SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, ya que si bien se trata de la posible contradicción entre tesis en materia común sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, no se requiere de la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima pues la formula **********, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, órgano jurisdiccional que sustentó una de las tesis que se denuncian como contradictorias, lo que actualiza uno de los supuestos jurídicos previstos en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 19/2006, en sesión de doce de junio de dos mil seis, sostuvo, en lo que al caso interesa, lo siguiente:
"La Juez de amparo, en el auto recurrido, analizó la figura denominada apariencia del buen derecho, la que determina la procedencia de la medida precautoria contra un acto consumado como es el estado de clausura, cuando se evidencia aunque sea de manera previa ese buen derecho y exista el peligro en la demora respecto de la resolución del juicio de amparo. En esos términos debe puntualizarse que si bien, por regla general, el acto reclamado no sufre menoscabo, no se destruye sino que subsiste y sólo la sentencia que conceda el amparo tiene la facultad de extinguirlo, es decir, que la medida cautelar únicamente mantiene las cosas en el estado en que se encontraban antes de la violación de garantías y de ningún modo las restituye; también es cierto que ese criterio de que la suspensión no es apta para restituir, ya ha sido superado, al tenor de las jurisprudencias por contradicción de tesis 15/96 y 16/96 sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ y ‘SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.’, en tanto consideran que en casos extremos en que esté de por medio y en peligro de perderse la materia del juicio, pero siempre y cuando no se afecte el orden público o el interés social, la suspensión sí debe anticipar los beneficios o adelantar la efectividad de la sentencia favorable. En efecto, como el recurrente aduce, en el agravio sintetizado en el inciso b), de conformidad con esas jurisprudencias, de observancia obligatoria para este tribunal colegiado en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados, incluso tratándose de clausuras por tiempo indefinido o permanentes, participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de esos presupuestos, según la primera de esas jurisprudencias, se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, y el cual aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, pero sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, por ser una cuestión del fondo del amparo; examen que encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado, esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de infracción aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. El segundo de esos presupuestos, de acuerdo con la segunda de las mencionadas jurisprudencias, consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, esto es, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. De ahí que si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que impliquen no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la ‘apariencia del buen derecho’ sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. En síntesis, de conformidad con las jurisprudencias de que se trata, es posible que se anticipe de algún modo los efectos de una sentencia que otorgue la protección constitucional, determinando el levantamiento de clausuras ya ejecutadas, porque si bien la suspensión en el juicio de amparo es la paralización, la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido o nacido cuando ya se inició es posible conceder la suspensión para que no prosiga o no continúe, esto es, para que se detenga temporalmente o se paralicen sus consecuencias o resultados, o se evite que éstos se realicen. Entonces, si la persona es titular de una prerrogativa aunque sea en apariencia, se justifica el adelantar de modo previo o apreciar provisionalmente consideraciones sobre el fondo de actos notoriamente inconstitucionales, siempre con el único objetivo fundamental de preservar la materia litigiosa y de evitar que se sigan causando al quejoso daños y perjuicio de difícil o imposible reparación. Sobre tales premisas, resultan ineficaces para revocar el auto recurrido los agravios planteados por la recurrente en el sentido de que no era necesario que presentara en el juicio de amparo la resolución administrativa en la que se le impuso la clausura de la construcción de su inmueble, pues bastaba con las argumentos fácticos narrados en la demanda de garantías bajo protesta legal, para que la juzgadora estimara acreditada la hipótesis prevista en la apariencia del buen derecho y que, por tanto, se encontraba obligada a aplicar las jurisprudencias en las que se justifica la procedencia de la medida cautelar en contra de una clausura ya ejecutada por tratarse de un acto de tracto sucesivo. Se expone lo anterior, en razón de que efectivamente, tal como lo consideró la Juez de Distrito, para estar en posibilidad de analizar de manera previa la constitucionalidad del acto reclamado y estimar si existe una violación notoria que podría traer como consecuencia la concesión de la protección constitucional, esto es, si la apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, lo que implica que debe analizarse la naturaleza de la violación alegada, considerando sus características y trascendencia; por tanto, si el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo seguido en contra de la quejosa, el cual tuvo como consecuencia la clausura de la construcción del inmueble de su propiedad era necesario que la juzgadora contara con los elementos suficientes a fin de estar en posibilidad de analizar provisionalmente la naturaleza de