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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 153/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20565
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 446.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 153/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. En primer término, se analiza la legitimación de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que realiza la denuncia de contradicción de tesis.

El oficio de denuncia es suscrito por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el secretario de Acuerdos de dicho tribunal, en virtud de haber sido dicha Sala la que emitió las resoluciones recurridas en los recursos de revisión fiscal en los que se sustentaron las tesis que se denuncian como contradictorias, circunstancia que además se corrobora, por una parte, con las copias certificadas de las resoluciones dictadas en los recursos de revisión fiscal 309/2006-1, 237/2006 y 44/2007 por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Cuarto del Décimo Quinto Circuito, respectivamente, y, por la otra, con lo manifestado por los presidentes de los tribunales referidos en respuesta a lo solicitado en el auto de presidencia de este órgano colegiado de veintiuno de junio de dos mil siete para que informaran sobre el carácter que tenían reconocido los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en las revisiones fiscales de su índice señaladas, pues señalaron que tenían reconocido el carácter de autoridad que emitió las resoluciones de las que derivaron las revisiones fiscales respectivas.

Así, partiendo de que la denunciante es la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que emitió las resoluciones recurridas en los recursos de revisión fiscal en las que los Tribunales Colegiados de Circuito dictaron las sentencias que se señalan como contradictorias, debe determinarse si con tal carácter se encuentra legitimada para realizar la denuncia.

El artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone:

"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer ..."

Así, en términos del precepto que ha sido transcrito, se encuentran legitimados para denunciar la contradicción entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito:

a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia; b) El procurador general de la República; c) Los Tribunales Colegiados de Circuito que sustenten las tesis relativas o los Magistrados que los integran; y d) Las partes que intervinieron en los juicios en que se sustentaron las tesis discrepantes.

Al respecto resulta aplicable la tesis jurisprudencial 4/91 de la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 63, marzo de 1993, página 17, del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, sólo podrán denunciar contradicción entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia: a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) El procurador general de la República; c) Los mencionados tribunales o los magistrados que los integren; y, d) Las partes que intervinieron en los juicios correspondientes. Consecuentemente, si una denuncia de tal naturaleza se formula por una autoridad o persona distinta de las que señala dicho precepto, la misma es improcedente por carecer de legitimación el denunciante."

Ahora bien, en el caso debe considerarse que se satisface el requisito de legitimación de la Sala Regional denunciante, pues aun cuando formalmente no tiene el carácter de parte en el juicio contencioso administrativo que da origen al recurso de revisión fiscal, sino de órgano resolutor que dicta la sentencia recurrida, al haber extendido esta Segunda Sala la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis a aquellas que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito en recursos de revisión fiscal, por la estrecha relación entre los temas que se tratan en estos recursos interpuestos por la autoridad contra las sentencias recaídas en los juicios contencioso administrativo y los que, en su caso, son materia de análisis y pronunciamiento en los juicios de amparo directo promovidos por los particulares contra las mismas sentencias, juicios estos últimos en los que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan dictado las sentencias reclamadas tendrán el carácter de partes como autoridades responsables y, por tanto, estarán en aptitud de plantear contradicciones de tesis, tal circunstancia, por igualdad de razón, también debe llevar a darles un tratamiento análogo por lo que se refiere a la legitimación en los recursos de revisión fiscal que contra las mismas sentencias interpongan las autoridades, es decir a reconocer legitimación a las Salas del tribunal referido para hacer valer la denuncia de contradicción de tesis, ya sea que éstas se hayan sustentado al resolverse juicios de amparo directo contra las sentencias que hubieren emitido o bien recursos de revisión fiscal.

En efecto, esta Segunda Sala, en su anterior integración, había sustentado el criterio relativo a que carecía de facultades para resolver contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de Circuito al fallar recursos de revisión fiscal porque los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo expresamente aludían a juicios de amparo, es decir sólo se le facultaba para determinar la tesis que debía prevalecer cuando las tesis hubieren sido emitidas en juicios de amparo. La jurisprudencia relativa aparece publicada con el número 2a.10 en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, página 197, bajo el rubro: "REVISIÓN FISCAL, LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE CARECE DE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS EN."

Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 39/99, con fecha cuatro de febrero de dos mil, este órgano colegiado interrumpió la jurisprudencia referida, sustentando la tesis identificada con el número XVIII/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 379, que lleva por rubro: "REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESTA NATURALEZA (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 10, DE LA ANTERIOR INTEGRACIÓN DE LA SEGUNDA SALA)." Al haberse sustentado el anterior criterio, además, al fallarse las diversas contradicciones de tesis 19/2002-SS, 81/2002-SS, 79/2002-SS y 166/2002-SS, se integró la jurisprudencia identificada con el número 65/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 330, que señala:

"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza."

Como se advierte, con motivo del nuevo criterio sustentado por esta Segunda Sala, la denuncia de contradicción de tesis no sólo resulta procedente entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver juicios de amparo, sino también al fallar recursos de revisión fiscal.

Este nuevo criterio debe llevar también, por congruencia, a aceptar la posibilidad de que sea denunciante de la contradicción de tesis el órgano emisor de la sentencia recurrida en el recurso de revisión fiscal que interponga la autoridad, en forma análoga a la legitimación que para ello tiene como autoridad responsable en el juicio de amparo directo que promuevan los gobernados, al operar la misma razón, a saber, que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo, por lo que al operar la misma razón debe existir la misma disposición, a saber la legitimación de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tanto como autoridad responsable en el juicio de amparo directo como autoridad que dictó la sentencia recurrida en el recurso de revisión fiscal, de denunciar la contradicción en las tesis que los Tribunales Colegiados de Circuito hayan sustentado al resolver tales juicios o revisiones fiscales.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 237/2006 el once de enero de dos mil siete, en la parte que interesa, sostuvo:

