EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO DEL SISTEMA BANRURAL. ES LEGAL EL PRACTICADO A TRAVÉS DEL LIQUIDADOR SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), AUNQUE NO CONSTE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la denuncia de la posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos en materia de trabajo, que corresponde a la especialidad de este órgano colegiado.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formula el presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, órgano colegiado que sustentó una de las tesis que se denuncian como contradictorias, lo que actualiza el supuesto jurídico previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones que sustentan la ejecutoria pronunciada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión RT. 143/2008, el veintiuno de noviembre de dos mil ocho, en lo que al caso interesa, son las siguientes:
"El agravio que a continuación se examinará, es fundado y suficiente para decretar el sobreseimiento en el juicio.
"Para llegar a esa conclusión, es menester señalar que el quejoso reclamó en su demanda de garantías, los siguientes actos: el acuerdo de ********** dictado por la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente **********, mediante el cual se ordenó emplazar al demandado **********, Sociedad Nacional de Crédito, por conducto de su liquidador Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; la falta de emplazamiento a dicho procedimiento; el auto de ********** del mismo año, a través del cual se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo respecto de ese mismo demandado; y todo lo actuado en ese expediente, el laudo de ********** y los actos tendentes a su ejecución.
"Ahora bien, según se desprende de las constancias de autos, por escrito presentado el ********** ante la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por conducto de su apoderada, expuso en lo conducente, lo siguiente: ... (transcribe).
"Como puede apreciarse, a través del escrito de referencia la apoderada del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes optó por devolver la demanda instaurada en contra de **********, Sociedad Nacional de Crédito, por considerar, en esencia, lo siguiente:
"1. Que el veintiséis de diciembre de dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Orgánica de la Financiera Rural, y en el artículo 3o. transitorio se decretó la disolución y liquidación del **********, Sociedad Nacional de Crédito.
"2. Que en los artículos 6o. y 14 transitorios de ese mismo ordenamiento legal, se estableció que las sociedades nacionales de crédito del Sistema Banrural, seguirán siendo titulares de las obligaciones por ellas contraídas, y por ende responsables de la terminación de la relación laboral y liquidación de sus trabajadores.
"3. Que el diecinueve de diciembre de dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y en el artículo 8o. transitorio se determinó que los mandatos y operaciones que hasta antes de la entrada en vigor de ese decreto, que tenía encomendados el fideicomiso liquidador de las instituciones auxiliares de crédito, se entenderán conferidos al Sistema de Administración de Enajenación de Bienes del Sector Público, salvo que dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha indicada, el mandante o quien haya girado las instrucciones correspondientes manifieste por escrito ante el propio SAE, su voluntad de dar por concluido el mandato; que así mismo los recursos financieros, humanos y materiales asignados al citado fideicomiso pasarán a formar parte del mencionado SAE.
"4. Que el artículo 57, párrafo primero, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario se regirá por lo dispuesto por los capítulos X y XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
"5. Que como **********, Sociedad Nacional de Crédito, es una institución de crédito, tiene personalidad y patrimonio propio que se encuentra en liquidación, y por tanto el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se encuentra impedido para emplazar a dicha institución bancaria, o para que se le emplace por conducto de dicho sistema, en tanto el artículo 237 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los administradores continuarán en el desempeño de su encargo, lo que hasta ese momento no había acontecido.
"6. Que lo anterior se corrobora con el hecho de que en la base décima emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el uno de abril de dos mil tres, se estableció que en tanto no se haya inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento del liquidador, y éste no haya entrado en funciones, la dirección general y las gerencias generales de las sociedades nacionales de crédito que se señalan en el proemio de esas bases, podrán ejecutar los actos que resulten necesarios para la conservación y defensa del patrimonio de éstas.
"7. Que por todo ello, debió emplazarse directamente al demandado, y no por conducto del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
"Al respecto, cabe decir que como acertadamente la aduce el recurrente, si en la fecha indicada (**********), cuando el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes decidió devolver los documentos que había recibido con motivo del emplazamiento dirigido al **********, Sociedad Nacional de Crédito, aquél tenía reconocido el carácter de liquidador y como consecuencia el de representante de este último, por así disponerlo expresamente el numeral 8o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, es inconcuso que a partir de ese momento su representado quedó plenamente enterado de los dos primeros actos que reclamó, esto es, del acuerdo de **********, así como de la falta de emplazamiento.
