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Modo: Corpus Pro

JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE APLICARLA CUANDO SEA PROCEDENTE, SIN ANALIZAR SI EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADOS CONSTITUYEN EL PRIMERO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL QUE LO FUNDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2004-PL. · Registro digital (IUS): 19396
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 754.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC-GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la revisión fiscal 356/2003-4702, el diez de diciembre de dos mil tres, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Del contenido de la sentencia recurrida se advierte que la Sala determinó que la resolución impugnada en el juicio de nulidad era ilegal porque la autoridad demandada al detectar irregularidades consistentes en la omisión de ingresos y errores en la determinación de la renta gravable base del reparto de utilidades a los trabajadores de la actora, con fundamento en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en mil novecientos noventa y nueve, la modificó estableciendo un reparto de utilidades por la cantidad de $3'111,148.00, en sustitución del manifestado por la contribuyente por un monto de $1'042,296.00, cuando ese precepto ha sido declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 76/99 y P./J. 75/99, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, cuyos rubros son: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ y ‘RENTA. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, CONFORME AL ARTÍCULO OCTAVO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO).’. La Sala precisó que de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, las tesis de jurisprudencia antes citadas le eran obligatorias y que su acatamiento, contrario a lo que alegaba la autoridad demandada, no implicaba en modo alguno la interpretación de constitucionalidad de la norma y que al acatarlas sólo se atendía al aspecto de legalidad. Así, concluyó que, como la autoridad demandada había aplicado de manera indebida un precepto jurídico, se actualizaba la causal de ilegalidad prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y, consecuentemente, procedía declarar la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa impugnada. Ahora, en su oficio de agravios la recurrente alega, en esencia, que la Sala aplicó indebidamente la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debido a que la contribuyente ya había aplicado el procedimiento para determinar la renta gravable base del reparto de utilidades, previsto en dicho precepto, por lo que procesalmente no se encontraba legitimado para que se le aplicara la jurisprudencia. Lo anterior, dice la recurrente, implica que la actora consintió el precepto aludido, toda vez que no lo impugnó en la forma y en los términos previstos por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y 21, 22 y 114 de la Ley de Amparo, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación. Refiere que la Sala debió analizar si la demandante había consentido la aplicación del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que no se distorsionara la esencia de lo dispuesto en los artículos 21, 22, 73, fracción XII, 192 y 193 de la Ley de Amparo, puesto que por vía de nulidad, la actora eludía y hacía inoperante el contenido de los numerales 21, 22 y 73, fracción XII, de la citada ley. El agravio expuesto por la recurrente es inoperante por lo siguiente: Como se observa de la sentencia recurrida, la Sala responsable declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada por estimar que se funda en el artículo 14 de la Ley Impuesto sobre la Renta, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según las tesis de jurisprudencia invocadas con antelación, es decir, declaró la nulidad del acto administrativo impugnado aplicando la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad del citado precepto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, la inoperancia del agravio radica en el hecho de pretender que la Sala responsable analice el consentimiento tácito del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al no haber promovido la contribuyente el juicio constitucional con motivo del primer acto de aplicación de dicho precepto, lo que lleva consigo un pronunciamiento que se encuentra fuera de su jurisdicción, porque es un planteamiento en materia de constitucionalidad de leyes y el consentimiento de una ley constituye una causal de improcedencia que opera, en todo caso, en el juicio de amparo, que corresponde calificarla y determinarla a los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación en términos del artículo 103 constitucional, en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Conviene dejar en claro que la legitimación procesal para que una tesis de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de una ley sea aplicada, como en el caso, por un tribunal administrativo al resolver un juicio de nulidad, depende de que la jurisprudencia exista, de que haya sido verdaderamente aplicada la disposición de que se trate, esto es, que los efectos y consecuencias que en forma abstracta, general e impersonal estableció su creador, se vean efectivamente reflejados o concretizados en el acto gubernamental, de tal forma que el dispositivo jurídico constituya basamento de la decisión contenida en aquél, y que esa aplicación, desde luego, haya sido perjudicial. Esto es, la correcta aplicación o la procedencia de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, estriba fundamentalmente en que haya identidad entre la norma interpretada jurisprudencialmente y la aplicada al particular, pudiendo así determinarse la ilegalidad del acto o resolución fundados en tal ley, dado que no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados, por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de la Nación, como contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 38/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, que la propia recurrente invocó en su oficio de expresión de agravios, de rubro: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.’