COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN TÁCITA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver los amparos en revisión 228/2002, 416/2002 y 28/2003, en sesiones de veintisiete de febrero, veinte de marzo y tres de abril de dos mil tres, respectivamente, sostuvo en las partes conducentes de sus fallos lo siguiente:
Amparo en revisión 228/2002.
"RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de febrero del dos mil dos ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, San Juana de María Heredia, María Sandra de la Garza Padilla, Norma Yolanda Hernández Garza, Adriana Cantú García, Nidia Cantú García, Leticia de Jesús García Benavides, María de Jesús Pequeño Nevares, María Magdalena Sáenz Treviño, Victoria González Rodríguez, Ana María Treviño Garza, Julia Garza Garza, María Guadalupe Cervantes, Mirna García Rodríguez y Patricia O. Guerrero Ramírez, promovieron demanda de garantías contra las autoridades y actos siguientes: ‘Autoridades responsables: El Congreso del Estado de Nuevo León, el C. Gobernador Constitucional del Estado y C. Secretario general de Gobierno, es responsable también el Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, igualmente es autoridad responsable el Tribunal de Arbitraje del Estado.’. ‘Actos reclamados: Se demanda la inconstitucionalidad del derecho (sic) número 383 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León que contiene el artículo 17, fracción VII, en cuanto otorga competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de actos relacionados con pensiones y jubilaciones a cargo del erario estatal y de las instituciones de seguridad social. El decreto fue expedido por el Congreso del Estado, aprobado, refrendado y publicado por el C. Gobernador constitucional y el secretario general de Gobierno. El primer acto de aplicación del decreto que tildamos de inconstitucional consiste en resoluciones que nos fueran notificadas el día 30 de enero del presente año en las que el Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, apoyándose en el artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa, resuelve su competencia para ventilar la demanda que instauramos en contra del ISSSTELEÓN y de la Secretaría de Educación, emitiendo además una serie de prevenciones con apercibimiento de que de no cumplirlas se tendría por no presentada la demanda. Los requisitos que se nos imponen se basan en normas del Decreto Número 383. La actuación de esta responsable (sic). La actuación de esta responsable es la que nos causa agravio, según lo describiremos más adelante. (Las resoluciones tienen fecha de noviembre 29 de 2001 y 9 de enero de 2002, pero aclarando que fuimos enteradas de ellas el 30 de enero del año que corre). Del Tribunal de Arbitraje del Estado se demanda su declaratoria de incompetencia y la remisión del expediente formado con nuestra demanda al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Cabe agregar respecto a la conducta de este tribunal que el dictado del acuerdo de incompetencia por sí solo no era capaz de lesionar garantías individuales, pues las consecuencias en nuestra esfera jurídica dependerían de la actuación que asumiera el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que al aceptar intervenir infringió los agravios que señalaremos.’. SEGUNDO. El entonces Juez Sexto de Distrito en el Estado, con fecha once de febrero del año dos mil uno, admitió la demanda de amparo y señaló fecha para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento alguno; se celebró, según acta que antecede, la respectiva audiencia constitucional; posteriormente se emitió la resolución reclamada, la que se terminó de engrosar el veinticuatro de julio del presente año, cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: ‘PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por San Juana de María Heredia, María Sandra de la Garza Padilla, Norma Yolanda Hernández Garza, Adriana Cantú García, Nidia Cantú García, Leticia de Jesús García Benavides, María de Jesús Pequeño Nevares, María Magdalena Sáenz Treviño, Victoria González Rodríguez, Ana María Treviño Garza, Julia Garza Garza, María Guadalupe Cervantes, Mirna García Rodríguez y Patricia O. Guerrero Ramírez, contra actos que reclamaron de las autoridades señaladas en los considerandos segundo y tercero de la presente resolución constitucional. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara a San Juana de María Heredia, María Sandra de la Garza Padilla, Norma Yolanda Hernández, Adriana Cantú García, Nidia Cantú García, Leticia de Jesús García Benavides, María de Jesús Pequeño Nevares, María Magdalena Sáenz Treviño, Victoria González Rodríguez, Ana María Treviño Garza, Julia Garza Garza, María Guadalupe Cervantes, Mirna García Rodríguez y Patricia O. Guerrero Ramírez, contra el acto que reclamaron de la autoridad señalada en el considerando cuarto de la presente resolución constitucional.’