"Ello es así, porque aun cuando a través de ese escrito el impetrante de garantías pretendió demostrar que tal emplazamiento debió llevarse a cabo directamente con el **********, Sociedad Nacional de Crédito, por todos y cada uno de los motivos expuestos con antelación, lo cierto es que aquél no podía desconocer la personalidad que ostentaba, derivada de los mismos dispositivos legales que invocó; de ahí que a partir de entonces quedó obligado a defender los derechos de su mandante, y si no lo hizo así, debe estarse a las consecuencias de su omisión.
"Sin que obste a lo anterior la consideración vertida por el Juez de Distrito en el sentido de que del contenido del artículo séptimo transitorio, primer párrafo, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, establezca (sic) que en la disolución y liquidación, las sociedades nacionales de crédito del Sistema Banrural seguirán siendo titulares de las obligaciones por ellas contraídas, toda vez que los mandatos y operaciones que hasta antes de la entrada en vigor tenía encomendados el fideicomiso liquidador de las instituciones auxiliares, se entenderán conferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que es quién (sic) quien debe cumplir con las obligaciones que correspondían a esa extinta institución bancaria.
"Por otra parte, si a partir del ********** el demandado quedó plenamente enterado del acuerdo de ********** del propio año, así como de la falta de emplazamiento que reclamó, y la demanda de garantías se presentó hasta el dos de julio de dos mil ocho, es incuestionable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, se presentó notoriamente fuera del término de quince días que establece el numeral 21 del mismo ordenamiento."
Igual criterio sostuvo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de tres de diciembre de dos mil ocho, al resolver el amparo directo DT. 1163/2008, promovido por **********, Sociedad Nacional de Crédito, en los términos siguientes:
"Son infundados los conceptos de violación que se hacen valer. En el primer concepto de violación, alega la institución nacional de crédito en vías de liquidación, ahora quejosa, que la Sala responsable, incurrió en defectos de lógica en el raciocinio al resolver el incidente de nulidad de actuaciones que se promovió contra el emplazamiento efectuado a Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), pues omitió considerar que en el caso, se notificó al **********, Sociedad Nacional de Crédito, cuando debió llamarse a juicio al **********, Sociedad Nacional de Crédito.
"Contrario a lo que afirma la institución de crédito, ahora peticionaria de amparo, es inexacto que la Sala del conocimiento al resolver el incidente de nulidad de actuaciones que refiere, haya incurrido en defectos de lógica en el raciocinio, ya que al determinar la improcedencia de la incidencia planteada, se apoyó en que la representante de las instituciones que conformaron el Sistema Banrural, nótese **********, Sociedad Nacional de Crédito o **********, Sociedad Nacional de Crédito, entre otras, en liquidación, son representadas por su liquidador que en el caso es Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), razón por la cual, concluyó la Sala del conocimiento, resultó legal el emplazamiento formulado a dicho ente liquidador, pues como señaló la autoridad laboral es quien debe cumplir con las obligaciones que correspondían a esa extinta institución bancaria.
"En efecto, se afirma que la responsable actuó con acierto atendiendo a los siguientes antecedentes que informan la liquidación del Sistema Banrural.
"1. Por decreto de trece de diciembre de dos mil dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiséis del mismo mes y año, se expidió la Ley Orgánica de la Financiera Rural.
"2. En el artículo 2o. transitorio de este ordenamiento legal, se abrogó la Ley Orgánica del Sistema Banrural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de mil novecientos ochenta y seis, y en el artículo 8o. transitorio, se ordenó la disolución y liquidación de las sociedades nacionales de crédito, con efectos a partir del primero de julio de dos mil tres.
"3. En el artículo 3o. transitorio de esa propia legislación (Ley Orgánica de la Financiera Rural), se estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruiría al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ), para que se desempeñara como liquidador de las sociedades nacionales de crédito que se liquidarían.
"4. El diecinueve de diciembre de dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; en el párrafo segundo del citado artículo octavo transitorio, se ordena que dentro del plazo de 180 días naturales en que entrará en vigor el citado decreto, se deberán realizar todas las acciones conducentes a efecto de extinguir el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ), entre tanto las responsabilidades estarían a cargo del Sistema de Administración Tributaria (SAT). (sic)
"Cabe mencionar, que la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en la que se precisa en su artículo octavo transitorio, que los mandatos y demás operaciones que hasta antes de la fecha de entrada en vigor del decreto, tenga encomendados el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), quien en un primer momento se encargó de la liquidación del Sistema Banrural, se entenderán conferidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). (sic)
"Lo anterior, por cierto, es congruente con esas disposiciones legales, y para constatarlo, conviene reproducirlas a continuación: ... (transcribe).