"QUINTO. Son infundados los motivos de agravio que hace valer la autoridad recurrente administrador local jurídico de Tijuana, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, por lo que deberá confirmarse la resolución en la parte que se revisa. Previo al análisis de los agravios transcritos, resulta pertinente puntualizar los antecedentes del caso. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil cuatro, ante la Sala Regional del Noroeste ‘I’ del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Tijuana, Baja California, Transportes Rafa de Baja California, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, Rafael Godínez Sandoval, demandó la nulidad de la resolución negativa ficta atribuida a la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, recaída al recurso de revocación que promovió en contra de la resolución contenida en el oficio número LDAM-165-2003, de fecha nueve de marzo de dos mil cuatro, emitido por la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado de Baja California, por medio de la cual se le determinó un crédito fiscal en cantidad total de $345,604.01 (trescientos cuarenta y cinco mil, seiscientos cuatro pesos 01/100 moneda nacional), solicitando a su vez, la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Por auto de fecha dos de diciembre de dos mil cuatro, el Magistrado instructor de la citada Sala Regional del Noroeste, admitió a trámite la demanda de referencia registrándola con el número 4054/04-01-01-4, así como las pruebas que fueron ofrecidas y relacionadas en el capítulo respectivo, y ordenó correr traslado a las autoridades siguientes: a) Procurador fiscal del Estado en Mexicali, Baja California; b) Secretario de Planeación y Finanzas del Estado; c) Secretario de Hacienda y Crédito Público; y, d) Jefe del Servicio de Administración Tributaria, estas dos últimas por conducto de la Administración Local Jurídica de Tijuana, Baja California, emplazándolas con el carácter de autoridades demandadas, para que contestasen la demanda en el término de ley, haciéndoles el apercibimiento respectivo. Cabe señalar que en fecha tres de enero de dos mil cinco, la Sala Fiscal emitió sentencia interlocutoria a través de la cual declaró procedente la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, decretando por ende, la suspensión definitiva del mismo, hasta en tanto se resolviera el fondo de la litis. Por otro lado, mediante oficio número 3383, de cuatro de marzo de dos mil cinco, compareció el administrador local jurídico de Tijuana en el Estado de Baja California, en representación de las autoridades demandadas, para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, ofreciendo las pruebas que a su derecho convino. A su vez, por oficio sin número de fecha tres de marzo de dos mil cinco, la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, en representación de las autoridades demandadas, también formuló contestación a la demanda y ofreció las pruebas que estimó pertinentes para su defensa, motivo por el cual, por proveído de primero de abril de dos mil cinco, se tuvo por contestada la demanda por parte de ambas autoridades, así como por admitidas las pruebas que fueron ofrecidas, inclusive, se otorgó a la parte actora, el término legal para ampliar su demanda. Así, por escrito recibido ante la Sala Fiscal en fecha uno de julio de dos mil cinco, la parte actora formuló escrito de ampliación de demanda, teniéndose por admitida dicha ampliación, según acuerdo de primero de agosto de dos mil cinco, ordenándose efectuar la notificación correspondiente a las autoridades demandadas, por lo que, mediante oficio número 13652, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, la Administración Local Jurídica de Tijuana, Baja California, dio contestación a la ampliación de la demanda, sosteniendo la validez de los actos controvertidos, inclusive, por oficio sin número, de fecha cuatro de octubre de dos mil cinco, la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, en representación de las autoridades demandadas, también formuló su contestación a la demanda. Por su parte, a través de proveído de veintiuno de noviembre de dos mil cinco, el Magistrado instructor tuvo por contestada la referida ampliación de demanda, quien a su vez, ordenó a su vez (sic) poner los autos a disposición de las partes, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de los cinco días siguientes a aquél en el que surtiera efectos su notificación, formularan sus alegatos por escrito, vencido el cual quedaría cerrada la instrucción sin necesidad de declaratoria expresa. Finalmente, el día diecisiete de febrero de dos mil seis, se dictó la resolución correspondiente, cuyos puntos resolutivos quedaron como sigue: ‘I. La parte actora probó su pretensión; en consecuencia. II. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y de la que fue materia del recurso de revocación. III. Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas.’; (fojas 327 a 333); por lo que inconforme con dicha resolución, el administrador local jurídico de Tijuana en el Estado de Baja California, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, promovió el presente recurso de revisión fiscal. Como se anticipó inicialmente, devienen infundados los agravios que expresan las autoridades recurrentes en los motivos de inconformidad que invocan, por lo que deberá confirmarse la resolución en la parte que se revisa, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, no asiste razón a las revisionistas en cuanto aducen que la Sala Fiscal vulneró en su perjuicio diversos preceptos del Código Fiscal de la Federación, entre ellos el contenido del artículo 237, pues fue ilegal, señalan el que declarara fundados los argumentos del accionante en el sentido de que la autoridad demandada indebidamente fundamentó la orden de visita domiciliaria reclamada, en las fracciones II y III del artículo 42 del referido ordenamiento legal, porque al citar dichas fracciones