las violaciones alegadas; en consecuencia, con las manifestaciones de la quejosa planteadas en la demanda de amparo, así como con el acuerdo del veinticuatro de mayo de dos mil seis, únicamente demuestra el estado de clausura decretado en la construcción del inmueble que defiende, mas no evidencia, ni a título de apariencia una violación que conllevaría a conceder la protección de la Justicia Federal. En ese sentido, debe decirse que si bien el acto reclamado trae aparejado daños graves y de difícil reparación, esto no es suficiente para conceder la medida precautoria, pues tal como se precisó, el preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la demora, no puede ir separado de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se realiza respecto de la existencia de una violación manifiesta al derecho cuya tutela se solicita, por ende, si la quejosa no demuestra el derecho aparente de obtener una resolución favorable en el juicio de amparo, habida cuenta que de las documentales que en copia certificada acompañó la Juez de Distrito con su informe, y cuya eficacia plena estará a prueba en el juicio constitucional, no se advierte de manera notoria la apariencia de un derecho que conduciría a la concesión de la protección constitucional; además de que no resulta suficiente para tal objetivo el argumento de la quejosa relativo a que la autoridad responsable no le notificó la resolución en la que se ordenó la imposición de la clausura; pues de sus propias narraciones se evidencia que fue parte e intervino en el procedimiento relativo, por lo que su aserto no deja de ser una simple afirmación que no determina una notoria violación constitucional, máxime que tal aseveración implica un hecho sujeto a prueba que las autoridades responsables durante la secuela procesal del juicio de garantías podrían desvirtuar. Las consideraciones precedentes resultan suficientes para declarar infundado el presente recurso de queja, en la medida de que los agravios aducidos no desvirtúan los motivos plasmados como sustento de la negativa de la suspensión provisional. Pero además, este tribunal estima necesario poner en evidencia que existen otras razones de exposición previa a la apariencia del buen derecho que debieron ser examinadas por la Juez de Distrito y que corroboran la negativa de la suspensión. En efecto, siendo la suspensión una medida cautelar para preservar la materia del amparo, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado y entonces sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería susceptible de restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa o, por otra parte, la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, que implica adelantar los efectos de una futura pero inminente sentencia protectora; pero en todo caso, esto es, incluso antes de examinar la procedencia de la apariencia del buen derecho, es imprescindible comprobar que se hayan satisfecho los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues no puede concederse ninguna suspensión, aun ante apariencia del buen derecho, cuando no se encuentren satisfechos esos presupuestos, es decir, ante el evento de que no la solicitara el agraviado (fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II), o no se causaran al agraviado daños de difícil reparación (fracción III). En otras palabras, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho, precisa del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de A
paro, para la procedencia de la suspensión, pues sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho, a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse al quejoso no fuera de difícil reparación, pues en cualquiera de estos eventos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que la apariencia del buen derecho sólo puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados o de tracto sucesivo, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho, los requisitos mínimos establecidos de manera general para cualquier suspensión en el artículo 124 de la Ley de Amparo, que son de orden público y, por ende, de estudio oficioso, los haya o no examinado la Juez de Distrito en la resolución recurrida. Al cumplir con esa obligación de analizar oficiosamente que se hayan cumplido los requisitos establecidos en ese artículo 124 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que no se encuentra actualizado el presupuesto previsto en la fracción II del mismo dispositivo, y para demostrar esta aseveración es necesario partir del examen de su texto que es del tenor literal siguiente: ... (se transcribe). Del texto transcrito se advierten los requisitos mínimos para conceder la suspensión definitiva del o de los actos reclamados en una demanda de garantías indirecta, precepto que es complementado con lo dispuesto en los artículos 125 y 135 de la propia Ley de Amparo, según la naturaleza del acto reclamado. Uno de ellos, previsto en la fracción I del artículo transcrito, es que la suspensión la solicite el agraviado; otro, establecido en la fracción II del referido artículo, es que con la concesión de la medida precautoria no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y el otro, contemplado en la fracción III del mismo precepto legal, consiste en que la ejecución del acto reclamado cause al agraviado daños y perjuicios de difícil reparación, es decir, que el acto combatido conlleve una ejecución. En relación con el requisito previsto en la fracción I del artículo en cuestión, cabe destacar que para que el quejoso pueda obtener la suspensión de los actos reclamados, debe demostrar el interés suspensional, es decir, acreditar aunque sea indiciariamente, que le agravia el acto o actos reclamados. De ese modo se concilia el interés del peticionario del amparo de que no se ejecute el acto que