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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2004-PL. · Registro digital (IUS): 18414
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, , Pág. 1021.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión RA 137/2004-1863, pronunció resolución el dieciocho de marzo de dos mil cuatro, en los términos siguientes:

"México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil cuatro. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por medio del cual remite a este Tribunal Colegiado el escrito original de expresión de agravios de Horacio Alain Delie Enciso, representante de Simon Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de diciembre de dos mil tres, terminada de engrosar el veintiséis de febrero de dos mil cuatro, dictada por la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el juicio de amparo 1011/2003, así como la copia correspondiente para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y los autos originales del citado juicio de amparo en que se contiene la resolución recurrida. Acúsese el recibo de estilo a la autoridad oficiante. Con el oficio de cuenta y copia certificada del escrito de agravios, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número RA 137/2004-1863. Ahora bien, vista la materia de cuenta, en virtud de que la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal fue omisa en remitir las constancias de notificación a las partes con las que hizo de su conocimiento el trámite del recurso de que trata el presente toca, a fin de procurar una pronta y expedita integración del recurso para la decisión relativa, se ordena devolver los autos y anexos correspondientes a fin de que una vez integrado el expediente relativo al juicio de amparo 1011/2003, lo remita a este Tribunal Colegiado dentro de las veinticuatro horas, a partir de aquella en que el expediente quede debidamente integrado, por las consideraciones que a continuación se exponen: En últimas fechas se ha vuelto una práctica común que los Jueces de Distrito, en su mayoría, al proveer sobre el recurso de revisión que ante ellos se interpone, envíen los autos correspondientes a los Tribunales Colegiados sin que se encuentren debidamente integrados. Esa postura, que toca un aspecto meramente jurisdiccional, conlleva una serie de consecuencias de orden práctico que, lejos de favorecer la pronta y expedita impartición de justicia, según obliga el artículo 17 constitucional, retarda la sustanciación y resolución de los recursos de revisión tramitados ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Por eso, dada la trascendencia del asunto y con el objeto de dar cumplimiento al postulado ordenado por el referido dispositivo constitucional, este órgano colegiado estima necesario definir la manera en que realmente debe de tramitarse ese recurso, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Para tal fin, resulta necesario, en principio, transcribir el contenido de los artículos que regulan la sustanciación del recurso de revisión, los que establecen lo siguiente: (Reformado, D.O.F. 16 de enero de 1984) ‘Artículo 86.’ (se transcribe). (Reformado, D.O.F. 19 de febrero de 1951) ‘Artículo 87.’ (se transcribe). (Reformado primer párrafo, D.O.F. 5 de enero de 1988) (Republicado, D.O.F. 11 de enero de 1988 y D.O.F. 1 de febrero de 1988) ‘Artículo 88.’ (se transcribe). (Reformado primer párrafo, D.O.F. 16 de enero de 1984) ‘Artículo 89.’ (se transcribe). (Reformado primer párrafo, D.O.F. 19 de febrero de 1951) ‘Artículo 90.’ (se transcribe). Del contenido de los dispositivos transcritos con anterioridad, podemos dividir las reglas que rigen la tramitación del recurso de revisión en tres grandes etapas: La primera constituida por los requisitos de forma y oportunidad que debe satisfacer la parte recurrente. Al efecto, los preceptos de mérito disponen que el recurso de revisión se interpondrá por escrito, por conducto del Juez de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, dentro del término de diez días contados desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. Asimismo, se prevé que junto con el escrito de expresión de agravios la parte recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las partes. La segunda etapa se identifica con aquellas exigencias para el juzgador consistentes en requerir a la parte recurrente para que presente las copias del escrito de expresión de agravios que hubiera omitido. Asimismo, dentro de este rubro destaca la obligación a cargo del Juez de Distrito o del superior del tribunal que haya cometido la violación de que una vez que se interpone la revisión y se reciben en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios se debe remitir el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De igual forma, en los casos de la fracción II del artículo 83 de la Ley de Amparo, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse, con el original del escrito de expresión de agravios, dentro del término de veinticuatro horas al Tribunal Colegiado de Circuito. Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito, copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión con expresión de la fecha y hora del recibo. Finalmente, la tercera etapa corresponde al momento en que el presidente del Tribunal Colegiado califica la procedencia del recurso, corre traslado al Ministerio Público con la copia del escrito de agravios y, en su caso, resuelve lo que fuera procedente dentro del término de quince días. Una vez resumidas las reglas que rigen la sustanciación del recurso de revisión es pertinente destacar que es en la segunda de las fases descritas con anterioridad donde se presenta la problemática que se analiza, concretamente, con relación a la obligación a cargo del Juez de Distrito o del superior del tribunal que haya cometido la violación, consistente en que una vez que se interpone la revisión y se reciben en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios debe remitir el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De una interpretación aislada del artículo 89 de la Ley de Amparo, como se ha venido haciendo, la referida obligación podría surgir dentro de las veinticuatro horas siguientes, a partir del momento en que se interpone la revisión y se han recibido en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios, independientemente de que ese expediente no se encuentre debidamente integrado. Esto es, conforme a esa interpretación, el Juez debe remitir los autos originales para la resolución del recurso de revisión dentro de las veinticuatro horas siguientes a la interposición del recurso, aun cuando no se cuente con las constancias de notificación a las partes del auto que lo tuvo por interpuesto y ordenó correrles traslado con copia del escrito de agravios. Pues bien, la exigencia legal en cita, así interpretada, pugna evidentemente con el principio de impartición de justicia pronta y expedita, dado que la sujeción a ese criterio retarda la solución del negocio, lo que de manera alguna puede sostenerse. En efecto, en la actualidad, derivado de esa incorrecta interpretación, se presentan en los Tribunales Colegiados una serie de problemas que retardan la sustanciación y solución de los recursos de revisión de su competencia, lo que deriva principalmente de la insuficiente integración de los autos que le son remitidos para la resolución del recurso de revisión. Prueba de ello lo constituyen los múltiples requerimientos que se hacen a los Jueces de Distrito a efecto de que remitan las constancias de notificación a las partes del acuerdo por el que se les hace de su conocimiento la interposición del recurso y se les hace entrega o corre traslado de la copia del escrito de agravios, para que éstas estén en posibilidad de comparecer ante el tribunal de alzada y aleguen lo conducente, cuestión que evidentemente implica un retardo en la impartición de justicia. Tal aserto adquiere plena validez si se toma en cuenta, en el mejor de los casos, el tiempo transcurrido entre la elaboración del acuerdo por el que se requiere al juzgador federal la exhibición de las constancias de notificación correspondientes, su notificación, la elaboración del acuerdo de contestación por parte del Juez a la superioridad, su notificación y, finalmente, de nueva cuenta la elaboración de un acuerdo por el que se reciben las constancias, aspectos que, como ya se mencionó, inciden lógicamente en la tardía solución del recurso y, por ende, en esencia, en perjuicio del gobernado y de la pronta administración de justicia en el control constitucional; independientemente del importante incremento que ese trámite trae aparejado, lo que, a su vez, genera una saturación en la labor de los órganos jurisdiccionales involucrados. Otro ejemplo de la situación que actualmente se advierte de la impráctica manera en que se tramita el recurso de revisión lo constituye el hecho de que, en ocasiones, una vez que el Tribunal Colegiado ha proveído sobre la admisión del recurso (momento a partir del cual empieza a correr el término de los cinco días para adherirse a la revisión principal), la parte que se ha visto beneficiada con la sentencia recurrida se encuentra imposibilitada para desvirtuar, a través de la revisión adhesiva, los agravios planteados por la recurrente, al no habérsele notificado con la copia del escrito de agravios, lo que incide ya no solamente en la pronta impartición de justicia, sino en perjuicio de la garantía de defensa del gobernado en el juicio de garantías. De igual forma, dada la indebida interpretación del artículo 89 de la Ley de Amparo, en diversos casos se ha originado la apertura de múltiples cuadernos de revisión respecto de un mismo asunto, lo que representa, además de una situación impráctica para su solución, un problema que puede trascender al sentido del fallo correspondiente, debido a que ante la pretensión del Juez Federal de que el recurso sea recibido en el Tribunal Colegiado dentro de las veinticuatro horas de su presentación, los recursos de revisión que con posterioridad se