"De acuerdo con lo anterior, se tiene que mediante el artículo 2o. transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se abrogó la Ley Orgánica del Sistema Banrural; que en el artículo 3o. transitorio, de este último ordenamiento legal, se ordenó la disolución y liquidación de las sociedades nacionales de crédito, con efectos a partir del primero de julio de dos mil tres, y también se estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruiría al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), para que se desempeñara como liquidador de las sociedades nacionales de crédito que se liquidarían; finalmente, el artículo 8o. transitorio de la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes, establece: ... (transcribe).
"En esas condiciones, se estableció que los mandatos y demás operaciones que hasta antes de la fecha de entrada en vigor del decreto, tuviera encomendadas el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), se entenderían conferidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
"Luego, es evidente que fue correcto el proceder de la Sala del conocimiento al determinar en el incidente de nulidad de actuaciones, aquí combatido por la institución nacional de crédito ahora quejosa, que había sido bien emplazada a juicio Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), pues es el órgano del Estado encargado de administrar los bienes patrimoniales y responder de las obligaciones del extinto **********, Sociedad Nacional de Crédito.
"Similar criterio, sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el diverso recurso de revisión número RT. 143/2008, seguido por el recurrente **********, resuelto en sesión de veintiséis (sic) de noviembre de dos mil ocho.
"Igualmente, se precisa que en el caso resultan irrelevantes los errores que refiere el titular del banco demandado, al practicarse el llamamiento a juicio, en el sentido de que se notificó a **********, Sociedad Nacional de Crédito, cuando debió llamarse a juicio a **********, Sociedad Nacional de Crédito, ya que mediante escrito de **********, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), acudió al juicio laboral, en su carácter de liquidador tanto de **********, Sociedad Nacional de Crédito, como de **********, Sociedad Nacional de Crédito, con lo cual se enteró de la demanda laboral promovida por el trabajador ahora tercero perjudicado, en su carácter de liquidador de todo el Sistema Banrural, lo que convalidó los errores a que hace referencia la institución quejosa peticionaria de amparo.
"Por otro lado, resulta infundado lo aducido por la institución nacional de crédito hoy en liquidación, en el sentido de aplicar diversos preceptos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, supuesto que en el caso, se está frente a una institución de derecho público constituida mediante decreto emitido por el titular del Ejecutivo Federal, como sociedad nacional de crédito, que en diversa época en nuestro país, tenía como fin prestar el servicio público de banca de desarrollo, es decir, atender mediante créditos preferentes aquellas actividades agropecuarias y agroindustriales que no resultaban atractivas para la banca comercial, pero que eran estratégicas de acuerdo a los planes de desarrollo económico; por ello, las sociedades nacionales de crédito que subsisten hasta nuestros días y, en lo que toca a su liquidación, no se rigen por la legislación comercial común, pues como se ha indicado, son instituciones públicas que se rigen por sus disposiciones legales y reglamentarias particulares, de acuerdo a los lineamientos de la administración pública federal, por tanto, se insiste, en términos del artículo 8o. de la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes, el responsable de las obligaciones del Sistema Banrural lo es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de ahí, se insiste, lo infundado de los argumentos que se hacen valer en el segundo concepto de violación.
"Finalmente, se destaca que los gastos de administración que el (sic) liquidador de las sociedades nacionales de crédito que integran el Sistema Banrural, serán cubiertos por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las transferencias que le realice al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), y específicamente las cantidades asignadas para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados y pensionados del Sistema Banrural que se establecen en el artículo decimoquinto transitorio de la ley.
"Sin que sea óbice a la anterior conclusión, el que el artículo séptimo transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, establezca: ... (transcribe).
"Ya que dicho precepto, debe ser integrado de modo sistemático y coherente, de acuerdo con lo señalado por el octavo transitorio, que relaciona que las obligaciones de las instituciones nacionales de crédito que conformaron el Sistema Banrural, estarán a cargo de su liquidador que resulta ser el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien debe responder de las obligaciones laborales de aquéllas, puesto que, se insiste, el Gobierno Federal le suministra recursos para hacer frente a esas obligaciones, de ahí que la Sala responsable haya emplazado a juicio a la institución en comento como representante de la extinta entidad bancaria."
CUARTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el amparo directo DT. 1199/2008-17476/2008, el quince de enero de dos mil nueve, sostuvo lo siguiente:
"Por cuestión de técnica, se estudia en primer lugar, la violación al procedimiento alegada por el banco promovente del amparo.
"En efecto, el banco quejoso arguye que la responsable contravino lo dispuesto por el artículo 14 constitucional en relación con el numeral 742, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues la responsable, mediante acuerdo de fecha **********, ordenó emplazar al referido banco por conducto de su liquidador Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, lo que afirma, es ilegal, debido a que es una persona jurídica totalmente distinta al demandado, pues el aquí inconforme es el titular de sus obligaciones, no así su liquidador Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), por lo que la autoridad debió emitir un acuerdo ordenando que se le emplazara directamente a dicha institución bancaria y no que se le emplazara a través de su liquidador, como lo hizo y por ello, el citado proveído, así como el emplazamiento que en ese sentido llevó el actuario son ilegales, pues al no haber sido llamado a juicio, se le dejó en estado de indefensión, violación al procedimiento que trascendió al laudo reclamado, toda vez que al no haber tenido oportunidad de defenderse, fue condenado a las prestaciones reclamadas por los hoy terceros perjudicados; y es el caso, que la parte demandada en el juicio laboral, es el **********, S.N.C. (en liquidación), sin embargo, la responsable ordenó llevar a cabo el emplazamiento en el domicilio del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que es una persona jurídica totalmente distinta al demandado, por lo que reitera, tanto el proveído citado así como el emplazamiento que le practicó el actuario es ilegal, pues al tratarse de la primera notificación relativa al emplazamiento a juicio, se debió realizar en forma personal, en el domicilio de la parte demandada, y al haberse efectuado en el domicilio de una persona distinta, como ocurrió en la especie, se quebrantó lo dispuesto por el artículo 742, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, y por ello es nula dicha notificación, tal y como lo previene el diverso 752, del mismo ordenamiento legal.
"Es sustancialmente fundado lo anterior, porque como se señaló con antelación, la responsable con fecha **********, dictó un acuerdo, en el cual regularizó el procedimiento, porque dijo, que no se había cumplido en sus términos el proveído de **********, por el que se había ordenado emplazar al **********, S.N.C., a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ya que a este último se le notificó directamente, por lo que dejó sin efectos dicha notificación, esto es, la de fecha **********; y de nueva cuenta ordenó emplazar al referido banco por conducto de su liquidador Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que en un término de veinte días hábiles contados a partir del siguiente hábil al de la notificación contestara la demanda, apercibido que de no hacerlo se le tendría por contestada la demanda en sentido afirmativo.
"Notificación que practicó el actuario el **********, y que en la parte que interesa dice lo siguiente: ... (transcribe).
"Por ese motivo, el acuerdo de referencia se estima ilegal, pues no tomó en cuenta los argumentos que la apoderada del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes efectuó en escrito de fecha **********, al devolver la demanda promovida por los hoy terceros perjudicados en contra del **********, S.N.C., en los cuales manifestó que con fecha **********, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Orgánica de la Financiera Rural, en cuyo artículo 7o. transitorio decretó la disolución y liquidación de dicha institución bancaria; y en el 6o. transitorio se ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que instruyera al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito para el desempeño como liquidador de la referida sociedad bancaria; que el artículo 14 transitorio estableció que los trabajadores en activo que laboren al treinta de junio de dos mil tres en las sociedades nacionales de crédito que se liquidan deberán ser indemnizados y su relación laboral quedará extinguida conforme a lo establecido en la normatividad aplicable y todos sus derechos serán respetados en términos de ley; que las sociedades nacionales de crédito que integran el Sistema Banrural o el liquidador serán responsables de la terminación de la relación laboral y liquidación de los trabajadores citados; que en términos del artículo 8o. transitorio, el Gobierno Federal realizará las acciones necesarias para que el liquidador cuente con los recursos suficientes para estos efectos y para las contingencias que en materia laboral tenga el citado sistema; que por otra parte, el diecinueve de diciembre de dos mil dos, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en cuyo artículo octavo transitorio establece que los mandatos y demás operaciones que hasta antes de la fecha de entrada en vigor del citado decreto tenga encomendados el Fideicomiso Liquidador de Instituciones Auxiliares de Crédito, se entenderán conferidos al SAE salvo que dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha indicada, el mandante o quien haya girado instrucciones o manifieste por escrito ante el SAE su voluntad de dar por concluido el