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Modo: Corpus Pro

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2001-SS. · Registro digital (IUS): 17194
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, , Pág. 437.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO FERRER MAC GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

TERCERO. De las copias certificadas remitidas por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierte lo siguiente:

1. El amparo en revisión número 4312/2001, interpuesto por Juan Hernández Vázquez, resuelto en sesión de seis de julio de dos mil uno, en la parte que interesa, dice:

"SEXTO. En el primero de sus agravios aduce la recurrente que le causa agravio la resolución impugnada en virtud de que el Juez a quo no tomó en consideración, al dictar su sentencia, que la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, que los que establece la Ley de Amparo, tales como que la indicada medida precautoria solamente puede ser concedida por el presidente de la Sala que conozca del asunto, a petición del Magistrado instructor a quien se le hubiese solicitado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la verificación de la existencia y autenticidad del acto impugnado y, en su caso, previa consulta ciudadana; adicionalmente, que la suspensión que se dicte contra actos ejecutados en casos como el que nos ocupa, solamente procede cuando se acredite fehacientemente que éstos impiden al demandante el ejercicio de su única actividad de subsistencia; que de conformidad con lo antes señalado, el juzgador a quo debió estimar procedente el juicio de garantías y no decretar su sobreseimiento. Para valorar el agravio así vertido debemos remitirnos, en primer lugar, al texto del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, invocado por el juzgador a quo como fundamento del sobreseimiento decretado en la resolución impugnada. Dicho dispositivo establece lo siguiente: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV.’ (se reproduce). De conformidad con tal precepto, si el acto reclamado procede de una autoridad administrativa y en su contra procede algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, y si, conforme a la ley que lo rija, los efectos de dicho acto son suspendibles sin que se exijan mayores requisitos que los que para tal fin establece la propia Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente. Por tanto, debe dilucidarse si, como asevera el Juez a quo en la sentencia impugnada, los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo de origen son suspendibles mediante la interposición del juicio de nulidad previsto en el artículo 23, fracción I, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sin que para tal fin se exijan mayores requisitos que los establecidos al respecto en la Ley de Amparo, o bien, si como afirma el recurrente, el primero de tales ordenamientos establece mayores requisitos y, consecuentemente, debe concluirse que es procedente el juicio de garantías por él intentado. Primeramente debe atenderse a que, tal como afirma el Juez de Distrito, es procedente el juicio de nulidad en contra de actos como el reclamado por el ahora recurrente, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el cual dispone lo siguiente: ‘Artículo 23. Las Salas del tribunal son competentes para conocer: I.’ (se reproduce). Ahora bien, tal tipo de actos pueden ser suspendidos en cuanto a los efectos que surten, conforme a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la ley citada, los cuales establecen lo que enseguida se transcribe: (se reproducen). Por su parte, el artículo 124 de la Ley de Amparo establece los requisitos que habrán de satisfacerse para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en los siguientes términos: (se reproduce). Previamente al análisis comparativo de los preceptos citados, debe precisarse que no será materia del mismo el requisito consistente en la consulta ciudadana mencionado en la última parte del primer párrafo del artículo 59 de la ley administrativa invocada. En efecto, la consulta indicada se establece como requisito, de conformidad con el artículo 58 de la misma ley, y con el título tercero, capítulo IV, de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, respecto de problemas colectivos del lugar donde residen los consultados, hipótesis que, como puede advertirse, no es la que se presenta en el caso a estudio, ya que tanto el acto que se impugna como sus efectos afectan en lo particular al hoy quejoso y no a la colectividad del lugar de su residencia. Ahora bien, como puede advertirse de la lectura de los preceptos citados, el primero de ellos establece dos requisitos adicionales a aquellos que prevé el segundo, lo cual da lugar a que no se cumpla la condición establecida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo para decretar la improcedencia del juicio de garantías. En efecto, tal como quedó previamente señalado, este último precepto establece como condición de improcedencia el que de acuerdo con la ley que rija al acto reclamado, los efectos de éste puedan ser suspendidos sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la ley que regula al juicio de garantías, situación que no se cumple en el caso a estudio, de conformidad con lo que enseguida se razona. El artículo 59 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en su primer párrafo, establece que solamente