reclama hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, en el caso de la provisional, o hasta que se resuelva por sentencia firme el fondo del juicio de amparo, en el supuesto de la suspensión definitiva; con el interés público de que no se paralice la ejecución de una resolución judicial o administrativa que tiene la presunción de haber sido dictada conforme a la ley, mientras no se demuestre lo contrario. La demostración indiciaria del interés jurídico implica que cuando como en el caso se reclama la clausura total y permanente de la construcción de un inmueble ubicado en esta ciudad, es necesario, por regla general, que el quejoso demuestre en el incidente de suspensión que conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en vigor, cuenta con la manifestación de construcción vigente, según sea el tipo de construcción, que aunque por sí mismos, no sean aptos para acreditar la constitucionalidad o inconstitucional del acto o de los actos reclamados, en tanto que aquéllos son susceptibles de ser desvirtuados en la secuela del procedimiento, sí sean suficientes para conceder la suspensión de los actos reclamados, ya que al decretarse esa medida cautelar no se realiza un análisis en cuanto al fondo del asunto, porque la finalidad es únicamente decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. En la especie, la ahora recurrente ********** cumplió con la carga procesal de acreditar el interés suspensional que la legítima para solicitar la medida precautoria de que se trata, con la manifestación de construcción tipo B o C del **********, para la construcción de una obra nueva en el lote ubicado en la calle **********, registrada en la ventanilla única de la referida delegación el **********; documento que es requisito exigido por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, para construir, ampliar, reparar o modificar una obra, así como en términos de lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, autorización que se evidencia estará vigente hasta el **********. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o., fracción XXXVI, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, debe entenderse por manifestación de construcción lo que a continuación se transcribe: ... (se transcribe). Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 1o. del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, sus disposiciones son de orden público e interés social a las que deben sujetarse las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas de los predios del territorio del Distrito Federal, por lo que en términos del artículo 61 de la citada reglamentación, para ejecutar obras, instalaciones públicas o privadas en la vía pública o en predios de propiedad pública o privada, es necesario registrar la manifestación de construcción u obtener la licencia de construcción especial, salvo en los casos a que se refieren los artículos 62 y 63 de ese reglamento. En las condiciones apuntadas, si la quejosa presentó en el juicio de amparo indirecto, la manifestación de construcción del inmueble ubicado en ********** que se encuentra vigente, según se desprende de las constancias que en copia certificada remitió la Juez de Distrito al rendir su informe, es evidente que la aquí recurrente sí acreditó el interés suspensional de los efectos y consecuencias de los actos reclamados. Además, la quejosa acreditó el estado de clausura decretado en la construcción del predio antes referido con el acuerdo del ********** del que se desprende la ejecución de la orden de clausura total y permanente, por lo que debe decirse que con la manifestación de construcción, así como del citado acuerdo, demostró su interés para obtener la suspensión provisional de los actos reclamados, esto es, sí acreditó su interés suspensional. No obstante, este Tribunal Colegiado advierte, como ya se anticipó, que no se encuentra satisfecho el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, consistente en que la suspensión de los actos reclamados se decrete siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Cabe destacar que en términos generales, por perjuicio al interés social se entiende la ofensa que se hace a los derechos de la colectividad y por contravención al orden público se entiende la infracción de leyes que establezcan tales derechos de la sociedad. En la especie existen elementos de convicción para evidenciar que la medida suspensional contra el acto reclamado causaría afectación al interés social o de la colectividad, como a continuación se demuestra. Del acuerdo administrativo número ********** emitido por el director general Jurídico y de Gobierno en la delegación Miguel Hidalgo, **********, constancia que en copia certificada remitió la Juez de amparo, se desprende que al momento de la visita de verificación se observó que en el inmueble de mérito se encontraba una cimbra de una longitud de veintisiete metros a lo largo de la colindancia del lado este; además que invade la vía pública con dos ‘burros’ de madera en un carril del arroyo vehicular; así como que con la construcción se causó afectación al inmueble vecino, marcado con el número **********, motivos por los que se decretó el estado de clausura. El acuerdo referido señala lo siguiente: (se transcribe). De lo que se desprende que de conceder la medida precautoria de que se trata para el efecto de que se levante el estado de clausura y, por consiguiente, se permita que continúen las obras de construcción, se contravendría el interés social, pues el hecho de afectar la vía pública e impedir el libre tránsito, tanto vehicular como de transeúntes, provoca una afectación a los derechos de la colectividad; así como los numerosos daños causados en el inmueble vecino, a saber: concreto endurecido y huecos en el estacionamiento, además el muro de