mandato; asimismo, los recursos financieros, humanos y materiales asignados al referido fideicomiso, pasarán a formar parte del patrimonio del SAE. Dentro del plazo que se refiere el transitorio primero de este decreto, se deberán realizar todas las acciones conducentes a efecto de extinguir el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito; que el artículo 57, párrafo primero, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario determina que la disolución y liquidación de las instituciones de crédito se regirá por lo dispuesto por los capítulos X y XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en el caso, por tanto, el Banco de Crédito Rural del Noreste, S.N.C. es una institución de crédito en términos de lo dispuesto por el artículo 2, fracción II y 30 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el numeral 1o., párrafo tercero y 46, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o. y 4o. de la Ley de la Administración Pública Federal; por tal motivo, la promovente dijo, que el **********, S.N.C., es un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio, que si bien se encuentra en liquidación en los términos de los decretos a los que hizo alusión, sin embargo, no se ha inscrito en el Registro Público de Comercio la demandada a liquidar, como así lo establece el artículo 237 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es cuando entra en funciones el liquidador, pues dichas sociedades están en fase de liquidación y, por ende, no se ha procedido a su inscripción respectiva, máxime que el artículo 7o. transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil dos, claramente estableció que las aludidas sociedades nacionales de crédito de dicho sistema, seguirán siendo titulares de las obligaciones por ellas contraídas, por lo que es a la mencionada institución a la que directamente debe emplazársele (fojas 160 a la 164).
"Argumentos que como se dijo en párrafos precedentes debió considerar la responsable, por lo siguiente:
"El artículo 1o., párrafo tercero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prescribe: ... (transcribe).
"Por su parte, el artículo 46, fracción I, de la misma ley establece: ... (transcribe).
"El capítulo X de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece la disolución de las sociedades.
"El artículo 232 de dicha ley estipula: ... (transcribe).
"El capítulo XI, prevé la liquidación de las sociedades.
"El artículo 234 dice: ... (transcribe).
"El artículo 235 establece: ... (transcribe).
"El artículo 236, señala: ... (transcribe).
"El artículo 237: (transcribe).
"El artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil dos, que se tiene a la vista dice: ... (transcribe).
"El artículo sexto transitorio del mismo dispone: ... (transcribe).
"En el séptimo transitorio estipula: ... (transcribe).
"Asimismo, obra en el expediente laboral las bases que establecen la forma y términos en que deberá efectuarse la liquidación de las instituciones de crédito que integran el Sistema Banrural de fecha primero de abril de dos mil tres emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en cuya base décima se determina: ... (transcribe).
"Una vez precisado lo anterior, se dice que si bien es cierto que el banco demandado que integra el Sistema Banrural, se encuentra en proceso de liquidación, sin embargo, de las bases que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierte que se condiciona la entrada en funciones del liquidador designado a la inscripción del nombramiento en el Registro Público del Comercio, por tal motivo, si no obra en autos prueba alguna con la que se acredite que ya se cumplió con tal formalidad para que pueda surtir sus efectos la designación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como liquidador, la autoridad no tenía por qué ordenar emplazar al banco demandado, a través de este último, porque el **********, S.N.C., sigue siendo titular de las obligaciones que haya contraído, mientras no obre prueba alguna que demuestre lo contrario, por ese motivo, se estima que la Sala incurrió en una ilegalidad al haber procedido de esa manera y en consecuencia es fundada la violación al procedimiento alegada por el banco quejoso.
"En las relacionadas circunstancias y al ser fundada la violación procesal alegada por el quejoso, lo procedente es conceder el amparo solicitado por el **********, S.N.C. (en liquidación), en su carácter de fusionante del **********, S.N.C., para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo; y en reposición al procedimiento anule el acuerdo de fecha **********, y las subsecuentes actuaciones, y dicte otro en el que ordene emplazar a dicho banco en forma directa y personal; y una vez hecho esto continúe con el procedimiento y en su oportunidad dicte el laudo correspondiente."
QUINTO. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su jurisprudencia P./J. 26/2001, que para que se genere una contradicción de tesis se requiere: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes, b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
La jurisprudencia referida aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, y establece lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Ampa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22151-2a8cfc83/emplazamiento-al-juicio-laboral-de-las-sociedades-nacionales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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