presenten contra la misma resolución, tendrán que ser registrados en la oficialía de partes común, para turno, con un número distinto, lo que origina que se tramiten en un expediente o toca diverso y así se multiplican los recursos con el riesgo de que cuando sean turnados probablemente ya se hubiera fallado el recurso que se recibió en primer lugar, lo que pudiera dar lugar a que el recurso posterior, en esas condiciones, quedara sin materia al haber sido revocada, modificada o confirmada la resolución recurrida, por la decisión recaída al primer recurso de revisión. Los ejemplos antes señalados no constituyen meras hipótesis de lo que podría acontecer con la interpretación literal que del citado precepto se hiciera, sino una realidad que día con día acontece en la tramitación de los recursos de revisión, lo que trasciende en perjuicio del gobernado y, sobre todo, pugna con la exigencia constitucional de impartición pronta y expedita, (sic) así como con la intención del legislador, quien a través de la redacción de ese dispositivo pretendió dar celeridad a los juicios de amparo. Tal conclusión se corrobora y esclarece del análisis de la iniciativa presidencial que culminó con la expedición del decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, que dio origen a la obligación que se analiza, de la que se advierte que el fin perseguido a través de esa reforma consistía, en esencia, en fortalecer la orientación de la materia hacia los postulados de una justicia eficaz, pronta y expedita. Lo anterior queda evidenciado con el contenido de dicha iniciativa, a través de la cual el legislador consideró: ‘Cámara de Origen: Senadores. México D.F., a 25 de noviembre de 1983. Exposición de motivos. Iniciativa CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Presentes. ... III. Uno de los problemas en los cuales se advirtió mayor insistencia en la consulta nacional fue el relativo a la necesidad de suprimir tecnicismos y anacronismos, así como lograr celeridad en el procedimiento de nuestro juicio de amparo. a) Con este propósito se formulan varias proposiciones, la primera de las cuales se hace consistir en la modificación del actual artículo 167 para suprimir la alternativa que permite la presentación de la demanda de amparo contra la sentencia definitiva o laudo, directamente ante la Suprema Corte de Justicia o ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para establecer la obligación de que sólo se presente por conducto de la autoridad responsable, en virtud de que ésta debe decidir sobre la suspensión del acto reclamado, emplazar a juicios a las partes, consignar la fecha de notificación de la resolución reclamada y remitir el expediente al órgano competente para conocer del juicio de amparo. Con esta medida, además de lograr una mayor celeridad en la tramitación, se evita la maniobra frecuente de los litigantes de presentar directamente la demanda con el propósito de retrasar la resolución del asunto. b) Una modificación similar se introduce respecto del recurso de revisión, al establecer en el artículo 86 que aquél debe interponerse por conducto del Juez de Distrito o de la autoridad que hubiese conocido del juicio, suprimiéndose la posibilidad, que actualmente existe, de que se presente ante el órgano revisor, en virtud de que los primeros deben distribuir las copias del propio recurso y remitir el expediente, y con ello, además de evitarse dilaciones innecesarias, se termina con la situación de que por falta de aviso oportuno de la interposición del recurso de revisión de manera directa, la autoridad que conoció del juicio en primer grado declare firme la sentencia, no obstante que se presentó en tiempo la impugnación.’. Esa intención, la de dar celeridad en la sustanciación del juicio de amparo, fue reconocida por la Cámara de Senadores y Diputados, quienes a través de los trabajos legislativos correspondientes coincidieron en que la reforma propuesta era un verdadero esfuerzo para dar al juicio de amparo mayor celeridad y eficacia, a fin de conseguir una justicia pronta y expedita. Los principios de concentración y expeditez que con la reforma antes apuntada plasmó el legislador a la reforma del artículo 89 de la Ley de Amparo se hacen patentes con el trámite que el propio legislador definió para el recurso de revisión a cargo de los Tribunales Colegiados, pues en el citado precepto, así como en el artículo 90 de ese ordenamiento, con toda nitidez y acierto previó que con el original del escrito de agravios y el expediente relativo el Juez remitiera sólo una copia de ese escrito para el Ministerio Público con la finalidad de que al calificar el recurso admitiéndolo, el Tribunal Colegiado sólo corriera traslado al citado representante social y así estuviera en aptitud de dictar la resolución correspondiente dentro del plazo de quince días, trámite sumario que sólo se cumple recibiendo el expediente debidamente integrado con las constancias de notificación correspondientes. Partiendo de esa premisa, resulta indudable que si la intención