el presidente de la Sala respectiva puede conceder la suspensión de la ejecución de los actos que se impugnen, previa petición del Magistrado instructor a quien, a su vez, le haya sido solicitado por el actor el otorgamiento de tal medida precautoria. Como puede advertirse, el precepto en cuestión establece un requisito adicional a los que prevé la Ley de Amparo para la concesión de la medida precautoria mencionada, ya que en cuanto al aspecto relativo a la instancia de parte, el único requisito previsto por este último ordenamiento es el establecido en la fracción I del artículo 124 antes transcrito, esto es, que sea el agraviado quien solicite el otorgamiento de la medida suspensional; en cambio, conforme al artículo 59 de la ley administrativa en cita, se requiere que, una vez solicitada tal medida por el actor en el juicio de nulidad, el Magistrado instructor que esté conociendo del asunto, a su vez, la solicite ante el Magistrado presidente de la Sala respectiva. En consecuencia, claramente se puede apreciar que el otorgamiento de la medida suspensional, en el aspecto citado e independientemente de su procedencia conforme a los demás requisitos legalmente establecidos, queda sujeto a que el Magistrado instructor, a su vez, formule la solicitud relativa ante el presidente de la Sala, como única autoridad facultada para su concesión, lo que, desde luego, evidencia un requisito que excede a aquellos que se prevén respecto del juicio de garantías. No es óbice a lo anterior, la consideración relativa a que lo previsto en la ley administrativa de referencia es solamente un trámite de carácter interno, ya que debe considerarse que de cualquier manera la obtención de la medida cautelar, por parte del actor, estará sujeta a la determinación del Magistrado instructor para solicitarla ante el Magistrado presidente y a la oportunidad con que el primero de ellos considere pertinente formular su petición. Adicionalmente, si bien es cierto que la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal fija un plazo para que el Magistrado presidente emita su resolución, debe considerarse que en términos globales y por lo que toca a la tramitación total de la suspensión solicitada, no se señala de manera expresa el término dentro del cual debe proveerse al respecto. A tal consideración se arriba mediante el análisis de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 59 de la mencionada ley, precepto que previamente se ha transcrito, y conforme al cual la tramitación de la suspensión solicitada tendría una secuencia que puede describirse de la siguiente manera: 1) El actor solicita ante el Magistrado instructor la suspensión del acto que reclama. 2) El Magistrado instructor, con base en la petición formulada por el actor, formula a su vez tal solicitud ante el Magistrado presidente de la Sala. 3) El Magistrado presidente procede a verificar la existencia y autenticidad del acto que se impugna. 4) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la verificación señalada en el párrafo precedente, el Magistrado presidente de la Sala acuerda lo conducente respecto de la suspensión solicitada. De la indicada descripción se desprenden los siguientes elementos de juicio para el análisis que nos ocupa: a) No existe en la ley en cita un término perentorio expreso dentro del cual el Magistrado instructor deba proveer sobre la suspensión solicitada, para el efecto de transmitir la solicitud al Magistrado presidente. Al no haber disposición expresa al respecto, nos remitimos a la normatividad supletoria que, conforme al artículo 25 de la propia ley administrativa, lo es el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, tal precepto ordena lo siguiente: ‘Artículo 25. Los juicios que se promuevan ante el tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; en materia fiscal al Código Financiero del Distrito Federal. Y en su caso al Código Fiscal de la Federación en lo que resulten aplicables.’. Ahora bien, el artículo 66 del código adjetivo en mención establece textualmente lo siguiente: ‘Artículo 66. El secretario dará cuenta con los escritos presentados, a más tardar dentro de las veinticuatro horas de su presentación, bajo la pena de cubrir por concepto de multa, el importe de un día del salario que perciba sin perjuicio de las demás que merezca conforme a las leyes.’. Como puede advertirse, conforme a la norma supletoria aplicable al Magistrado instructor se le dará cuenta dentro de las veinticuatro horas siguientes con la petición de suspensión formulada por el actor; sin embargo, no existe disposición expresa respecto del plazo dentro del cual deba emitir el proveído que recaiga ante la cuenta dada. Por tanto, debemos remitirnos a diverso precepto del código adjetivo supletorio ya citado, esto es, al artículo 137 del mismo ordenamiento, el cual dispone lo siguiente: ‘Artículo 137. Cuando este código no señale términos para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: ... IV. Tres días para todos los demás casos, salvo disposición legal en contrario.’