colindancia se colisionó debido a que se acumuló concreto entre los dos inmuebles por lo que la trabe quedó sin apoyo directo afectándose tres habitaciones y el baño, pues presentan grietas en muros y losa; humedad en los muros, ocasionada porque no se retiró la madera utilizada en la cimbra, andamios abandonados empotrados en el patio delantero y azotea contigua a la obra, con riesgo de que puedan caer en cualquier momento, por tanto, se pone en peligro a los habitantes del referido inmueble. Por lo que respecta a la invasión de la vía pública, importa precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción VI, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, no se autoriza su uso para construir o instalar sin autorización de la administración pública del Distrito Federal, obstáculos fijos o semifijos como lo son postes, puertas o cualquier elemento que modifique, limite o restrinja el libre tránsito tanto vehicular como de transeúntes; en ese sentido no existe prueba en las constancias de los autos de este recurso de queja que ponga de manifiesto que la quejosa haya demostrado que cuenta con autorización especial para invadir la vía pública con ‘burros’ de madera, por tanto, resulta evidente que afecta a la colectividad, pues impide que transite o circule con libertad. Asimismo, en las constancias del expediente de suspensión no obra prueba que ponga de manifiesto que la quejosa dio cumplimiento al retiro de los ‘burros’ que invaden la vía pública, es decir, un carril del arroyo vehicular; por ende, representa un perjuicio al interés social, pues no permite el libre tránsito, lo que causa un daño a la sociedad. Además de que igualmente provoca afectación a la colectividad, con los daños causados al inmueble vecino, poniendo en riesgo la integridad de sus habitantes. No pasa desapercibido a este tribunal, la copia certificada del escrito signado por el responsable de obra y por el representante de **********, presentado el ********** en la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Miguel Hidalgo del Gobierno del Distrito Federal, en el que proponen un proyecto constructivo para corregir los daños causados en el inmueble ubicado en la calle **********; sin embargo, de la lectura de los antecedentes narrados en el demanda de garantías se desprende que no se ha realizado ninguna reparación; además que de concederse la suspensión provisional se continuarían con los trabajos de la construcción y, por ende, se permitiría que se siguieran afectando los derechos de la colectividad. Por consiguiente, independientemente de las consideraciones de la resolución recurrida, este órgano jurisdiccional estima que la quejosa no cumple, por el momento, con el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, pues al obstruir la vía pública y no permitir el libre tránsito y por la afectación causada al inmueble vecino produce perjuicio a los derechos de la sociedad y contravienen disposiciones de orden público. Por último, el agravio compendiado en el inciso c), resulta ineficaz para revocar el auto recurrido, en razón de que la inconforme manifiesta cuestiones que en todo caso, atañen al fondo del asunto. En consecuencia, dada la ineficacia de los agravios hechos valer por la recurrente y con base en las consideraciones expuestas, debe declararse infundado el presente recurso de queja y, por consiguiente, confirmarse la resolución recurrida."
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvo el mismo criterio al resolver los siguiente asuntos:
1) Recurso de queja 36/2006, fallado el cuatro de diciembre de dos mil seis.
2) Incidente de suspensión en revisión 365/2006, fallado el treinta de agosto de dos mil seis.
3) Incidente de suspensión en revisión 367/2006, fallado el treinta de agosto de dos mil seis.
4) Incidente de suspensión en revisión 514/2006, fallado el cuatro de enero de dos mil siete.
Así, el criterio transcrito dio lugar a la tesis de jurisprudencia del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito número I.15o.A. J/3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 1626, que establece:
"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EL EXAMEN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA, ES PREVIO AL ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. La suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo, de carácter instrumental, para preservar la materia del propio juicio a efecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de garantías alegada. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa y, eventualmente, la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, en conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En esos términos, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues ésta no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitara el agraviado (fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II), o no se causaran al agraviado daños de difícil reparación (fracción III); esto es, sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse al quejoso no fuera de difícil reparación, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora sólo puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho y peligro en la demora, los requisitos mínimos establecidos en el citado artículo 124."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al fallar el incidente en revisión administrativo 146/2006, en sesión de ocho de mayo de dos mil seis, mayoritariamente sostuvo lo siguiente:
"Son fundados los agravios que en el caso se expresan. En efecto, en principio es de destacarse que el artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22134-2e2625d8/suspension-para-decidir-sobre-su-otorgamiento-el-juzgador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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