del legislador, a través de la citada reforma, fue satisfacer plenamente la obligación exigida por el artículo 17 constitucional, es claro que una interpretación aislada del artículo 89 de la Ley de Amparo como ha venido aconteciendo, de manera alguna conduce a la satisfacción de ese objetivo, porque como se ha sostenido a lo largo del presente análisis, implica, en la práctica, un retardo en la impartición de justicia. Pues bien, precisamente con la intención de dar cumplimiento a ese postulado es que la obligación contenida en el multicitado artículo 89 de la Ley de Amparo debe interpretarse atendiendo al fin perseguido por la norma. Así tenemos que el término de veinticuatro horas a que se refiere el dispositivo de referencia, a efecto de que el Juez remita el expediente original para la resolución del recurso de revisión, debe empezar a contarse a partir de que el expediente se encuentra debidamente integrado y, una vez hecho lo anterior, se debe remitir al Tribunal Colegiado para su resolución. En consecuencia, como ya quedó establecido, devuélvanse los autos y anexos correspondientes a fin de que una vez integrado el expediente relativo al juicio de amparo 1011/2003, lo remita a este Tribunal Colegiado dentro de las veinticuatro horas, computadas en la forma antes indicada. Notifíquese, y por medio de oficio al Juzgado de Distrito. Lo proveyó y firma el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Doy fe."

El criterio contenido en la resolución transcrita fue reiterado, en términos prácticamente idénticos, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en las resoluciones pronunciadas el dieciocho y diecinueve de marzo de dos mil cuatro, en los recursos de revisión RA-139/2004-1882, RA-140/2004-1905, RA-141/2004-1912 y RA-142/2004-1936, lo que dio lugar a la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 1650, que establece:

"REVISIÓN. EL TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE AMPARO DEBE EMPEZARSE A CONTAR A PARTIR DE QUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo establece la obligación a cargo del Juez de Distrito o del superior del tribunal que haya cometido la violación para que, una vez interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios, remita el expediente original a la Suprema Corte de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito y la copia que corresponda al Ministerio Público. Una interpretación aislada del citado precepto llevaría a considerar que el término de veinticuatro horas a que hace referencia debe computarse a partir del momento en que se interpone la revisión y se han recibido en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios, independientemente de que el expediente no se encuentre debidamente integrado, esto es, aun cuando no obren las constancias de notificación a las partes del acuerdo por el que se les hace de su conocimiento la interposición del recurso y se les corre traslado con la copia del escrito de agravios, para que estén en posibilidad de comparecer ante el tribunal de alzada y aleguen lo que estimen conducente. Tal postura conlleva una serie de consecuencias de orden práctico que lejos de favorecer la pronta y expedita impartición de justicia, según obliga el artículo 17 de la Constitución Federal, origina el retardo en la sustanciación y solución del recurso de revisión; prueba de ello lo constituyen, entre otras cuestiones, el tiempo de elaboración, notificación y contestación de los constantes requerimientos realizados a los Jueces de Distrito a efecto de que remitan las referidas constancias, así como la apertura de múltiples cuadernos de revisión respecto de un mismo asunto y la circunstancia de que, en ocasiones, una vez que el tribunal provee sobre la admisión del recurso, momento a partir del cual empieza a correr el término para adherirse a la revisión principal, la parte beneficiada con la sentencia recurrida se ve imposibilitada para desvirtuar, a través de la revisión adhesiva, los agravios planteados por el recurrente, al no habérsele notificado con la copia del escrito de agravios, cuestión, esta última, que incluso incide en perjuicio de la garantía de defensa en el juicio de amparo. Por eso, atendiendo a una interpretación acorde con esos postulados, así como a la intención del legislador a través de la reforma que culminó con la expedición del decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, que dio origen a la obligación que se analiza, cuyo objetivo consistió en dar al juicio de amparo mayor celeridad y eficacia, debe concluirse que el término de veinticuatro horas a que se refiere el citado dispositivo debe empezarse a contar a partir de que el expediente se encuentra debidamente integrado, es decir, cuando se cuente con las constancias de notificación a las partes del auto que tuvo por interpuesto el recurso y ordena correrles traslado con copia del escrito de agravios y, una vez hecho lo anterior, remitirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunal Colegiado para su solución, según el caso."