. ... CONSIDERANDO: ... SEGUNDO. El presente recurso fue interpuesto en tiempo, toda vez que según constancia visible a foja 349 vuelta de los autos del juicio de amparo indirecto se notificó la resolución reclamada a la parte recurrente el quince de agosto de dos mil dos. Por tanto, tomándose en cuenta que el recurso fue presentado el veintiséis de agosto del año dos mil dos, según consta en el escrito original que obra a foja 3 del toca relativo al amparo en revisión 228/2002, descontándose el dieciséis de agosto de dos mil dos en que surtió efectos la notificación, así como el diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco por ser sábados y domingos, por tanto, se consideran inhábiles acorde con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Amparo; así, resulta inconcuso que fue promovido dentro del término de diez días, acorde con lo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo ... QUINTO. Queda intocado el considerando segundo de la resolución constitucional recurrida por no ser materia del presente recurso. SEXTO. Son fundados los agravios expuestos. Esto es así, al destacarse que las quejosas aducen ... Esto es, como lo aducen los quejosos, la ley que rige las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores es la Ley del Servicio Civil, conforme con su dispositivo 1o., hipótesis que se actualiza, pues los quejosos trabajaron en una dependencia estatal, como lo es la Secretaría de Educación Pública del Estado, aunque actualmente estén jubilados; entonces, el Congreso para expedir la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León debió atender a lo que constitucionalmente establece el artículo 123, apartado B, fracción XII, y al no hacerlo así, es evidente que se infringe dicho precepto, además debe atenderse al régimen constitucional y legal que regía la relación laboral de los quejosos. En ese orden de ideas, los artículos 7o. y 91, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León establecen ... De ahí que, los conflictos derivados de las relaciones jurídicas entabladas entre trabajadores al servicio de una dependencia de la administración pública estatal y el mencionado instituto en materia de pensiones deben ser competencia de un Tribunal de Arbitraje y no de un Tribunal Administrativo que fue creado para un fin diverso (conocer y resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y el Estado, entre otros), además, atendiéndose a la naturaleza tanto de la relación jurídica establecida entre los trabajadores y su patrón así como el vínculo jurídico derivado que se entabla entre aquéllos y el propio instituto como consecuencia del surgimiento de la respectiva relación laboral. Ante ello, resulta inconcuso que la relación jurídica surge entre un trabajador al servicio del Estado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deriva del vínculo de carácter laboral que surge entre aquél y el Estado; de ahí que ante la ausencia de norma expresa para conocer sobre qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de la demanda en la que se solicita el pago de alguna de las prestaciones de seguridad social que corresponde otorgar a este instituto, debe tomarse en cuenta el régimen constitucional y legal que rige el vínculo laboral de donde emana la prerrogativa cuya tutela se pretende. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 2a. CXXXIII/97, localizada en la página 255, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE UNA SALA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DE ÉSTE, CUANDO UN DERECHOHABIENTE DEMANDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN GLOBAL.’ (se transcribe). ... Por ende, si un trabajador que presta sus servicios para alguno de los Poderes del Estado y demanda al mencionado instituto el pago de una prestación principal, debe estimarse que al encontrarse regulada la respectiva relación laboral por el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República, o bien, por la correspondiente ley burocrática en términos del artículo 116, fracción VI, de la propia Norma Fundamental, entonces, la competencia para conocer del juicio corresponde al Tribunal de Arbitraje del Estado, pues en esta hipótesis el conflicto que surge dentro de una relación jurídica derivada debe regirse por las disposiciones que norman la relación jurídica principal, es decir, la relación laboral correspondiente. Sirve de apoyo la tesis 2a. XXII/99, localizada en la página 310, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DEL JUICIO CUANDO UN TRABAJADOR DE UNA DEPENDENCIA LOCAL DEMANDA EL PAGO DE UNA PRESTACIÓN PRINCIPAL AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.’ (se transcribe). ... Cuando se demanda una prestación de seguridad social al referido instituto, para determinar en qué órgano jurisdiccional recae la competencia para conocer del juicio respectivo, debe atenderse al régimen constitucional que rige la correspondiente relación laboral, de la cual emana el diverso vínculo en el que se sustentan las prestaciones reclamadas al citado instituto. El criterio adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reiterado por la Segunda Sala en cuanto a que las relaciones laborales entre un organismo descentralizado y sus trabajadores deben regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional y, por ende, los conflictos que se (sic) serán competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues en el caso de análisis no se trata de una demanda enderezada en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, organismo descentralizado, por sus propios trabajadores, sino de juicios entablados en contra de ese instituto por gobernados cuyo vínculo laboral no se dio con ese organismo descentralizado, sino con una dependencia de la administración pública centralizada o con una diversa entidad de la administración pública paraestatal. Además, de atender al régimen constitucional que rige el vínculo jurídico del que derivan las prestaciones demandadas, evitar que los trabajadores de la administración pública federal centralizada que decidan demandar, simultáneamente, a su patrón equiparado y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cumplimiento de prestaciones derivadas del respectivo nombramiento y diversas de seguridad social, se encuentran en la disyuntiva o incertidumbre sobre cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de su demanda, pues de otra manera se provocaría que de cuestiones estrictamente laborales fuera competente el Tribunal de Arbitraje del Estado, en tanto que respecto de las prestaciones de seguridad social lo fuera el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; incertidumbre que desaparece si se toma en cuenta que los trabajadores al servicio del Estado, cuando su vínculo laboral se rija por el apartado B del artículo 123 constitucional, tendrán la certeza de que todas las prestaciones que reclamen, derivadas de esa relación laboral, serán del conocimiento del Tribunal de Arbitraje del Estado, en tanto que aquellos servidores públicos que presten sus servicios en un organismo de la administración pública paraestatal, que por algún motivo tengan derecho al pago de prestaciones de seguridad social por parte del mencionado instituto, atendiendo a que su régimen laboral se rige por el apartado A del artículo 123 constitucional, tendrán la certeza de que tanto las prestaciones estrictamente laborales como las de seguridad social, podrán ser demandadas ante un mismo organismo jurisdiccional, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Con ello, incluso, se tutela a los trabajadores al servicio del Estado su derecho a la administración de justicia pronta y expedita consagrada por el artículo 17 constitucional. En ese contexto, atendiendo a la circunstancia de que conforme a las constancias de autos, presuntamente, el vínculo laboral que sostiene la actora con su patrón (Secretaría de Educación Pública del Estado de Nuevo León) y del cual derivan las prestaciones cuyo pago se demanda al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional, se impone concluir que la competencia para conocer de la demanda promovida por los quejosos respecto de las prestaciones demandadas a ese instituto recae en el Tribunal de Arbitraje del Estado, por ser éste el órgano jurisdiccional constitucionalmente establecido para dirimir las controversias derivadas directa e indirectamente de una relación de trabajo regida por el mencionado precepto constitucional. En esas condiciones, resulta aplicable la tesis (no de jurisprudencia como en forma equívoca refieren los quejosos) identificada con el número 2a. XLVII/2001, localizada en la página 454, Tomo XIII, mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.’ (se transcribe). ... En ese sentido, al transgredirse la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, al resultar inconstitucional el artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León, por contravenir el artículo 116, fracción V y 123, apartado B, fracción XII, constitucional, procede determinar que el primer acto de aplicación del citado artículo es ilegal, por ende, en la materia procede revocar la resolución recurrida y conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y dicte otro en el que no acepte la competencia que se le planteó y ordene devolver o enviar los autos al Tribunal de Arbitraje del Estado para que continúe con el trámite de juicio laboral presentado por los quejosos ..."
Amparo en revisión 416/2002.