. Esto es, el Magistrado instructor cuenta con un plazo de tres días, a partir de que se le dé cuenta con la suspensión solicitada, para a su vez acordar, en su caso, de conformidad, en el sentido de formular la misma petición ante el Magistrado presidente. b) No existe un término perentorio expreso dentro de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dentro del cual el Magistrado presidente deba realizar la verificación de la existencia y autenticidad del acto impugnado. Si de igual manera que en el caso anterior nos remitimos al precepto supletorio ya citado, tenemos como resultado que el Magistrado presidente cuenta con un plazo de tres días, a partir de que reciba la solicitud formulada por el Magistrado instructor, para realizar la verificación de la existencia y autenticidad del acto impugnado cuya suspensión se solicita. c) Posteriormente a tal verificación, por disposición expresa del artículo 59 de la ley administrativa en cuestión, el Magistrado presidente cuenta con veinticuatro horas para proveer sobre la suspensión solicitada. De lo previamente reseñado se desprende que, en casos como el que nos ocupa y atendiendo estrictamente a los términos legalmente aplicables, la tramitación y resolución de la suspensión del acto impugnado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, puede implicar un lapso de ocho días que se integra por: uno en que el secretario debe dar cuenta al Magistrado instructor con la petición de suspensión; tres que tiene el Magistrado instructor para acordar que la solicitud sea transmitida al Magistrado presidente; tres para que este último verifique la existencia y autenticidad del acto impugnado; y, uno más para que dicte la resolución respectiva. En cambio, según lo previsto en los artículos 131 y 148 de la Ley de Amparo, solicitada la suspensión de los actos reclamados el Juez de Distrito debe proveer dentro de las veinticuatro horas siguientes requiriendo informe previo a la autoridad responsable, quien debe rendirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes, y, una vez transcurrido este último término, con informe o sin él, el juzgador federal debe celebrar la audiencia incidental correspondiente dentro de las setenta y dos horas siguientes y dictar en ella la resolución respectiva concediendo o negando la suspensión. De lo referido en el párrafo que precede, se deduce que en el caso del juicio de amparo para el dictado de la resolución relativa a la suspensión de los actos reclamados, se prevé un plazo inferior al que para el efecto establece la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. En consecuencia, queda claro que para la suspensión de los actos reclamados en el juicio administrativo no solamente se establecen mayores requisitos que los que dispone la Ley de Amparo, sino que además su tramitación, en el primer caso, implica un término mayor que en el segundo. Lo antes indicado conlleva, desde luego, el riesgo que por falta de inmediatez en la concesión de la medida precautoria surge para el interesado. En efecto, si el interesado debe esperar ocho días para que se acuerde lo que se estime procedente respecto de la suspensión que solicitó, dentro de ese plazo la autoridad demandada puede ejecutar el acto impugnado con el consiguiente perjuicio; en cambio, conforme lo dispuesto en la Ley de Amparo, el plazo relativo se reduce y lo mismo sucede respecto del riesgo indicado, independientemente de que está, además, de por medio lo que se hubiese resuelto en relación con la suspensión provisional del acto combatido. Ahora, si bien es cierto que la cuestión de temporalidad referida en los párrafos que preceden no constituye propiamente ningún requisito de los que contempla para efectos de la excepción al principio de definitividad el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, también lo es que la indicada cuestión sí implica complicaciones y obstáculos para el particular, que en justicia no puede soslayar el Juez de Distrito para el efecto de determinar la procedencia del juicio de garantías. Por tanto, debe concluirse que es fundado el agravio planteado por el quejoso en el sentido de que la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión de los actos reclamados; consecuentemente, resulta procedente el juicio de amparo en el presente caso, por lo que debe revocarse el sobreseimiento decretado por el Juez a quo. En este punto, debe señalarse que precisamente en sentido contrario al aquí planteado se ha pronunciado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Primer Circuito, mediante la tesis aislada número I.2o.A.15 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 759, en los siguientes términos: ‘JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. POR REGLA GENERAL ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En tal virtud, conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, procede que se denuncie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios entre el sostenido por este órgano jurisdiccional y el contenido en la tesis aislada número I.2o.A.15 A del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, antes transcrita, para el efecto de que ese Alto Tribunal tenga a bien resolver cuál de los dos criterios debe prevalecer. Cabe aclarar que si bien es cierto que el precepto en cuestión fue objeto de reforma legislativa posteriormente a la emisión del criterio previamente citado, también lo es que dicha reforma no modificó los términos que son materia de la contradicción que se plantea. Respecto de la contradicción planteada resulta aplicable, por analogía, el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 87/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 70, de rubro y texto: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES.’ (se transcribe)."