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al fallar el recurso de queja 58/2000 el treinta de noviembre de dos mil, sostuvo, en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:

"V. Son fundados en esencia los agravios que expresa la autoridad recurrente, atenta a las consideraciones que se expresan a continuación. Como se señaló, la determinación que se impugna a través del recurso de queja, está constituida por el acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil, dictado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos. El acuerdo mencionado se dictó al proveer en relación con el recurso de revisión interpuesto por el ingeniero Gustavo Welsh Castillo, director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalapa, Veracruz, en contra de la resolución de fecha ocho de septiembre del recién citado año, dictada en el juicio de amparo 115/2000, promovido por Alfredo Ramón de Diego y otros, en contra de la autoridad recurrente y otras autoridades, en la que se ordenó distribuir entre las partes las copias del recurso, así como remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, de igual forma el original del oficio y anexo de expresión de agravios y una copia más para el fiscal federal adscrito a esta superioridad, debiéndose integrar el cuaderno de antecedente respectivo de las constancias pertinentes. En la inteligencia que una vez que obren todas y cada una de las notificaciones de la resolución recurrida, así como del proveído se remitiría al ad quem, para los efectos legales que en derecho proceda. En la demanda de amparo la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalapa, Veracruz, aquí recurrente y otras autoridades, que hizo consistir como acto reclamado las órdenes, acuerdos o disposiciones tendientes a desposeer de una superficie aproximadamente de ocho hectáreas del predio de su propiedad denominado ‘Los Caimanes’, ubicado en el kilómetro veinte más doscientos metros, de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, sin que se cumplieran con las formalidades esenciales del procedimiento, sin ser oídos y vencidos en juicio, así como también reclamó el ilegal procedimiento administrativo que se tramitó o se haya tramitado a sus espaldas, relativo a la afectación del predio antes mencionado, supuestamente para efectuar la construcción de un tramo de la carretera Las Choapas, Veracruz-Cozocuautla, Chiapas, sin darle la oportunidad de ser oído. El asunto se registró con el número 115/2000 y su conocimiento correspondió al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, quien por auto de fecha tres de marzo del año que transcurre, admitió la demanda y seguidos los trámites de ley, en audiencia constitucional celebrada el ocho de septiembre del año dos mil, se dictó sentencia en la que primero sobreseyó en el juicio y segundo la Justicia de la Unión amparó y protegió a los quejosos. Inconforme con tal resolución, el director del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalapa, Veracruz, autoridad señalada como responsable, aquí recurrente, interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por auto de fecha seis de octubre del año dos mil (foja 83 del expediente de queja). Por otra parte, al formular los conceptos de agravio, materia de la queja, el ingeniero Gustavo Welsh Castillo, director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalapa, Veracruz, señalado como autoridad responsable en el juicio de amparo, sostuvo que se violó en su perjuicio lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Amparo, por falta de observancia, toda vez que con fecha seis de octubre del año dos mil, presentó ante el Juzgado Décimo de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, recurso de revisión en contra de la resolución de fecha ocho de septiembre del recién citado año, dictada en el juicio de amparo 115/2000, promovido por Jesús A. Macías Yazegey, en contra de actos de ella y otras autoridades, en la cual se le concedió al quejoso la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados; en vista de lo anterior, la autoridad judicial dictó el auto de fecha seis de octubre del año dos mil, que en esta vía recurre, en el cual ordena ‘... remítase el presente expediente al H. Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en turno, con residencia en Villahermosa, Tabasco ...’; no obstante en el mismo auto, también ordena: ‘... En la inteligencia de que una vez que obran todas y cada una de las notificaciones de la resolución recurrida, así como del presente proveído se remitirá al ad quem para los efectos legales que en derecho proceda ...’; es el caso que a la fecha, el Juez del conocimiento no ha remitido los autos a esta superioridad, porque según él, no obran todos los acuses de recibo en el expediente; esto viola lo dispuesto por el artículo 89 de la ley de la materia, el que estipula que los autos deberán remitirse al superior jerárquico en un término de veinticuatro horas a partir de la recepción del escrito de agravios para su resolución, haciendo excepciones al precepto aducido, no obstante que el mismo se debe acatar literalmente. Así pues, esta secretaría mantiene suspendidos los trabajos de la vía general de comunicación, carretera Las Choapas-Ocozocuautla, sufriendo pérdidas financieras, pues existe equipo inactivo y personal que devenga salarios sin ejecutar obra; por lo que el retraso en la resolución de dicho recurso de revisión, por mantener en suspenso la situación legal de la obra, ocasiona daños de difícil o imposible reparación en la sentencia. Los conceptos de agravio, que esgrime la parte recurrente, son esencialmente fundados, por lo siguiente. En principio, los artículos 89, 90 y 157 de la Ley de Amparo, establecen: ... (se transcribe). En segundo lugar, efectivamente como lo esgrime la autoridad recurrente el Juez de Distrito dejó de observar lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Amparo, que establece literalmente que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios, conforme al artículo 88, deberá remitir el expediente original, dentro del término de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal, sin que se advierta que se deba esperar hasta que esté debidamente integrado el expediente, ya que tal argumento que aduce el Juez Federal en su informe justificado en el sentido de que en diversas ocasiones los Tribunales Colegiados de este circuito, han devuelto a ese órgano jurisdiccional los expedientes que se remiten con motivo del recurso de revisión hecho valer por las partes interesadas, cuando se advierte que falta una constancia de notificación relativa a la sentencia recurrida o al auto que dicta ese juzgado que da trámite al recurso, que por esa circunstancia lo obligó a proveer en esos casos; por lo que remitiría para la sustanciación el recurso de revisión, una vez que obren las constancias de notificación de la sentencia recurrida y el auto relativo en el que se tiene por recibido el recurso de que se trata, agregando que por diversos acuerdos también ha proveído respecto a diversos recursos hechos valer por otras autoridades, razón por la cual tampoco ha sido posible remitir el expediente, perdiendo de vista que son cuestiones de hecho que no están fundamentadas por la ley, pero no de derecho a como se debe atender literalmente por el artículo en comento, de ahí es violatorio el acuerdo recurrido. En tales condiciones, lo que procede es declarar fundado el recurso de queja."

El criterio transcrito dio lugar a la tesis X.3o.9. K del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 1122, que señala:

"RECURSO DE REVISIÓN. INTERPUESTA LA REVISIÓN Y RECIBIDAS EN TIEMPO LAS COPIAS DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS DEBERÁ REMITIRSE EL EXPEDIENTE ORIGINAL DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS, ASÍ COMO EL ORIGINAL DEL ESCRITO DE AGRAVIOS Y LA COPI

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18414-934c6fda/revision-en-amparo-el-plazo-de-veinticuatro-horas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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