"QUINTO. Son fundados los agravios. En efecto, previamente conviene señalar que los demandantes en la instancia ordinaria son maestros jubilados del Estado de Nuevo León que reclaman diversas prestaciones relacionadas con sus pensiones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTELEÓN) y al gobierno de la entidad, según se aprecia de su escrito inicial presentado el dieciocho de abril de dos mil dos (fojas 52-78 y 79-105) ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, quien por auto de veinticuatro de los mismos mes y año la admitió a tramite y emplazó a las autoridades demandadas para que alegaran lo que a sus intereses conviniera (foja 106). Que posteriormente la procuradora general de Justicia en la entidad, en su calidad de representante legal del Gobierno de Nuevo León, por escrito de uno de julio de dos mil dos, promovió incidente de previo y especial pronunciamiento sobre incompetencia (fojas 160 a 218). Que en veintidós de julio del mismo año, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León resolvió y estimó fundado el incidente planteado, ya que de conformidad con el artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa en la entidad, es competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado resolver respecto a las resoluciones dictadas en materia de pensiones con cargo al erario estatal o a cargo de instituciones estatales de seguridad social (foja 40). Asimismo, por auto de catorce de agosto de dos mil dos, la Primera Sala Ordinaria del referido Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la entidad recibió la incompetencia planteada y previno a los actores de la reclamación para que dentro del término de cinco días hábiles ajustaran su demanda a los requisitos legales que establecen los artículos 45, 46 y 47 la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León. Que el auto anterior es el que se reclama en el juicio de garantías, y que el a quo sobreseyó con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos preceptos de la Ley de Amparo, por estimar que no es un acto de imposible reparación, porque la Primera Sala Ordinaria de la autoridad responsable ni siquiera admitió la demanda planteada, mucho menos la competencia que le declinó el Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León. Ahora, contrariamente a lo señalado por el a quo en la resolución que se revisa, el auto de catorce de agosto de dos mil dos, que se reclama en el juicio de amparo indirecto dictado por el Magistrado de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, sí es de imposible reparación, habida cuenta que el tribunal responsable, tácitamente al recibir la demanda y proveer el acuerdo mediante el cual previene a los actores para que ajusten su demanda a los requisitos que establece la Ley de Justicia Administrativa, conoció del asunto, pues constituyen actos de plena jurisdicción que revelan que admitió la competencia para conocer del asunto y, por ende, su conocimiento, pues de lo contrario hubiera rechazado la competencia planteada a su favor por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León y, en esa medida, su determinación es impugnable a través del juicio de amparo biinstancial, y básicamente los fundamentos legales en que se apoya la autoridad son los artículos 45, 46 y 47 de la ley, es obvio que conoció de la demanda, como se advierte de la lectura del último párrafo del artículo 45 de esa Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo León, que a la letra dice: ‘Artículo 45. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante el tribunal, o por correo certificado cuando el actor tenga su domicilio fuera del área metropolitana de Monterrey, en cuyo caso se tomará como fecha de presentación de la demanda, la del depósito de la misma ante la oficina de correos. La demanda deberá llenar los siguientes requisitos: ... Cuando se omitan estos requisitos, el Magistrado que conozca del asunto requerirá mediante notificación personal al demandante para que los proporcione en un plazo de cinco días, apercibiéndolo de que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. Cuando no obstante el apercibimiento omitiere ofrecer o acompañar pruebas, solamente se le tendrá por perdido el derecho de ofrecerlas.’. Luego, se conviene con los recurrentes, porque en el presente caso el Juez de Distrito no advirtió que el auto preventivo obligaba a los accionantes a sujetarse a la jurisdicción y a las normas de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León y, en esa tesitura, el acto reclamado es de imposible reparación y susceptible de ser analizado en el juicio de garantías, por lo que es ilegal el sobreseimiento decretado. Igualmente, debe revocarse el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de los actos que se reclaman al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, aun cuando no se haya combatido este aspecto en los agravios del recurrente, toda vez que este tribunal advierte del informe justificado que esta autoridad admite que sancionó, promulgó y ordenó publicar el Decreto Número 383 que contiene la ley que se tilda de inconstitucional (fojas 276 a 280), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en suplencia de los agravios debe repararse esta irregularidad y estimar ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional de Nuevo León. Así, lo procedente es revocar el fallo que se revisa, toda vez que este Tribunal Colegiado no advierte diversa causal de improcedencia y con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, abordar el examen de los conceptos de violación que se hicieron valer en el juicio de garantías ... SÉPTIMO. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación que aducen los quejosos ... En consecuencia, al transgredirse la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, y al resultar inconstitucional el artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León, por contravenir el artículo 116, fracción V y 123, apartado B, fracción XII, constitucional, procede determinar que el primer acto de aplicación del Decreto Número 383, en su artículo y fracción antes citados es ilegal y, por ende, en la materia procede conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y dicte otro en el que no acepte la competencia que se le planteó, y ordene devolver o enviar los autos al Tribunal de Arbitraje del Estado para que continúe con el trámite del juicio laboral presentado por los quejosos. Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión número 228/2002, en la sesión de veintisiete de febrero del presente año ..."