2. El Tribunal Colegiado en cita, al resolver en sesión de seis de julio de dos mil uno, el amparo en revisión 310/2001, interpuesto por Román Olvera Romero, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Son fundados los agravios hechos valer por el recurrente. La Juez Federal desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, al considerar que en contra del acto reclamado, de fecha veinte de febrero de dos mil uno, por el que se negó la suspensión de la resolución que inhabilitó e impuso sanción económica al quejoso, procedía el recurso de reclamación ante la propia Sala de la autoridad señalada como responsable. Al respecto, manifiesta el inconforme que contrario a lo considerado por la Juez Federal no se actualiza dicha causal, ya que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues no expresa el precepto o preceptos legales aplicables al caso, ni precisa las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto reclamado; ello, en atención a que no señala cuáles y en qué texto legal se encuentran las disposiciones de orden público que se contravendrían de otorgarse la suspensión solicitada; por qué se sigue un perjuicio al interés social de otorgarse la suspensión solicitada y cuál es el fundamento o apoyo legal para arribar a tal conclusión. También menciona la tesis cuyo rubro es: ‘GARANTÍAS INDIVIDUALES, VIOLACIÓN DE. NO HAY QUE AGOTAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS PREVIAMENTE AL AMPARO.’. Ahora bien, suplidos en su deficiencia los agravios formulados por el inconforme, debe decirse que toda vez que la suspensión prevista en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo contiene mayores requisitos que en la Ley de Amparo, la hoy inconforme no se encuentra obligada a agotar recurso alguno. En efecto, de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 124 de la Ley de Amparo, los cuales se transcriben a continuación: (se reproducen). De los artículos transcritos con antelación se advierte que, de la lectura de éstos, el primero de ellos establece cuando menos un requisito adicional a aquellos que prevé el segundo, lo cual da lugar a que no se cumpla la condición establecida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo para decretar la improcedencia del juicio de garantías. Tal como quedó previamente señalado, este último precepto establece como condición de improcedencia el que de acuerdo con la ley que rija al acto reclamado, los efectos de éste puedan ser suspendidos sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la ley que regula al juicio de garantías, situación que no se cumple en el caso a estudio, de conformidad con lo que enseguida se razona. El artículo 59 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en su primer párrafo, establece que solamente el presidente de la Sala respectiva puede conceder la suspensión de la ejecución de los actos que se impugnen, previa petición del Magistrado instructor a quien, a su vez, le haya sido solicitado por el actor el otorgamiento de tal medida precautoria. Como puede advertirse, el precepto en cuestión establece un requisito adicional a los que prevé la Ley de Amparo para la concesión de la medida precautoria mencionada, ya que en cuanto al aspecto relativo a la instancia de parte, el único requisito previsto por este ordenamiento es el establecido en la fracción I del artículo 124 antes transcrito, esto es, que sea el agraviado quien solicite el otorgamiento de la medida suspensional; el artículo 130 dispone que en caso de que proceda la suspensión conforme al artículo 124, previamente citado, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. En cambio, conforme al artículo 59 de la ley administrativa en cita, se requiere que una vez solicitada tal medida por el actor en el juicio de nulidad, el Magistrado instructor que esté conociendo del asunto, a su vez, la solicite ante el Magistrado presidente de la Sala respectiva. En consecuencia, claramente se puede apreciar que el otorgamiento de la medida suspensional, en el aspecto citado e independientemente de su procedencia conforme a los demás requisitos legalmente establecidos, queda sujeto a que el Magistrado instructor, a su vez, formule la solicitud relativa ante el presidente de la Sala, como única autoridad facultada para su concesión, lo que, desde luego, evidencia un requisito que excede a aquellos que se prevén respecto del juicio de garantías, y que puede afectar gravemente a quien la solicita si durante el trámite interno que debe llevarse a cabo para que se determine si procede o no la suspensión se ejecutara el acto impugnado. No es óbice a lo anterior, la consideración relativa a que lo previsto en la ley administrativa de referencia es solamente un trámite de carácter interno, ya que debe considerarse que de cualquier manera la obtención de la medida cautelar, por parte del actor, estará sujeta a la determinación del Magistrado instructor para solicitarla ante el Magistrado presidente y a la oportunidad con que el primero de ellos considere pertinente formular su petición. Adicionalmente en cuanto a la oportunidad con que el Juez de Distrito debe proveer sobre la suspensión solicitada, comparada con aquella en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal haga lo propio, lo cual depende de que el Magistrado instructor transmita al Magistrado presidente la petición de suspensión y que ésta sea acordada, debe tenerse presente, en primer lugar, el texto del artículo 148 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: (se reproduce). Por su parte, el artículo 130 de la propia ley de la materia, ya citado con anterioridad, establece lo siguiente: (se transcribe). De la lectura de los preceptos transcritos se advierte que el Juez de Distrito debe acordar lo que estime procedente en relación con la demanda de garantías dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación, y que en caso de que se le haya solicitado y resulte procedente la suspensión de los actos reclamados, deberá concederla de manera provisional en el mismo acto y dentro del mismo término, esto es, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación del libelo de garantías. En cambio, por lo que se refiere al procedimiento establecido en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no se señala de manera expresa el término dentro del cual debe proveerse sobre la suspensión solicitada. A tal consideración se arriba mediante el análisis de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 59 de la mencionada ley, precepto que previamente se ha transcrito, y conforme al cual, la tramitación de la suspensión solicitada tendría una secuencia que puede describirse de la siguiente manera. 