resoluciones. De 1869 a 1882 se dio uno de los debates más trascendentes respecto del juicio de amparo, que contribuyó a su perfeccionamiento, y la Ley de Amparo de 14 de diciembre de 1882, aceptó la procedencia del juicio de amparo en materia de legalidad, sin distingo alguno.

"La Constitución de 5 de febrero 1917 consolida el proceso de perfeccionamiento del juicio de amparo, dejando clara su doble función de proceso eficaz para el control de la constitucionalidad y para el control de legalidad, indispensables para la plena vigencia de nuestro Estado de derecho.

"La Constitución es la norma suprema del orden jurídico mexicano, la cual determina el contenido y proceso de creación de todas las normas que de ella dependen; en su parte dogmática, eleva a normas supremas los derechos y libertades de los individuos y les otorga la supremacía en el orden jerárquico de la normatividad en su conjunto, por lo que deter

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6908-d9e384f5/caducidad-de-la-instancia-no-opera-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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