Amparo en revisión 28/2003.
"QUINTO. De la demanda de garantías interpuesta por los aquí recurrentes se aprecia que señalaron como acto reclamado la expedición del Decreto Número 383 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que en su artículo 17, fracción VII, otorga competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Nuevo León para la resolución de los asuntos relativos a pensiones con cargo al erario estatal o de las instituciones estatales de seguridad social, decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete y su primer acto de aplicación, pues en su concepto se transgreden en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque dicho numeral se encuentra en contravención con el artículo 123 de la referida Norma Fundamental. El Juez Federal en la sentencia combatida decretó el sobreseimiento en el juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, con base en lo siguiente: a) Que al reclamar los quejosos la inconstitucionalidad del artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa y su acto de aplicación, mediante auto de veintiuno de agosto de dos mil dos, en el que se decide competencia para ventilar la reclamación, emitido por el Magistrado instructor de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en que se recibe el expediente P-1/28/02 que le envió el presidente y secretario auxiliar del Tribunal de Arbitraje del Estado, por haberse declarado incompetente para seguir conociendo de la demanda presentada por los quejosos, antes de proveer lo conducente, ordenó prevenir a los quejosos para que adecuaran su demanda a la vía contenciosa administrativa establecida en los artículos 45, 47 y demás relativos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, apercibiéndolos que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda. b) Que ese auto no constituye un auto que sea de imposible reparación, en atención a que ni siquiera se ha admitido a trámite y está supeditado al cumplimiento de los quejosos respecto de la presentación de la demanda. c) Que no será sino hasta que se realice dicho cumplimiento y como consecuencia de ello la autoridad admita o no a trámite la demanda, cuando el acto que reclaman los quejosos adquiera el carácter de definitivo y pueda ser reclamado en esta vía constitucional. d) A mayor abundamiento, tratándose de violaciones cometidas dentro del procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción procedía el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tuvieran una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual, situación que en el caso de trato no acontecía. e) Que la resolución reclamada a través de la que el Magistrado responsable acordó que antes de proveer respecto de la posible admisión de la demanda presentada inicialmente ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, respecto de que los agraviados debían cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Justicia Administrativa sin resolver en definitiva sobre la aceptación de la competencia, no les depara una ejecución de imposible reparación, sino en todo caso hasta que se admita la competencia planteada. f) Que por lo que hace a la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto Número 383 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León que los quejosos tildan de inconstitucional, toda vez que no se podía desvincular el estudio de la disposición impugnada con el concerniente al acto de aplicación, se decretaba el sobreseimiento por lo que a ese acto se refiere, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Contra dicho fallo los quejosos recurrentes aducen que contra lo que opinó el Juez de Distrito no se actualiza la causa de improcedencia descrita, porque aun cuando la autoridad emisora del auto no expresa que acepta la competencia que se le planteó, lo cierto es que recibió el expediente y además los previno para que ajustaran su demanda a los artículos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, la que reclaman de inconstitucional en su artículo 17, fracción VII, lo que quiere decir que se aceptó la competencia. En ese orden de ideas, se conviene con los recurrentes, pues en el caso de trato no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los que son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’. ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.’. Porque al señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad del Decreto Número 383 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, específicamente el artículo 17, en su fracción VII, que literalmente dice: ‘Artículo 17. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo será competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones que se indican a continuación, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la administración pública paraestatal o de los Municipios del Estado de Nuevo León, cuando estas últimas actúen en carácter de autoridad: ... VII. Los dictados en materia de pensiones con cargo al erario estatal o a cargo de los Municipios de la entidad, o de las instituciones estatales o municipales de seguridad social.’. Así como su aplicación contenida en la resolución de veintiuno de agosto del año dos mil dos, en la que, como lo afirman los quejosos, se decide la competencia para conocer de la demanda laboral que presentaron ante el Tribunal de Arbitraje en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (fojas 54 a 65), en la que solicitaron se modifiquen los dictámenes expedidos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18024-00664d76/competencia-el-auto-de-prevencion-dictado-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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