. La Sala responsable se limitó precisamente a realizar un estudio de legalidad relativo a si la resolución impugnada respetó el artículo 16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria del Máximo Tribunal del país. Esto es, la Sala Fiscal juzgó en relación con la resolución contenida en el oficio 330-SAT-VIII-7588, dictada por el Administrador Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el veintiséis de febrero de dos mil dos, en que determinó que por el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve la actora debía efectuar un reparto adicional de utilidades por un monto de $2'068,852.00 (dos millones sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos en moneda nacional); sin que haya juzgado en forma alguna la ley, concretamente, el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aunado a que, contrariamente a lo que alega la recurrente, la actora no combatió en el juicio de nulidad ese precepto, ni habría sido la instancia, desde luego. De ahí que si la pretensión de la recurrente era que se sobreseyera en el juicio de nulidad, tal pretensión resulta inconducente, puesto que la litis de ese juicio es totalmente ajena a la litis de un amparo contra leyes y por consiguiente no puede considerarse que exista obligación de la Sala de analizar si la demandante había consentido o no el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En un amparo directo, de conformidad con los artículos 73, fracción XII, párrafo último, 158 y 166, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se puede cuestionar la constitucionalidad de leyes vía excepción a través de los conceptos de violación, como un argumento más para decidir sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada y en tales casos respecto del precepto aplicado debe verificarse si se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, en virtud de que, en ese supuesto, los conceptos de agravio relativos resultarían inoperantes, conforme lo dispone una de las tesis que cita la autoridad recurrente en su escrito de expresión de agravios; sin embargo, es evidente que la Sala Fiscal no conoció de un juicio de amparo directo, de tal forma que resulta totalmente inconducente pretender que actuara conforme a las normas establecidas en la Ley de Amparo y la jurisprudencia relativa. Por la misma razón es de concluirse que en el caso tampoco resultan aplicables las tesis que cita la recurrente de rubros: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, AUN EN SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, ESTÁ SUJETA A QUE EN EL CASO CONCRETO SEA PROCEDENTE SU APLICACIÓN.’, ‘AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN.’, ‘AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA LEY APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE CONSENTIDA CON ANTERIORIDAD.’ y ‘ACTOS CONSENTIDOS. AMPARO CONTRA LEYES (IMPUESTOS).’. Como se ve, tales tesis son aplicables en el juicio de amparo, mas no así en el juicio de nulidad. En el mismo orden de ideas, cabe reiterar que la causa de improcedencia que la recurrente invoca a lo largo de su oficio de expresión de agravios, esto es, la contenida en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, es propia del juicio de garantías, no así del juicio de nulidad, pues basta acudir al artículo 202 del Código Fiscal de la Federación para advertirlo. También es importante señalar que ningún sentido tiene examinar las pruebas a que hace referencia la autoridad recurrente, puesto que, como ha quedado de manifiesto, la Sala no tenía por qué verificar si la resolución impugnada constituía el primer acto de aplicación del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es, aun verificando que la resolución combatida en el juicio de nulidad se trate de un ulterior acto de aplicación de la referida ley, lo cierto es que no es una cuestión que debiera examinar la Sala, porque para aplicar la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de esa norma sólo era necesario verificar que en el acto administrativo impugnado se haya aplicado como fundamento de la decisión autoritaria. Por último, la tesis que cita la recurrente al final de su oficio de expresión de agravios, contrariamente a lo que afirma, se trata de la tesis aislada I.9o.A.53 A, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, de rubro: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL UN PRECEPTO, APLICACIÓN DE LA. DEBE ACREDITARSE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE LA CONSULTA REALIZADA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE ESE PRECEPTO.’, tesis que este tribunal no considera aplicable y, además, no le es obligatoria. En estas condiciones, se debe confirmar la sentencia recurrida."

CUARTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar la revisión fiscal 77/2002-993, el dieciocho de abril de dos mil dos, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Son parcialmente fundados los agravios hechos valer por la recurrente. Aduce, esencialmente, que indebidamente la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada, con apoyo en la tesis jurisprudencial que declaró inconstitucional el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por las siguientes razones: a) Que la Sala Fiscal debió sobreseer en el juicio de nulidad en virtud de que la actora consintió la aplicación del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción IV, último párrafo, del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación. b) Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de facultades para resolver de controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen la Constitución, puesto que dicha facultad está reservada únicamente a los Tribunales de la Federación. c) Que al apoyar la Sala Fiscal la resolución impugnada en la referida tesis, hace suyos los razonamientos vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la llevarán a pronunciarse respecto de la constitucionalidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no obstante que la parte quejosa consintió el referido concepto de violación al no haber atacado su inconstitucionalidad desde el primer acto de aplicación. d) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo se establece la obligatoriedad de acatar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello es únicamente en relación con cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad. e) Alega que si en el caso la Sala estaba obligada a acatar la jurisprudencia en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, debió cerciorarse de que el acto combatido era el primer acto de aplicación del ordenamiento cuya inconstitucionalidad fue declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, debió analizar la procedencia del juicio. Precisado lo anterior, este órgano colegiado estima que fue parcialmente correcta la decisión de la Sala Fiscal, por lo siguiente: En primer término, debe decirse que contrariamente a lo señalado por la recurrente, la Sala Fiscal correctamente desestimó la causal de improcedencia que hizo valer, al considerar que la actora consintió el primer acto de aplicación del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, establece en lo conducente: ... (transcribe). Ahora bien, en el caso, lo que el actor impugnó a través del juicio de nulidad fue la respuesta que dio la autoridad hacendaria a la consulta que le presentó en relación con la inaplicación del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, emitida el cuatro de agosto del año dos mil, respecto de la dicho juicio (sic) fue promovido en tiempo, sin que sea motivo para sobreseer en el mismo por actualizarse la causal de improcedencia invocada, el que la parte actora hubiese consentido la aplicación del artículo en comento, pues ello es materia de análisis del fondo del asunto. Por otra parte, para dar respuesta a los demás conceptos de agravio hechos valer por la recurrente, conviene precisar lo siguiente: El vocablo jurisprudencia proviene del latín ‘iurisprudentia: f. Ciencia del derecho. 2. Conjunto de sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen. 3. Criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes.’ (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo A-Zurrón, España, 1984, página 805). ‘Del latín: iurisprudentia, que proviene de ius y prudentia, y significa prudencia de lo justo.’ (Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ed. Porrúa, 10a. ed., México, 1997, página 1891). Actualmente tratadistas contemporáneos como el doctor Eduardo García Máynez define a la jurisprudencia como ‘el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales.’ (García Máynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Ed. Porrúa, 40a. ed., México, 1988, página 68). Por otra parte, para el maestro español José Castán Tobeñas la jurisprudencia es: ‘la doctrina sentada por los tribunales, cualquiera que sea su clase y categoría, al decidir las cuestiones sometidas a ellos.’ (Castán Tobeñas, José, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo I, Vol. I, 12a. ed, España, 1988, página 581). Juventino V. Castro y Castro define a la jurisprudencia como el ‘hábito de interpretar rectamente las leyes y aplicarlas oportunamente a las cosas que ocurren.’ (Diccionario Jurídico Mexicano, obra citada, página 1892). El Diccionario Jurídico Mexicano define a este concepto de la siguiente manera: ‘la jurisprudencia judicial es la interpretación que hacen los tribunales competentes al aplicar la ley a los supuestos de conflicto que se someten a su conocimiento.’ (ídem). Por otra parte, el Ministro Arturo Serrano Robles conceptualiza a la jurisprudencia como: ‘el conjunto de reglas o normas que la autoridad jurisdiccional, que cuenta con atribuciones al respecto, deriva de la interpretación de determinadas prevenciones del derecho positivo, que precisan el contenido que debe atribuirse y el alcance que debe darse a éstas, y que, al ser reiteradas cierto número de veces en sentido uniforme, no contrariado, son obligatorias para quien debe decidir casos concretos regidos por aquellas prevenciones.’ (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manual del Juicio de Amparo, Ed. Themis, 2a. ed., México, 1994, página 175). Para Cabanellas la jurisprudencia es: ‘La ciencia del derecho. El derecho científico. La ciencia de lo justo y de lo injusto, según parte de la definición justiniana, que luego se analiza. La interpretación de la ley hecha por los Jueces. Conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un problema jurídico u oscuro en los textos positivos o en otras fuentes del derecho. La interpretación reiterada que el Tribunal Supremo de una nación establece en los asuntos que conoce. La práctica judicial constante. Arte o hábito de interpretar o aplicar las leyes.’ (Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit. Heliastra, Argentina, 1981, Tomo V, página 55). Por último, para José Alberto Garrone la jurisprudencia tiene el siguiente sentido: ‘El concepto de jurisprudencia es multívoco: etimológica e históricamente designó las opiniones de los autores, pero paulatinamente se la ha transformado en la opinión de los tribunales a través de sus decisiones judiciales. Como fuente de manifestación del derecho y en especial del derecho procesal, la acepción más aceptable es la que considera a la jurisprudencia como la reiterada y habitual concordancia de las decisiones de los órganos jurisdiccionales del Estado sobre situaciones jurídicas idénticas o análogas.’ (Garrone, José Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot, Argentina, 1986, Tomo II, página 389). En el caso de México, la jurisprudencia judicial es la interpretación e integración de la ley firme, reiterada, y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o por Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito. El párrafo sexto del artículo 94 constitucional determina que la Ley de Amparo fijará los términos en que será obligatoria la jurisprudencia que establecen los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de las leyes y reglamentos federales y locales, y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interpretación y modificación. Los artículos 192 a 197, A y B, de la Ley de Amparo regulan la jurisprudencia y reconocen como materia de ella la interpretación de la ley, le atribuyen de manera expresa la característica de obligatoriedad y exigen que los criterios que la integren sean firmes y reiterados. En efecto, el citado precepto constitucional y los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo establecen que la materia de la jurisprudencia es la interpretación de las leyes y reglamentos federales o locales y de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Dichos preceptos establecen: ... (transcribe). Ahora bien, es conveniente precisar si la labor de los órganos jurisdiccionales encargados de crear la jurisprudencia se limita a interpretar las normas jurídicas. Para Philipp Heck el derecho realmente importante para la vida es aquel que se realiza en la sentencia judicial. Una ley de la que todo el mundo supiera que los tribunales no la aplican perdería toda su importancia para la vida. Los principios de la decisión judicial son un objeto de la ciencia jurídica, pero influyen también a su vez en todo trabajo científico. Según este autor, ‘el legislador quiere sentar preceptos para el futuro. Pero el futuro no es absolutamente previsible, perceptible. La complejidad de la vida moderna es casi infinita. Las condiciones y los problemas de la vida están sometidos a un cambio constante. Los medios expresivos del legislador son limitados. La consecuencia de estas dificultades es que incluso la mejor ley presenta innumerables lagunas que el Juez se encuentra con situaciones que debe solucionar concorde con las necesidades vitales y con las intenciones generales del legislador, pero para las cuales no cuenta con ningún precepto legal y el problema radica en estos casos en el comportamiento del Juez, el cual debe seguir un procedimiento al que este autor denomina la complementación coherente de la norma, el cual no limita al juzgador a la realización de la norma reconocida, sino que le permite completar o suplir las normas insuficientes y dar a las imprecisas la determinación de que carecen. No obstante, al hacerlo no debe proceder sin propias valoraciones, sino que tiene que estar vinculado por las intenciones del legislador, por la valoración de los ideales e intereses vitales que están en el fondo de la norma legal. La complementación coherente y dependiente de la norma puede considerarse como actividad creadora de derecho.’ (Philipp Heck, El Problema de la Creación de Derecho, Colofón, S.A., México, 1994, páginas 39-42). Por su parte, el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel considera que: ‘no existe contradicción alguna al sostener que la jurisprudencia no debe considerarse como medio creador de normas formalmente legales y en otro aspecto, sostener la función creadora de la misma institución citando el caso de un criterio que se convirtió posteriormente en precepto legal, pues es evidente que el citado criterio fue adoptado como norma formalmente legal por medio de un acto del Congreso de la Unión acaecido posteriormente a la sustentación de dicha opinión, o sea que la jurisprudencia en cuestión no constituyó una regla de conducta formalmente legal, hasta que fue sancionada por el Poder Legislativo.’ (Góngora Pimentel, Genaro, Introducción al Estudio del Juicio de Amparo, Ed. Porrúa, 5a. ed., México, 1995, página 532), concluyendo que ‘la jurisprudencia sí es una fuente material del derecho en México, tanto por llenar las particularidades técnicas que caracterizan a dichas fuentes, como por contar con los atributos de generalidad, abstracción y obligatoriedad antes mencionados, en su aspecto de interpretación de la ley.’ (ídem; página 533). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la jurisprudencia es la obligatoria interpretación y determinación del sentido de la ley, tal como puede corroborarse con las siguientes tesis: ‘INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA.’ ... (transcribe). ‘JURISPRUDENCIA, NATURALEZA.’ ... (transcribe). El artículo 14 constitucional restringe las facultades del juzgador en cuanto a la forma en que deberá de resolver los conflictos que son de su competencia: ‘... En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’. Como puede concluirse, la jurisprudencia que emite el Poder Judicial de la Federación se encuentra limitada por la propia ley y su integración debe ser coherente con la misma. La jurisprudencia no es una norma general, toda vez que en cuanto su contenido, forma de creación y aplicación se encuentra limitada por la ley, y sólo la podrán aplicar los órganos jurisdiccionales a casos concretos y de manera excepcional. Los órganos que cuentan con atribuciones para sustentar tesis que sientan jurisprudencia son: a) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia; b) Las Salas del mismo Alto Tribunal; y c) Los Tribunales Colegiados de Circuito (artículos 192 y 193). Respecto a la formación de la jurisprudencia, cabe agregar lo siguiente: Como ya se mencionó, el artículo 94 constitucional determina que la Ley de Amparo fijará los términos en que será obligatoria la jurisprudencia que establecen los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de las leyes y reglamentos federales y locales, y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interpretación y modificación. Las referidas disposiciones de la Ley de Amparo, determinan como tribunales facultados para sentar jurisprudencia obligatoria, exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia (Pleno y Salas) y a los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que la jurisprudencia por ellos emitida es obligatoria, en esencia, para todos los tribunales de la República sujetos a su jerarquía o cuyos actos pueden ser sometidos a sus respectivas jurisdicciones. Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar si la jurisprudencia puede ser equiparable a la ley, también se considera importante hacer algunas reflexiones respecto de esta última. El vocablo ley deriva de la voz latina lex, la cual a su vez, según la opinión más generalizada, tiene su origen en la palabra legere por referencia al precepto o regla que se lee. Con este sentido, la lex representaba para los romanos el ius scriptum o derecho escrito por oposición al derecho consuetudinario o no escrito. Desde el punto de vista jurídico se habla de ley en un doble sentido: uno amplio para designar a toda norma jurídica instituida en determinado tiempo y lugar; y uno estricto, para denominar a las normas jurídicas elaboradas por órganos estatales con potestad legislativa. De conformidad con el artículo 40 constitucional, hay en México leyes federales y leyes locales: las primeras para toda la República y las segundas para cada uno de los Estados federados, bajo el concepto de que para la formulación de las últimas, la respectiva Constitución Política particular de cada entidad federativa fija el correspondiente proceso legislativo, y para las leyes federales y las locales del Distrito Federal lo hace la Constitución Federal en su artículo 73, fracción VI. Ahora bien, conforme a los artículos 71 y 72 de ésta, en relación con los artículos 3o. y 4o. del Código Civil, las etapas del proceso legislativo son las siguientes: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de vigencia. Características de la ley. Las características que los tratadistas atribuyen a la ley son: la generalidad, la obligatoriedad y la irretroactividad. 1) La generalidad de la ley es una característica esencial de la norma jurídica. Generalidad equivale a aplicabilidad a cuantas personas se encuentren en un supuesto determinado. La ley no mira al individuo sino a la comunidad. No se da para individuos determinados; el objeto de la ley, como norma de conducta humana, es regirla pero no considerándola como una actividad aislada sino en conexión con otras, para señalar de modo general, la esfera de lo lícito y de lo ilícito. 2) La ley debe cumplirse necesariamente. El incumplimiento de la ley, como dañoso a la normalidad del orden jurídico, encuentra correctivo adecuado en la realización del derecho por vía de proceso. El carácter obligatorio de la ley se deriva del interés social que existe en su acatamiento. Como consecuencia ineludible de la obligatoriedad, se plantea el problema de la ignorancia del derecho. La ley, una vez publicada, se pone de conocimiento general. 3) Las leyes disponen para el porvenir. El pasado no es objeto de la actividad del legislador, sino del historiador. Este principio es admitido como general, pero tiene sus excepciones. Como corolario de todo lo anterior, se pueden establecer de manera precisa las diferencias entre jurisprudencia y ley: a) La jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales, y la ley del órgano legislativo. b) La jurisprudencia no es una norma general ya que sólo se aplica a los casos particulares, mediante la vía del proceso. c) La jurisprudencia sólo es obligatoria respecto de los órganos jurisdiccionales que deben aplicarla. d) La jurisprudencia es la interpretación que los tribunales hacen de la ley. La Primera Sala del más Alto Tribunal sostuvo, en las dos tesis que adelante se invocan, que la jurisprudencia no es ley, sino interpretación de la ley: ‘JURISPRUDENCIA, NO ES LEY SINO INTERPRETACIÓN DE LA LEY.’ ... (transcribe). ‘JURISPRUDENCIA.’ ... (transcribe). e) La ley es estática, requiere de su modificación o derogación mediante el proceso legislativo. La jurisprudencia es dinámica, ya que puede cambiar la interpretación respecto de una misma ley con determinados requisitos, pero sin las formalid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19396-ae10ed88/jurisprudencia-sobre-inconstitucionalidad-de-leyes-el-tribunal-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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