1) El actor solicita ante el Magistrado instructor la suspensión del acto que reclama. 2) El Magistrado instructor, con base en la petición formulada por el actor, formula a su vez tal solicitud ante el Magistrado presidente de la Sala. 3) El Magistrado presidente procede a verificar la existencia y autenticidad del acto que se impugna. 4) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la verificación señalada en el párrafo precedente, el Magistrado presidente de la Sala acuerda lo conducente respecto de la suspensión solicitada. De la indicada descripción se desprenden los siguientes elementos de juicio para el análisis que nos ocupa: a) No existe en la ley en cita un término perentorio expreso dentro del cual el Magistrado instructor deba proveer sobre la suspensión solicitada, para el efecto de transmitir la solicitud al Magistrado presidente. Al no haber disposición expresa al respecto, nos remitimos a la normatividad supletoria que, conforme al artículo 25 de la propia ley administrativa, lo es el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, tal precepto ordena lo siguiente: (se transcribe). Ahora bien, el artículo 66 del código adjetivo en mención establece textualmente lo siguiente: (se reproduce). Como puede advertirse, conforme a la norma supletoria aplicable, al Magistrado instructor se le dará cuenta para efectos de acordar lo conducente respecto de la solicitud de suspensión del acto impugnado dentro de las veinticuatro horas siguientes a su formulación. b) No existe un término perentorio expreso dentro de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dentro del cual el Magistrado presidente deba realizar la verificación de la existencia y autenticidad del acto impugnado. Si de igual manera que en el caso anterior nos remitimos a la legislación supletoria, tenemos que el artículo 137 del código procesal antes citado, dispone lo siguiente: (se transcribe en su fracción IV). Es decir, el Magistrado presidente cuenta con un plazo de tres días a partir de que reciba la solicitud formulada por el Magistrado instructor para realizar la verificación de la existencia y autenticidad del acto impugnado cuya suspensión se solicita. c) Posteriormente a tal verificación, por disposición expresa del artículo 59 de la ley administrativa en cuestión, el Magistrado presidente cuenta con veinticuatro horas para proveer sobre la suspensión solicitada. De lo previamente reseñado se desprende que, en casos como el que nos ocupa y atendiendo estrictamente a los términos legalmente aplicables, la tramitación y resolución de la suspensión del acto impugnado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, implica un lapso de cinco días que se integra por: uno que tiene el Magistrado instructor para acordar la solicitud y transmitirla al Magistrado presidente, tres para que este último verifique la existencia y autenticidad del acto impugnado, y uno más para que dicte la resolución respectiva. Por el contrario, en el juicio de amparo el acuerdo relativo debe dictarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda de garantías. En consecuencia, queda claro que para la suspensión de los actos reclamados en el juicio administrativo, no solamente se establecen mayores requisitos que los que dispone la Ley de Amparo, sino que además, su tramitación en el primer caso implica un término mucho mayor que en el segundo. Lo antes indicado conlleva, desde luego, el riesgo que por la falta de inmediatez en la concesión de la medida precautoria surge para el interesado. En efecto, si el interesado debe esperar cinco días para que se acuerde lo que se estime procedente respecto de la suspensión que solicitó, dentro de ese plazo la autoridad demandada puede ejecutar el acto impugnado con el consiguiente perjuicio; en cambio, conforme al artículo 130 de la Ley de Amparo tal riesgo queda adecuadamente superado, ya que tal dispositivo ordena expresamente que: ‘... si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva ...’; es decir, al acordar sobre la admisión, en su caso, de la demanda de garantías, el Juez Federal provee sobre la suspensión solicitada, y ese acuerdo debe emitirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda. Debe tenerse presente, además, que aun en el caso de que la suspensión se solicite al momento de interponer la demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y, por tanto, sea el propio Magistrado presidente quien al momento de admitirla acuerde lo conducente, también lo es que la ley no lo exime de verificar la existencia y autenticidad del acto impugnado; en consecuencia, aun en ese caso el término para proveer lo conducente es muy superior al previsto respecto del juicio de garantías, porque lo único que se reduce es un día, el correspondiente al plazo para que el Magistrado instructor transmita al Magistrado presidente la solicitud de suspensión. Por tanto, debe concluirse que la Ley

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17194-952e44fb/contencioso-administrativo-del-distrito-federal-no-es-necesario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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