dejó al actor en estado de indefensión al no existir certeza jurídica respecto al acto que se ordenaba, cuando alegan que las facultades contenidas en dicho precepto legal, son autónomas y pueden ejercerse individualmente, por lo que no existe ningún impedimento para que, en su caso, insiste, puedan darse todas ellas en un solo procedimiento fiscalizador. Se afirma que lo anterior deviene infundado, toda vez que fue correcta la determinación de la Sala responsable al considerar fundado el reclamo de la parte actora en el sentido de que en la orden de visita reclamada no se señalaron claramente los fundamentos legales que sirvieron de base para emitirla, porque si bien es cierto, dijo la Sala, la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado de Baja California, apoyó su actuación entre otros numerales, en el artículo 42, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación, también lo es, adujo la Sala del conocimiento, dicho precepto jurídico faculta a la autoridad para ejercer actos de fiscalización en dos diferentes formas, mediante la revisión de gabinete o escritorio o bien, a través de una visita domiciliaria, cuyas facultades aunque se pueden ejercer conjuntamente, pero siempre y cuando exista un oficio de inicio de las facultades de comprobación, para cada acto de fiscalización. En efecto, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en lo conducente, dispone: (se transcribe). Ahora bien, la autoridad demandada ejerció sus facultades de comprobación mediante la orden de visita domiciliaria número VRMM2003-00026, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil tres, según se constata a fojas 176 (ciento setenta y seis) de autos, misma, que en lo que interesa, señala: (se transcribe). De la transcripción anterior se advierte, que la autoridad demandada ejerció sus facultades de comprobación mediante una orden de visita domiciliaria, fundando su actuación, entre otros, en el artículo 42, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, esto es, en dos fracciones que prevén dos actos de fiscalización diferentes, pues como bien se aprecia de la transcripción de los citados preceptos, en los párrafos que anteceden, el artículo en comento prevé en su fracción II, la facultad de la autoridad para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimiento o en las oficinas de las autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. A su vez, la fracción III, de dicho numeral, señala que la autoridad a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, están facultadas para practicar visitas domiciliarias, esto es, la autoridad demandada está facultada para ejercer actos de fiscalización, en dos diferentes formas, mediante la revisión de gabinete o escritorio o bien, a través de una visita domiciliaria. En este orden de ideas, debe decirse, que la autoridad ejerció sus facultades de comprobación mediante una visita domiciliaria, violando en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales y 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación, ya que la autoridad al citar los fundamentos legales que le otorgan competencia material para ejercer sus facultades de comprobación, fue ambigua en cuanto a la cita de la fracción del artículo 42 antes citado, puesto que invocó las fracciones II y III, es decir, sustentó la orden como un acto de visita domiciliaria y como uno relativo a la revisión de gabinete, lo cual resulta contradictorio puesto que la liquidación es el resultado de una visita domiciliaria y no así de una revisión de gabinete o escritorio. Es decir, el artículo 42 citado, en su último párrafo, establece la posibilidad de que la autoridad ejerza una visita domiciliaria o una revisión de gabinete en forma conjunta, indistinta o sucesivamente, de ahí pues la ambigüedad en torno a la fundamentación en la orden de visita, pues se debió precisar cuál facultad de comprobación se llevaría a cabo a través de la orden y oficio en comento, a fin de cumplir con la debida fundamentación y motivación, para que la empresa actora estuviera en posibilidad de conocer con certeza el acto de fiscalización que se estaba realizando sobre sus bienes, propiedades y posesiones, lo cual no aconteció en la especie, es decir, la demandada al emitir la orden de visita, no observó el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, pues invocó como sustento legal las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, lo cual, se insiste, resulta ilegal, pues no obstante, tratarse de una visita domiciliaria, la fundamentó como si se diligenciara una revisión de escritorio o gabinete, máxime que la fracción citada en primer término (II) no guarda injerencia alguna en el desarrollo de una visita domiciliaria, cuenta habida que está destinada exclusivamente a actos vinculados con la revisión comúnmente llamada de gabinete o escritorio, y no así, a una visita domiciliaria la cual constituye el acto origen de la resolución impugnada. En este contexto, debe señalarse, que fue correcta la decisión de la Sala responsable al considerar que la demandada indebidamente fundamentó la orden de visita reclamada, en las fracciones II y III, del artículo 42, del código tributario federal, colocó al actor en estado de indefensión al no existir certeza jurídica respecto al acto que se ordenaba, de ahí que fue legal su proceder al declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al haberse infringido con la emisión de la orden de visita domiciliaria que fue su origen, el contenido de la fracción III del artículo 38 del citado ordenamiento fiscal, declarando por ende, la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, sin que dicha sentencia tuviera el alcance de obligar o impedir a la autoridad hacendaria a emprender nuevamente su facultad fiscalizadora, con apoyo en los artículos ..."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal 309/2006-I el veinticinco de enero de dos mil siete, en la parte conducente, sostuvo:

"CUARTO. Son infundados los agravios que hace valer la autoridad recurrente. En efecto, señala medularmente que conforme al artículo 42 fracciones II, III, V y VI del Código Fiscal de la Federación si bien son autónomas, dada su naturaleza pueden ejercerse en forma individual o en forma conjunta en un mismo procedimiento al estar relacionadas unas con otras, y que no cabe duda alguna que se trataba de una visita domiciliaria, que fue aceptada por el contribuyente, por lo que afirma que si bien la fracción II de dicho artículo se relaciona con la facultad de gabinete o escritorio, en una visita domiciliaria no le afecta al gobernado que se señale como fundamento dicha fracción, ya que también existe la facultad de solicitarle documentos, y si la autoridad funda su actuar en el dispositivo legal integrado por varias fracciones sin precisar numéricamente cuál de ellas aplicó en el caso específico, no es posible que exista violación al artículo 16 constitucional, porque el contribuyente reconoció que se trataba de una visita domiciliaria y como consecuencia no existe incertidumbre, y se encuentra debidamente fundada y motivada. Sigue diciendo que en todo caso de ser procedente la nulidad debería de ser para efectos, en términos de lo dispuesto por el artículo 238, fracción II y 239, fracción III por tratarse de un vicio de forma. En efecto, se afirma que son infundados los agravios expresados, en virtud de que si bien es cierto el artículo 42, fracciones II, III, V y VI del Código Fiscal de la Federación, en las que fundamentó la orden de visita, contiene diversas facultades de comprobación de la situación que guarda un contribuyente, las cuales pueden llevarse a cabo en forma conjunta, indistinta o sucesivamente, al establecer textualmente: (se transcribe). Sin embargo, el mismo ordenamiento en su último párrafo establece: (se transcribe). De ahí, que en forma correcta la Sala del Tribunal Fiscal haya determinado la nulidad de la orden de verificación, por una indebida fundamentación, en virtud de que cada fracción del artículo en comento, constituye un procedimiento independiente, por tanto, la autoridad tiene la obligación de determinar cuál es el primer acto con el que se inicia la facultad de comprobación, ya que cada procedimiento es diferente, y la notificación de uno no puede ser el primer acto del inicio del otro, se afirma lo anterior, ya que la revisión de gabinete o escritorio tiene su fundamento en la fracción II del artículo en comento, y se rige por los diversos artículos 48, 51, y 53 del Código Fiscal y la visita domiciliaria está establecida en las fracciones III y V, y se rige por lo dispuesto en los artículos 44, 45, 46 y 46-A, del ordenamiento señalado. De ahí lo correcto de la Sala del tribunal en afirmar que la orden de visita sea ambigua, por no precisar de manera concreta la fracción respecto de la cual está ejerciendo sus facultades, ya que contiene conjuntamente, la revisión de escritorio o gabinete, la visita domiciliaria, la verificación física de mercancías en transporte, y la expedición de comprobantes fiscales, transgrediendo la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional, sin que la manifestación del actor al afirmar que fue objeto de una visita domiciliaria, subsane la irregularidad de la orden, puesto que la facultad de revisión no queda al arbitrio del contribuyente sino que es la autoridad quien debe determinar cuál procedimiento es el que se va llevar a cabo. En consecuencia si la orden de visita contenida en el oficio 326-SAT-A6-3-08033 de veinte de octubre de dos mil cuatro, por la cual se dio inicio al procedimiento administrativo que se tildó de nulo, se fundamentó en base a las facultades dirigidas tanto para una visita domiciliaria como en una revisión de gabinete, así como en la verificación física de mercancías en transporte, y la expedición de comprobantes fiscales, colocó al actor en estado de indefensión al no tener la certeza jurídica respecto al acto que se ordenaba, y si bien el último párrafo de dicho artículo autoriza a la autoridad para ejercer conjunta, indistinta o sucesivamente tales facultades, ello es con la salvedad de la existencia de un oficio de inicio por cada acto de fiscalización, ya que dichas facultades no pueden coexistir en una misma orden o mandamiento de autoridad debido a que son diferentes actos de fiscalización, lo que trasciende a la esfera jurídica del contribuyente, por lo que fue correcta la declaración de la nulidad lisa y llana de la resolución reclamada por estar viciada de origen, lo cual se sustenta en la fracción IV del artículo 238 del ordenamiento fiscal correspondiente, y no en la fracción II que aduce la autoridad recurrente, ya que no se trata de una falta de fundamentación del acto, sino una indebida fundamentación, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución. Por último, en relación con el agravio vertido en el que afirma que resulta inaplicable al asunto la tesis de jurisprudencia en la cual se apoya la autoridad fiscal, relativa a la competencia territorial y no a facultades de comprobación, cabe decir que es infundado, ya que su aplicación debe entenderse en forma análoga, toda vez que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 constitucional lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que apoyan el acto de molestia de que se trata, por tanto es inconcuso estimar que así como es necesario invocar la competencia territorial, en la fracción, inciso y subinciso, en que se apoya la autoridad, cuanto y más debe de ser preciso en fundamentar el acto de molestia, de manera clara y detallada, por razones de seguridad jurídica como se dijo anteriormente, a fin de evitar excesos en las facultades discrecionales que tiene la recurrente para su actuación, porque no es permisible abrigar en tal garantía ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad es individualizar el acto de autoridad de acuerdo a la hipótesis en que se ubique al gobernado, a fin de estar ajustado a derecho y de otorgar certeza y seguridad al particular frente al acto de la autoridad. En el caso la fundamentación en las fracciones II, III, V y VI del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobación, ya que la práctica de éstas debe sujetarse a lo señalado en la orden y no a la inversa. En las apu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20565-1ec40423/orden-de-visita-domiciliaria-la-sustentada-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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